POLITICA
Martín Lousteau defendió el rol de los impuestos y advirtió: “Todos los derechos cuestan y alguien los tiene que pagar”

Martín Lousteau cuestionó la idea de que pagar impuestos sea equivalente a un robo y planteó que los tributos son necesarios para sostener los derechos y servicios de los que se beneficia una sociedad. Para explicar su posición, comparó el sistema tributario con la cuota de un club: un aporte que permite financiar instalaciones y servicios que utilizan todos sus integrantes, aunque no hayan participado de su construcción.
Durante su columna en Infobae a la Tarde, el economista puso en discusión el argumento que identifica a los impuestos con una pérdida individual y propuso centrar el debate en qué se financia con esos recursos, quién debe pagarlos y cómo los administra el Estado.
“Me gusta pensar que el impuesto es como la cuota de un club. Vos pagás una cuota porque pertenecés a un lugar, pertenecés a una comunidad, pero estás usando cosas de ese club”, explicó.
Como ejemplo, enumeró las instalaciones que utilizan los socios sin haberlas construido: “Vos no hiciste la pileta, no hiciste la cancha de fútbol, no hiciste la cancha de rugby, no hiciste el gimnasio. Estás usando algo que construyó otro en otro momento”.
A partir de esa comparación, sostuvo que la discusión no debería limitarse a cuestionar el pago de impuestos, sino incluir el costo de los servicios y la calidad de su administración. “Cuando alguien va a la asamblea de un club, no dice: ‘La cuota es un robo’. En todo caso, discutirá si es cara o no, si se puede administrar mejor o si hay que arreglar tal o cual cosa”, señaló.
La reflexión surgió después de que en el programa se reprodujeran declaraciones del presidente Javier Milei, quien había definido al Estado como una “organización criminal” y a los impuestos como “un robo” y “una rémora de la esclavitud”. Lousteau cuestionó esa concepción y advirtió que el debate también debe contemplar los servicios y las instituciones que se sostienen mediante la recaudación.
El costo de garantizar los derechos individuales y sociales
Lousteau cuestionó la distinción entre los derechos individuales y los derechos sociales. Según explicó, las libertades vinculadas con la propiedad, la vida y la expresión también requieren recursos públicos para poder ejercerse.
“Para que vos puedas tener derecho a la vida tiene que haber policía, un sistema jurídico, un sistema penitenciario e infraestructura”, afirmó.
El economista extendió el argumento al derecho de propiedad. “Para que tengas derecho a la propiedad tiene que haber jueces y leyes. Para que tu propiedad valga lo que vale, tiene que haber iluminación pública, una calle y gas”, enumeró.
También señaló que la libertad de expresión necesita instituciones que protejan a quienes la ejercen y que la libertad religiosa requiere mecanismos para evitar persecuciones y agresiones.
Para ilustrar su planteo, recordó el incendio de Westhampton, ocurrido en agosto de 1995 en el estado de Nueva York. Según relató, el fuego permaneció fuera de control durante 36 horas y demandó un operativo que involucró a fuerzas locales, estaduales y federales, además de bomberos voluntarios y equipos militares y civiles.
“Fuerzas locales, estaduales, federales, 1.500 bomberos voluntarios, equipos militares y civiles gastaron millones y millones de dólares. No se murió nadie y no se perdieron propiedades”, recordó.
Para Lousteau, el episodio demuestra el costo que implica proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad de las personas. También comparó esa respuesta con la actuación ante catástrofes en la Argentina y mencionó el caso de Bahía Blanca.

Su cuestionamiento apuntó a lo que considera una contradicción: mientras se discute cuánto cuestan las jubilaciones, la educación o las pensiones por discapacidad, no suele ponerse el mismo énfasis en los recursos necesarios para garantizar la seguridad, la justicia y la propiedad privada.
“Parece que lo otro no cuesta, pero los derechos sociales sí cuestan”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que reducir impuestos no elimina el costo de las prestaciones públicas, sino que puede trasladarlo a otros sectores de la sociedad. “Cuando vos lo que hacés es bajarle impuestos al que más tiene, no es que el costo de proveer derechos desaparece, sino que empieza a haber desfinanciamiento”, planteó.
El economista también cuestionó algunas decisiones tributarias del Gobierno. Como ejemplo, mencionó el aumento del impuesto a las Ganancias y lo contrastó con las reducciones aplicadas a los vehículos de alta gama, los yates y Bienes Personales, además del blanqueo de capitales.
De todos modos, aclaró que su posición no implica defender cualquier impuesto ni cualquier nivel de recaudación. Para Lousteau, también es necesario discutir cómo se distribuyen los recursos y qué gastos deben tener prioridad.
La gestión del Estado y las prioridades del gasto público
Otro de los puntos de la columna estuvo centrado en la administración de los recursos. Lousteau sostuvo que el Estado no solo necesita financiamiento, sino también capacidad para prestar servicios de calidad.
Para explicar el problema, recuperó una comparación atribuida al jurista Carlos Nino: si una institución debe entregar leche a diez niños y de repente tiene que atender a cien, necesita producir las 90 porciones adicionales. Si no consigue los recursos para hacerlo, la alternativa es diluir la leche y reducir su calidad.
El economista utilizó ese ejemplo para cuestionar el funcionamiento de los servicios públicos y la falta de planificación para responder a una mayor demanda.

“Nuestro Estado parece que, en lugar de gestionarse bien y garantizar esos derechos, diluyó la calidad de los bienes que brindamos”, sostuvo.
También recordó un discurso del expresidente uruguayo José Mujica, quien al asumir había señalado que la educación sería la primera, segunda y tercera prioridad de su administración. Lousteau destacó especialmente otra parte de aquella intervención: la necesidad de definir a qué políticas se les debe decir que no para poder financiar las que se consideran prioritarias.
El planteo apuntó a que la discusión presupuestaria no puede limitarse a enumerar derechos o prometer prestaciones. También requiere establecer prioridades y garantizar los recursos necesarios para cumplirlas.
En ese contexto, cuestionó la interpretación del superávit fiscal como un resultado que necesariamente representa una mejora para todos los sectores. “Cuando el Estado dice que pasó a superávit, en el fondo le pasó el déficit a las familias”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó a los hogares que deben endeudarse cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos y a las pequeñas y medianas empresas que recurren al crédito cuando caen sus ventas.
La informalidad laboral y el financiamiento de las jubilaciones
Lousteau también advirtió sobre las consecuencias de la pérdida de empleo registrado para el sistema previsional. Al referirse a la discusión sobre cómo incrementar los recursos destinados a las jubilaciones, explicó que los trabajadores en relación de dependencia realizan aportes diferentes de los correspondientes al monotributo.
“El trabajo en relación de dependencia es el que más aporta a la jubilación”, señaló.
A partir de ese diagnóstico, sostuvo que la reducción de los puestos registrados compromete los ingresos futuros del sistema. “A medida que perdés trabajadores en relación de dependencia, más problemas vas a tener a futuro para pagar las jubilaciones”, advirtió.
El economista remarcó que el traslado de trabajadores hacia modalidades de menor contribución o directamente hacia la informalidad representa un problema fiscal. “Estás generando un problema fiscal muy grande con el principal gasto que tiene cualquier Estado moderno, que es el sistema previsional”, afirmó.
También rechazó que ese cambio responda necesariamente a una elección de los trabajadores. “No es que hay un deseo profundo de decir: ‘Quiero ir a ser Rappi’”, sostuvo.
Para ilustrar esa situación, contó el caso de una persona que evaluaba cerrar su emprendimiento de venta de ropa y debía buscar otra actividad para sostener sus ingresos. Según planteó, la pérdida de empleos y el cierre de pequeños negocios pueden empujar a más personas hacia ocupaciones informales, con consecuencias sobre los aportes al sistema jubilatorio.
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Frenaron el peritaje de los videos de los dólares que grabó Jésica Cirio en el vestidor de la casa de Insaurralde

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, frenó los peritajes sobre dos videos en los que se ve a Jésica Cirio entre fajos de dólares termosellados, en el vestidor de la casa que compartía con su exmarido, el exintendente Martín Insaurralde.
La medida se tomó en la causa en la que se investiga a Insaurralde y a la propia Cirio por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Llega mientras la fiscalía prepara un escrito para ampliar la acusación y para que, tres años después, se avance con la declaración indagatoria del exjefe comunal, de parte de su familia y de su exesposa, según dijeron fuentes judiciales a .
Rodríguez Ponte aceptó un pedido de la defensa del exintendente y suspendió los peritajes hasta que la Cámara Federal de La Plata resuelva si los videos son válidos como prueba.
Las imágenes aportadas por y otro video entregado por la Fundación Apolo se están analizando para determinar si fueron alteradas con inteligencia artificial y si quien aparece es Cirio.
Un primer peritaje concluyó que el video de no tiene metadatos porque proviene de una copia compartida por WhatsApp. El de la Fundación Apolo, en cambio, conserva el hash, una suerte de huella digital del archivo que permite verificar si fue modificado, explicaron las fuentes.
En las imágenes se ve a Cirio frente a billetes guardados en cajones, ocultos entre lencería y ropa interior. La Fundación Apolo entregó el material a la Justicia en un pendrive para que se incorpore como prueba. En septiembre, Rodríguez Ponte ordenó un peritaje para establecer si los archivos son auténticos, cuándo se crearon y si fueron modificados o manipulados.
La investigación empezó en 2023, después del escándalo del Yategate, cuando Insaurralde, entonces jefe de Gabinete bonaerense, fue fotografiado de vacaciones en Marbella con la modelo Sofía Clerici.
Según los dictámenes fiscales, ese viaje costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares. Luego hubo allanamientos en los que se secuestraron casi 600.000 dólares en la casa de Clerici.
En octubre de 2024, el fiscal federal Sergio Mola pidió indagar a Insaurralde por lavado de dinero y el juez federal Ernesto Kreplak lo intimó a justificar sus bienes en diez días.
Para la fiscalía, Insaurralde no podía justificar con sus ingresos el viaje a Marbella ni la compra de tres propiedades en Puerto Madero, Banfield y San Vicente. El pedido incluía también a sus hijos, a su exesposa y a dos presuntos testaferros.
Mola y Diego Velasco, de la Procelac, sostuvieron además que la sociedad Sasaxa era una cáscara para ocultar quiénes eran los dueños de los bienes y de dónde venían los fondos.
Después, la UIF amplió la acusación y pidió indagar a Cirio y a Clerici. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de Insaurralde, Cirio y Clerici.
La causa se reactivó en junio pasado, cuando publicó siete videos del vestidor. Mola pidió varias medidas de prueba y le requirió a este diario que entregara los siete videos a la Justicia.
También pidió la detención de Insaurralde y de Cirio por el riesgo de que se destruyeran pruebas. El entonces juez del caso Luis Armella rechazó los arrestos, y la defensa de Insaurralde recusó al fiscal por “enemistad manifiesta”. Armella prohibió a ambos salir del país y les impuso no alejarse más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización.
La fiscalía calcula que los fajos que filmó Cirio sumaban cerca de 10 millones de dólares y busca establecer qué pasó con ese efectivo y si fue escondido a través de personas cercanas a la expareja.
La defensa de la conductora, por su parte, recordó que el expediente ya registra que, al separarse, Cirio le entregó 250.000 dólares a Insaurralde, y lo presentó como prueba de que ella tenía fondos propios de origen lícito.
Una pericia oficial estableció que las imágenes se grabaron en la casa de Insaurralde en el barrio Fincas de San Vicente. A la vez, una pericia contable sobre el patrimonio del exfuncionario encontró inconsistencias entre los ingresos que declaró y los gastos registrados.
Armella, que subrogaba el juzgado, sobreseyó a Clerici. Mola y Velasco apelaron: dijeron que la decisión era prematura y arbitraria, y criticaron a Kreplak y Armella por no avanzar con las pruebas que había propuesto la fiscalía.
Ya al frente del expediente, Rodríguez Ponte rechazó las nulidades que había planteado la defensa de Cirio para apartar los videos. Ahora la discusión sobre la validez de esa prueba quedó en manos de la Cámara de La Plata.
Mola trabaja en un escrito para ampliar la acusación. Va a sumar a la imputación contra Insaurralde y Cirio los dólares que aparecen en los videos del vestidor y volverá a pedir la indagatoria del exintendente, de sus familiares y de su exesposa.

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El intendente de Berazategui declaró como testigo en una causa que investiga una supuesta oferta económica para atacarlo

El intendente de Berazategui, Carlos Balor (Partido Justicialista), declaró como testigo en una fiscalía de esa localidad por una causa en la que se investiga un supuesto plan para atentar contra su vida. El jefe comunal, sucesor en el cargo de Juan José Mussi (fallecido hace casi un año), manifestó preocupación por su familia y relató que tomó conocimiento de la situación por el relato de un concejal.
Balor prestó declaración testimonial en la fiscalía Nº2 de Berazategui, en la que desde el 3 de noviembre está radicada una denuncia de un comerciante que afirma haber recibido un ofrecimiento de US$50.000 para atacar al jefe comunal. El denunciante es Alejandro Villarreal, que acusa a Roberto Chorne, un dirigente que desde hace meses realiza pintadas en Berazategui deslizando una posible candidatura a la intendencia.
En la denuncia, a la que tuvo acceso , Villarreal (propietario de una parrilla) dijo que conoce a Chorne desde hace 20 años y que, a mediados de septiembre, el hombre se acercó a su domicilio “en un automóvil Mercedes Benz, de alta gama, color beige”, y le mostró “cinco fajos con billetes de dólares estadounidenses (sería la suma de 50.000 dólares) y un arma tipo pistola marca Bersa modelo Thuder Mini con una funda negra”.
Siempre según la denuncia de Villarreal, tras exhibirle el dinero y el arma, Chorne le consultó: “¿Harías un laburo en San Miguel O Palomar para apagarle la luz a uno?”. El denunciante afirma haber rechazado el ofrecimiento y que, a continuación, Chorne le dijo: “¿Y al ‘Turco’ Balor?“. Tras otra negativa, el denunciante dijo en sede policial que Chorne le manifestó: “Yo necesito sacarlo del juego al Turco Balor y después te doy un gabinete”. En la denuncia consta que Villarreal señalo también que “tiempo atrás estuvo privado de su libertad y que el señor Chorne conoce su pasado”.
Al declarar como testigo este jueves, Balor contó un concejal se contactó con él y le dijo que se encontraba acompañado por una persona que le contó “que le ofrecieron plata y un arma para ir contra él”, según informaron a desde la Municipalidad de Berazategui. Balor le respondió que, “si es verdad, esa persona debería hacer la denuncia donde corresponda”.
“A los días, lo notificaron de que esa persona había hecho la denuncia contra quien le había ofrecido dinero y un arma. Carlos manifestó su preocupación por su familia, que es ajeno a las denuncias que se hacen entre ellos en este momento, y que no cuenta con más información”, sostuvieron desde la comuna.
El viernes pasado, la casa de Chorne, ubicada en la calle 147 de Berazategui, fue allanada por orden de la fiscal Silvia Borrone. En el procedimiento, se secuestraron una pistola marca Bersa modelo Thunder, con un cargador y 15 municiones calibre 9 milímetros; otro cargador con 11 municiones calibre 40; una caja con 50 municiones calibre 22 milímetros, y una caja de color azul para transporte de armamento. El acusado no estaba en el domicilio, pero sí su esposa y su hijo.
Chorne, en tanto, se desligó de las acusaciones. En un video que subió a sus cuentas de redes sociales, habló de “las pavadas que están saliendo” (por la acusación en su contra) en “los medios locales pagos por el municipio, pagos por el señor Carlos Balor”.
“Inventaron algo tremendamente descabellado en mi contra, me allanaron mi casa por un expresidiario al que le pagaron para que me haga una denuncia falsa”, sostuvo Balor en un video que subió a su cuenta de TikTok, en el que aseguró ser “legítimo usuario” de las armas que le secuestraron.
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Suspensión de las PASO: el Gobierno acelera los acuerdos con los gobernadores y confía en lograr la media sanción en el Senado

Después de negociaciones hasta última hora para firmar el dictamen de la reforma electoral, la Casa Rosada asegura que cuenta con los votos para suspender las PASO la próxima semana en el Senado y este jueves ratificó el avance de los acuerdos políticos con los gobernadores aliados, que deberán aportar los votos en el Congreso.
Así lo hizo esta mañana el jefe de Gabinete, Diego Santilli, principal interlocutor del Gobierno con las provincias, durante la inauguración de la Cumbre de la Minería en Mendoza. Allí, acompañado por el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem, Santilli se mostró junto a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
Tal como adelantó TN, además de la articulación de Patricia Bullrich con los bloques aliados en el Senado, Santilli logró cerrar el acompañamiento de los gobernadores dialoguistas al proyecto electoral oficialista. La prenda de negociación fue la conformación de listas legislativas nacionales conjuntas en lugar del sistema de listas colectoras que solicitaban los mandatarios radicales y que finalmente fue retirado del texto por la resistencia de algunos espacios y la propia exministra de Seguridad.
“Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el gobernador Cornejo en materia nacional, que tiene que ver con la integración en el Senado y en Diputados”, ratificó en rueda de prensa el jefe de Gabinete, que aclaró que continúan las negociaciones por la competencia provincial, donde las definiciones serán tomadas más adelante.
Ese es uno de los puntos más sensibles en la negociación con las provincias, donde los gobernadores reclaman que se les respete sus territorios y el control de sus legislaturas locales, además de su representación en el Congreso nacional. En el caso de Mendoza, esa discusión tiene un nombre propio: Luis Petri. El exministro de Defensa aspira disputar la gobernación, algo que podría romper el vínculo del oficialismo con Alfredo Cornejo, que quiere que su sucesor salga de su propio espacio, Cambia Mendoza.
Esa discusión, que se replica en las diferentes provincias donde La Libertad Avanza considera que llega con buen margen para competir, hace meses genera diferencias internas en la mesa política del Gobierno, donde aparecen dos grupos que pujan entre cerrar los acuerdos electorales con los gobernadores lo antes posible para garantizar el apoyo en el Congreso y brindar certidumbre a los mercados; y quienes buscaban demorar el cierre de las negociaciones para garantizar el peso del armado de La Libertad Avanza en los distritos.
Sin embargo, la Casa Rosada busca postergar para 2027 la definición de nombres propios, la distribución de bancas y la decisión de si compite o no en cada provincia, en un año donde la gran mayoría de los distritos apunta a desdoblar sus elecciones. Aun así, cerca del ministro coordinador aseguran que los términos pactados alcanzan para conseguir los 37 votos necesarios en el Senado para lograr la media sanción de una de las prioridades políticas de Javier Milei: suspender las PASO.
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