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POLITICA

A 32 años del atentado a la AMIA, la Cámara de Casación avaló el juicio en ausencia contra los acusados

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La Cámara Federal de Casación Penal habilitó este lunes la realización del juicio en ausencia en la causa AMIA luego de declarar la legitimidad y la constitucionalidad de este procedimiento inédito en el país.

La decisión permite avanzar con el juzgamiento de los acusados por el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ocurrido el 18 de julio de 1994. El tribunal rechazó el planteo de inconstitucionalidad contra la Ley 27.784, presentado por la defensa oficial, y dejó habilitado el mecanismo que permite continuar el proceso sin la presencia de los imputados que permanecen prófugos.

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El atentado dejó 85 muertos y 151 heridos. La causa lleva más de tres décadas sin un debate oral contra los acusados que permanecen fuera del país, pese a pedidos de captura internacional.

La norma, que fue sancionada en 2025, habilita el juicio en ausencia en delitos de lesa humanidad y en determinados crímenes contemplados en instrumentos internacionales contra el terrorismo cuando los imputados se sustraen deliberadamente al proceso.

En ese sentido, los jueces Ángela Ledesma, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques sostuvieron que “existieron múltiples mecanismos de notificación y difusión internacional que permitieron inferir el conocimiento del proceso por parte de los imputados, incluyendo actuaciones diplomáticas, alertas de INTERPOL y repercusión mediática”.

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También consideraron que el argumento central de la defensa —que cuestionó las supuestas distinciones arbitrarias para acceder a un nuevo juicio en caso de que los acusados se presentaran después de una eventual condena— era hipotético y conjetural, ya que dependía de hechos que todavía no ocurrieron.

En el fallo, al que tuvo acceso TN, los camaristas además explicaron que “ninguna de esas circunstancias puede darse hoy por acontecida” y que resolver ahora esa cuestión importaría “emitir una declaración acerca de una controversia eventual, que depende de hechos futuros e inciertos”.

“A esta altura del análisis, no caben dudas de que el derecho de las víctimas a conocer la verdad no se trata solamente del deber del Estado argentino de cumplir con sus obligaciones internacionales, sino de una cuestión de estricta justicia”, agregaron los jueces.

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El titular de la AMIA, Osvaldo Armoza, aseguró que la causa no tuvo avances en el último año. (Foto: AMIA).

“La parte recurrente, por su parte, más allá de invocar autorizada jurisprudencia nacional e internacional acerca del instituto del juicio en ausencia y su vinculación con el derecho de defensa, no logra acreditar algún perjuicio actual ni la vulneración constitucional que alega, déficit argumental que sella el rechazo del agravio bajo análisis”, concluyeron los jueces.

En su apelación, el defensor oficial Enrique Comellas sostuvo que el verdadero agravio no radicaba en la celebración del juicio en ausencia, sino “en el rechazo anticipado a la posibilidad de realizar un nuevo juicio posterior”.

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Discapacidad: nuevo desafío para el oficialismo en Diputados y más sospechas en un área sensible

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El oficialismo busca rearmar en velocidad un acuerdo con aliados y dialoguistas sobre el área de discapacidad. Lo hace con la mirada puesta en la reunión de comisiones de Diputados prevista para este miércoles, aunque el tema desborda los límites legislativos. El proyecto de Presupuesto 2027 dinamitó la movida que avanzaba en la Cámara baja, además de desconcertar a los operadores de LLA y alimentar otro capítulo de la interna. Y ahora, esa tensión condiciona las tratativas, porque lo que aparece en juego es hasta qué punto puede ceder el Gobierno. Todo remite a un tema especialmente sensible, que acaba de añadir la renuncia del funcionario nacional del rubro y agrega sospechas a ese clima enrarecido.

De manera inesperada, en este marco y con un texto de tres líneas, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, presentó su renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones. Dijo que su salida sería inmediata –“a partir de este momento”, escribió- y como es habitual, agregó que se trataba de una decisión tomada por “razones estrictamente personales”. No hubo explicaciones oficiales sobre esta nueva baja y más allá de las cuestiones de desgaste, que existen, el hecho fue vinculado a los cruces y malestares que produjo el ajuste en discapacidad incluido en el Presupuesto, aunque no sería lo único.

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Como se sabe, la letra del proyecto oficial sacudió el tablero interno. La reacción visible fue protagonizada por Patricia Bullrich: sostuvo que el tema no había sido planteado previamente en la “mesa política” del oficialismo y advirtió que atentaba contra el armado de alianzas en el Congreso. Después, y a pesar del intento de Olivos por restarle trascendencia al cruce y aplacarlo, la senadora descalificó explicaciones de Diego Santilli, que buscaban distender el clima sin entrar en cuestiones de fondo.

En la misma línea para apaciguar las aguas internas, el Gobierno dejó trascender de inmediato que ese capítulo del Presupuesto no correría tal como fue redactado. Y reanimó las conversaciones con socios y aliados en Diputados. Prometió que será aplicado lo que sea acordado frente a la movida de la oposición y otros espacios, que impusieron el tratamiento de una respuesta sobre la emergencia en el área de discapacidad.

Se verá ahora el alcance de las tratativas para lograr dictamen en comisión. Por lo pronto, el malestar en filas libertarias fue generado no sólo por la falta de anticipo -que expuso incluso a la presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem-, sino además por lo que algunos consideran un costo por el grado de insensibilidad en la materia y otros, como un error en la batalla discursiva.

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En cualquier caso, la renuncia de Vilches agregó un ingrediente propio dentro de un ministerio que ya viene enfrentando otras tensiones, como ocurre con el manejo del PAMI. Un juzgado federal de Córdoba acaba de reponer el tema de las demandas judiciales: dispuso avanzar con una investigación sobre Lugones y el titular de la obra social de jubilados, Esteban Leguízamo, por presunto incumplimiento de una orden de regularización de pagos a proveedores de servicios de salud.

Patricia Bullrich, en el video que publicó, tarareando una canción de Lali Espósito

No es solo eso. La decisión del ahora ex funcionario impacta especialmente por la historia reciente del área, aun en el caso de se tratara de razones personales. Llama la atención que se haya concretado días después de que circulara un informe administrativo – es decir, impulsado por su gestión- con números que no cierran sobre la etapa de Diego Spagnuolo, procesado en la causa que investiga la existencia de un sistema de corrupción en la entonces Agencia Nacional de Discapacidad.

Vilches asumió como interventor de la ANDIS en agosto del 2025 -y siguió como secretario de Estado- luego de la crisis que generaron las denuncias sobre coimas en ese organismo. El referido informe analiza las cuentas hasta su llegada al cargo y registra inconsistencias millonarias en materia de deudas a proveedores. No extraña que la renuncia alimente especulaciones sobre la intención de dejar sentada su diferenciación de la primera etapa en esa área y las posibles estribaciones sistémicas.

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El caso Spagnuolo es seguido de cerca por el Gobierno y recrea cada tanto inquietudes por su efecto público. El foco se correrá el miércoles hacia Nadia Beller, víctima de un ataque por el que su ex pareja, Fernando Cerimedo, sigue detenido en Bolivia como principal sospechoso. Está prevista una declaración por videoconferencia, desde Santa Cruz de la Sierra, ante el fiscal Franco Picardi. Beller dijo que tiene grabaciones en las que Cerimedo, de conocidos vínculos con el circuito libertario, habla de manejos de corrupción en la ANDIS.

La expectativa siempre abierta por este caso y la renuncia de Vilches agregan por distintas vías sus propios ingredientes al tema de discapacidad. De todos modos, al menos hasta ahora, el mayor sacudón fue producido por la llegada del Presupuesto 2027 al Congreso. Las miradas estaban puestas como siempre en algunas previsiones centrales -PBI, superávit, inflación, dólar, inversiones-, que en algunos casos suelen ser desbordadas por la realidad, como viene ocurriendo este año con los pronósticos sobre crecimiento y evolución de los precios. Eran esperables negociaciones con aliados y disputas con opositores en cuestiones como discapacidad y universidades.

Nadie esperaba un recrudecimiento de las internas en el oficialismo como la que disparó el capítulo de ajuste presupuestario en discapacidad. Impactaron especialmente cuestiones como la intención de borrar los ajustes por inflación de los montos del nomenclador o la vuelta a un esquema por “invalidez” mínimo (unos 300 mil pesos) que podría ser dado de baja si la persona consigue empleo formal o tiene ingreso como monotributista. Resultó indigerible para aliados y dialoguistas.

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Las negociaciones son llevadas adelante por Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, de línea con Bullrich, que luego del temblor generado por el proyecto de Presupuesto tuvieron señales de respaldo expreso de Martín Menem y Diego Santilli. Es un interrogante hasta qué punto llegará la flexibilidad del Gobierno para avanzar con una “ley superadora” -así es mencionada- que asegure a los socios, del PRO y del bloque oficial del radicalismo, y recupere apoyos de legisladores alineados con gobernadores y otros espacios de buen trato con LLA.

El oficialismo enfrenta un nuevo round de la pelea motorizada por la oposición, que impuso el tratamiento de este tema y también el debate sobre la morosidad. Y espera que esta vez la interna no le juegue en contra. Doble desafío.

Patricia Bullrich,Lali Espósito,Javier Milei,Karina Milei

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Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente se refirió a la causa Malvinas y aclaró: “No hablamos de guerra”

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En su defensa ante la Justicia, el exjefe de Gabinete y exvocero presidencial Manuel Adorni justificó que ganó cerca de 390.000 dólares entre 2014 y 2018 con la compra y venta de criptoactivos en efectivo, sin conocer a sus contrapartes y sin dejar rastros contables o financieros, y que la ganancia, sumada a los 200.000 dólares con los que había comenzado, los guardó durante años fuera del circuito bancario. Es decir, más de 590.000 dólares en su casa.

La versión de Adorni registra, sin embargo, al menos dos inconsistencias posibles y una situación inverosímil, según los expertos en criptoactivos que consultó . La primera inconsistencia que señalaron es que registró dos veces el dinero de una misma operación; la segunda, que su contraparte en al menos una de las operaciones debería ser identificable. ¿La situación factible, pero inverosímil? Que haya intercambiado criptomonedas por casi 390.000 dólares, cash, siempre en lugares públicos.

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NUEVA YORK.- Antes de la llegada del presidente Javier Milei a esta ciudad el martes para participar de la Asamblea General de la ONU, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo esta tarde una presentación en la sede del banco JP Morgan en la que buscó dar certidumbre sobre el programa económico de cara a 2027 ante las inquietudes que le presentaron inversores financieros de fondos de largo plazo.

Tras una exposición inicial de unos 30 minutos en la que destacó los logros del programa económico del Gobierno, Caputo respondió todas las consultas de los cerca de 50 participantes del encuentro, varias de ellas sobre los desafíos al plan que plantean las elecciones presidenciales del año próximo, según reconstruyó .

Manuel Adorni sostiene que gastos por cientos de miles de dólares que hizo en los últimos años se explican por inversiones en bitcoins que, según su relato, había mantenido en secreto, escondidas, hasta junio pasado. Fue en ese momento, con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y números que no cerraban, que modificó su estrategia: dijo que él y su mujer habían ahorrado 200.000 dólares, que los invirtieron en criptomonedas y que ganaron otros 300.000, todo antes del gobierno de Javier Milei. Ahora, esa versión se la dio a la Justicia.

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La historia, como la presentó la defensa del exjefe de Gabinete, tiene capítulos oscuros, casi imposibles de chequear; según Adorni, por la propia naturaleza de la inversión, que puede hacerse sin dejar rastros. Pero además, en toda la cadena de movimientos de dinero -algunos muy llamativos- el exfuncionario relata haber elegido siempre la informalidad.

En un claro desafío al reclamo argentino para suspender la explotación petrolera en Sea Lion, el gobierno de las Islas Malvinas anunció hoy que “extiende de todas las licencias de producción de hidrocarburos offshore por cinco años, con dos años opcionales adicionales a su discreción”. Además confirmó que la decisión cuenta con “el pleno apoyo del Gobierno del Reino Unido”.

El comunicado de prensa emitido a últimas horas de este lunes no precisó la cantidad de empresas beneficiadas con esta prolongación de permisos, pero se entiende que las petroleras vinculadas al proyecto de Sea Lion, el consorcio entre la británica Rockhooper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, con sus filiales Falklands Oil & Gas y desire Petroleum, serían las más beneficiadas.

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Una jueza del fuero penal juvenil, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la ley que bajó la punibilidad a los 14 años y, en consecuencia, sobreseyó a un menor de esa edad que, junto con un grupo de chicos, había sido detenido en flagrancia por un intento de robo.

“A lo que apunto es que, como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por la falta de respuesta del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros. No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil; solo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”, sostuvo la jueza Laura De Marinis en su resolución, a la que tuvo acceso .

El presidente Javier Milei defendió a Donald Trump de las críticas que recibe en Europa, aseguró que el viejo continente “se está hundiendo” y ratificó el reclamo de soberanía argentino sobre las Islas Malvinas. Lo hizo durante una entrevista con el canal francés TF1, en la previa de la Argentina Week 2026 que se realizará en París.

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LEÉ LA NOTA COMPLETA ACÁ.

En principio, consultado por el periodista Darius Rochebin sobre las críticas que recibe el líder republicano en Europa, el mandatario argentino sostuvo que quienes consideran que Trump debilita a Occidente “están completamente equivocados” y aseguró que ocurre exactamente lo contrario.

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La quiebra de Austral Construcciones dejará $1681 millones a disposición de la Justicia, casi diez años después

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Nueve años después de la quiebra de Austral Construcciones, la empresa insignia de Lázaro Báez terminó de liquidar sus principales activos con un resultado inesperado: pagó la totalidad de los créditos verificados, incluidos los intereses, y todavía quedará un remanente de al menos $1681 millones que, según el proyecto de distribución, será puesto a disposición de la Justicia Penal Federal.

El dato surge del Proyecto de Distribución de Fondos V, la última rendición de cuentas del expediente “Austral Construcciones S.A. s/Quiebra”, que tramita ante el Juzgado Comercial 28, a cargo de Pedro Manuel Crespo. Según ese proyecto, el activo realizado por la quiebra asciende a $4.534.873.782, provenientes de las ventas de bienes y de los intereses generados por plazos fijos en que la sindicatura mantuvo depositados los fondos mientras avanzaba la liquidación.

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Báez, uno de los principales contratistas de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, cumple una pena única de 15 años de prisión, aún no firme, que unificó las condenas a 10 años por lavado de dinero en la causa conocida como “ruta del dinero K” y a 6 años por administración fraudulenta en la “causa Vialidad”. También acumula otras condenas: 4 años y 6 meses por lavado de dinero en el caso del campo El Entrevero, en Uruguay, y 3 años y 6 meses por apropiación indebida de recursos de la seguridad social correspondientes a empleados de empresas del Grupo Austral.

Lázaro Báez está en prisión y se le rechazó el beneficio del encarcelamiento domiciliarioArchivo

Entre los bienes de la constructora de Báez que fueron rematados figuran el edificio de Franklin D. Roosevelt 1780, en la ciudad de Buenos Aires; inmuebles en Río Gallegos y en la zona de Tres Lagos y Comandante Luis Piedra Buena, en Santa Cruz; así como rodados, maquinaria vial y el predio del Obrador Central de la empresa, en las afueras de la capital santacruceña, uno de los activos de mayor valor del expediente.

Con ese dinero, la sindicatura pagó el 100% de los créditos verificados por los acreedores —organismos estatales, obras sociales, proveedores y exempleados— y también abonó todos los intereses que habían quedado suspendidos desde la declaración de quiebra.

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Cubiertos esos pagos, los síndicos determinaron un excedente de $2.473.528.833,20, sobre el cual la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) percibirá Impuesto a las Ganancias por aproximadamente $792,3 millones. Descontado ese impuesto, el Proyecto de Distribución V estima un remanente de $1.681.226.543,73, equivalente a unos US$1,1 millones al tipo de cambio de referencia.

La constructora que era de Lázaro Báez, en Río GallegosHoracio Córdoba

Esa cifra, sin embargo, todavía no es definitiva. Depende, entre otros factores, de un litigio paralelo que también tramita en el expediente: la disputa por los honorarios de los profesionales que llevaron adelante la liquidación y que debe definir la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.

La disputa por los honorarios

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El estudio contable Stupnik & Stupnik, designado Sindicatura Liquidadora, apeló por bajos los $300 millones que le fijó el juez de primera instancia y pidió que sus honorarios se eleven al máximo permitido por la Ley de Concursos y Quiebras, el 12%. En conjunto, el juez reguló $450 millones para los beneficiarios de la distribución, equivalentes al 9,93% de la base usada para calcular los honorarios. La aplicación del tope del 12% llevaría esa suma a unos $544,2 millones.

Además, la Sindicatura Liquidadora reclamó una regulación “adicional y complementaria” de $353,8 millones, para compensar honorarios que considera insuficientes en las cuatro distribuciones de fondos anteriores. A ese pedido se sumaron reclamos de la Sindicatura Verificante y del letrado del acreedor peticionante por otros $160,7 millones.

El argumento central de la sindicatura es que, como todos los acreedores ya cobraron el 100% de sus créditos, la diferencia entre los honorarios actualmente regulados y el máximo legal no modificaría el cobro de ningún acreedor: pasaría directamente a engrosar el remanente que recibirá la propia empresa fallida. En ese contexto, los síndicos plantearon que se configuraría “un enriquecimiento sin causa” a favor de Austral Construcciones.

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El remanente definitivo dependerá, por lo tanto, de la decisión que adopte la Cámara Comercial sobre los honorarios ya regulados y sobre las regulaciones adicionales solicitadas. Si elevara los honorarios hasta el 12%, disminuiría el monto disponible para la fallida respecto de la estimación actual; si confirmara las regulaciones inferiores y rechazara los adicionales, permanecería un monto mayor dentro del remanente.

A disposición de la Justicia Federal

En cualquiera de esos escenarios, el destino previsto para el remanente no cambiará: según consta en el propio proyecto de distribución, el dinero será reintegrado formalmente a Austral Construcciones y puesto a disposición de la Justicia Federal, en referencia a los tribunales federales de Comodoro Py donde tramitaron y tramitan las causas por asociación ilícita, lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Báez.

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El trámite de cobro contra los propios accionistas de la firma, Báez y su hijo Martín Báez, quedó en cambio suspendido esta semana. El juez Crespo resolvió postergar esa causa —en la que la sindicatura reclama a ambos la restitución de fondos que, según sostiene, retiraron como dividendos sin la autorización de una asamblea de accionistas de Austral Construcciones— hasta que se resuelva en forma definitiva la distribución final de fondos.

El decomiso de la maquinaria de Austral ConstruccionesHoracio Córdoba

El crédito reclamado a los Báez por ese concepto, que en el balance de 2015 de la constructora figuraba en $145 millones, había trepado a casi $147 millones para 2016 y, actualizado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), rondaría hoy los $17.750 millones, sin que conste que los accionistas lo hayan restituido.

La resolución sobre los honorarios en danza queda ahora en manos de la Cámara Comercial, que deberá decidir si eleva la retribución de los liquidadores al tope legal del 12%, mantiene las regulaciones fijadas en primera instancia o admite alguno de los pedidos adicionales. De esa definición dependerá cuánto dinero quedará finalmente como remanente de la megaquiebra de los Báez y, l proyecto de distribución, será puesto a disposición de la Justicia Federal.

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