Avanza la investigación en Estados Unidos sobre los negocios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los fiscales a cargo de la pesquisa contactaron a uno de los financistas que más sabe cómo fue la ruta del dinero que utilizó la entidad durante los últimos años y cuál fue el destino de decenas de millones de dólares con ramificaciones en al menos dos continentes, confirmaron fuentes en dos países al tanto de lo ocurrido a .

La citación la recibió uno de los socios fundadores de la firma Adcap Asset Management, Juan Martín Molinari, quien deberá aportar documentación sensible ante un gran jurado (“grand jury”) en Miami. Contactado por , el abogado de Molinari en Estados Unidos, Daniel Fridman, aseguró que se trata de “un requerimiento de documentación dirigido a una sociedad estadounidense de su propiedad”. “Pide registros vinculados a terceros, incluidas transferencias que esa sociedad recibió de uno de ellos. No está dirigido al Sr. Molinari ni lo menciona”, agregó.

La investigación de los fiscales Michael Berger, desde Miami, y Patrick Gushue y Christopher Ting, desde Washington DC, se centra en las operaciones que con base en Estados Unidos desarrolló la agente recaudadora de la AFA, TourProdEnter LLC, del productor teatral argentino Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Como “intermediaria”, recibió y administró cerca de US$300 millones provenientes de patrocinadores y auspiciantes de la AFA desde diciembre de 2021, según la documentación revelada por .

Los fiscales buscan determinar si las operaciones bancarias que instrumentaron Faroni y Gillette a través de TourProdEnter LLC pudieron configurar delitos, entre ellos un eventual lavado de activos o un presunto fraude bancario o financiero. Los investigadores también procuran establecer qué conocimiento y eventual participación pudieron tener el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, en esas operaciones.

La trama comenzó a urdirse hace años, cuando TourProdEnter LLC recurrió a Adcap para mover al menos US$109 millones con destino a las Islas Vírgenes Británicas y Uruguay, y ejecutar operaciones de “contado con liqui” que canalizaron fondos hacia la Argentina durante la vigencia del “cepo” cambiario, de manera legal.

Desde la financiera aclararon que “no recibieron de parte de la justicia estadounidense ni de ninguna otra jurisdicción pedido de información alguno como tampoco de los entes que regulan su actuación y poseen fiscalización constante sobre sus operaciones”.

El pedido de información, entregado en una dirección en Nueva York hace unos diez días, apuntaría a una sociedad de Molinari, Beagle Capital Management LLC, que estuvo involucrada en la compra del club italiano de fútbol Perugia. reveló en enero que para esa operación se utilizaron al menos US$ 6,2 millones provenientes de la recaudación de la AFA.

De ese total, Javier Faroni giró US$ 5,7 millones a una firma suya llamada Sports Next Gen Ltd, que integró el grupo empresario que adquirió el club en 2024. Lo hizo por medio de 25 transferencias a dos cuentas de Sports NextGen Ltd en los bancos Revolut, del Reino Unido, y Afrasia Bank Ltd., en las islas Mauricio, unos mil kilómetros al oeste de Madagascar, en el océano Índico.

A ese flujo de dinero se sumó otro medio millón de dólares que TourProdEnter LLC transfirió a Beagle Capital Management LLC, el 16 y 27 de octubre de 2023, mediante dos giros de US$250.000 cada uno. El único rostro visible en esa firma Beagle Capital es Molinari.

La compra del Perugia comenzó a gestarse formalmente cinco meses después, en marzo de 2024. En su oficina, Molinari soltó delante de dos intermediarios italianos: “Tengo el comprador”. Y al cabo de dos semanas, en el mismo lugar, apareció Faroni. “Hasta ese momento nosotros no sabíamos quién era Faroni. Molinari nos decía que era un hombre de Tapia, y que por eso había ganado el contrato con (la ticketeadora) Deportick”, reveló el empresario italiano Simone Chiarella, uno de los protagonistas de la trama, a , en abril pasado.

La operación se concretó el 7 de septiembre de 2024, en la escribanía Biavati, en el centro de la ciudad de Perugia. Luego, Faroni recorrió las instalaciones del club, posó con la camiseta que llevaba su nombre y se encargó de darle la noticia al presidente de la AFA. “Lo llamó a Tapia ahí mismo para avisarle que había terminado todo bien”, rememoró Chiarella.

Pero no fue todo. Al día siguiente, Faroni planteó que quería reunirse con el entonces presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina. Las gestiones estuvieron a cargo de un agente FIFA, Pierpaolo Triulzi, y el vendedor del Perugia, Massimiliano Santopadre.

Contactado por , Molinari decidió responder a través de su abogado. “Recibir un pedido así no significa, por sí solo, que la empresa o su dueño estén acusados de nada. La sociedad está respondiendo como corresponde. Se trata de un procedimiento reservado, y por eso no vamos a comentar su contenido ni a referirnos a terceros”, contestó Fridman.

“Sujetos de interés”

En enero, cuando consultó a Adcap sobre el proceder de Molinari, uno de sus socios fundadores y gerente, la financiera se distanció de manera tajante. “La operatoria de Molinari con la firma Sports NextGen es absolutamente ajena a Adcap, que no tenía conocimiento alguno hasta ahora sobre la compra de un club de fútbol, y Adcap no tuvo ni tiene participación en compañía o negocio alguno con Faroni. La participación de Molinari en esa operatoria fue a título personal, como director, cargo al que ya renunció, y en el día de hoy [por el lunes 5 de enero de este año] Molinari presentará un pedido de licencia en Adcap por tiempo indeterminado, lo que se comunicará a la CNV”, indicaron, en alusión a la Comisión Nacional de Valores.

La situación no cambió. “Actualmente está en curso un proceso de recompra de su paquete accionario. Molinari posee actividades comerciales independientes por fuera de la sociedad de bolsa”, dijeron fuentes de la financiera.

Ahora, la “subpoena” que recibió una empresa de Molinari de Estados Unidos se suma a las citaciones que desde el Departamento de Justicia libraron a fines de julio con la orden de presentarse ante la Corte del Distrito Sur de Florida, en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr. Courthouse. Las recibieron varios testigos o partícipes de la operatoria bajo sospecha, como el por entonces director Comercial y de Marketing de la AFA, Leandro Petersen, según reconstruyó .

Una “subpoena” es una orden escrita emitida por un tribunal u otra autoridad competente de Estados Unidos que obliga a la persona requerida a colaborar con un proceso legal, ya sea compareciendo a declarar como testigo en una fecha y lugar determinados o entregando documentos, registros u otros objetos que puedan servir como evidencias. La función central de esa orden es garantizar la obtención de pruebas y testigos esenciales, y el incumplimiento puede acarrear sanciones por desacato, incluida la detención.

Otro “sujeto de interés” que habría sido convocado a presentarse en Miami, según reconstruyó , es Juan Pablo Beacon, quien fuera uno de los principales colaboradores de Toviggino dentro de la AFA durante años. Fiscales y agentes del FBI lo contactaron para comprender desde adentro cómo funcionó la estructura de decisiones y los circuitos financieros de la entidad.

En paralelo a esas citaciones, fiscales y agentes del FBI también comenzaron a contactar a empresas no argentinas que firmaron contratos millonarios con la AFA, pero que giraron dinero a cuentas que TourProdEnter LLC en bancos de Estados Unidos, como el Citibank, el Bank of America, el Synovus Bank, el JP Morgan y el PNC Bank.

La ruta del dinero que pasó por Estados Unidos incluyó, luego, sociedades constituidas en Miami que solo existen en los papeles y que recibieron fondos de TourProdEnter LLC y otras empresas “intermediarias”. Y concluía con el envío de parte de esos fondos a la Argentina a través de “cuevas” de la City porteña, que acercaban las “puntas” y entregaban el dinero en efectivo, mediante bolsos.

La investigación arrancó en septiembre de 2025. Desde entonces, los fiscales y agentes del FBI mantuvieron múltiples reuniones con el empresario Guillermo Tofoni. La última se habría concretado en junio de este año, en Miami, durante el desarrollo del Mundial. Durante tres horas, los investigadores requirieron datos para determinar si ciertas operaciones en Estados Unidos configuran lavado de activos o fraude bancario.