El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni se encuentran desde las 9 de la mañana en un desayuno a solas en la Quinta de Olivos. Según confirman fuentes oficiales, la reunión ya había sido programada con antelación y busca ser uno de los tantos encuentros de rutina que ambos mantienen en la Residencia Presidencial para conversar asuntos vinculados a la gestión.

Y es que Milei no tiene intenciones de remover a su funcionario de máxima confianza. No al menos en las condiciones actuales. Tampoco tiene previsto irse del cargo el mismo Adorni, que todavía no realizó apariciones públicas desde la entrevista que concedió la semana pasada para explicar el motivo de su incremento patrimonial.

Mañana será el día en el que aparezca. Esto se dará en el marco del acto en conmemoración por el Día de la Bandera en el Monumento Histórico Nacional de la Bandera en la ciudad de Rosario. Adorni confirmó su presencia a Milei y ambos se mostrarán juntos.

Tanto el Presidente como el jefe de Gabinete trabajan nuevos anuncios para buscar generar una agenda distinta a la del escándalo mediático-judicial que se mantiene hace más de tres meses. En el entorno del ministro coordinador la denominan “agenda positiva”, la cual busca estar circunscripta a realizar comunicaciones sobre nuevas propuestas o medidas implementadas por el Gobierno. Pese a todo, los alcances de la misma son relativas, según el vocero gubernamental al que se le consulte.

Nota en desarrollo

Cada bloque del Senado busca definir la próxima sesión. Mientras el oficialismo sigue de cerca los proyectos que integran el paquete de iniciativas enviadas por el presidente Javier Milei al Congreso, la oposición denuncia una parálisis legislativa y apunta a la continuidad de Manuel Adorni en el Gabinete.

Desde el bloque Justicialista que conduce José Mayans avanzan con el pedido de interpelación al jefe de Gabinete. “Lo vamos a escuchar, pero nosotros consideramos que incurrió en varios delitos”, afirmó el senador, quien junto con Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio presentó hace una semana un pedido de interpelación con moción de censura contra el ministro coordinador.

Los senadores justicialistas fundamentaron su iniciativa en la existencia de “graves inconsistencias patrimoniales”, además de “ocultamientos, omisiones, contradicciones y rectificaciones” en las declaraciones presentadas por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Además, en la reunión de jefes de bloque que presidió la vicepresidenta Victoria Villarruel quedó claro que el pedido de interpelación al jefe de Gabinete no requiere tratamiento en las comisiones del Senado. Por lo tanto, no es necesario dictaminar el proyecto ni reunir los dos tercios del cuerpo para habilitar su tratamiento. La iniciativa puede ser tratada directamente en el recinto y, según establece el artículo 101 de la Constitución, necesita mayoría absoluta para su aprobación: 37 votos afirmativos.

El auxilio del oficialismo

La bancada de La Libertad Avanza logró un respiro para Adorni y ganó una semana de margen para evitar que este jueves se produzca un escándalo en el Senado y se profundice la crisis con los legisladores aliados del PRO, la UCR y fuerzas provinciales.

Patricia Bullrich, jefa libertaria de la Cámara alta, consiguió el compromiso de los aliados de no unirse a los sectores más duros del Senado para remover al ministro cuestionado. Sin embargo, el acuerdo tiene un plazo de apenas una semana, a la espera de definiciones de Javier Milei y de un intento por reactivar la agenda legislativa del Congreso.

En el acta de Labor Parlamentaria ya quedaron fijados los temas para la sesión del próximo 25 de junio. Además del caso de Manuel Adorni, figuran el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y los pliegos ya dictaminados de funcionarios de Cancillería y del Poder Judicial.

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Entre ellos se encuentran las designaciones para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, incluida la prórroga del juez Víctor Pesino, que alcanzó el límite de edad de 75 años y es cuestionado por el PJ por haber fallado a favor de la implementación de la Ley de Modernización Laboral.

Los siete pliegos judiciales consiguieron las firmas del oficialismo y de la oposición dialoguista. Suscribieron los dictámenes los senadores Juan C. Pagotto, Carlos Arce, Beatriz Ávila, Patricia Bullrich, Agustín Coto, Carlos Espínola, Enrique Goerling Lara, Carolina Losada, Nadia Márquez, Flavia Royón y Juan Carlos Godoy.

En las oficinas libertarias tampoco descartan sumar al temario el proyecto de ley Hojarasca, que obtuvo dictamen este miércoles en medio de la tensión por la situación de Manuel Adorni y las posibilidades de avanzar con su interpelación.

Dictamen para la ley Hojarasca

La Libertad Avanza dejó en condiciones de llegar al recinto el proyecto de ley denominado Hojarasca, que propone derogar y actualizar legislación considerada obsoleta con el objetivo de simplificar el ordenamiento jurídico argentino, reducir burocracias innecesarias y aportar mayor claridad normativa.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente, emitió dictamen de mayoría y dejó a la iniciativa a las puertas de convertirse en ley.

El proyecto ya cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados y espera ser incorporado al temario de la sesión de la próxima semana.

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“La calidad institucional no consiste solamente en sancionar nuevas leyes. También implica revisar aquellas normas que han perdido sentido, vigencia o utilidad para los argentinos”, sostuvo la senadora Nadia Márquez.

La legisladora agregó que “la Ley Hojarasca es una herramienta para ordenar nuestro sistema normativo, reducir burocracia y avanzar hacia un Estado más eficiente. No se trata de quitar derechos, sino de eliminar regulaciones obsoletas que ya no cumplen ninguna función real”.

La norma forma parte del proceso de modernización del Estado impulsado por el presidente Javier Milei, orientado a eliminar regulaciones que han perdido vigencia o utilidad práctica y a construir un marco institucional más simple, eficiente y comprensible para los ciudadanos.

Por su parte, Agustín Coto sostuvo que la iniciativa busca simplificar y modernizar las normas del país “para adecuar la legislación a la realidad actual y a la transformación de la Argentina que encabeza el proyecto del presidente Javier Milei”. Y agregó: “El eje está puesto en la eliminación de normas que ya perdieron vigencia, así como de regulaciones restrictivas que entorpecen la actividad económica y de disposiciones que limitan las libertades de los ciudadanos”.

Senado, La Libertad Avanza, Manuel Adorni

Con el impulso del jefe de Gobierno, Jorge Macri, la Legislatura porteña aprobó ayer una reforma del Código Contravencional para endurecer las sanciones contra cuidacoches y limpiavidrios. También habilitará detenciones, con penas que van desde los 10 días hasta los 2 meses de cárcel, aumento de multas y sanciones para clubes y organizaciones vinculados con esas prácticas.

“Si sos trapito, te meto preso. Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien. Ley y orden”, celebró Macri en sus cuentas de redes sociales, tras lograr la sanción de la norma.

Con un video con imágenes alusivas a los cuidacoches y testimonios de personas afectadas, el alcalde porteño se diferenció de las gestiones anteriores, que habían establecido solo sanciones económicas para los trapitos.

“Dejaron que esta mafia se apropiara de las calles. Dejaron que una banda de extorsionadores decidiera dónde podías estacionar. Ya no hay más advertencia. ¿Sos trapito? Te meto preso», expresó en la secuencia audiovisual.

La Ley 6961 amplía las facultades de control del Gobierno porteño y de la Policía de la Ciudad, que podrá detener a quienes se apropien del espacio público y extorsionen a vecinos durante eventos masivos o en la vía pública. La reforma, que contó con 36 votos afirmativos, se consensuó con legisladores de distintas fuerzas políticas.

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se registraron 13.149 contravenciones vinculadas con estas prácticas. Hasta ahora, las sanciones se limitaban a multas que Jorge Macri consideró “incobrables”: “¿Cuánto le importa una multa a un trapito? Se le ríen en la cara a la Policía”. El jefe de Gobierno sostuvo la nueva norma implica “tolerancia cero” contra esa práctica.

El texto de la ley explica que el esquema de penalizaciones económicas vigente era insuficiente. La baja entidad de las sanciones favorecía la repetición de la conducta y minaba la convivencia urbana. Ahora, se distingue entre infractores ocasionales y quienes organizan o coordinan el cobro ilegal, además de establecer agravantes para casos de intimidación, vulnerabilidad o persistencia.

Qué penas prevé la reforma

El nuevo régimen establece penas diferenciadas según el tipo de infracción y el contexto en que se cometa. En eventos masivos, cuando se demuestre organización previa o existencia de bandas, la detención será de 20 a 50 días. Para quienes cuiden coches de manera ilegal en cualquier calle, la detención será de 10 a 30 días. Los jefes, organizadores o promotores podrán recibir hasta 60 días de cárcel.

Las penas se duplicarán en situaciones de violencia, acoso o cuando se aproveche la vulnerabilidad del conductor o el entorno. El artículo 1 estipula que, si la conducta incluye intimidación, persistencia o desigualdad de género, la sanción se duplicará respecto de los mínimos y máximos previstos.

Los días de trabajo comunitario se amplían de dos a 20 a 45 días, mientras que las multas pasan de un rango de $50.000 a $285.000 a partir de $1.139.988 (de 1.200 a 7.000 UF).

El juez interviniente que intervenga en una detención tendrá que poner en conocimiento de los infractores la oferta de programas de asistencia a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, o el organismo a cargo. Pero también refuerzan una línea dura: quienes lideren o promuevan la actividad podrán ser excluidos de los programas estatales por dos años, en un intento de desalentar la repetición.

Alcance sobre eventos y clubes

La prohibición y las nuevas penas se aplicarán a cualquier evento realizado en la Ciudad, no solo a los deportivos o artísticos masivos. El área de control se amplía hasta 50 cuadras a la redonda del evento, y el horario de prohibición se extiende desde seis horas antes del inicio hasta tres horas después del final.

Si se comprueba la participación directa o indirecta de integrantes de clubes, instituciones u organizadores en la actividad ilegal, el Gobierno de la Ciudad podrá duplicar las multas, que pasarán de 10.000 UF a 20.000 UF (de $10 millones a $20 millones aproximadamente). Las clausuras preventivas subirán a un máximo de 90 días, frente a los 30 días previos.

La reforma parte del diagnóstico de que el fenómeno del “trapito” dejó de ser un “mero ofrecimiento informal”. Según lo aprobado, en muchas ocasiones la conducta involucra presión o intimidación directa. De esta manera, los conductores se ven forzados a pagar para evitar conflictos o represalias, en zonas que llegan a funcionar como “territorios” tomados por quienes ejercen el rol de cuidacoches.