El diputado Miguel Ángel Pichetto fundó su controvertida propuesta para que el Congreso anule la condena de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad en una supuesta facultad del Poder Legislativo para intervenir sobre la Justicia ante situaciones de clara “gravedad institucional”.

El planteo, sin asidero ni antecedentes jurídicos, según explicaron a especialistas en derecho constitucional, formó parte de su exposición de la semana pasada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

“Es una exploración que todavía no se ha desarrollado -dijo el diputado- y sé que es un argumento que va a levantar la polvareda porque entro a jugar con el principio de división de poderes. Pero creo que son atribuciones inherentes del Congreso frente a temas de gravedad institucional y de nulidades evidentes y notorias”

Pichetto, que ensaya gestos de acercamiento al kirchnerismo y promueve la creación de un espacio de “centro nacional”, argumentó que el Congreso posee facultades “inherentes”, no escritas, que le permitirían anular una sentencia firme del máximo tribunal ante un supuesto caso de “gravedad institucional”.

Buscó sostener esa idea con advertencias generales sobre lo inconveniente que es para la democracia que un exjefe de Estado se encuentre condenado, pero también señalando presuntas irregularidades en el desarrollo específico de la causa Vialidad

Repartió críticas para la Cámara de Casación, la Corte Suprema e incluso para la exprocuradora del kirchnerismo, Alejandra Gils Carbó, que autorizó el traslado a Comodoro Py de Diego Luciani, el fiscal que años después intervino en el juicio de Vialidad.

También sostuvo que las cinco vocalías previstas para la Corte debieron haber estado ocupadas cuando el tribunal dejó firme la condena a seis años de prisión contra la expresidenta. Afirmó, además, que sus actuales integrantes debieron apartarse al momento de resolver porque el peronismo había impulsado contra ellos un juicio político.

Según su visión, esas y otras supuestas “irregularidades” configuran un caso de “gravedad institucional”. Para fundamentarlo, invocó una doctrina que, dijo, la Justicia inauguró con el caso “Jorge Antonio”, vinculado con los bienes decomisados a un empresario cercano a Perón tras el golpe de 1955.

Pero el antecedente no reconoce al Congreso ninguna facultad para anular sentencias. La Corte utilizó la figura para admitir un recurso contra una resolución que no era definitiva.

Pichetto dijo, además, que su planteo tenía como punto de partida la “presunción de inocencia” de la expresidenta, pese a que la condena quedó fue dictada por el Tribunal Oral Federal Nº 2, confirmada por la Cámara de Casación y convalidada por la Corte Suprema.

Aseguró, sin embargo, que el Congreso posee la potestad de intervenir, declarar nula la sentencia y hacer valer el “equilibrio de poderes”.

“Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes”, afirmó.

Como ejemplo actual y “aplicable”, mencionó la intervención del Congreso brasileño sobre el régimen de penas que podría alcanzar al expresidente Jair Bolsonaro.

“El principio de que el Congreso puede llegar a analizar, como lo que está haciendo el Congreso brasileño, la aplicación de una pena totalmente absurda que le aplicaron al expresidente Bolsonaro, independientemente de las ideologías”, dijo.

Pichetto se refirió a la denominada ley de dosimetría, sancionada en diciembre pasado por el Congreso brasileño, que modificó retroactivamente las reglas de cálculo y ejecución de las penas y podría reducir el castigo impuesto a Bolsonaro.

La norma no absolvió al expresidente brasileño ni anuló su condena, como propone Pichetto respecto de Cristina Kirchner. Modificó con alcance general el régimen penal aplicable a los delitos vinculados con la tentativa de golpe de Estado.

La ley, posteriormente vetada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, impide en determinados casos acumular las penas por los delitos de abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado.

“La propuesta del diputado Pichetto no tiene ningún asidero jurídico”, sostuvo el constitucionalista Pablo Manili, consultado por .

“El Congreso de ninguna manera tiene competencia para anular un fallo judicial. Los fallos judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación solamente pueden ser dejados sin efecto como consecuencia de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso de que se haya tramitado primero una denuncia ante la Comisión y luego un juicio ante la Corte Interamericana”, amplió el experto.

Una de las primeras reacciones del arco político contra la propuesta de Pichetto provino de la Coalición Cívica. “En la CC respetamos la división de poderes y no vamos a acompañar ningún proyecto para revertir el fallo contra Cristina Kirchner”, dijo Mónica Frade en Radio Zónica. “Si la expresidenta considera que hubo irregularidades, tiene otros ámbitos para plantear el tema. Nosotros respetamos la división de poderes”, sumó.

La Cámara Nacional Electoral definió sostener la intervención judicial del Partido Justicialista de Jujuy, en contra de los deseos de la conducción nacional del peronismo, a cargo de Cristina Kirchner, pero ordenó sustituir al actual interventor, un hombre alineado con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

El tribunal intervino, así, en una apelación que presentó la conducción del PJ, que el mes pasado designó como “normalizadores” del partido a la diputada nacional Teresa García y al exconcejal de Tres de Febrero Máximo Rodríguez.

El PJ jujeño está intervenido por la conducción nacional del partido desde julio de 2023. Tuvo como interventores al exministro de Seguridad Aníbal Fernández y al intendente de Merlo Gustavo Menéndez. Ambos no lograron concretar un llamado a elecciones y propiciaron la suspensión de más de 300 afiliados del PJ provincial, entre los que estaban dirigentes como el exvicegobernador Guillermo Jenefes, el extitular del PJ provincial Rubén Rivarola, o la actual senadora nacional Carolina Moisés (vicepresidenta de la Cámara alta).

A principios de abril, el juez federal Esteban Hansen designó un interventor judicial en lugar de los partidarios. Nombró a Ricardo Villada, un funcionario salteño que fue ministro de Gobierno provincial entre 2019 y 2025, con el gobernador Sáenz al mando de la provincia, y ahora se desempeña como asesor ad honorem del mandatario salteño (es coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación). Fue propuesto como interventor por la senadora Moisés, dentro de una terna en la que también Jenefes y Rivarola propusieron posibles interventores.

La Cámara Nacional Electoral, integrada por los jueces Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, indicó en un fallo del último jueves que está demostrada “la necesidad de la intervención judicial por haberse alcanzado un nivel de controversia tal entre las partes que no permite otro camino que no sea el de la normalización partidaria del modo en que fuera resuelta” por el juez Hansen.

En su apelación, el PJ nacional reclamó que se “disponga el inmediato apartamiento del interventor designado, al considerar que se encuentra afectado el principio de imparcialidad, neutralidad e independencia funcional”. Los jueces de la Cámara indicaron que “el hecho de que el Sr. Ricardo Guillermo Villada fuera propuesto previamente por una de las partes de la controversia en su solicitud de intervención judicial del partido al considerar que reunía las condiciones necesarias para desempeñarse en dicha calidad, podría resultar -por sí sola- en una percepción de parcialidad respecto de su actuación, lo cual supondría que el proceso de normalización del partido pudiera verse entorpecido en lo sucesivo”.

La Cámara concluyó que, “en atención a la necesidad de que la medida dispuesta por el señor juez de primera instancia cumpla eficazmente con la finalidad que la justifica, corresponde hacer lugar a la sustitución requerida, debiendo proceder a efectuar un nuevo nombramiento con la celeridad que el caso exige”. El juez de primera instancia deberá designar a un reemplazante de Villada. Desde el sector de la senadora Moisés, celebraron la decisión judicial de mantener la intervención, a pesar de que se haya definido separar a Villada. “El fallo demuestra que la judicialización de las internas ya no sirve de escudo ante el desgaste político y la falta de votos. Jujuy se convierte así en el primer laboratorio de una etapa de resistencia interna contra el centralismo porteño. Comienza ahora una carrera contra el reloj para devolverle el partido a los dirigentes locales”, sostuvieron desde ese espacio tras el fallo.

El PJ de Salta también está intervenido judicialmente y tiene al frente a otro dirigente alineado con Sáenz (José Luis Gambetta, vinculado, además, con el exsenador Juan Carlos Romero).