POLITICA
A un año de su anuncio, hay fricción en el Gobierno por la demora del “pasaporte dorado” con el que Milei busca inversiones
El Gobierno anunció hace más de un año una profunda reforma del régimen migratorio y de ciudadanía. Entre sus diferentes segmentos, este paquete de medidas contenía una promoción de inversiones extranjeras mediante incentivos, un programa de “ciudadanía argentina por inversión” – referido en otras jurisdicciones y a nivel internacional como “pasaporte dorado”- con el que se busca captar divisas de personas de alto patrimonio del exterior, a cambio de la concesión de la ciudadanía argentina
El mecanismo de acceso fue dado a conocer en mayo del año pasado a través del DNU 366/2025 (el cual modificó 4 leyes nacionales), y se extendió en su funcionamiento a través del Decreto 524/2025, publicado en el Boletín Oficial en julio de 2025. Este programa no está vigente porque todavía se espera la última reglamentación legal. Y hay importantes sectores del Gobierno -y empresas internacionales del sector de la “industria” de la ciudadanía por inversión que en las últimas semanas comenzaron a pujar para que la medida salga lo antes posible.
“Estuvo paralizado el tema”, confesó a Infobae un importante funcionario que conoce lo que está sucediendo con la reglamentación. Hay al menos tres miembros de la Mesa Política del oficialismo que están intentando destrabarlo en términos burocráticos. “Están en ese plan porque termina de avanzar la revisión, pero va a salir en algún momento”, avisan desde uno de estos tres despachos.
Una de las áreas que está revisando el tema es el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva. Según pudo averiguar Infobae, hay un apuro para que esta área se expida sobre el tema, aunque no sería la única que tiene sus reparos por la forma de la aplicación de esta normativa. Es un reclamo que se repite en un despacho de la Casa Rosada que también quiere que salga la Agencia de Migraciones, que se había anunciado el año pasado.
Este medio se contactó con las áreas de prensa del Ministerio de Economía y de Seguridad Nacional, así como la Dirección Nacional de Migraciones, pero no recibió comentarios hasta la publicación de presente artículo.
Y es que en el proceso deben intervenir las áreas legales de Presidencia de la Nación y Ministerio de Economía.
En el artículo 6 del último decreto publicado se faculta para la aplicación del programa a un organismo ad-hoc que se creó con la reforma migratoria, la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), que depende del MECON, y hoy liderado por Aixa Granara, quien figura como funcionaria “ad honorem”.
Infobae supo de “sugerencias” que a lo largo de estos meses hicieron importantes actores externos al Gobierno (nacionales y extranjeros) sobre el riesgo que implicaría una reglamentación “mal hecha”. “Faltan revisar algunos aspectos que den garantía de que no se te meta cualquiera y pida una ciudadanía. Hay un proyecto para su reglamentación, pero faltan pulir algunos aspectos entre diversas áreas”, marca un responsable del Ejecutivo.
Una explicación que dio un funcionario de primera línea fue la siguiente: “Imaginate que haya un chino o un ruso que sea financiado por su propio Estado para obtener la ciudadanía. Hay un pedido de estar atentos a este tipo de habilitación de ciudadanías y que no vulneren la seguridad nacional”. Si esa fuera la lógica, el Gobierno no está habilitado a realizar discriminación por nacionalidad porque la normativa sería rápidamente judicializada.
Aun así, al interior de la Casa Rosada emerge la crítica de que “hay funcionarios que no quieren asumir ningún riesgo”.
Según la norma, los interesados deben presentar su solicitud ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (dependiente del MECON). Esa dependencia evaluaría si el desembolso realizado cumple con los criterios de relevancia y elevaría una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones para aprobar o rechazar el trámite. Es dable resaltar que, anterior e históricamente, el trámite de adquisición de la nacionalidad argentina por naturalización se llevaba adelante ante los juzgados federales -y que, actualmente, existe una disputa en este ámbito, pues varios jueces declararon la inconstitucionalidad del DNU 366.
Volviendo al mecanismo, el análisis de las solicitudes incluiría informes del Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia -que depende del Ministerio de Justicia-, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), entre otros organismos. El objetivo sería determinar si el otorgamiento de la ciudadanía puede afectar la seguridad o los intereses nacionales.
La reglamentación también dispone que se contemplen estándares de control utilizados por terceros países, entre ellos los vinculados al programa de exención de visas con Estados Unidos. Con el informe de la Agencia ya emitido, la Dirección Nacional de Migraciones tiene un plazo de 30 días hábiles para resolver, mediante un acto fundado, si concede la ciudadanía argentina o rechaza la solicitud.
Respecto del proceso que condujo a esta modificación normativa, resulta particularmente relevante el concurso público internacional llevado adelante entre 2025 y 2026, destinado a seleccionar una firma que asistiera al Gobierno nacional en el diseño e implementación del Programa de Ciudadanía por Inversión.
En dicho procedimiento se presentaron únicamente empresas extranjeras. Cuando el concurso se encontraba ya en una etapa avanzada, y luego de que dos de las firmas participantes formularan objeciones al informe técnico de evaluación, el procedimiento fue finalmente dejado sin efecto. Sin embargo, en una nota publicada por el Financial Times se dejó en claro que hubo empresas trabajando estrechamente en el diseño de la normativa.
Esta circunstancia plantea un aspecto especialmente sensible desde el punto de vista de la transparencia, la imparcialidad y la prevención de conflictos de intereses. Abogados locales especializados en derecho migratorio plantean que “las mismas empresas que participaron del concurso y que actualmente estarían colaborando o asesorando al Gobierno en el diseño del programa podrían, una vez que éste se encuentre operativo, actuar como intermediarias y presentar solicitudes de ciudadanía correspondientes a sus propios clientes”.
A ello se suma la posibilidad -también mencionada en relación con el diseño actualmente en consideración- de establecer un sistema de “licencias”, mediante el cual únicamente determinados actores o intermediarios autorizados podrían presentar solicitudes para su evaluación. Un esquema de este tipo, que encuentra antecedentes en otros países que han implementado programas de ciudadanía por inversión, podría limitar o desplazar en la práctica la intervención directa de abogados particulares.
El Financial Times publicó una nota el pasado junio marcando que el programa contemplaría dos modalidades: un pago no reembolsable de USD 500.000 o la compra de bonos soberanos “cupón cero” por USD 1 millón. También indicó que la expectativa del Gobierno es que el esquema genere ingresos por “decenas de miles de millones” de dólares. El mecanismo de “ciudadanía por inversión” establece el acceso a la ciudadanía por naturalización para extranjeros que acrediten inversiones en el país, sin necesidad de cumplir un plazo mínimo de residencia.
Esta se diferencia de la “residencia por inversión” establecida en la ley de migraciones, pero abogados especializados en materia migratoria indican que “no está regulada”. “Tengo 100 tipos por día de Emiratos Árabes Unidos que quieren poner negocios acá y les tengo que explicar que no hay regulación y no se sabe cuándo”, confiesa el director de una de las principales firmas nacionales.
De concretarse en esos términos, Argentina sería uno de los países más grandes del mundo en ofrecer ciudadanía directa a cambio de una inversión. Quienes ingresen al programa obtendrían, junto con su ciudadanía, el pasaporte argentino, que, en la práctica, representa el acceso sin visa a casi 170 países, más que cualquier otro esquema vigente actualmente.
El Financial Times señaló que el tecno-magnate Peter Thiel se instaló temporalmente en Buenos Aires como una suerte de “embajador” del programa antes de su lanzamiento oficial.
La iniciativa no está exenta de cuestionamientos. Paula Carello, abogada y ex funcionaria de la Dirección Nacional de Migraciones (organismo a cargo del otorgamiento de las ciudadanías, tras la reforma del DNU 366) advirtió oportunamente al Financial Times que los riesgos en materia de seguridad y reputación “probablemente superan los beneficios para un país del tamaño y perfil de la Argentina”. A nivel internacional, la Unión Europea declaró ilegal en 2024 el programa de Malta por convertir “la adquisición de la nacionalidad en una mera transacción comercial”, y el Reino Unido eliminó su propio esquema en 2022 en el marco de una ofensiva contra el lavado de dinero.
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El diputado de Unión por la Patria Máximo Kirchner rompió el silencio luego de haber sido demorado en San Luis, mientras circulaba en una camioneta que contaba con un pedido de captura desde 2019 por la causa Hotesur, y calificó lo sucedido como un intento de disciplinamiento.
“Mientras rematan el país, la Policía, la Justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos. No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco”, manifestó Kirchner a través de un comunicado.
El incidente ocurrió pasadas las 14 de este miércoles cuando el legislador nacional pasó con su camioneta marca Honda por el puesto limítrofe de la localidad de Justo Datract, en el ingreso a San Luis.
Luego de realizar la verificación correspondiente, la Policía demoró al líder de La Cámpora al descubrir que el vehículo en el que transitaba contaba con un pedido de secuestro desde 2019 por la causa Hotesur.
Tras lo sucedido, el diputado realizó un breve descargo, que también fue compartido por su madre, la expresidenta Cristina Kirchner.
“Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros”, inició el diputado.
A su vez, aseguró que en los últimos años circuló con el mismo vehículo sin inconvenientes por la Ciudad y por las autopistas bonaerenses y que recientemente lo utilizó para trasladarse a La Rioja y Mar del Plata.
“En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez [Julián] Ercolini de Comodoro Py. También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que por supuesto dio negativo”, señaló.
Además, aclaró, que “como siempre”, se puso a disposición de la policía provincial y de la Justicia para que “aclaren el entuerto”.
“Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje”, agregó.
Según consta en un parte de la Policía de San Luis al que accedió , pasadas las 14 de este miércoles, Kirchner fue demorado luego de que “se activara el Anillo Digital Federal por un pedido de secuestro emitido mediante un oficio judicial federal”.
El diputado, quien iba al volante, viajaba por la ruta 7 a bordo de un Honda CR-V a su nombre, que figuraba en el oficio vinculado a la causa caratulada “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/Info. Art. 303 del CP”. Se dirigía a la provincia de San Juan, donde mañana tiene previstas actividades políticas junto al senador y exgobernador de esa provincia Sergio Uñac.
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POLITICA
Malvinas: el Reino Unido rechazó el arbitraje que pide Argentina para frenar Sea Lion y advirtió que la ofensiva afecta la relación bilateral
El gobierno británico rechazó hoy la decisión de Argentina de impulsar un pedido de arbitraje internacional para frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. Además, advirtió que la iniciativa de la administración de Javier Milei “plantea interrogantes” sobre la confiabilidad del país como socio del Reino Unido.
La respuesta fue difundida por Uma Kumaran, ministra del Foreign Office para los Territorios de Ultramar, después de que Buenos Aires notificara a Londres el inicio del procedimiento previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El planteo argentino apunta al desarrollo hidrocarburífero en la Cuenca Malvinas Norte.
“Las Falklands (Malvinas) son británicas. Siempre defenderemos el derecho de autodeterminación de los isleños”, escribió Kumaran en su cuenta de X antes de difundir una declaración formal del gobierno británico.
El comunicado es la respuesta más directa de Londres desde que la Argentina anunció el nuevo paso jurídico. La posición británica mantiene el respaldo al desarrollo petrolero alrededor de las islas y rechaza los argumentos de Buenos Aires sobre la explotación de recursos en un territorio cuya soberanía está en disputa.
Londres cuestionó el arbitraje y defendió la explotación de recursos naturales
“La decisión de Argentina de iniciar un arbitraje contra el Reino Unido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Falklands (Malvinas)”, sostuvo Kumaran.
La funcionaria afirmó que los isleños “han elegido libre y democráticamente su futuro” y aseguró que tienen “todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceras partes”.
El Gobierno británico sostuvo, además, que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de las islas están reguladas por su legislación local y se realizan “en pleno cumplimiento del derecho internacional, incluida la UNCLOS”, la sigla en inglés de la CONVEMAR.
La discusión anticipa uno de los ejes del conflicto. La Argentina considera que la explotación unilateral de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte afecta sus derechos soberanos, en el marco de una disputa reconocida por las Naciones Unidas. Londres, en cambio, vincula la administración de esos recursos con el principio de autodeterminación de los isleños.
El Gobierno británico llevó la disputa al terreno de la relación bilateral
La declaración incluyó un mensaje dirigido a la relación entre ambos países. Kumaran reveló que esta semana Londres transmitió su postura directamente al embajador argentino en el Reino Unido.
“Esta semana dejamos claro al embajador de Argentina en el Reino Unido que los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las Falklands (Malvinas) no son actos de un compromiso internacional responsable; son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado”, afirmó.
La ministra añadió que “tal comportamiento plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”. La frase trasladó la controversia más allá del expediente por Sea Lion y la situó en el plano de la relación bilateral.
Kumaran cerró la declaración con una reafirmación del respaldo de Londres a las autoridades isleñas. “El Reino Unido continuará apoyando hombro con hombro al Gobierno de las Falklands (Malvinas) y a los isleños. Defenderemos con firmeza sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro”, expresó.
La postura coincide con declaraciones previas de la funcionaria. El 18 de septiembre, el Foreign Office sostuvo que los isleños tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales “como consideren conveniente” y calificó de “inaceptables” las acciones argentinas contra empresas y personas vinculadas con actividades económicas en las islas.
La Argentina busca una medida provisional antes de que avance el arbitraje
La nueva reacción se produjo después de que el Gobierno de Milei resolviera llevar la disputa por Sea Lion a una instancia internacional. La Oficina del Presidente informó que el mandatario instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR.
El Ejecutivo intimó al Reino Unido a que adopte, en el plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas. Milei sintetizó la decisión en X: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.
El canciller Pablo Quirno confirmó que la Argentina ya notificó formalmente a Londres. El objetivo inmediato no es aguardar la resolución de fondo, que puede extenderse durante años, sino solicitar una medida provisional ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el avance del proyecto mientras se constituye el tribunal arbitral.
La Casa Rosada sostiene que la explotación de hidrocarburos supone el uso irreversible de recursos no renovables. Ese argumento será central para fundamentar la urgencia de una eventual cautelar. El Reino Unido respondió que las actividades son legítimas, están amparadas por la legislación isleña y cumplen con la misma convención que invoca la Argentina.
Sea Lion ya tiene decisión de inversión y prevé producir petróleo desde 2028
Sea Lion dejó de ser un proyecto exploratorio. Navitas Petroleum, operadora del desarrollo, posee el 65 % de participación, mientras que Rockhopper Exploration controla el 35 %. Las compañías adoptaron la decisión final de inversión y prevén que la primera producción comience en 2028.
El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Su primera etapa contempla perforaciones submarinas y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Navitas es una compañía de origen israelí y Rockhopper, una petrolera británica.
La controversia tendrá un plano político y diplomático, con la histórica reivindicación argentina de soberanía frente a la defensa británica de la autodeterminación, y otro jurídico. En este último, deberá definirse hasta dónde puede intervenir el sistema de solución de controversias de la CONVEMAR ante actividades hidrocarburíferas en espacios marítimos vinculados con una disputa de soberanía.
La Argentina invoca resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la controversia y llaman a evitar modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente una solución negociada. Londres rechaza esa lectura y sostiene que la explotación de recursos integra el derecho de autodeterminación de los isleños.
Si el Reino Unido mantiene su postura una vez vencido el plazo fijado por el Gobierno argentino, Buenos Aires buscará que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dicte una medida provisional que detenga o condicione el avance de Sea Lion mientras sigue el arbitraje.
POLITICA
Máximo Kirchner fue demorado en un puesto limítrofe de San Luis porque su vehículo tenía pedido de captura
El diputado nacional Máximo Kirchner (Partido Justicialista) fue demorado en el puesto limítrofe de la localidad de Justo Daract, en el ingreso a la provincia de San Luis, por circular en un vehículo marca Honda que figuraba con pedido de secuestro en el marco de la causa Hotesur, en la que está procesado y próximo a ir a juicio. Debió aguardar a la vera de la ruta 7 más de dos horas, hasta que lo dejaron continuar viaje, a bordo del mismo vehículo, camino a San Juan, donde realizará actividades políticas.
Según consta en el primer parte de la Policía de San Luis difundido tras el hecho, al que accedió , pasadas las 14 de este miércoles, Kirchner fue demorado luego de que “se activara el Anillo Digital Federal por un pedido de secuestro emitido mediante un oficio judicial federal”.
El diputado viajaba por la ruta 7 a bordo de un Honda CR-V a su nombre, que figuraba en el oficio vinculado a la causa caratulada “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/Info. Art. 303 del CP”. Se dirigía a la provincia de San Juan, donde mañana tiene previstas actividades políticas junto al senador y exgobernador de esa provincia Sergio Uñac.
La policía provincial informó, horas más tarde, que el diputado pudo continuar su trayecto a bordo del vehículo. “Se pone en conocimiento que, por disposición de la Justicia Federal, personal policial de Justo Daract, dio cumplimiento al requerimiento solicitado por la Justicia Federal del vehículo demorado, otorgando el mismo en carácter de depositario judicial a su propietario, quien continuó su trayecto”, se indicó en el parte, que se difundió horas después del primer comunicado policial que daba cuenta de la demora en la ruta.
“El procedimiento se llevó a cabo a partir de una alerta recibida a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) debido a que San Luis forma parte del Anillo Federal de Seguridad, el cual depende del Ministerio de Seguridad de la Nación”, se completó en el parte policial
El líder de La Cámpora difundió un comunicado en el que explicó lo sucedido. “Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente, para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros. Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema, en la ciudad de Buenos Aires y autopistas bonaerenses. Recientemente lo hice cuando fuimos a La Rioja y a Mar del Plata. En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez [Julián] Ercolini, de Comodoro Py. También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que por supuesto dio negativo”, resumió el diputado.
“Como siempre hice, esperé a disposición de la policía provincial y de la Justicia para que aclaren el entuerto. Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje”, completó Kirchner.
“Mientras rematan el país, la policía, la Justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos. No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco. Mañana nos vemos en San Juan”, subrayó Máximo Kirchner.
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