Con el presidente Javier Milei de viaje en los Estados Unidos, el Gobierno atravesará este jueves una jornada de doble presión política y legislativa, marcada por una nueva movilización universitaria y por el intento de la oposición de conseguir quórum en la Cámara de Diputados para tratar la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, una norma que la administración libertaria considera central.

El conflicto con las casas de estudio escaló luego de que el juez federal Martín Cormick impusiera una multa diaria de $ 100.000 a Diego Santilli, jefe de Gabinete, por incumplir una medida cautelar vinculada con la actualización de los salarios docentes y no docentes y con el fondo de becas previsto en la ley de financiamiento del sector.

Ante está situación, el Poder Ejecutivo cuestionó duramente al magistrado e insinuó que la sanción que le aplicó al funcionario estaría relacionada a sus vínculos con el ala más dura del kirchnerismo.

“Con pasado y amigos en La Cámpora, Cormick anteriormente buscó declarar nulo el protocolo antipiquetes con el que el Gobierno logró liberar las calles después de años de acampes, manifestaciones y piquetes que hacían imposible el tránsito y la circulación”, recordaron cerca de “El Colo”.

Asimismo, las autoridades nacionales anticiparon que apelarán tanto esa multa como el fallo que ordenó implementar la ley con la que insistió el Congreso luego del veto de Milei.

En la Casa Rosada sostienen que los incrementos otorgados desde diciembre de 2023, junto con la suba del 21,33% dispuesta en junio, llevaron la actualización acumulada al 226,80%, una cifra que consideran compatible con las exigencias judiciales.

En este marco, en Balcarce 50 ratificaban que no asumirían nuevas erogaciones sin afectar el equilibrio fiscal, aunque en las últimas semanas comenzó a analizarse una alternativa para cerrar esa discusión.

Si bien todavía se están estudiando todos los caminos, en la Casa Rosada ya empezaron a pensar en la posibilidad de modificar el Presupuesto 2027 para que los $ 11 billones reclamados por las universidades salgan de otras partidas.

“Es una alternativa que se está barajando. Es algo que se conversó hace un par de semanas en mesa política”, revelaron en el entorno de uno de los funcionarios que están detrás de esta idea.

La opción no tiene el consenso de todos los miembros de la cúpula libertaria, pero volvió a estar en discusión a partir de los sucesivos fallos judiciales, impulsados y celebrados por los representantes de las universidades.

Tal como contó este medio, fue el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el que notificó al juez Cormick de que había vencido el plazo para cumplir con los pagos, y solicitó entonces la multa contra Santilli.

“No solo es importante que haya fijado multa diaria, sino que lo haya hecho responsabilizando a una autoridad competente, y no sobre el Estado vagamente“, comentó Franco Bartolacci, titular del CIN.

En cuanto a la sesión en Diputados, Casa Rosada confiaban en que los bloques más duros no alcanzaran el número necesario para habilitar el inicio del debate, aunque admitían que el resultado se mantenía abierto hasta último momento.

“Aún no estamos seguros al 100% de que no vaya a haber quórum. Estamos trabajando hasta último momento para desactivarlo”, reconoció a Infobae uno de los integrantes de la mesa política.

La preocupación del oficialismo se concentraba en la posibilidad de que algunos sectores que en otras oportunidades acompañaron al Poder Ejecutivo optaran esta vez por sentarse en sus bancas, ante la presión social.

En Provincias Unidas, por ejemplo, los diputados misioneros tenían previsto participar del debate, mientras que los representantes salteños mantenían dudas y planeaban definir su posición después de consultar con el gobernador de esa provincia, Gustavo Sáenz.

El PRO, en cambio, ya tenía decidido que no va a bajar al recinto, en un momento en el que está volviendo a bajar la tensión con La Libertad Avanza, luego de las diferencias por las partidas destinadas a discapacidad y los desacuerdos en torno a las negociaciones electorales para 2027.

La sesión convocada por la oposición tenía como uno de sus principales objetivos dejar sin efecto el DNU 70/2023, firmado por Milei al comienzo de su gestión y cuestionado en las últimas semanas a partir de los fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre la venta de tierras rurales a extranjeros.

El decreto eliminó regulaciones en sectores como alquileres, salud, transporte, comercio, mercado financiero y actividad inmobiliaria. Por esa amplitud, en el oficialismo advertían que una derogación integral podría abrir discusiones administrativas y judiciales sobre medidas aplicadas desde diciembre de 2023.

Con ese riesgo en el horizonte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a una sesión para el 21 de octubre, con la idea de tratar una alternativa legislativa que restituya límites a la venta de tierras y ofrezca una salida a los bloques aliados que rechazan ese punto del decreto, pero no quieren acompañar la caída completa de la norma.

La iniciativa incorpora modificaciones al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y propone reponer los topes fijados por la Ley de Tierras, aprobada en 2011, durante la gestión de Cristina Kirchner.

Entre otras disposiciones, establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no podrán tener más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia o de cada departamento.

En Balcarce 50 consideraban que esa propuesta podía contribuir a desactivar la convocatoria opositora y cuidar el DNU 70, aunque el resultado dependía de los contactos que se mantenían con los bloques dialoguistas y los gobernadores.

“Estamos bien, pero vamos a llegar justitos. La situación en la que estamos es que sabemos que vamos a terminar ganando, pero primero vamos a sufrir”, resumió a este medio una persona al tanto de las conversaciones parlamentarias.

La habitual mesa de diálogo con el PRO, que desde agosto buscaba acercar posiciones cada dos jueves, continuaba postergada por el escenario complejo y la falta de definiciones en varios frentes.

Mientras el oficialismo negociaba votos en el Congreso, los gremios docentes y agrupaciones estudiantiles estarán afuera del recinto llevando adelante una nueva movilización en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La marcha volverá a poner ese tema en el centro de la agenda, mientras el Gobierno busca sostener sus alianzas parlamentarias para impedir que prospere el intento opositor de derogar el DNU 70.

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La oposición enfrenta una pulseada clave en la Cámara de Diputados para reunir el quórum necesario y abrir la sesión especial convocada para este jueves, en la que buscará declarar nulo el DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei. Los bloques que impulsan el debate también pretenden tratar los dictámenes sobre discapacidad y endeudamiento familiar, pero todavía necesitan sumar voluntades para alcanzar los 129 legisladores sentados en sus bancas.

Los mandatarios provinciales tendrán la última palabra con sus diputados este jueves en el Congreso. El salteño Gustavo Sáenz, molesto con la Casa Rosada por la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas; Osvaldo Jaldo de Tucumán; Maximiliano Pullaro de Santa Fe e Ignacio Torres de Chubut, tendrán la posibilidad de abrir o mantener cerrado el recinto de la Cámara de Diputados.

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En el caso de la bancada de Provincias Unidas, integrada por los misioneros de Hugo Passalacqua y del salteño Sáenz, está confirmada la participación en el debate de los diputados de la Mesopotamia, pero no de los tres salteños a quienes el diputado Alberto Arrua llamó personalmente uno por uno para buscar que bajen al recinto este jueves.

“Es hora de cerrar el ciclo de la Ley de Tierras, y para ello hay que derogar o declarar nulo el DNU 70/2023. El Senado ya lo declaró nulo y nosotros tenemos que avanzar en esta línea. Muy poco le va a afectar al Gobierno ya que tiene la Ley Bases y la Reforma Laboral, que fueron dos ejes muy importantes del DNU. Pero cerramos de esta manera la derogación de la Ley de Tierras que establecía el DNU que la Corte Suprema tuvo idas y vueltas y si bien el oficialismo quiso convencer a los diputados con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, agregando un artículo y dejando sin efecto el artículo 154 y restituyendo la Ley de Tierras, sabemos que eso lleva otro debate parlamentario”, dijo a TN el cordobés Juan Brügge.

Y agregó: “Tiene que ir al Senado, este lo puede ratificar o no lo decidido por la Cámara de Diputados y después esta la instancia del veto presidencial. Es decir que seguirá la incertidumbre que generó una reacción del pueblo argentino lo podemos resolver con la derogación del DNU 70/2023 y le dará certezas a todo el mundo”.

Estrategia del oficialismo

El oficialismo desde hace semanas intenta evitar esa sesión. Para ello Martín Menem, presidente de la Cámara, convocó a otra sesión para el 21 de octubre a las 12, con un temario que incluya propuestas de la oposición: los temas de discapacidad y de endeudamiento de las familias, un proyecto del Pro sobre cambios al Código Penal en los hechos de vandalismo rural y el reciente dictamen de Inviolabilidad de la Propiedad que restituye un capitulo referido a la ley de Tierras Rurales.

Este miércoles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, conducidas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente, el oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ya sancionado por el Senado y modificando aquella sanción del pasado 6 de agosto.

En este nuevo proyecto reincorporó un capitulo vinculado a la Ley de extranjerización de Tierras Rurales con el acompañamiento de los representantes del Pro, la Unión Cívica Radical y el santafesino José Núñez de Provincias Unidas.

El radical Diógenes González comunicó la incorporación de un cuarto capítulo compuesto por dos artículos: el 38 que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23; y el 39 que reestablece la Ley de Tierras Rurales. Según dijo, eso fue ideado por el interbloque de Fuerza del Cambio que integran la UCR, el Pro y el MID.

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Posibles presencias y ausencias

A las 14 de este jueves estarán sentados los 92 diputados de UxP de Germán Martínez; los cuatro del Frente de Izquierda; 11 de Provincias Unidas, entre estos estarán los radicales críticos, los cordobeses y los socialistas Pablo Farías y Esteban Paulón; cuatro de Argentina Federal, tres de Elijo Catamarca, la bancada del gobernador Raúl Jalil, dos de la Coalición Cívica, dos de Encuentro Federal, dos del peronismo de San Luis, Marcela Pagano de Coherencia y Natalia de la Sota de Córdoba. Lo que hacen un total de 122 diputados nacionales.

Mientras que no se sentarán los 95 legisladores de La Libertad Avanza, 12 del Pro de Cristian Ritondo, seis de la UCR de Pamela Verasay, los dos del MID de Oscar Zago, los dos de Producción y Trabajo de San Juan que responden al gobernador Marcelo Orrego que este jueves tendrá una audiencia con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, Adelante Buenos Aires de Karina Banfi, la Neuquinidad de Karina Maureira con terminal en el mandatario Rolando Figueroa y José Luis Garrido de Por Santa Cruz del gobernador Claudio Vidal. Alcanzando 120 legisladores que no entrarán a la sesión.

De allí la llave para abrir el recinto o mantenerlo cerrado está en manos de los tres diputados salteños, los tres de la bancada Independencia de Tucumán, Gisela Scaglia de Santa Fe y Jorge Ávila de Chubut. Todos responden a los mandatarios provinciales y a ellos los llaman desde la Cámara de Diputados y desde la Casa Rosada.

DNU, Diputados, sesion

El oficialismo acordó con sus aliados en la Cámara de Diputados la restitución de límites a la venta de tierras a extranjeros y logró dictaminar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en el recinto en la sesión del 21 de octubre. La decisión va en la misma dirección que el último fallo de la Corte Suprema, que mediante una cautelar interina, repuso temporalmente la vigencia de la ley de tierras que había sido derogada por el mega DNU 70/23.

El plenario de Legislación general y Asuntos Constitucionales tuvo lugar apenas 24 horas antes de la sesión convocada por la oposición para derogar el mega decreto desregulador que el presidente Milei firmó al inicio de su gestión. El objetivo de La Libertad Avanza fue facilitarle una salida elegante a los bloques aliados que rechazan la venta de tierras sin límites pero no desean derogar por completo el decreto que desreguló amplios sectores de la economía.

El mega decreto 70/23 eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas; y desreguló el mercado aéreo y la venta de tierras. Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advertían que la derogación total del DNU 70 generaría un caos administrativo y procesal.

“Los límites a la venta de tierra podría haber juntado cierto consenso, pero eliminar por completo el DNU 70 tendría un costo terrible por la incertidumbre que generaría”, explicó un referente de La Libertad Avanza.

El inicio de la reunión de comisión, el diputado de la UCR Diógenes Gonzáles propuso formalmente incluir en el dictamen dos nuevos artículos: el 38, que deja sin efecto al artículo 134 del DNU 70 (que derogaba la ley de tierras), y el 39, que restituye la vigencia de la ley 26.737.

La diputada peronista Paula Penacca, señaló el cambio de posición del oficialismo, que en el Senado impulsó la eliminación de los límites para la venta de tierras y ahora da marcha atrás: “Qué manotazo de ahogado que pegaron. Tuvieron que desempolvar una media sanción que venía del Senado. Me sorprende que los libertarios firme un dictamen que va en contra de lo que piensa el Presidente, porque le puso la firma al DNU 70. Van a reponer una ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, presa por haber defendido los intereses de los argentinos. ¿Van a retroceder en chancletas?”.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción del Senado a principios de agosto, incluye además restricciones para las expropiaciones (el Estado debe justificar de forma expresa y estricta la declaración de utilidad pública), modifica la forma de calcular el pago por expropiaciones (según valor de mercado y contemplando el lucro cesante), regula la restitución sumaria de inmuebles ocupados (72 horas si el dueño acredita con la documentación correspondiente) y contempla desalojos por falta de pago (el locador debe intimar al inquilino y darle 10 días para cancelar la deuda). En caso de ser aprobado con la reciente modificación por Diputados, el texto deberá volver al Senado para su aprobación definitiva.

La ley de tierras aprobada en diciembre de 2011, que quedó vigente tras el último fallo de la Corte, establece que una persona física o jurídica extranjera no puede ser titular de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. Además, la misma nacionalidad no puede no puede concentrar más del 30% del cupo de tierras habilitado para extranjeros. También restringe la adquisición de tierras rurales con cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera.

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