Al solicitarle al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que cite a indagatoria al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), Andrés Vázquez, y amplíe la investigación sobre su patrimonio, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, detalló una serie de maniobras que podrían configurar los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos provenientes del cobro de dádivas y evasión tributaria.

La tesis central del fiscal Rodríguez es que Vázquez no solo omitió declarar los inmuebles que compró en Miami, sino que durante 15 años montó un sistema patrimonial cuyo común denominador fue ocultar que él era el dueño y beneficiario final detrás de una red de sociedades offshore.

Según Rodriguez, el actual titular de ARCA desplegó para eso dos capas superpuestas de sociedades en la Argentina y Estados Unidos que se conectan entre sí.

* La capa local: Vázquez manejó el patrimonio en la Argentina a través de Consultora San Andrés, una sociedad sin empleados, que lo tiene a él como principal accionista, que opera desde un inmueble del propio Vázquez (y le paga un alquiler por eso), le prestó dinero para comprar departamentos y le compró los autos que él y su familia usan. Así, para la PIA escondió su operatoria local detrás de una sociedad pantalla. “Una pregunta se impone aquí”, se interrogó el fiscal Rodríguez en su dictamen. “¿Qué servicios puede prestar esta firma si no posee empleados?”.

* La capa offshore: Vázquez manejó el patrimonio en Miami a través de dos sociedades panameñas (Alcorta Corp y Pompeya Group Corp) que controló a través de otra sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (Galanthus Capital Limited), con sus hijas como autoridades formales, aunque él se encargó de pagar los impuestos. Para los investigadores, esa superposición de estructuras es típica de esquemas diseñados para dificultar la identificación del beneficiario final, demostrando un “plus intencional” o malicia que supera el error administrativo. Y un dato simbólico que no pasó inadvertido para los investigadores: los nombres de las sociedades panameñas remiten al Club Atlético Huracán, del que Vázquez sería simpatizante y aportante. “Alcorta” alude a la avenida Amancio Alcorta, donde se ubica el estadio del club; “Pompeya”, al barrio que lo rodea.

Con esas dos capas societarias en funcionamiento, la PIA reconstruyó que Vázquez administró bienes en la Argentina y en Estados Unidos.

* En la Argentina, capítulo 1: Vázquez compró en octubre 2010 el 50% de un departamento en Julieta Lanteri al 1300, dentro de la torre Chateau Puerto Madero Residence; la otra mitad quedó a nombre de su entonces pareja y madre de sus dos hijas, Silvia Ivone Rodríguez, también funcionaria de ARCA, con dinero que Vázquez declaró haberle donado. Lo escrituraron en 335.000 dólares, aunque para la PIA su valor real rondaba los 742.000 dólares. ¿Cómo lo financió? A través de un autopréstamo –“loan-back”– de Consultora San Andrés, la sociedad de Vázquez que le facturaba a Casino de Buenos Aires y le prestó dinero al propio Vázquez. No sólo eso: el funcionario también usó esa sociedad para comprar cinco autos entre 2010 y 2015: dos VW Vento 2.0, un BMW X6 3.0 SI blindado, un Mini Cooper y una Ford Ecosport Titanium, configurando un uso instrumental de la sociedad para disimular incrementos patrimoniales no justificados.

* En Estados Unidos: Vázquez compró tres propiedades: el 9 de enero de 2013: con la sociedad panameña Alcorta Corp, la unidad 3504 del Icon Brickell, en la avenida Brickell 495, por 710.000 dólares; el 10 de enero de 2013: también con Alcorta Corp, la unidad 2811 de la avenida Brickell 1060 por 400.000 dólares; y el 20 de julio de 2015: con la también panameña Pompeya Group Corp, la suite 904 del Chateau Beach Residences, en la avenida Collins 17.475 de Sunny Isles, por 980.000 dólares. Pero más allá de la titularidad formal de esas sociedades, la PIA detectó que Vázquez y su entorno familiar pagaron impuestos sobre esos inmuebles e incluso recibieron reintegros fiscales a su nombre, lo que evidencia el “animus domini”, es decir, el ejercicio efectivo de la propiedad sobre esos bienes.

No sólo eso, el fiscal Rodríguez analizó las declaraciones juradas que Vázquez presentó ante la entonces AFIP correspondientes a 2012 y 2013 y detectó que mientras declaraba activos líquidos por apenas 44.000 dólares, el funcionario concretó inversiones por 1,1 millones de dólares, evidenciando una manifiesta falta de capacidad económica para justificar el origen de los fondos.

Poco menos de tres años después, en tanto, la sociedad panameña Alcorta Corp vendió el segundo de los inmuebles, el de la avenida Brickell 1060, por 350.000 dólares. Fue el 22 de marzo de 2018, y según los investigadores de la PIA, esa operación permitiría entender otros movimientos patrimoniales en la Argentina.

* En la Argentina, capítulo 2: el 6 de diciembre de 2018, Vázquez compró un triplex de 318 metros cuadrados en el edificio Los Molinos Building del emporio Faena, a un valor escriturado de 225.906 dólares. Es decir, menos de 710 dólares el metro cuadrado, lo que para la PIA fue una operación subvaluada. De hecho, la sociedad que le vendió a Vázquez el triplex, Acontec SRL, lo había comprado en 2015 por 461.712 dólares (cotización blue) o 777.518 dólares (cotización oficial). Es decir que, de ser real la operación, Acontec SRL perdió al venderlo entre 235.806 y 551.611 dólares. ¿Valor real de ese triplex? Cerca de 2,1 millones de dólares.

Los investigadores detectaron, incluso, un dato adicional que conecta las operaciones en Estados Unidos y la Argentina. ¿Cuál? El mismo grupo desarrollador que construyó el Chateau de Puerto Madero le vendió a Vázquez el departamento en Miami donde hoy viven sus hijas, lo que reforzaría la existencia de un esquema integrado de colocación y estratificación de activos. Fue el Chateau Group. Y ambas compras se concretaron próximas a la finalización de las construcciones, “cuestión que ameritaría profundizar sobre la posible coincidencia”, remarcó el fiscal.

Apoyado en estos y otros datos, Rodríguez le pidió al juez Martínez De Giorgi que cite a indagatoria a Vázquez porque “sin duda alguna” omitió declarar su patrimonio ante ARCA y la Oficina Anticorrupción (OA). Y recomendó al fiscal federal Guillermo Marijuán ampliar la pesquisa a los delitos de enriquecimiento ilícito, evasión y lavado de activos derivados de actos de corrupción.

“En conjunto”, planteó Rodríguez, “los elementos reseñados permiten hacer una prospección dentro de la cual se encuentra la posible existencia de un mecanismo integrado de colocación, estratificación e integración de activos orientado a conferir apariencia lícita al producto de dádivas indebidas, mediante la utilización instrumental de una persona jurídica controlada por el propio funcionario”.

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una serie de impugnaciones contra la decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado Nacional y frenó la medida cautelar contra la reforma laboral.

A través del abogado Pablo Topet, la central obrera reclamó, además, la recusación de los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, lo firmantes de la sentencia que revirtió la medida cautelar del juez Horacio Ojeda, que había frenado 81 artículos de la denominada ley de modernización laboral.

La CGT impugna a Pesino con el argumento de “falta de imparcialidad” tras conocerse que el Poder Ejecutivo inició el trámite para extender su mandato por 5 años (cumple 75 años en junio) apenas un día después de su fallo a favor del Gobierno. Se alega en la presentación judicial que recibió un “beneficio de importancia” del Estado Nacional.

A González, en tanto, se la acusa de prejuzgamiento, al haber adelantado opinión sobre el fondo de la cuestión al afirmar que los trabajadores no son “sectores socialmente vulnerables” y que sus derechos no son de “naturaleza alimentaria”, según la presentación judicial que hizo la CGT.

La CGT sostiene que la Sala VIII carecía de competencia para intervenir con el argumento de que “ya había intervenido previamente en causas conexas (como el amparo de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica), por lo que debía concentrar todos los recursos del caso para asegurar la coherencia judicial”. Además, el asesor legal de los gremios señaló que la sala “dictó su resolución con una “insólita premura”, sin dar traslado a la CGT y sin esperar a que se consintiera su radicación».

La CGT alega que suspender la cautelar permite la vigencia de normas que cercenan derechos constitucionales (como la huelga y la libertad sindical) antes de que se dicte una sentencia definitiva, y pide la intervención de la Sala I para que resuelva sobre la nulidad y la validez de lo actuado.

La medida cautelar de Ojeda había frenado por tres semanas la implementación del Fondo de Asistencia Laboral(FAL), las limitaciones al derecho a huelga por sectores de actividad, el cálculo de las indemnizaciones sin contemplar los aguinaldos y otros pagos, la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, el pago en cuotas de las indemnizaciones, el traspaso de la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires y la derogación de la Ley de Teletrabajo, entre otros puntos de la iniciativa denominada de “modernización laboral”.

Pero Pesino y González dejaron en suspenso esa decisión, por lo que ley volvió a estar en vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que podría ser con la intervención de la Corte Suprema de Justicia.

Según surge de la resolución de Cámara, el Estado había apelado esa decisión y el recurso fue concedido el 7 de abril “en relación y con efecto devolutivo”, lo que implicaba que la cautelar seguía vigente durante la tramitación de la apelación. Frente a esta situación, el Estado se presentó en queja para que se modificara el efecto del recurso y se le otorgara carácter suspensivo.

La Sala VIII hizo lugar a ese planteo y fundó su decisión en lo dispuesto por el artículo 13, inciso 3, de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado. Esa norma establece que cuando una cautelar suspende, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal, la apelación debe concederse con efecto suspensivo, salvo que se verifiquen supuestos excepcionales vinculados a la tutela de derechos especialmente protegidos.

Para los camaristas González y Pesino, “la medida cautelar [de Ojeda] suspendió la vigencia de una gran cantidad de artículos de una ley del Congreso y esta circunstancia torna aplicable la norma antes aludida”.

Un día después de haber fallado a favor de la ley de modernización laboral, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, activó el trámite para prorrogar la magistratura de Pesino, quien en junio debería dejar la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por haber cumplido 75 años.

La decisión del Gobierno de impulsar a Pesino apenas unas horas después de haber votado a favor de la reforma laboral motivó reacciones en la oposición. “Otra vez la sospecha de corrupción descarada para conseguir y sostener las leyes de Milei y el poder económico. En este caso, la ‘devolución de favores’ es para el Juez Víctor Pesino de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En el día de ayer, este juez hizo uso de una maniobra legal para otorgar vigencia a la reforma laboral y suspendió la medida cautelar que la había frenado. ¿Qué recibió Pesino a cambio? Solo un día después, el Poder Ejecutivo dio curso a la solicitud de Pesino para seguir en su cargo luego de los 75 años», escribió la diputada nacional Myriam Bregman en su cuenta de la red social X.

El senador nacional Mariano Recalde (PJ) también expresó su rechazo por la decisión de Mahiques. “Un intercambio obsceno, a la vista de todos. La casta protegida y los trabajadores con menos derechos”, dijo Recalde.

“Hace un rato acabamos de recusar a los jueces, tanto a Pesino como a González, por la aberrante suspensión de la cautelar y después la obscenidad que acaban de cometer al otro día, publicando en la boletina oficial la extensión de cinco años más para uno de los jueces. La verdad que genera un manto de duda y de sospecha y de duplicidad que… que nosotros vamos a dejar pasar, así que nuestro equipo jurídico acaba de recursar a los jueces. Al ya estar apelada. Pedimos y planteamos la nulidad de la sentencia”, dijo Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de mando de la CGT.