POLITICA
Manuel Adorni negó que Milei haya firmado un contrato con Hayden Davis y cuestionó las filtraciones de la causa Libra

En su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó que el presidente Javier Milei haya suscripto acuerdos con el criptoempresario Hayden Mark Davis en el marco del proyecto de la criptomoneda Libra y cuestionó la validez de versiones difundidas a partir de filtraciones del expediente judicial.
La respuesta oficial, incluida en el “Informe 145” enviado al Congreso minutos antes de su exposición, forma parte de una de las más de 2100 preguntas que los bloques parlamentarios elevaron al Ejecutivo.
Allí, la Jefatura de Gabinete sostuvo que “en los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existen constancias de ningún instrumento” entre autoridades nacionales y Davis, el empresario Mauricio Novelli u otras firmas asociadas al proyecto.
El documento también descarta la existencia de borradores, cartas de intención o memorandos vinculados a eventuales acuerdos en materia de activos digitales. “Igual respuesta cabe respecto de la existencia de memorandos, borradores o mensajes que aludan a pagos, honorarios, comisiones, contraprestaciones o beneficios económicos”, señala el texto.
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En ese marco, el Gobierno apuntó contra el origen de parte de las consultas parlamentarias. Según la respuesta oficial, varias preguntas “se fundan exclusivamente en informaciones periodísticas derivadas de supuestas filtraciones parciales del expediente judicial, cuya autenticidad, integridad y contexto no han sido verificados”. Y agrega: “No es procedente que el Poder Ejecutivo Nacional formule respuestas oficiales sobre la base de material de origen incierto”.
Adorni sostuvo además que una porción relevante de la información solicitada se encuentra bajo reserva judicial. La causa vinculada al criptoactivo $LIBRA —identificada como N° 574/2025— tramita en el fuero criminal y correccional federal, por lo que su divulgación podría “comprometer la integridad de la investigación y los derechos de las personas involucradas”.
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En relación con posibles pagos o beneficios a funcionarios, el informe es terminante. “En los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existe información que acredite tales extremos”, afirma. La misma respuesta se aplica a versiones sobre transferencias, honorarios o contraprestaciones ligadas a reuniones o gestiones vinculadas al proyecto.
Tampoco hay datos oficiales, según el Ejecutivo, sobre eventuales comunicaciones entre funcionarios y empresarios en fechas clave del lanzamiento del token. “En los organismos de la Administración Pública Nacional no se dispone de información institucional al respecto”, indica el texto, que remite cualquier precisión al ámbito judicial.
El informe sí enumera las medidas adoptadas tras el episodio. Entre ellas, la creación de una Unidad de Tareas de Investigación mediante el Decreto 114/25 y la intervención de la Oficina Anticorrupción, que inició actuaciones de oficio el 18 de febrero de 2025 y luego remitió documentación a la Fiscalía Federal N° 3. También se menciona una investigación de la Comisión Nacional de Valores, que fue archivada el 16 de abril de ese año tras “agotarse” las tareas de análisis.
En cuanto a las reuniones mantenidas en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos con personas luego vinculadas al caso, el Gobierno señaló que fueron registradas conforme a la normativa de acceso a la información pública y que ya fueron difundidas.
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El texto oficial insiste en delimitar el alcance de las respuestas. Frente a preguntas sobre conductas personales de funcionarios —incluida la actuación previa de Adorni como vocero presidencial—, la Jefatura de Gabinete sostiene que se trata de aspectos ajenos a las funciones previstas en la Constitución para su cargo actual.
Sobre la naturaleza del proyecto, el Ejecutivo remarca que Libra fue presentado como una iniciativa privada. En ese sentido, afirma que el Estado no avaló ni garantizó su funcionamiento ni sus promesas, y que no dispone de información institucional sobre el supuesto mecanismo de financiamiento a pequeñas y medianas empresas que habría promocionado el criptoactivo.
En sus consideraciones finales, el informe sostiene que el Gobierno actuó “con celeridad y responsabilidad institucional” y que colaboró con la Justicia desde el inicio. “Será la justicia quien evalúe la prueba producida y adopte las conclusiones que correspondan”, concluye el documento, al tiempo que reitera su disposición a brindar información al Congreso dentro de los límites que impone la investigación en curso.
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POLITICA
Las claves del fallo por Sueños Compartidos: uno de los jueces votó por absolver a todos y los dirigentes políticos que evitaron el juicio

El fallo por el escándalo del plan de viviendas sociales Sueños Compartidos que construyeron las Madres de Plaza de Mayo se explica porque uno de los jueces del tribunal votó por absolver a todos los acusados con el argumento de que la causa estuvo mal instruida, pero también por el sobreseimiento prematuro de gobernadores e intendentes que recibieron un presupuesto de 700 millones de pesos hace 15 años y porque la responsabilidad política no siempre se convierte en responsabilidad penal.
La sentencia del Tribunal Oral Federal N°5 condenó al exsecretario de Obras Públicas José López a 2 años y nueve meses de prisión en suspenso; al exsubsecretario Abel Fatala a 2 años y nueve meses; a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a dos años y ocho meses y dos años y cuatro meses, respectivamente, por el desvío de más de 206 millones de pesos.
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto, al igual que otros cuatro imputados.
El fallo fue dictado por los jueces Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Por tratarse de una condena menor a 3 años y en suspenso, los condenados no irán presos.
Si bien los fundamentos de la sentencia se conocerán el 11 de noviembre, estas son las claves del fallo:
La disidencia: el juez Adrián Grunberg votó por absolver a todos los acusados, incluidos los funcionarios. Solo los votos de la jueza Paliotti y del juez Obligado permitieron las condenas a López, Fatala y a los hermanos Schoklender. Grunberg es el mismo juez que decidió en este tribunal absolver a Cristina Kirchner sin juzgarla en el caso Hotesur y Los Sauces.
La absolución de De Vido: todos los jueces del tribunal optaron por absolver a Julio de Vido. Las razones pasaron porque la responsabilidad política no se convierte automáticamente en responsabilidad penal. Si bien era el ministro, el responsable del programa no aparece firmando nada. La responsabilidad que valoró el tribunal es la penal. Imputar a De Vido por su rol institucional es un caso de responsabilidad objetiva que está vedado para nuestro sistema penal. De seguir esa idea, se podría haber llegado a Cristina Kirchner. En este caso nadie mencionó a De Vido, ni firmó nada. Es la misma situación que ocurrió con la causa Vialidad, donde fue absuelto.
Zafaron intendentes y gobernadores: el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a los gobernadores e intendentes que recibieron los más de 700 millones de pesos de hace 15 años para construir viviendas sociales. Firmó los sobreseimientos el 23 de diciembre de 2019. Desvinculó además a María Alejandra Bonafini, hija de Hebe de Bonafini.
Concluyó que gobernadores e intendentes no habían cometido delito al firmar los convenios para la construcción de viviendas. En total alcanzó a 25 imputados. Entre los beneficiados estuvieron Gerardo Zamora, Jorge Capitanich, Maurice Closs, Darío Giustozzi, Miguel Lifschitz, Alejandro Granados y José Benítez, además de Julio Zamora, intendente de Tigre.
El argumento fue que los fondos provenían del Estado nacional y que desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En esa lectura, ni los municipios ni las provincias tuvieron injerencia real, porque la Nación solo giraba el dinero si la contratada para hacer las viviendas era la Fundación.
Esto fue clave para que la causa quedara tabicada, al igual que la instrucción inicial que hizo el juez Norberto Oyarbide, ya fallecido, que tuvo que ser apartado del caso por la Cámara Federal.
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El Papa León XIV respaldó una agenda de seis proyectos para enfrentar la inteligencia artificial y la crisis social en las Américas

El papa León XIV advirtió que el avance tecnológico y la inteligencia artificial corren el riesgo de “levantar una nueva torre de Babel” si no se ponen al servicio de las personas, y respaldó una agenda de seis proyectos concretos de cooperación entre el Norte y el Sur global para enfrentar esos desafíos junto a la crisis climática y las desigualdades laborales. El mensaje llegó en la audiencia que cerró el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: Diálogo Socioambiental Norte-Sur, celebrado en Roma en la Casa Generalicia de La Salle.
El cónclave regional fue convocado por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) y la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL) con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y puso en el centro el diálogo social como herramienta para construir puentes allí donde existen diferencias de intereses, posiciones y responsabilidades. La propuesta no busca eliminar los conflictos, sino generar espacios donde puedan ser reconocidos, escuchados y transformados en cooperación, atendiendo a la urgencia de la situación.
La iniciativa nació hace cinco años por impulso del papa Francisco, con antecedentes previos en Washington y Bogotá, con el objetivo de promover el diálogo social y profundizar el vínculo de la Iglesia con las organizaciones comunitarias.

Una agenda articulada en seis proyectos
El encuentro reunió a sesenta representantes de la Iglesia, sindicatos, empresas, universidades, organismos internacionales y movimientos sociales. El resultado fue la Agenda de Responsabilidad Compartida Norte-Sur para la Cooperación Multisectorial, que se estructura en seis proyectos:
- Inteligencia artificial y trabajo
- Inteligencia artificial y cuidados
- Formación y fortalecimiento del diálogo social
- Juventudes e inclusión
- Transición energética
- Protección de los territorios; y cooperación con organismos de desarrollo para responder a las transformaciones tecnológicas y sociales
En su discurso en la Sala del Consistorio, León XIV agradeció la constancia de las instituciones convocantes, que sostuvieron “durante cinco años este camino de diálogo socioambiental Norte-Sur”, y saludó también a representantes de bancos regionales de cooperación, fundaciones, centrales sindicales y cámaras de empleadores de las Américas.
La secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, la teóloga Emilce Cuda, precisó que esta cuarta edición marca el cierre de la etapa de diagnóstico y el paso a la acción: “Esperamos dentro de un año poder mostrar al papa León XIV los resultados de estos proyectos”.

El eje de inteligencia artificial y trabajo concentró buena parte de los debates. Gerardo Martínez, representante sindical en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), resumió la posición gremial con tres principios: “No resistir a la innovación, no aceptar la exclusión y negociar la transición”. El dirigente remarcó que el sindicalismo busca participar en cómo se incorpora la tecnología al mundo laboral, pero rechaza que “un algoritmo decida por sí solo sobre el empleo, el salario y los derechos que le corresponden a un trabajador o una trabajadora”.
En este mismo eje, el informe presentado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), entregada al Sumo Pontífice por su secretario general Alejandro Gramajo, aportó un caso concreto de articulación entre tecnología y trabajo popular: Cuidarnos, una plataforma que conecta a familias que necesitan cuidados domiciliarios con la Cooperativa de Trabajo Cuidar Ltda.
El proyecto surgió de la confluencia entre movimientos populares y el sector privado, a través del espacio Argentina Armónica, donde el titular de la UTEP, y el empresario agroindustrial Gustavo Grobocopatel comenzaron a explorar cómo la tecnología podría ofrecer una vía de reinserción laboral formal para trabajadores de la economía popular. Según el documento, más de 1.500 cuidadoras se están formando en la provincia de Buenos Aires y recibirán una certificación universitaria a fin de año.
Otro de los proyectos está dedicado a inteligencia artificial y cuidados, cuenta con financiamiento de entidades iberoamericanas y busca atender el impacto de la automatización en las tareas asistenciales, un ámbito en el que, según el informe de la UTEP, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 15,9% del PBI argentino, sostenido en un 70% a 80% por mujeres sin reconocimiento salarial.

El llamado del Papa a una cultura de la negociación
En su discurso, pronunciado en español e inglés, León XIV situó la disyuntiva tecnológica en términos elocuentes, al retomar una imagen de su primera encíclica, Magnifica Humanitas: “Estamos ante la posibilidad de levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos”. El pontífice remarcó que, ante el desarrollo tecnológico, “la cuestión decisiva no es simplemente si aceptamos o rechazamos determinadas herramientas, sino qué humanidad queremos construir y qué lugar tendrá en ella cada persona”.
El Papa vinculó ese desafío con la necesidad de “recuperar con nueva fuerza la lógica de la subsidiariedad”, al reconocer la responsabilidad propia de cada actor social sin renunciar a la necesidad de trabajar en conjunto. Citó también a su predecesor, el papa Francisco, al recordar el concepto de “amistad social” desarrollado en la encíclica Fratelli Tutti, y advirtió que la fraternidad, para los creyentes, “encuentra su fundamento último en una verdad que precede a cualquier acuerdo: tenemos un mismo Padre”.
Sobre el pluralismo entre los distintos sectores convocados, León XIV sostuvo que “escuchar verdaderamente las diferencias no significa diluirlas, sino aprender a discernirlas y a buscar, desde ellas, aquello que puede servir al bien de todos”. Advirtió además sobre el riesgo de las narrativas polarizadas, que “encuentran una amplificación inmediata” y en las que “el enfrentamiento puede convertirse fácilmente en instrumento de poder”. En ese contexto, remarcó que “el diálogo verdadero exige algo más que cordialidad: obliga a permanecer en la conversación cuando aparecen intereses contrapuestos y cuando las decisiones reclaman renuncias concretas”.
El pontífice llamó también a no temer las tensiones propias del debate multisectorial. Retomó la exhortación “no tengan miedo”, repetida por sus predecesores “en momentos decisivos de la vida de la Iglesia”, y sostuvo que “no debemos dejarnos intimidar por las tensiones o las diferencias, porque pueden convertirse en fuerzas creativas cuando están guiadas por la responsabilidad compartida”.

Sobre la Doctrina Social de la Iglesia, el pontífice aclaró que no se trata de un manual de normas fijas, sino de “un proceso de discernimiento compartido”, cuyos principios “no sustituyen las decisiones que ustedes deben tomar”, sino que ofrecen criterios para juzgar si esas decisiones “respetan verdaderamente la dignidad humana y sirven al bien común”. Precisó que el valor de cualquier consenso alcanzado “no se medirá solamente por el número de personas que lo respalden”, sino por “los intereses que sea capaz de proteger y, en particular, por el impacto que tenga en la vida de quienes tienen menos poder para defenderse”. Añadió que un orden social, económico y político “solo puede llamarse verdaderamente humano cuando permite que todos —en particular los más débiles— puedan vivir una vida verdaderamente digna, sin dejar a nadie atrás”.
Al cierre de su intervención, el Papa retomó la figura bíblica del profeta Nehemías, reconstructor de Jerusalén, quien “escuchó el sufrimiento de su pueblo, lo llevó ante Dios, discernió lo que había que hacer, buscó los recursos necesarios y organizó un proyecto que solo pudo llevarse a cabo con la participación de muchas personas”. Convocó a los presentes a “entrar en las obras de la historia —laboratorios de investigación, empresas tecnológicas, escuelas, medios de comunicación, instituciones, comunidades locales— para reconstruir lo que se ha derrumbado y proteger lo que está amenazado”. Definió la negociación como parte de “una mejor política” capaz de buscar el bien común por encima de los intereses particulares, e invitó a cultivar una “cultura de la negociación” capaz de “abrir caminos donde las diferencias parecen cerrar toda posibilidad de encuentro”.

El pontífice cerró su discurso con una convocatoria directa: “Nehemías no reconstruyó Jerusalén solo. Convocó a su pueblo, y cada persona trabajó en la parte que le correspondía construir. Ahora les toca a ustedes reconocer qué parte de esta labor compartida se les ha confiado. Que el progreso de nuestro tiempo no deje nuevas ruinas a su paso, y que todo lo que construyamos sea verdaderamente un hogar y un refugio para todos, comenzando por los más necesitados”.
El IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti que acordó una agenda de Responsabilidades Compartidas Norte-Sur para la Cooperación Multisectorial que promueve respuestas frente a las nuevas transformaciones tecnológicas y sociales se realizó a menos de dos meses de la visita de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: Caputo defendió el rumbo económico y dijo que el Presidente tiene “coraje”

El gobierno dio a conocer los ejes principales del Presupuesto 2027 que este martes ingresó a la Cámara de Diputados. Las previsiones se discutieron en la reunión de la mesa política, que se extendió por más de tres horas y media. Allí se abordaron dos temas centrales: las principales variables económicas previstas para 2027 y la agenda legislativa.
De acuerdo a la información, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los principales indicadores contemplados para 2027. “Se prevé un crecimiento del PBI del 4 por ciento”, sostuvieron. Entre otros supuestos, el Presupuesto 2027 estima que la inflación acumulada en el año será del 18% (21,1% promedio durante 2026), mientras que los salarios tendrán un ajuste promedio del 25,4%.
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