POLITICA
Manuel Adorni negó que Milei haya firmado un contrato con Hayden Davis y cuestionó las filtraciones de la causa Libra

En su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó que el presidente Javier Milei haya suscripto acuerdos con el criptoempresario Hayden Mark Davis en el marco del proyecto de la criptomoneda Libra y cuestionó la validez de versiones difundidas a partir de filtraciones del expediente judicial.
La respuesta oficial, incluida en el “Informe 145” enviado al Congreso minutos antes de su exposición, forma parte de una de las más de 2100 preguntas que los bloques parlamentarios elevaron al Ejecutivo.
Allí, la Jefatura de Gabinete sostuvo que “en los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existen constancias de ningún instrumento” entre autoridades nacionales y Davis, el empresario Mauricio Novelli u otras firmas asociadas al proyecto.
El documento también descarta la existencia de borradores, cartas de intención o memorandos vinculados a eventuales acuerdos en materia de activos digitales. “Igual respuesta cabe respecto de la existencia de memorandos, borradores o mensajes que aludan a pagos, honorarios, comisiones, contraprestaciones o beneficios económicos”, señala el texto.
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En ese marco, el Gobierno apuntó contra el origen de parte de las consultas parlamentarias. Según la respuesta oficial, varias preguntas “se fundan exclusivamente en informaciones periodísticas derivadas de supuestas filtraciones parciales del expediente judicial, cuya autenticidad, integridad y contexto no han sido verificados”. Y agrega: “No es procedente que el Poder Ejecutivo Nacional formule respuestas oficiales sobre la base de material de origen incierto”.
Adorni sostuvo además que una porción relevante de la información solicitada se encuentra bajo reserva judicial. La causa vinculada al criptoactivo $LIBRA —identificada como N° 574/2025— tramita en el fuero criminal y correccional federal, por lo que su divulgación podría “comprometer la integridad de la investigación y los derechos de las personas involucradas”.
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En relación con posibles pagos o beneficios a funcionarios, el informe es terminante. “En los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existe información que acredite tales extremos”, afirma. La misma respuesta se aplica a versiones sobre transferencias, honorarios o contraprestaciones ligadas a reuniones o gestiones vinculadas al proyecto.
Tampoco hay datos oficiales, según el Ejecutivo, sobre eventuales comunicaciones entre funcionarios y empresarios en fechas clave del lanzamiento del token. “En los organismos de la Administración Pública Nacional no se dispone de información institucional al respecto”, indica el texto, que remite cualquier precisión al ámbito judicial.
El informe sí enumera las medidas adoptadas tras el episodio. Entre ellas, la creación de una Unidad de Tareas de Investigación mediante el Decreto 114/25 y la intervención de la Oficina Anticorrupción, que inició actuaciones de oficio el 18 de febrero de 2025 y luego remitió documentación a la Fiscalía Federal N° 3. También se menciona una investigación de la Comisión Nacional de Valores, que fue archivada el 16 de abril de ese año tras “agotarse” las tareas de análisis.
En cuanto a las reuniones mantenidas en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos con personas luego vinculadas al caso, el Gobierno señaló que fueron registradas conforme a la normativa de acceso a la información pública y que ya fueron difundidas.
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El texto oficial insiste en delimitar el alcance de las respuestas. Frente a preguntas sobre conductas personales de funcionarios —incluida la actuación previa de Adorni como vocero presidencial—, la Jefatura de Gabinete sostiene que se trata de aspectos ajenos a las funciones previstas en la Constitución para su cargo actual.
Sobre la naturaleza del proyecto, el Ejecutivo remarca que Libra fue presentado como una iniciativa privada. En ese sentido, afirma que el Estado no avaló ni garantizó su funcionamiento ni sus promesas, y que no dispone de información institucional sobre el supuesto mecanismo de financiamiento a pequeñas y medianas empresas que habría promocionado el criptoactivo.
En sus consideraciones finales, el informe sostiene que el Gobierno actuó “con celeridad y responsabilidad institucional” y que colaboró con la Justicia desde el inicio. “Será la justicia quien evalúe la prueba producida y adopte las conclusiones que correspondan”, concluye el documento, al tiempo que reitera su disposición a brindar información al Congreso dentro de los límites que impone la investigación en curso.
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POLITICA
Bullrich y Santilli, en el centro de una victoria que al Gobierno le cuesta festejar

Ayer, temprano, Patricia Bullrich le anticipó a alguien de su confianza que el oficialismo conseguiría finalmente avanzar con la reforma política en el Senado. “Va a salir con mis tiempos y con cambios, pero va a salir”, aseguró. La senadora se había comprometido a fondo con la búsqueda de las firmas necesarias para emitir dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales, después de varias semanas de dubitaciones, cuestionamientos internos y advertencias sobre las dificultades para reunir los votos.
El giro se había terminado de consolidar después de la reunión de la mesa política del martes, cuando se repasaron los últimos resultados de las negociaciones con los gobernadores y las 19 firmas necesarias, aunque todavía resbalosas, parecían estar al alcance de la mano.
El dictamen llegó y Bullrich lo celebró como una victoria propia. Sin embargo, en la Casa Rosada la satisfacción por haber superado el primer obstáculo parlamentario convive con la disputa con la ex PRO.

La senadora quedó fortalecida por su intervención en el tramo final de las conversaciones, pero en el entorno de Karina Milei reivindican más bien el trabajo de Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem, en las negociaciones con los gobernadores.
Pesa que, en las últimas semanas, Bullrich hubiera puesto en duda el optimismo de Santilli respecto de los consensos alcanzados. En su entorno advertían que las conversaciones del jefe de Gabinete no necesariamente se traducirían en votos efectivos en el Senado e incluso buscaban despegarla de la responsabilidad por un eventual fracaso.
En Balcarce 50 le reconocen que, en los últimos días, se involucró como nunca en la búsqueda de adhesiones y que contribuyó a terminar de ordenar una negociación que llegaba a la comisión con varios puntos todavía abiertos. Pero algunos consideran que terminó apropiándose de una victoria construida en buena medida por otros.
“¡GRAN DÍA EN EL CONGRESO!”, escribió Bullrich en sus redes sociales, antes de enumerar los principales puntos del acuerdo. “Con diálogo entre los distintos partidos, logramos consensuar un dictamen para avanzar en la discusión de la Reforma Política”, sostuvo.

La publicación estuvo centrada en su propia actuación parlamentaria. No mencionó a Santilli ni a los Menem, a pesar de que una parte sustancial de las conversaciones para conseguir las adhesiones se había desarrollado por otros canales.
“Diego sabía que se venían cambios. Los votos están, calculo, pero con modificaciones”, dijeron en el Senado.
Internamente, el jefe de Gabinete aparece como uno de los principales beneficiarios políticos del resultado de ayer. Karina Milei siguió de cerca esas gestiones.
La secretaria general de la Presidencia, mientras levanta más que nunca su perfil público, participó activamente de la estrategia y supervisó las conversaciones que llevaban adelante Santilli y Lule Menem. En su entorno consideran que el dictamen es, ante todo, el resultado de ese trabajo político, aunque evitan destruir el vínculo con Bullrich.
La batalla no está ganada. Pero, envalentonados por el resultado de ayer, en el oficialismo ahora aspiran incluso a superar el mínimo de 37 senadores necesario para conseguir la media sanción en la sesión prevista, en principio, para el próximo jueves 26.
El Gobierno tiene motivos para celebrar, pero todavía no para dar por terminada la discusión. Y Bullrich, que consiguió quedar asociada a un resultado favorable después de haber advertido reiteradamente sobre los riesgos de una derrota, también deberá demostrar que puede sostener esos acuerdos cuando llegue el momento de votar.
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POLITICA
Un informe del Banco Central confirmó el retiro de más de US$500 millones por ventanilla en pleno cepo

Un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), que fue incorporado a la causa, confirmó que poco más de US$500 millones fueron retirados por ventanilla por agencias cambiarias, en un circuito que incluye bancos y casas de cambio vinculadas a Elías Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles.
El objetivo de la investigación es reconstruir todo el tramo de la operatoria: qué cantidad de dólares oficiales recibió cada entidad bancaria, a qué casas de cambio fueron vendidos y qué hicieron esas agencias con las divisas una vez que las tuvieron en su poder.
Los documentos ya permitieron detectar que poco más de US$500 millones fueron retirados por las casas de cambio por ventanilla.
Varios de los bancos consultados por TN aseguraron tener clara la trazabilidad de ese dinero y se deslindaron de responsabilidades. “Operábamos con casas de cambio autorizadas por el BCRA, es un problema de la casa de cambio que hizo con ese dinero”, indicaron.
Una de las casas de cambio en la mira, según los sumarios incorporados a la causa, compró US$180 millones a bancos y retiró las divisas por ventanilla entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2023. Después de esa operatoria, se perdió la trazabilidad bancaria de los fondos.
Otro de los expedientes analiza las operaciones de Concordia Inversiones SRL. De acuerdo con la documentación oficial, la firma transfirió US$9,8 millones a 53 personas humanas entre febrero y abril de 2023 bajo el concepto de “supuestos préstamos de dinero”.
POLITICA
Redujeron la condena por abuso sexual a José Alperovich: “El imputado no tiene obligación de decir la verdad”

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional disminuyó en dos años la pena por abuso sexual impuesta al exgobernador José Alperovich.
Los magistrados Daniel Morin, Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse resolvieron “fijar la nueva pena a imponer al imputado en catorce (14) años de prisión”, modificando los 16 años dictados originalmente por el juez Juan María Ramos Padilla.
Por mayoría, el tribunal cuestionó que se computara la estrategia defensiva como un elemento agravante en el fallo previo. Al respecto, el camarista Días sostuvo que “el imputado no tiene obligación de decir la verdad” y consideró además la avanzada edad, la salud y los vínculos familiares del acusado.
Pese a reducir el monto punitivo, los jueces ratificaron la responsabilidad penal del exsenador nacional por los nueve episodios denunciados en 2019. Asimismo, mantuvieron la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos al acreditar que se aprovechó de su función estatal y la asimetría de poder frente a su sobrina segunda.
Los hechos juzgados sucedieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018 en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y Puerto Madero.
Durante el juicio, la acusación fiscal había remarcado la superioridad jerárquica del dirigente al afirmar: “Avasalló totalmente a la víctima”.
Finalmente, los fundamentos de la sentencia confirmaron la existencia de violencia e intimidación laboral contra la denunciante, quien era 35 años menor que el exmandatario tucumano.
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