POLITICA
Adorni pidió dos semanas más para presentar su justificación de bienes en la causa por enriquecimiento
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni pidió una prórroga de 15 días para presentar el escrito con la justificación de sus bienes que le reclamó el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa en que se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.
La fiscalía dijo que hay 43 millones de pesos de gastos por encima de los ingresos y unos US$400.000 cuyo origen no está corroborado.
El plazo original para presentar el escrito vencerá el próximo miércoles, pero el abogado de Adorni planteó en un escrito ante el juez federal Ariel Lijo la necesidad de posponer esa fecha.
Sostuvo la defensa a cargo de Matías Ledesma que no pudo aún compulsar documentación y archivos que el fiscal Policita mencionó en el requerimiento de justificación de bienes.
Ahora resolverá el juez Lijo. Puede previamente pedir opinión al fiscal, que viene llevando adelante la investigación. El 10 de agosto pasado, Policita intimó a Adorni a que brinde explicaciones sobre su crecimiento patrimonial.
“La intimación comprende los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente”, dice un pasaje del requerimiento de Pollicita.
El fiscal señala que hubo un “incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge” desde que él asumió en la función pública, el 14 de diciembre de 2023, hasta su renuncia, el 27 de junio pasado.
El requerimiento de 207 carillas no fue difundido a la prensa porque tiene datos bancarios y patrimoniales reservados. Fue elevado directamente al juez Lijo.
Si la justificación que presenta Adorni es considerada insuficiente por los investigadores, el funcionario deberá ser citado a indagatoria. El pedido de indagatoria puede hacerlo el fiscal, pero esa decisión -de llamarlo a declarar como acusado- la debe tomar el juez.
El requerimiento que presentó Pollicita se apoya en un informe técnico sobre la evolución patrimonial del exfuncionario realizado por un organismo especializado del Ministerio Público.
En su intimación, el fiscal enumeró 20 puntos que Adorni debería aclarar, entre ellos, el origen de los dólares declarados, las operaciones inmobiliarias y la trazabilidad del dinero.
Según informaron fuentes oficiales, la fiscalía detalló en su dictamen que Adorni cobró 35 sueldos en el período investigado, a los que se añaden los ingresos comprobados de su cónyuge.
Eso suma 229.752.283,20 pesos. En el mismo período, el grupo familiar afrontó gastos (incluidos tarjetas de crédito, seguros automotores, expensas, pagos de electrodomésticos, servicios, impuestos y viajes) por 272.820.832,20 pesos. Según la fiscalía, la diferencia es entonces de 43.068.549 pesos.
Pero además, Pollicita dijo que hay 402.578,12 dólares cuyo origen no está corroborado, que fueron destinados a la compra y refacción integral de la casa del country Indio Cuá, del departamento de Miró al 500 y de los muebles encargados para esos inmuebles.
El fiscal sostuvo que deberán explicarse “fuentes de financiamiento” tales como “los mutuos atribuidos a dos familiares, cuya concertación, efectiva entrega y evolución no han sido documentadas”, y los “ingresos exentos, herencias y donaciones a los que se atribuye capacidad explicativa respecto de una parte del incremento patrimonial”.
También deberá explicarse la intervención de “personas del entorno en la adquisición de bienes o en la realización de pagos por cuenta del requerido”, dijo Pollicita. Este punto alude a las compras que Adorni hizo con tarjetas de crédito de empleados del Gobierno que trabajaban a sus órdenes.
El fiscal también pidió que Adorni justifique “la operatoria con criptoactivos”, que no había incluido en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
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POLITICA
Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete: el proyecto de Malvinas y el Presupuesto 2027 como ejes
En una semana clave para el Gobierno en materia legislativa, el presidente Javier Milei encabezó una nueva reunión de equipo en Casa Rosada para ordenar las prioridades y aceitar la dinámica del Congreso, que empieza a verse cercado por los intereses electorales. Desde las 10, el mandatario se dio cita con su Gabinete en el Salón Eva Perón con el envío de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la presentación del Presupuesto 2027.
En un súper lunes de actividad, Milei llegó al Palacio de Gobierno pasadas las 9:30 y se dispuso a esperar a sus ministros, secretarios y colaboradores. Por la tarde, recibirá también a diputados y senadores en el Salón Héroes de Malvinas para afinar la línea económica e impartir la orden de respaldar el programa que sostiene junto al ministro de Economía, Luis Caputo.
Pese a que en la edición del pasado lunes, la senadora Patricia Bullrich volvió a insistiri en la necesidad de que la recuperación económica impacte más rápido en los bolsillos de la sociedad, en esta oportunidad, el tema no fue de la partida del temario del intercambio que duró poco más de una hora y media.
Como anunció en cadena nacional, el Poder Ejecutivo deberá ordenar el cronograma en torno a las iniciativas en defensa de la soberanía de las Islas Malvinas, la hoja de gastos prevista para el año próximo y la reforma electoral, una de las claves de la segunda etapa del 2026.
Se espera que durante este lunes, la administración libertaria envíe a la Cámara de Diputados el proyecto para endurecer las sanciones a distintas actividades, entre las que la administración habría resuelto incluir a la pesca -pese a la existencia de la Ley Federal de Pesca- además de la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
Asimismo, se ultimarán detalles de la presentación del Presupuesto 2027, que realizará el equipo económico este martes e ingresará por la Cámara Baja. Durante la misma jornada, la Cámara de Senadores discutirá la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Las tres iniciativas darán lugar a una nueva mesa de negociación con los gobernadores aliados, en la que se pondrán sobre la mesa recursos, gastos, obras, transferencias, pero además el futuro de eventuales acuerdos electorales conjuntos rumbo a las elecciones de 2027. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dio la orden de supeditar las alianzas a los respaldos en el Congreso, en particular a la eliminación de las PASO que tanto ansía el Poder Ejecutivo.
Hasta el momento, se los vio ingresar esta mañana a Casa Rosada al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Mario Lugones (Salud), Luis Caputo (Economía) y Juan Bautista Mahiques (Justicia). También a la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al asesor presidencial, Santiago Caputo.
Tras un período extenso sin reunir al Gabinete, el mandatario decidió retomar los intercambios ampliados que se dan en paralelo a los que la mesa política mantiene habitualmente cada martes. De los últimos encuentros ampliados surgió la necesidad de profundizar en la temática de Malvinas, a raíz de los dichos del republicano Donald Trump, pero también realizar una conferencia de prensa sobre el tema.
Asimismo, luego de brindar su apreciación en torno a la situación económica del país y de pedirles a sus funcionarios que hagan frente a las críticas de la prensa, el presidente escucha una breve actualización de cada una de las carteras a cargo de sus titulares.
A las 15, volverá a incidir en la dinámica legislativa cuando brinde una nueva “masterclass”, como la llaman diputados y senadores, y baje la línea necesaria para ordenar la estrategia en una semana cargada de actividad en el Congreso.
En Balcarce 50 saben que el debate electoral se anticipó y podría empezar a incidir en la hoja de ruta trazada en materia legislativa. Por eso, el propio mandatario trabaja para acelerar el tratamiento de los principales proyectos.
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POLITICA
El desdoblamiento electoral aceleró la campaña en Tucumán: candidaturas, internas y denuncias
Especulaciones, lanzamientos de candidaturas, denuncias judiciales y sospechas cruzadas florecieron vertiginosamente en Tucumán durante las últimas semanas, luego de que el gobernador Osvaldo Jaldo anunciara el adelantamiento de las elecciones provinciales, que se celebrarán el 9 de mayo próximo.
La provincia, hasta ahora, es la única en la que el desdoblamiento de los comicios respecto del calendario nacional ya tiene fecha. El decreto que firmó el mandatario significó la bandera de largada de la campaña. A partir de aquel 27 de julio en que se publicó la medida, se desató una fuerte interna en el Partido Justicialista (PJ), que repite la fórmula de una vieja lucha en el peronismo tucumano. También se potenció la disputa de liderazgo en el universo opositor y se presentaron denuncias ante la Justicia con el fin de anular posibles candidaturas.
Un cuarto oscuro hoy revelaría cuatro aspirantes a gobernador: el mandatario peronista Jaldo; el exgobernador y senador nacional del bloque Justicialista, Juan Manzur; Lisandro Catalán, exministro del Interior de Javier Milei, quien se lanzó oficialmente tras la convocatoria a las elecciones; y Mariano Campero, diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) y exdirigente de la UCR. Desde 1999, la provincia está en manos del PJ. En 2023, estuvieron habilitados 1.267.045 votantes, lo que representó un 3,69 por ciento del padrón nacional.
“Con un voto te llevás la gobernación [no habrá PASO ni balotaje]. Es salvaje. Ya hay clima de campaña: están volando las denuncias y las operaciones. Tucumán es bien quilombero”, describió uno de los aspirantes al sillón de Lucas Córdoba, en diálogo con .
La peculiaridad del escenario provincial radica en el vínculo de colaboración que Jaldo y la administración mileísta construyeron en estos casi tres años de gestión, a raíz del cual los legisladores nacionales del tucumano acompañan los proyectos de LLA en el Congreso. La sociedad que supieron conformar abre el interrogante sobre una posible negociación de cara a las elecciones 2027, en las que tanto Jaldo como Milei buscarán la reelección.
Candidaturas y denuncias
Las candidaturas y los dardos vuelan en tierra tucumana. Con diferentes grados de convicción y difusión, los cuatro dirigentes se lanzaron a la contienda. Jaldo asegura que buscará la reelección; Manzur “anda con ganas” −dicen en su entorno−, aunque mantiene la cautela; Catalán presentó su postulación oficial en un acto reciente; y cerca de Campero afirman que será candidato, con o sin el apoyo de LLA.
En paralelo a estos anuncios, se multiplicaron las sospechas, acusaciones y denuncias cuando faltan ocho meses para los comicios.
Jaldo dice que a Manzur le falta “coraje” para lanzarse como candidato y lo desafía a competir en las urnas, mientras el exgobernador sostiene que el Presidente tendrá dos postulantes en la provincia: Jaldo y Catalán.
Asimismo, el mandatario provincial advierte que “Catalán no va a pasar de candidato”. El exministro de Milei también recibe munición pesada de Campero, quien, a través de un alfil provincial, promovió una denuncia judicial según la cual Catalán tendría domicilio en Tucumán pero viviría en Buenos Aires, con el objetivo de fondo de frenar su candidatura.
Entre los cuatro, Catalán es el dirigente con mayor nivel de desconocimiento en la provincia. Según una encuesta reciente de Hugo Haime, histórico consultor del peronismo, el 17,4% no lo conoce y el 32,1% no sabe o no contesta. De acuerdo a un informe de agosto de Isasi/Burdman, consultora ligada a Catalán, el 52,2% elige la opción “no sabe” para responder sobre la imagen del exministro.
Campero, exintendente de Yerba Buena, también analiza una jugada judicial para frenar la reelección de Jaldo, dado que ya fue dos veces vicegobernador y una vez gobernador. En cambio, LLA Tucumán anunció que, por el momento, no presentará una acción en la Justicia contra el mandatario.
La rebelión del delfín
Tras el impulso de Manzur a Jaldo y del festejo conjunto ante el triunfo del hoy gobernador en 2023, los exsocios se distanciaron y, ahora, también podrían convertirse en enemigos en las urnas.
El exgobernador especula y mide sus movimientos, mientras Jaldo lo desafía a que se postule oficialmente. Aunque persisten las dudas sobre si finalmente sellarán un acuerdo, como sucedió en las legislativas de 2025, en el campamento de Manzur descartan de plano ese escenario. “Ya no hay chance [de acordar]. Mintió mucho. Tiene la palabra devaluada”, dijeron a .
La campaña del senador se enfoca en “mostrar que Jaldo está con el Gobierno”. “Jaldo es Milei”, es el mensaje que busca transmitir, según su entorno, en alusión al eslogan que utilizó LLA en las elecciones pasadas para posicionar a sus candidatos.
Manzur ya inició una serie de recorridas por la provincia con foco en ese mensaje. ¿Será candidato? “Anda con ganas”, especulan cerca de Manzur. “Estamos en tiempos de construcción. Antes de fin de año, lo tendremos decidido”, agregan.
Hoy la oferta peronista está dividida, entonces, por el enfrentamiento entre Jaldo y Manzur, que recuerda a la disputa de Manzur con José Alperovich, exgobernador (2003-2015) condenado a 16 años por abuso sexual agravado. Manzur, apadrinado en 2015 por Alperovich, lo derrotó en 2019 (50% a 11%) y gobernó hasta 2023, cuando le dio lugar a Jaldo, su entonces vice.
Fractura en el universo opositor
El predominio del PJ en Tucumán −gobierna la provincia desde 1999− no anula la fractura en el universo opositor.
Catalán preside LLA en la provincia y, según dijo en una entrevista con , cuenta con el apoyo de Karina Milei, titular del espacio a nivel nacional. No obstante, fuentes partidarias afirmaron que, aunque Catalán “probablemente termine siendo, todavía no está definido al 100% el candidato de LLA” en Tucumán.
Al contrario, dejarán “caminar hasta el final” a los posibles candidatos. “¿Por qué voy a frenar a Campero si me está apoyando en Diputados?”, plantearon. “Lo importante es el sello, por encima de las personas”, concluyeron, en conversación con .
Además, el Gobierno entiende que necesita el apoyo de Jaldo en el Congreso para impulsar los proyectos legislativos del oficialismo. Por lo que, de momento, no auspicia una confrontación con el gobernador. Incluso deslizaron que, si Jaldo apoyara la reforma política −algo que parece difícil dado que rechaza la eliminación de las PASO, el objetivo central del proyecto de LLA−, “se negociará”. ¿Cómo? La fuente consultada negó que vayan a jugar a medias por la gobernación, pero remarcó que el 9 de mayo Tucumán renovará todos los cargos −legisladores provinciales, intendentes y concejales−: “Eso abre a las negociaciones”.
De todos modos, la fuente de LLA planteó que “es una provincia complicada [para ganar] por el aparato electoral del peronismo”.
Por su parte, aunque en Diputados integra el bloque LLA, Campero tiene su propio partido, Cambia Tucumán. Quienes orbitan su armado aseguran que “va a ser candidato sí o sí” y que mantiene conversaciones con otros espacios −nacionales y provinciales− para constituir un frente. Consideran que acordar con LLA será “difícil” si Catalán forma parte del armado.
A las recorridas que realiza por el territorio se sumaron, desde hace una semana, los afiches que con su rostro empapelan las calles, al menos, de San Miguel de Tucumán.
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Malvinas: “Argentina se puede gastar miles de millones de dólares y no va a ganar esa guerra”, planteó Moreno Ocampo
El debate sobre las islas Malvinas volvió a tomar impulso con la discusión sobre la defensa, la seguridad y las alternativas para sostener el reclamo de soberanía. A más de cuatro décadas de la guerra de 1982, el punto de partida sigue siendo el mismo: Argentina no tiene una opción militar viable para recuperar el archipiélago administrado por Gran Bretaña.
En ese contexto, el exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional que intervino en un juicio relacionado con el conflicto, Luis Moreno Ocampo, pidió revisar la estrategia. En diálogo con Infobae Al Amanecer señaló que la conducción militar de entonces calculó mal la reacción británica y la de Estados Unidos. “Argentina no tenía plan”, afirmó al referirse a la preparación previa a la guerra.
La disputa por las islas Malvinas enfrenta a Argentina y Gran Bretaña desde hace décadas. En 1982, la dictadura militar argentina ocupó el archipiélago y el Reino Unido respondió con una operación militar que terminó con la rendición argentina, el 14 de junio de ese año. Desde entonces, el reclamo argentino de soberanía continúa, mientras Londres administra el territorio y rechaza negociar su transferencia.
El exfiscal recordó que, en mayo de 1982, Gran Bretaña aceptó una propuesta para congelar la situación durante un año y establecer una administración de las Naciones Unidas. A su entender, esa salida habría evitado el desenlace bélico. “Argentina tenía opciones mucho mejor que perder la guerra”, expresó.
En su evaluación, una acción contra la infraestructura militar británica exigiría una inversión de miles de millones de dólares que no cambiaría el resultado: “Argentina se puede gastar miles de millones de dólares y no va a ganar esa guerra”.
Priorizar la seguridad interna
El jurista planteó que la discusión sobre defensa debe partir de las necesidades más urgentes del país. La seguridad interna, dijo, debería estar antes en la agenda de Argentina y de América Latina que la cuestión Malvinas, a la que ubicó en un segundo o tercer plano de prioridades.
Con seguridad interna se refirió, entre otros problemas, al avance del crimen organizado, es decir, redes que cometen delitos de manera estable y coordinada, como el narcotráfico, el lavado de dinero o la trata de personas. Para investigarlas y llevar sus casos a juicio, consideró indispensable contar con tribunales independientes y con capacidad de hacer cumplir sus resoluciones.
“Un proyecto de investigar y juzgar necesita justicia”, afirmó. Explicó que una sentencia argentina puede requerir reconocimiento en otros países si se busca recuperar dinero o bienes que se encuentran fuera del territorio nacional. Por eso, sostuvo, reforzar el sistema judicial es una condición para que las sanciones tengan efectos concretos.
Moreno Ocampo aplicó ese razonamiento a las compañías que extraen petróleo cerca de las islas. Argentina puede dictar normas o promover investigaciones, pero esas medidas dependen de una Justicia capaz de avanzar sobre empresas y fondos que operan en el exterior. El exfiscal aclaró que no conoce el contenido completo de iniciativas específicas porque no trabaja actualmente en el país.
También cuestionó la relación entre la política y los jueces. “Los jueces no son el problema”, señaló, y atribuyó las dificultades a prácticas de protección política y a hechos de corrupción que, según dijo, debilitan la independencia judicial.
Al mismo tiempo, el exfiscal advirtió que un aumento del gasto militar argentino podría producir respuestas de países vecinos y alimentar una carrera armamentística, es decir, una competencia para acumular armas y capacidades militares. Consideró que ese camino no se corresponde con la realidad regional, ya que Argentina no tiene conflictos bélicos con Brasil ni con Chile.
“No nos vamos a pelear con Brasil o con Chile”, afirmó. También vinculó las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre una posible mediación entre Argentina y Gran Bretaña con la relación de Washington con Londres y con los intereses de la industria armamentística.
Moreno Ocampo mencionó, además, una hipótesis de administración compartida entre Gran Bretaña, Argentina y Estados Unidos. Aclaró que no conoce sus condiciones ni sus alcances, pero dijo que una conversación vinculada con el petróleo de Malvinas podría abrir un espacio de negociación. “Eso es un plan interesante”, evaluó, sin presentarlo como una propuesta cerrada.
Mientras tanto, el jurista trabaja en una plataforma de inteligencia artificial junto con la Universidad de San Pablo, con el objetivo de aportar herramientas para mejorar el funcionamiento de la Justicia y revisar los mecanismos de designación de magistrados. En ese marco, volvió a rechazar el empleo de las Fuerzas Armadas contra delitos internos: “Argentina sufrió por usar nuestros ejércitos contra argentinos”.
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