POLITICA
Al final, era apenas un jefe de Gabinete

Fue la salida más traumática de un funcionario del gobierno libertario, la más dañina; la que consumió más tiempo, la que más arruinó el capital simbólico de la lucha contra la corrupción. Pero en los hechos, con Manuel Adorni se fue apenas un jefe de Gabinete. La magnitud que cobró toda la historia fue producto de un manejo errático de la crisis por parte del Gobierno, en particular del Presidente, que defendió hasta donde pudo a su funcionario, sin evaluar alternativas. Al final, quedó en el peor lugar posible: absorbió todo el costo de apoyarlo durante casi cuatro meses, para terminar aceptando su renuncia ante la inevitabilidad de su destino.
La suerte de Adorni se terminó de definir el jueves a la tarde, después de la fallida sesión del Senado. Lo que en apariencia fue un triunfo del oficialismo por haber logrado levantar la convocatoria por falta de quórum, en realidad se trató de un ultimátum velado. Los aliados le habían dado al Gobierno un atajo para ganar tiempo, pero sólo a cambio de que fuera el propio Presidente el que desplazara a su jefe de Gabinete; en caso contrario, se activaría el pelotón de fusilamiento legislativo las próximas semanas.
Patricia Bullrich habló esa misma noche con Karina Milei y le transmitió un mensaje fulminante: no había más margen político en el Congreso para sostener a Adorni, sólo una ventana de tiempo hasta el miércoles, para cuando había sido convocada la comisión de Asuntos Constitucionales. La hermana presidencial, por primera vez desde que comenzó el escándalo, aceptó que la situación era insostenible y activó el plan de salida. “Dejame hablarlo con Javier, porque está de viaje”, fue la respuesta corta, pero suficiente. El Presidente había partido a España todavía con la idea de resistir la embestida, aunque ya percibía lo ineludible. Desde ese momento, el desenlace estaba escrito. Los hermanos venían hablando reservadamente del tema desde hace al menos tres semanas, pero recién ese día acordaron terminar con la sangría. Empezaba a correr riesgo la gobernabilidad si el Congreso quedaba cancelado.
Hasta principios de la semana, Karina seguía haciendo esfuerzos para sostener a Adorni, al punto de que lo acompañó en las reuniones que convocó en la Casa Rosada para explicarles a los senadores de LLA sus argumentos patrimoniales. Pero la puesta en escena fue un búmeran. El jefe de Gabinete regó los encuentros con frases altaneras y un desparpajo presupuestario que espantaron a sus propios legisladores. Parecía albertizado, como si el expresidente lo hubiera contagiado de ese impulso negador del que tantas veces hizo gala. “Fue una conversación rarísima, él explicaba sus argumentos como si no existieran todas las pruebas que ya se conocían”, graficó uno de los testigos. Karina presenció esa escena probablemente intuyendo el futuro.
Al día siguiente se produjo una escena bizarra en la sesión de Diputados. Cuando se estaba por votar el RIGI 2, ingresaron al palco oficial Karina y Sharif Menem, y entonces un sector de la bancada oficialista, a modo de bienvenida, empezó a cantar en pleno recinto “Adorni no se va”. Quizás no habían advertido que la partitura empezaba a cambiar.
Pero fue el Senado el escenario del disparo fatal. Hubo allí tres momentos clave. El martes en labor parlamentaria se cambió el criterio de la semana anterior y se fijó que una interpelación requería dos tercios para ser aprobado si no tenía dictamen. En este caso Bullrich revirtió su propia postura y siguió un pedido del Gobierno.
El miércoles se reunieron “los 44”, el heterogéneo grupo que integran el oficialismo y sus oscilantes aliados. Allí hubo dos posiciones. Una más dura, que la encarnó el jefe de Pro en el Senado, Martín Goerling, quien insistió con un pedido de interpelación con fecha para el 8 de julio. Su postura era avanzar y asumir la responsabilidad de voltear al jefe de Gabinete. Lo acompañaban algunos provinciales, como Alejandra Vigo. Otro sector, entre los que estaba el radicalismo de Eduardo Vischi y otros provinciales como Carlos Espínola, planteaba que eran necesarios dos tercios o habilitar el tema en la comisión de Asuntos Constitucionales, que fue lo que finalmente se hizo. El objetivo de fondo era darle al Gobierno un margen de tiempo para que actuara antes del miércoles.
“Nos abrieron una ventana, pero si no actuaba Milei, el miércoles lo liquidaban a Manuel”, dijo un interlocutor de LLA. Es decir, que ni los más contemplativos mantendrían su buena disposición a partir de la semana entrante. Si se insistía en el blindaje a Adorni, lo que seguía era una carnicería legislativa con efectos imprevistos. El jueves, el oficialismo forzó el levantamiento de la sesión por falta de quórum sólo para terminar con la coreografía. El mensaje ya había sido transmitido.
Karina, que hace tiempo le aportaba una mirada más pragmática al problema por sobre el enfoque más emocional de su hermano, leyó todo este cuadro a partir de entonces. Sólo su voz fue capaz de convencer al Presidente de que era mejor dar vuelta la página, más allá de que eso implicara resignar su narrativa de que todo se trataba de una embestida del periodismo y de la oposición para condicionarle su poder.
Soy el Colo
El desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete, que se oficializaría hoy, responde básicamente a tres factores. Por un lado, a la habilidad con la que se manejó desde su arribo al Gobierno en octubre pasado, sobre todo para sintonizar con Karina Milei y aconsejarla sobre los laberintos de la política. Después de un inicio cargado de desconfianzas mostró dos conductas que fueron valoradas: el bajo perfil público y el alineamiento con las directivas que emanaban del poder. Fue clave la colaboración que le prestó junto con Ignacio Devitt (quien continuará en la Casa Rosada, probablemente a cargo de Interior) para articular con los gobernadores e influir sobre el Senado, donde Karina se siente menos segura que en Diputados, donde Martín Menem le responde sin los corcoveos de Patricia Bullrich.
El otro dato que pesó en la interpretación que hizo la hermana presidencial fue que no implicaba desarmar equipos o dinámicas de trabajo que venían funcionando. Era el caso de Federico Sturzenegger, Horacio Marín o Carlos Guberman, otros nombres que barajó. Sandra Pettovello ya había hecho saber su rechazo a dar ese salto y Pablo Quirno, la alternativa más clara a Santilli, según cuentan en el Gobierno perdió posiciones cuando en el escándalo Rufus entre Santiago Caputo y Menem se mostró próximo a las Fuerzas del Cielo.
El último punto en consideración fue precisamente que la designación de Santilli no exacerbaba la interna con Caputo, porque si bien es un hombre de Karina mantiene buen diálogo con el asesor. En todo caso para el estratega el problema no es el nombre sino la señal simbólica que emite. Algunos todavía recuerdan haberlo escuchado decir que si Santilli llegaba a ese cargo el Gabinete sería como “un Pro 3.0”, sin la impronta libertaria original y más parecido al denostado Juntos por el Cambio. Pero es tiempo de pragmatismo.
Es el mismo pragmatismo que exhibieron los Milei con las otras dos designaciones de los últimos días: la de Adrián Ravier como vocero y la de Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Prensa. La primera fue una decisión directa del Presidente; la segunda, una movida de la secretaria General. Sin embargo los dos tienen buena relación con Caputo. El primero, como puntal de la Fundación Faro que lidera el asesor; el segundo, por venir del área comercial de YPF, que también está bajo su guía. En términos de la interna el mensaje parece ser: los Milei designan, pero sin agitar tensiones con Santiago.
En conjunto los cambios marcan un intento de cambio conceptual en la relación con el periodismo. Santilli venía desde hace tiempo hablando con Milei sobre la necesidad de bajar la intensidad de la pelea con los medios, con escaso éxito. Ravier, por su lado, se plantó el viernes en su primera aparición como vocero y dijo: “Concibo al periodismo como un eje central en la democracia de nuestro país. Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo, que tiene espíritu crítico y hace una presentación ecuánime de los hechos y los datos de la realidad”. ¿Y el NOLSALP (No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas)? Difícilmente Milei cambie su actitud, pero eso quedará para la retórica pública. En la línea subterránea buscan que sea diferente, y para eso también es clave Fabián Fernández, quien lleva al menos diez años de vínculo con la prensa.
Con todos estos relevos el Gobierno aspira no sólo da dar una vuelta de página después de casi cuatro meses de estancamiento, sino también a poder recuperar el control de una agenda más afín, sobre todo orientada a los logros económicos. Además, avanzar hacia una lógica de relacionamiento más consolidada con el ecosistema político de gobernadores y legisladores. Otra vez la ilusión del segundo semestre.
El karma del jefe de Gabinete
En el diseño del poder de los Milei la Jefatura de Gabinete ha sido siempre un injerto incómodo. No es casualidad que haya sido la posición que más veces tuvo que cambiar desde su llegada a la Casa Rosada. Ya va por el cuarto funcionario en dos años y medio de gestión, contra un solo titular de Economía y una sola ministra de Capital Humano, por comparar con dos áreas habitualmente más volátiles.
Es la figura que en lo formal tiene la tarea de coordinar el trabajo de los ministros, pero que en la realidad debe aceptar su falta de autonomía y la influencia de Karina Milei, que es una presidenta bis y una jefa de Gabinete blue. Entonces se transforma en un mero articulador de las internas. Lo importante no es el buen funcionamiento de la gestión, sino que no altere el frágil equilibrio en la cúpula del poder.
El primer jefe de Gabinete, Nicolás Posse, representó la etapa fundacional del gobierno libertario. Venía de la Corporación América, como Milei, y fue el responsable del scouting original. Definió buena parte del equipo que desembarcó en la Casa Rosada en forma aluvional cargado de inexperiencia. Fue eyectado del cargo a los cinco meses en una situación nunca aclarada de supuesto espionaje y desmanejos. El Presidente lo fulminó en una semana.
Lo sucedió Guillermo Francos, otro representante de la escudería Eurnekian, en un intento por otorgarle al cargo mayor experiencia y diálogo con el mundo de la política. El problema es que en simultáneo a la salida de Posse se produjo otro movimiento más importante: Santiago Caputo inició su fase de expansión de poder y ocupó todos los lugares que dejó vacante la gente que había sido designada por Posse. Avanzó sobre la ARCA, la SIDE, Salud y Justicia, entre otras áreas. En consecuencia, el período de Francos como jefe de Gabinete coincidió con el de mayor tensión en el triángulo de hierro, porque ese Caputo fortalecido pujaba con Karina Milei en términos de relativa paridad. Y esa interna, que se extendió desde mayo de 2024, cuando se fue Posse, hasta octubre de 2025, consumió al veterano funcionario. Una paradoja con moraleja: Francos debió ir al Congreso a defender a Milei por el caso $Libra. Tiempo después, Milei tuvo que ir al Congreso a respaldar a Adorni en medio de sus confusiones inmobiliarias. Se habían invertido los roles naturales.
La llegada de Adorni al cargo fue la representación más nítida de la fase Karina del Gobierno, que se inició tras el triunfo electoral de octubre. Fue un nacido y criado en el vientre de la hermana presidencial. Un puro absoluto que marcaba una nueva hegemonía interna en detrimento de Caputo. Una estrella fugaz. Ese experimento acaba de fracasar entre cascadas, jubiladas, contratistas y pantallas de videojuego. Una huella imborrable para la narrativa anticasta de Milei.
Con Santilli se produce un regreso a la lógica de la era Francos, con un jefe de Gabinete que viene de la política y no es una construcción de la factoría libertaria. Pero con una diferencia con aquel período: responde claramente a Karina y asume en un momento en que los equilibrios internos ya están muy desnivelados. Eso le puede jugar a favor. Responderá a la hermana presidencial, no tendrá la sombra de Caputo, y deberá interactuar con actores afines: Menem y Bullrich en el Congreso, y los gobernadores.
Su reposicionamiento no va en detrimento de su plan personal. La hermana presidencial le reconoció implícitamente a Santilli su aspiración de ser candidato en la provincia de Buenos Aires al habilitarle un lugar de alta visibilidad, desde la que seguramente confrontará en forma abierta con Axel Kicillof. Fue parte de la conversación entre ellos.
Este fin de semana Milei le dio un cierre al conflicto autoinflingido más desgastante que le tocó enfrentar. Es un pragmatismo de última instancia que no le tributa más beneficio que el de obturar una hemorragia interminable. Hay determinados planos de la gestión en los que no se percibe una curva de aprendizaje. Le ocurrió desde el principio de la gestión con la primera versión de la ley bases, y le volvió a pasar dos años y medio después con Adorni. Es su estilo. Una forma de ser. Un distinto.
Jorge Liotti,Conforme a
POLITICA
El Gobierno denunció a Itaí Hagman, diputado de Grabois, y a otras cuatro personas por la toma del Palacio Pizzurno

El Gobierno presentó una denuncia penal contra el diputado nacional de Unión por la Patria Itaí Hagman, dirigente del espacio político de Juan Grabois, por los incidentes ocurridos durante la toma del Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación. La información fue confirmada a Infobae por fuentes oficiales, que precisaron que la presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, e incluyó a otras cuatro personas identificadas por las autoridades. Los delitos denunciados fueron usurpación, resistencia a la autoridad, lesiones y daño.
La denuncia fue presentada este miércoles, después de que un grupo de estudiantes universitarios ingresara al edificio ubicado en Pizzurno 935, en Buenos Aires, para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta comenzó con una sentada frente a la sede educativa y derivó en la ocupación del hall central, pese a la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina que intentaron impedir el ingreso.
El episodio provocó un enfrentamiento político entre el Gobierno y dirigentes opositores. El presidente Javier Milei cuestionó públicamente a Hagman, quien apareció en las inmediaciones del edificio durante el operativo policial. El diputado rechazó los cuestionamientos y explicó en sus redes sociales: “Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes”.
La presencia de Hagman adquirió especial relevancia por sus antecedentes en otra ocupación de un edificio público. El 7 de junio de 2025, el legislador había participado, junto con Grabois y otros dirigentes del Frente Patria Grande, de la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2601, en Recoleta. Aquella protesta había sido organizada para rechazar el cierre del organismo dispuesto por la administración de Milei.
En esa oportunidad, unas 50 personas ingresaron al inmueble, donde funcionaban un museo y un centro de estudios dedicado a la historia del peronismo. Entre los participantes estuvieron también la diputada Natalia Zaracho y otros dirigentes del espacio. El operativo de desalojo terminó con la detención de Grabois, quien recuperó su libertad al día siguiente. Hagman había acompañado aquella medida y ahora volvió a quedar involucrado en una controversia por la ocupación de una dependencia estatal.
En el caso del Palacio Pizzurno, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que durante la manifestación se produjeron daños al patrimonio público y que la ocupación se desarrolló mediante acciones violentas. “Por la fuerza, nada”, escribió Pettovello después de los incidentes. La cartera afirmó que el derecho a manifestarse debía ejercerse dentro de la ley y con respeto por las instituciones democráticas.
Los estudiantes, por su parte, aseguraron que habían organizado una protesta pacífica para reclamar respuestas sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales. Participaron alumnos de la Universidad de Buenos Aires y de las universidades nacionales de La Plata, Quilmes y San Martín. Además del financiamiento universitario, reclamaron una actualización de las becas Progresar y solicitaron una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
En el Gobierno sostuvieron que la discusión sobre el financiamiento universitario se encontraba actualmente en el ámbito del Poder Judicial, donde tramitaba una causa con múltiples incidentes y presentaciones de las partes. Según la posición oficial, correspondía esperar una decisión definitiva de la Justicia sobre los alcances y la implementación de la legislación vigente.

La administración nacional también destacó que el proyecto de Presupuesto 2027 había incluido aumentos en las partidas destinadas al sistema universitario, que consideraba alineados con la normativa vigente. Ese argumento formaba parte de la posición oficial frente a los reclamos presupuestarios y salariales de las universidades, que cuestionaban los recursos asignados y exigían la aplicación integral de la ley.
El conflicto judicial había sumado un nuevo capítulo el 6 de octubre, cuando el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, mediante la cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la definición de sus fuentes de financiamiento. El magistrado ordenó avanzar con su implementación inmediata y el Gobierno apeló la resolución.
La protesta ocurrió además en vísperas de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. En el Ministerio de Capital Humano interpretaron la ocupación como una acción de contenido político vinculada con esa movilización. La denuncia contra Hagman y las otras cuatro personas abrió así un nuevo frente judicial en medio de la disputa entre la administración nacional, los dirigentes opositores y el movimiento estudiantil.
POLITICA
Iniciativas populares: lanzan una plataforma digital que permite verificar la autenticidad de las firmas

La Cámara Nacional Electoral (CNE) lanzó una plataforma digital encaminada reunir adhesiones para iniciativas legislativas populares, donde se colectarán apoyos ciudadanos mediante una firma electrónica.
La nueva herramienta, creada por una acordada de la CNE, estará disponible para cualquier persona, agrupación política u organización de la sociedad civil que promueva una iniciativa legislativa popular y funcionará de manera complementaria a la recolección de firmas en papel en apoyo de esa propuesta.
La decisión se adopta luego de la experiencia piloto autorizada por el tribunal en mayo de 2026. Las verificaciones realizadas permitieron comprobar la viabilidad técnica de vincular de manera segura la identidad de cada firmante con el documento firmado, así como garantizar la autenticidad de las firmas, la integridad de los documentos y la preservación de los datos personales.
La plataforma será administrada, mantenida y operada por la propia Cámara Nacional Electoral, a través de su Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales, que también realizará el seguimiento técnico y el control periódico de los estándares de seguridad y autenticidad.
Los promotores de una iniciativa que quieran utilizarla deberán solicitar previamente su habilitación, sin costo alguno. La implementación de esta herramienta busca facilitar la participación ciudadana y modernizar el procedimiento de iniciativa popular, manteniendo las garantías de autenticidad y verificación previstas por la legislación vigente.
La decisión fue firmada por los camaristas Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas.
La idea es facilitar lo que establece la ley 24.747, reglamentaria de esa modalidad de participación ciudadana, que establece como condición para la presentación de iniciativas populares, la recolección de firmas de “un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales”, representativas de por lo menos seis distritos electorales.
La ley encomienda a la Justicia nacional electoral verificar la autenticidad de las firmas en un plazo no mayor a 20 días.
Conforme a
POLITICA
La Cámara de Casación declaró prescripta una causa contra Petrobras por supuestos balances falsos

La Cámara Federal de Casación Penal declaró prescripta por el paso del tiempo una causa contra la empresa Petrobras y sus directivos que estaban acusados por supuestos balances falsos y el ofrecimiento de acciones de manera supuestamente fraudulenta.
La Sala III del tribunal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, confirmó por unanimidad la resolución de la Cámara en lo Penal Económico que había dispuesto, al igual que el juez de primera instancia, el sobreseimiento.
La decisión afecta a la firma Petróleo Brasileiro SA, más conocida como Petrobras, y a algunas de sus autoridades.
Los jueces rechazaron en forma unánime el recurso de casación que había interpuesto el representante de Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, que era querellante en el caso.
En esta causa se investiga la oferta pública de acciones ordinarias y acciones preferidas de Petroleo Brasileiro SA que se habría efectuado en el mercado de capitales nacional, entre 2006 y diciembre de 2014.
Allí presuntamente había afirmado, según la querella, circunstancias falsas al público inversor, consistentes en la tenencia de activos fijos por un valor supuestamente superior al real, a través de la consignación de datos de los balances de la empresa, supuestamente apócrifos.
La presunta maniobra habría consistido en que los estados contables presentados ante la Comisión Nacional de Valores habrían exhibido una sobrevaluación del rubro del activo denominado “propiedad, planta y equipo”.
Se habrían computado como costos de aquellos los sobreprecios o gastos adicionales pagados a contratistas y proveedores, con lo que aparecía distorsionada la imagen económica de la empresa frente a los accionistas y el público inversor.
Las conductas objeto del proceso habían sido calificadas como constitutivas de los supuestos delitos de ofrecimiento fraudulento de valores negociables y consignación de datos falsos en los balances contables, cuya pena máxima es de 6 años de prisión, que es el límite temporal que se analizó a los fines de la prescripción.
El 17 de abril de 2019 el Juzgado Penal Económico 2 había dispuesto la citación a prestar declaración indagatoria de la firma y algunas autoridades.
Posteriormente se dictaron los autos de procesamiento de Silvia Foster de Barbassa y Petróleo Brasileiro SA y, de otro lado, fueron sobreseídos José Alcides Santoro Martins, José Carlos Cosenza, Ronaldo Batista Assuncao, José Antonio de Fuguiredo, José Miranda Fomigli Filho, Iván de Souza Monteiro, Roberto Motro, Jorge Celestino Ramos, Alberto Da Fonseca Guimaraes y Raúl Adalberto de Campos. Posteriormente fue sobreseído Mauro Gentile Rodrigues da Cunha en 2024.
La defensa de Foster de Barbassa y Petroleo Brasileiro apelaron y, en 2025, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico revocó los procesamientos.
Consideró que las decisiones eran prematuras y que no se había acreditado el delito ni se había completado la investigación sobre la idoneidad de los programas de control interno, y encomendó profundizar la investigación.
Previo a que la Cámara revocara los procesamientos y durante la tramitación de los recursos de apelación, el juzgado había dado intervención a los querellantes que habían requerido elevar el caso a juicio.
Sin embargo, en el caso se consideró que ese pedido no interrumpió la prescripción, porque la Cámara Penal Económico revocó los procesamientos.
Por ello, el 3 de septiembre de 2025 el Juzgado Penal Económico 2 declaró extinguidas las acciones penales contra Petróleo Brasileiro SA y todas las autoridades denunciadas.
Dijo que el plazo de prescripción aplicable era de seis años, correspondiente al máximo de la escala penal mayor prevista por los tipos penales involucrados y que ya se había cumplido.
Si bien el curso de la prescripción se interrumpió el 17 de abril de 2019 con el llamado a prestar declaración indagatoria de los imputados, desde aquel acto hasta la actualidad transcurrió el plazo máximo de 6 años.
La decisión del juez de primera instancia fue confirmada por la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y ahora por los jueces de Casación, que intervinieron ante el recurso de los querellantes, Consumidores Financieros.
El juez Carlos Mahiques consideró que lo resuelto en la Cámara Penal Económico se encontraba debidamente fundamentado.
Entendió que no corresponde considerar aquí la imprescriptibilidad de los casos de corrupción, pues los tratados internacionales suscriptos por nuestro país en punto a la corrupción no habilitan por sí mismos a considerar imprescriptibles maniobras que se puedan vincular ya sea directa o indirectamente con ese fenómeno.
Finalmente, y frente a los reclamos de la parte querellante sobre supuestas dilaciones atribuidas a las defensas, Mahiques explicó que la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del tiempo.
En un voto concurrente, el juez Borinsky comenzó recordando que, para computar el término de la prescripción de la acción en un proceso penal, debe estarse a la pena del delito más severamente reprimido de los atribuidos al imputado y a la posible calificación más gravosa.
Destacó que la penalidad máxima para los delitos atribuidos era de 6 años de prisión y que, teniendo en cuenta que el único acto interruptivo del curso de la prescripción fue el llamado a indagatoria del 17 de abril de 2019, transcurrió el plazo correspondiente.
Destacó asimismo que las referencias de la querella al delito de lavado de activos o a un delito continuado más allá de la fecha de cese fijada en autos, esgrimidas sin fundamentos ni pruebas que las avalen y al solo efecto de mantener vigente la acción penal, no encontraban sustento en alguna de las constancias de la causa.
Por otra parte, Borinsky coincidió con el juez Mahiques en que el requerimiento de elevación a juicio presentado por la querella no tiene capacidad para interrumpir el curso de la prescripción, pues esta pieza fue presentada antes de que la Cámara Penal Económico revocara los procesamientos de los imputados.
Por su parte, el doctor Yacobucci compartió los argumentos de sus colegas y acompañó el rechazo del recurso de casación de la querella.
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