LA PLATA.- En clara oposición a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el presidente Javier Milei impulsa en el Congreso de la Nación, el kirchnerismo busca limitar a un 15 por ciento la titularidad de tierras en manos extranjeras en la provincia de Buenos Aires.

Propone además que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no puedan superar las 1000 hectáreas en la zona núcleo bonaerense.

El proyecto de ley lleva la firma de Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura bonaerense, y es avalado por el Movimiento Evita y por Patria Grande.

El diputado, aliado estratégico de Máximo Kirchner, revindicó la Ley de Tierras Rurales (26.737), que fue sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner en el Congreso de la Nación y luego derogada por un decreto ahora judicializado.

El plan es que el nuevo proyecto se debata en la segunda mitad del año en la Legislatura.

Es que en la provincia de Buenos Aires hay 834.421 hectáreas en manos extranjeras, según el Registro Nacional de Tierras Rurales creado por esa ley en 2011. Pero hay datos que llaman la atención: existen dos municipios linderos al río Paraná donde el porcentaje de tierras en manos extranjeras excede ampliamente el 15 por ciento. Estos son Campana, donde el 50,2 de tierra rural es extranjera, y Zárate donde un 24,8 pertenece a propietarios no nacionales, según informó el kirchnerismo en base al mismo registro.

La derogación de la Ley de Tierras, que fue dispuesta por el decreto de necesidad de urgencia 70/2023, hace necesaria, según Tignanelli, velar por los intereses de los bonaerenses.

Para eso, propuso crear un Régimen de Protección al Dominio provincial. Será sobre las tierras rurales y se aplicará a todas las personas, humanas o jurídicas, que posean tierras para uso productivo, agropecuario, forestal o turístico.

La limitación alcanzará a extranjeros -tengan o no domicilio real en territorio argentino-, pero quedarán exceptuados aquellos que cuenten con más de diez años de residencia continua, permanente y comprobable en el país, como así también los que tengan hijos o cónyuges argentinos y una residencia permanente de al menos cinco años.

En ningún caso podrán tener más de un 30% del total de las tierras rurales. Y la restricción es a 1000 hectáreas en la zona núcleo, que comprende los municipios de Leandro Alem, General Viamonte, Bragado, General Arenales, Junín, Alberti, Rojas, Chivilcoy, Chacabuco, Colón, Salto, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento, San Andrés de Giles, Pergamino, Arrecifes y Carmen de Areco.

Además, se limitará la adquisición cuando pueda afectar el acceso al agua de una comunidad. Por último, se intimará a los propietarios extranjeros a inscribir su titularidad en un Registro Provincial de Tierras Rurales.

El proyecto de ley, que lleva las firmas de Noelia Saavedra (Movimiento Evita) y Cintía Romero (Patria Grande), además de la de Tignanelli (La Cámpora), podría ser aprobado por la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza, que se opondrá a la iniciativa, tiene 20 de los 92 escaños. El proyecto también estaría en condiciones de ser votado en el Senado de la provincia, donde el peronismo tiene mayoría simple.

La iniciativa contaría con el aval de Axel Kicillof, que la semana pasada llamó a votar en contra de la ley Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.

El financista Elías Piccirillo, procesado con prisión preventiva en una causa que lo investiga por montar un falso operativo policial, ingresó este mediodía en una zona gris.

Su pedido para quedar en libertad o, en su defecto, cambiar el domicilio donde cumple la prisión preventiva, formulado el martes ante la Cámara Federal en plena feria judicial, no fue resuelto aún y se abren interrogantes respecto de quién deberá resolverlo.

Quienes escucharon al financista y a sus abogados en la audiencia del martes fueron los jueces Mariano Llorens y Roberto Boico, que integran la sala de feria. Según pudo averiguar este medio de fuentes al tanto del expediente, el primero emitió su voto el día posterior a la audiencia, pero el segundo todavía no se expresó.

Si Boico votara en disidencia con su colega durante el día, antes de que finalice la feria judicial de invierno, la Cámara deberá convocar al camarista Roberto Hornos, del fuero penal económico, para zanjar esa diferencia.

En cambio, si el planteo se resuelve la semana que viene, con el regreso de la actividad judicial ordinaria, la decisión podría quedar en manos de los jueces de la Sala II, Boico y Eduardo Farah.

Pero como Farah no estuvo en la audiencia del martes, existen dudas sobre si deberá resolver la Sala II o la de feria, con Llorens.

En estos casos, los plazos indican que el tribunal debe resolver una vez finalizada la audiencia, aunque los usos en los tribunales otorgan algunas horas más para la deliberación, y en “casos complejos”, un máximo de cinco días.

El reloj comenzó a correr el mediodía del martes, cuando se celebró la audiencia en la que Piccirillo y sus abogados solicitaron el cese de la prisión preventiva y, ante un eventual rechazo, autorización para cumplirla en un departamento de Núñez, en lugar de la vivienda de Banfield en la que se encuentra actualmente.

Los letrados de Piccirillo, Alejandro Montiel y Fernando Diez, insistieron el martes ante los camaristas en que Piccirillo se había mostrado siempre predispuesto a colaborar con la Justicia y que la idea de una posible fuga de su defendido era el resultado de una “interpretación mediática” de un video, en referencia a las imágenes que lo muestran trotando por el country durante los allanamientos.

Sobre Piccirillo pesa una grave imputación que combina privación ilegítima de la libertad, cohecho, transporte de estupefacientes y tenencia de armas, entre otros delitos. Está acusado de haber montado, a través de un expolicía y agentes de la Policía de la Ciudad, un procedimiento falso contra su exsocio Francisco Hauque, a quien supuestamente le debía cerca de seis millones de dólares.

El pedido formal que hizo Piccirrilo ante las autoridades judiciales es el cese de la prisión domiciliaria pero, como alternativa, pidió una modificación del lugar de cumplimiento de la domiciliaria para mudarse a Núñez.

La última parte de esa solicitud abrió una discusión en los tribunales: si los jueces que finalmente intervengan están habilitados para considerar una alternativa más gravosa, como el traslado de Piccirillo a una cárcel común.