POLITICA
Aprobaron las ternas para reemplazar a dos jueces de la Cámara Federal porteña, clave en los casos de corrupción
El Consejo de la Magistratura decidió elevar al Poder Ejecutivo la terna de los candidatos propuestos para ocupar dos cargos en la Sala I de la Cámara Federal porteña, para reemplazar allí a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Es el primer paso la refundación de este estratégico tribunal, cuya integración pretende cambiar el Gobierno.
La terna que fue aprobada por mayoría incluye en la primera lista a Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola; y en la segunda, a Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y el propio Bertuzzi, que volvió a concursar para su cargo.
Los favoritos para que el Poder Ejecutivo proponga al Senado son Pablo Yadarola y el propio Bertuzzi, pero esta decisión es del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del presidente Javier Milei.
A fines de la semana pasada, Bruglia solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar de no innovar. Reclamó que se suspendan todas las acciones vinculadas al concurso del Consejo de la Magistratura con el que, según denunció, buscan removerlo de la Sala I de la Cámara Federal porteña.
La presentación, que incluyó duras críticas a funcionarios del gobierno de Javier Milei y a colegas del Poder Judicial, se incorporó dentro de la petición P-35-21, en trámite ante la CIDH desde 2021, en la que se analiza la situación de Bruglia y la de sus colegas Bertuzzi y Germán Castelli, tras los embates que lideró contra ellos el kirchnerismo durante la presidencia de Alberto Fernández.
Bruglia identificó un punto de no retorno para sostener su petición a la CIDH: el momento en que la eventual designación de reemplazantes tornaría irreversible su salida del cargo. Según sostuvo, el 27 de abril pasado el consejero Diego Barrotaveña reactivó el concurso 461, que había permanecido paralizado durante la instancia de solución amistosa que se había iniciado ante la CIDH. Tres días después, el 30 de abril, las ternas fueron aprobadas en la Comisión de Selección del Consejo, en menos de quince minutos y, según planteó Bruglia, sin debate sustantivo, tras una reunión previa a puertas cerradas.
De acuerdo con el planteo de Bruglia, el Poder Ejecutivo proyecta que las ternas sean elevadas al Ministerio de Justicia a mediados de este mes, que los pliegos ingresen al Senado en julio y que los nuevos jueces juren en agosto. Ese sería, sostuvo, el momento en que la situación se volvería irreversible.
En su presentación, además, Bruglia señaló al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al viceministro, Santiago Viola. Consignó que Viola fue designado por Milei como representante del Poder Ejecutivo ante el propio Consejo y recordó que tanto él como Bertuzzi lo habían procesado en el pasado en una causa en la que Viola fue acusado de haber promovido testigos falsos que declararon contra el juez federal Sebastián Casanello.
Así, el camarista sostuvo que funcionarios y jueces que integran el Consejo impulsan una aplicación selectiva del fallo de la Corte Suprema de 2020 que estableció que los jueces trasladados ocupan sus cargos de manera transitoria hasta completar el proceso constitucional de designación.
Cabe recordar que en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados desde un tribunal oral a la Cámara Federal porteña, con el aval del Consejo de la Magistratura. Pero tras el fallo de la Corte Suprema, Bruglia remarcó que las nuevas pautas ordenadoras se aplicaron únicamente en sus casos. En otras palabras, en decenas de situaciones similares no se activaron concursos ni se retrotrajeron vacantes.
Como respaldo a su planteo, Bruglia presentó el caso “testigo” de Carlos Mahiques. Lejos de activar un concurso en el Consejo de la Magistratura, el presidente Javier Milei impulsó darle un nuevo acuerdo por cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal. Ese acto, sostuvo Bruglia, evidencia con nitidez el trato desigual.
La gravedad institucional del argumento tiene, para Bruglia, un respaldo inesperado: las palabras del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, uno de los firmantes del fallo “Bertuzzi”, quien declaró públicamente que “la decisión del Consejo de la Magistratura de hacer concursos para algunos jueces trasladados y no para otros afecta la legitimidad”, y contrastó el tratamiento recibido por Carlos Mahiques con el de Leopoldo Bruglia.
El conflicto se remonta a noviembre de 2020, cuando la Corte Suprema dictó el fallo “Bertuzzi” en el marco de un “per saltum” y fijó el carácter transitorio de todos los traslados de jueces y camaristas. En 2024, el Estado argentino impulsó ante la CIDH un proceso de solución amistosa que implicó la paralización de los concursos 461 y 479 durante casi dos años.
Sin embargo, ese proceso se interrumpió el 15 de octubre de 2025, apenas veinte días antes del inicio del juicio oral en la “causa Cuadernos”. El cambio de estrategia se consolidó con la llegada de Juan Mahiques al Ministerio de Justicia y de Viola al Consejo, en marzo de este año.
Bruglia sostuvo además que ya agotó las instancias internas, al solicitar sin éxito ante el Consejo de la Magistratura la suspensión del concurso al amparo del artículo 25 del reglamento de la CIDH. Según indicó, el organismo habría considerado que no reviste carácter de parte interesada, una interpretación que el magistrado cuestionó.
Así, la cautelar apunta a suspender todas las acciones vinculadas al concurso 461 hasta que la Comisión Interamericana se pronuncie sobre el fondo del caso. Bruglia sostuvo que se encuentran acreditados los requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable, e invocó la posible vulneración de garantías como la estabilidad judicial, la igualdad ante la ley y el debido proceso. Según alertó, si los nuevos jueces juran antes de que la CIDH resuelva, cualquier decisión posterior del organismo podría resultar de imposible cumplimiento.
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POLITICA
Nicolás Massot pidió suspender la derogación de la Ley de Tierras: “El Gobierno tiene una salida fácil”
Nicolás Massot, diputado nacional de Encuentro Federal, presentó junto a Miguel Ángel Pichetto una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
En diálogo con Infobae al Regreso, Massot aclaró que el planteo judicial alcanza únicamente a ese artículo y no cuestiona el decreto completo. El objetivo de la presentación es evitar que durante las próximas semanas se concreten operaciones que puedan generar derechos adquiridos antes de que el Congreso tome una decisión. “Lo que queremos evitar es que esta ventana de tiempo, que tal vez son solamente 13 o 14 días, permita que se consoliden situaciones que después tengan efectos jurídicos”, sostuvo.
Massot señaló que la eliminación de las restricciones alcanza cuestiones vinculadas con tierras fronterizas, acuíferos y otros territorios contemplados por la normativa. “No es que le tenemos aversión a los extranjeros y no queremos que inviertan. No es así, no es eso lo que dice la ley”, aclaró.
Qué pide la cautelar
Según explicó el diputado, la presentación también busca que se releven las operaciones que puedan concretarse durante este período. “Pedimos a la Justicia que empiece a solicitar informes y nosotros lo vamos a reforzar con pedidos a las 24 provincias y a las direcciones de Registro de Propiedad”, señaló.
La intención es conocer qué escrituras puedan realizarse mientras se define el futuro de la norma. Massot remarcó que esa información no se encuentra disponible en una base de datos pública de consulta inmediata.
Además, pidió que una eventual decisión favorable sea publicada en el Boletín Oficial para evitar que los compradores puedan alegar desconocimiento. “Que nadie pueda alegar buena fe o desconocimiento”, afirmó.
El legislador también advirtió sobre la posibilidad de utilizar mecanismos para eludir las restricciones. “Si realmente se quiere liberar la venta de tierras fronterizas, acuíferas y demás, y sin tope, podrá alguien pagar USD 350.000 u USD 800.000, tramitar exprés la ciudadanía argentina y comprarse lo que quiera”, planteó.
La salida que propone para el Gobierno
Massot cuestionó que el Gobierno no haya impulsado una ley para reemplazar o ratificar los aspectos del DNU que considera necesarios. “Hace 30 meses, más o menos, que se sancionó el DNU. El Gobierno tuvo una elección en el medio, mejoró su situación en las dos cámaras y tuvo una advertencia en el Senado”, señaló.
Para el diputado, el oficialismo todavía tiene una alternativa antes de la sesión especial del 15 de octubre: aprobar una norma que vuelva a poner en vigencia las restricciones sobre la compra de tierras.
“En cualquier ley de las que se estaban discutiendo o en un proyecto nuevo, se pone un solo artículo que diga: ‘Deróguese el artículo 154 del DNU 70’ y se vuelve todo a la normalidad”, explicó.
Massot consideró que esa opción permitiría evitar que el conflicto quede planteado como una disputa general sobre todo el decreto. “El Gobierno lo tiene en un cajón a mano. Es facilísimo sortear esta situación”, sostuvo.
También cuestionó el fallo de la Corte Suprema que intervino en la disputa judicial. El diputado aclaró que no es abogado y evitó avanzar sobre cuestiones procesales, pero criticó el momento de la resolución y algunos de sus fundamentos.
“Textualmente dice: ‘Como es obvio, la soberanía no es un derecho colectivo’. Si era obvio, hace dos años que lo tenían para fallar. No es que llegó el mes pasado a la Corte Suprema”, afirmó.
Negociaciones antes del 15 de octubre
De cara a la sesión especial, Massot consideró que el Gobierno todavía tiene margen para negociar. Al referirse al ministro del Interior, Diego Santilli, destacó su capacidad de diálogo, aunque puso en duda que tenga la decisión final sobre el tema.
“Santilli tiene el conocimiento biográfico, la confianza de muchos actores y tiene las formas, pero por ahí no tiene la decisión última”, señaló.
Massot sostuvo que existen antecedentes recientes de acuerdos entre sectores con posiciones diferentes. Mencionó, entre otros, las discusiones por el Hospital Garrahan, el presupuesto universitario, el presupuesto de discapacidad y el financiamiento extraordinario de la SIDE.
“En algunas cuestiones puntuales hay mayorías que convergen sobre ese tema”, explicó.
El diputado también cuestionó la incertidumbre que, según su interpretación, genera la situación jurídica de la norma. “Con todo el ruido que hay, con las cautelares, los amparos, el Congreso en contra y el rechazo en el Senado, es una ley que pende de un hilo. Entonces afecta cualquier decisión de inversión real de alguien serio”, afirmó.
Sobre la movilización prevista para la jornada parlamentaria, Massot diferenció entre los reclamos de distintos sectores sociales y su eventual utilización política. “Seguramente van a ir veteranos de Malvinas, gente que quiere la emergencia en discapacidad y gente que quiere el presupuesto universitario”, señaló.
“Los vivos están de los dos lados”, agregó, y cuestionó tanto a quienes presentan cualquier protesta como desestabilización como a quienes utilizan las movilizaciones para provocar hechos de violencia.
La situación del PRO y el rol de Lacunza
En el cierre de la entrevista, Massot se refirió al exministro de Economía Hernán Lacunza y al presente del PRO.
“Si mucha gente como Hernán gana protagonismo en la escena política, es una buena noticia”, afirmó.
El diputado diferenció a Lacunza de la situación actual del partido. “Hernán representa un perfil muy serio y muy bueno del PRO, pero el PRO está buscando su bola en el bolillero”, sostuvo.
Massot cerró con una definición sobre el perfil que, según su visión, debería conservar la política argentina: “Lo importante es que en la Argentina no se pierdan el profesionalismo en la gestión, la incorporación de nuevos perfiles formados a la clase dirigente y la transparencia en los datos de gestión”.
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POLITICA
Guillermo Montenegro regresará a la intendencia de Mar del Plata tras diez meses en el Senado bonaerense
MAR DEL PLATA.– Guillermo Montenegro volverá a la intendencia de General Pueyrredón después de diez meses en el Senado bonaerense y completará el mandato para el que fue reelegido en 2023. El dirigente dejará su banca en la Legislatura y retomará el control del municipio en reemplazo de Agustín Neme, que había quedado al frente de la comuna desde diciembre. El regreso se producirá en medio de una creciente preocupación por la inseguridad y de dificultades en las cuentas municipales.
Durante meses, cada vez que alguien lo presentaba como exintendente, Montenegro hacía una corrección. No era exintendente. Era intendente en uso de licencia. La precisión, que podía parecer apenas jurídica, terminó siendo política.
Montenegro había pedido licencia, y no renunciado, cuando asumió como senador provincial el 10 de diciembre pasado. Esa diferencia le permitió conservar la posibilidad de regresar al cargo para el que había sido reelegido en 2023. Ahora decidió ejercerla.
La decisión se conoció apenas terminó el 62° Coloquio de IDEA, que durante tres días y reunió en Mar del Plata a empresarios, economistas y dirigentes políticos. Montenegro estuvo en la ciudad. Se lo vio en el Sheraton, conversó con empresarios y dirigentes, pero evitó hablar públicamente. Mientras la discusión por su eventual regreso crecía, eligió el silencio.
“Es una decisión personal”, manifestaron fuentes cercanas a Montenegro en diálogo con . “Mar del Plata tuvo una caída en términos de seguridad y no se hubiera perdonado no volver”, agregaron.
La vuelta supone también el final de una experiencia política que duró menos de un año. Montenegro había encabezado la lista de La Libertad Avanza en la Quinta Sección Electoral y desembarcó en el Senado bonaerense como parte del reordenamiento político que acercó al dirigente del Pro al oficialismo nacional. Neme, su reemplazante en el municipio, deberá regresar ahora al Concejo Deliberante.
Pero Montenegro no vuelve a la misma administración que dejó diez meses atrás.
Las cuentas municipales son una de las primeras señales. Los últimos tres ejercicios cerraron en rojo. El deterioro no comenzó con Neme: atraviesa el final de la propia gestión de Montenegro y se profundizó en un escenario de menores transferencias y mayores dificultades para financiar el funcionamiento municipal. En 2025, el resultado financiero consolidado de la administración central y los entes descentralizados dejó un déficit superior a los $16.000 millones.
El otro problema es bastante más visible.
La inseguridad se convirtió en los últimos meses en uno de los principales asuntos de la agenda marplatense. Cinco homicidios ocurridos en un período de pocas semanas encendieron las alarmas y llevaron a cámaras empresarias, comerciantes y distintos sectores de la ciudad a reclamar respuestas. Las estadísticas oficiales muestran, además, que la preocupación no nació de una sucesión de episodios aislados.
La discusión llegó esta semana hasta el Coloquio de IDEA. Patricia Bullrich habló allí del problema y contó que había conversado con la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva. El Gobierno prepara un refuerzo de fuerzas federales antes de la temporada de verano. La seguridad, una de las banderas con las que Montenegro construyó su perfil como intendente, vuelve así a esperarlo en el despacho principal del municipio.
Hay una Mar del Plata que permite entender esa preocupación sin necesidad de entrar inmediatamente en las estadísticas. El miércoles por la noche, mientras cientos de ejecutivos cenaban en distintos puntos de la ciudad después de las actividades de IDEA, en la avenida de los Trabajadores, en la zona del puerto, los restaurantes estaban llenos. Afuera, sobre una calle con poca iluminación, los trapitos se distribuían entre los autos estacionados.
Adentro se hablaba de inversiones, reformas y crecimiento. Afuera aparecía otra parte de la ciudad que no entraba en el programa del Coloquio.
Ese contraste acompañó los tres días del encuentro empresario. A pocos kilómetros del Sheraton, donde se discutieron durante horas las condiciones necesarias para que la Argentina vuelva a crecer, Mar del Plata atravesaba su propia discusión sobre seguridad, recursos y conducción política.
En ese escenario también se deterioró la relación entre Montenegro y Neme. Lo que inicialmente había sido presentado como una transición ordenada empezó a mostrar diferencias sobre la administración municipal y sobre la forma de enfrentar algunos de esos problemas. A medida que avanzó el año, la posibilidad del regreso dejó de ser una hipótesis lejana.
Montenegro nunca cerró esa puerta. Su licencia se convirtió, con el paso de los meses, en una herramienta política: podía seguir en el Senado o volver al municipio. La discusión adquirió todavía más peso porque su mandato como intendente termina en 2027 y porque la sucesión marplatense ya empezó a mezclarse con el armado electoral del próximo año.
La decisión despeja una incógnita, pero abre otras. Montenegro deberá volver a administrar una ciudad con tres ejercicios consecutivos en rojo, una discusión creciente por la inseguridad y una temporada de verano a pocas semanas de comenzar. También tendrá que reconstruir el funcionamiento político de un gobierno municipal que durante diez meses tuvo otro jefe.
En el Coloquio, Montenegro no quiso anticipar nada. Caminó por el Sheraton, habló en privado y evitó las definiciones públicas. Había una razón.
Durante meses, la pregunta en Mar del Plata fue si Montenegro iba a volver.
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POLITICA
Ley de Tierras: la oposición busca votos en Diputados para limitar la compra de campos por extranjeros y recurre a la Justicia
Las bancadas de la oposición en la Cámara de Diputados buscan alternativas ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la Ley de Tierras Rurales, que había sido derogada por Javier Milei con el dictado del DNU 70/2023.
Este viernes se presentó una medida cautelar formada por los diputados Miguel Pichetto y Nicolás Massot. Buscan suspender la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023,hasta que el Congreso se pronuncie.
“Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros. Tras el fallo de la Corte, pueden comprarse sin límite tierras rurales, incluidos inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”, explicó Pichetto, jefe de la bancada de Encuentro Federal.
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