El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires propuso que las empresas de limpieza cobren una parte variable de sus contratos según el cumplimiento operativo y la evaluación de los vecinos, un esquema que será definido antes de la próxima licitación internacional del servicio de higiene urbana.

Según la propuesta, la remuneración combinaría un componente fijo con otro atado a indicadores técnicos, encuestas vecinales y reclamos recibidos en cada barrio. Una prestación por debajo de los estándares previstos en el contrato reduciría el monto que perciban las contratistas.

La propuesta también incorporaría la recolección diferenciada puerta a puerta de materiales reciclables dentro de los contratos de higiene urbana.

El anteproyecto además prevé que las compañías presenten propuestas para las áreas que tengan asignadas. La planificación de recorridos y frecuencias deberá adaptarse a la generación de residuos, el tránsito peatonal, las características de las cuadras y fenómenos estacionales como la caída de hojas.

El control del servicio incorporaría seguimiento satelital de los camiones, sensores para medir el nivel de llenado de los contenedores y procesamiento de imágenes mediante inteligencia artificial. Esas herramientas permitirían comprobar recorridos y frecuencias, detectar alteraciones de horarios e identificar acumulaciones de basura para enviar cuadrillas de atención inmediata.

El mantenimiento de contenedores y cestos papeleros quedaría concentrado en un prestador especializado. La medida busca centralizar la provisión, reparación y reposición del equipamiento para reducir demoras y unificar los tiempos de respuesta en toda la Ciudad.

El barrido manual y mecánico tendría monitoreo por GPS. La propuesta contempla que las tareas se ajusten a las necesidades específicas de cada zona, en lugar de mantener recorridos idénticos para barrios con distinta circulación de personas o producción de residuos.

La recolección diferenciada puerta a puerta de materiales reciclables pasaría a formar parte del contrato de higiene urbana, con participación de recuperadores urbanos y cooperativas. También se proyecta un circuito para residuos orgánicos, dirigido inicialmente a grandes generadores y sectores determinados, con el objetivo de reducir los desechos enviados a disposición final.

A largo plazo, el Gobierno porteño incorporó estudios de ingeniería y factibilidad para evaluar una eventual planta de tratamiento y valorización energética de residuos. Los análisis deberán establecer si el proyecto reúne condiciones técnicas, ambientales, sociales y económicas antes de una decisión sobre su construcción.

La audiencia pública tiene como finalidad brindar una instancia de consulta para recibir aportes y observaciones sobre los proyectos. Las condiciones definitivas de la contratación se establecerán después de ese proceso, antes del llamado a licitación.

Los pliegos que se analizan para los contratos previstos entre 2028 y 2038 no contemplan mantener las indemnizaciones que reclama el Sindicato de Camioneros para los trabajadores de recolección. El beneficio pretendido por el gremio ronda los USD 200 millones y es uno de los ejes del conflicto con la administración de Jorge Macri.

Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, encabezó una movilización de recolectores frente a la sede de la Comuna 1, en Humberto Primo 250. La protesta coincidió con la audiencia pública virtual sobre los anteproyectos que regirían el servicio dentro de dos años.

Durante la concentración hubo enfrentamientos entre manifestantes. Marcelo Aparicio, secretario gremial del sindicato, entregó una presentación en la mesa de entradas de la comuna para exigir que se mantenga el pago indemnizatorio.

Las concesiones vigentes fueron prorrogadas hasta septiembre de 2028. El Gobierno de la Ciudad no prevé incorporar ese desembolso en los nuevos contratos.

La incertidumbre alcanza a los pagos previstos al vencimiento de los contratos actuales. El sindicato que conducen Hugo y Pablo Moyano cuestiona si el presupuesto porteño de 2027 incluirá partidas para compensar a los 6 mil trabajadores del sector.

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La causa por el vacunatorio VIP entró en una nueva ronda de indagatorias esta semana. El fiscal Eduardo Taiano convocó a 34 personas que recibieron la vacuna contra el Covid-19 de forma irregular y las considera partícipes necesarios del delito de peculado.

Las audiencias se extenderán hasta el 9 de diciembre. Entre los citados están el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, y el periodista Horacio Verbitsky.

El expediente investiga irregularidades en la aplicación de las dosis durante la pandemia, cuando las vacunas eran un bien escaso. El escándalo derivó en la renuncia del entonces ministro de Salud, Ginés González García. González García fue investigado, pero no llegó a ser procesado: murió a los 79 años.

Hasta ahora solo hay tres procesados: Marcelo Ariel Guille, ex secretario del ministro, Alejandro Salvador Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias, y Alejandro Maceira, exdirector del Hospital Posadas. La jueza de la causa es María Eugenia Capuchetti.

La nueva etapa arrancó el viernes 2 de octubre con la médica Lucía Antolini, que negó las acusaciones. Este lunes declaró Irene Ibon López.

Cómo siguen las audiencias

El resto del calendario quedó fijado así: Néstor Eduardo Mandraccio el 7 de octubre, Adriana Mónica Avella el 9, Rito Ramírez el 14, Horacio Alejandro Cortez el 16, y María Felisa Mango el 19.

En la segunda quincena de octubre y en noviembre siguen Marcelo Jorge Duhalde, el 21 de octubre, Celina María Isabel Vega, el 23, Claudio Daniel Pardo, el 26; María Alejandra Cottini el 28, Camilo Martelletti, el 2 de noviembre.

Inés del Carmen Páez Dalessandro el 4,Graciela Margarita Miranda, el 6, María de los Ángeles Domínguez el 9, Patricia Alsua el 11, Esteban Collazo el 13, Filomena Marta Burgos el 16, Jorge Héctor “Topo” Devoto el 18, y Hugo Curto, el 20.

Luego de 6 audiencias, este martes se escucharán los alegatos finales del juicio oral y público a Maximiliano Cabaleyro, el líder del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, que está detenido por el bloqueo a la empresa familiar Rey Distribución de la ciudad de San Pedro, en febrero de 2021, acusado de los delitos de turbación de la posesión, coacción y extorsión.

Cabaleyro fue a prisión hace cuatro años junto con Fernando Espíndola, otro representante de Camioneros, luego de que la jueza de Garantías de San Nicolás ordenó la detención de ambos como responsables de los bloqueos del sindicato a Distribuidora Rey para que sus 35 empleados pasaran a estar encuadrados en sus filas y dejaran de estar afiliados en Comercio. Además, la Justicia encontró pruebas de pagos irregulares exigidos por los sindicalistas para dejar sin efecto la protesta.

Entre los diferentes testimonios del juicio se destacaron los que dieron los dueños de la pyme, Gustavo y Ariel Rey, quienes relataron los aprietes, amenazas y exigencias de dinero de Camioneros para permitirles trabajar y cómo cuando decidieron no pagar comenzaron los bloqueos, según el diario El Norte, de San Nicolás.

“Desde 2017 teníamos que pagarle al sindicato y cada vez que había elecciones un poco más, pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos y por eso pasó todo esto; al desistir de los pagos comenzaron los bloqueos”, afirmó Gustavo Rey en una declaración que duró 5 horas.

Su hermano Ariel relató, por ejemplo, lo que le dijo Fernando Espíndola, el otro sindicalista imputado y detenido por el bloque y que fue considerado el recaudador de Camioneros. “Hacé como hacen todos tus colegas, que pagan un sueldo por mes. Esto funciona así: este es el kiosquito de Cabaleyro”, fue la frase en alusión al jefe de Camioneros en San Nicolás.

El empresario aseguró que la pérdida ocasionada entonces, calculada en alrededor de 12 millones y medio de pesos, equivaldría hoy a más de 370 millones de pesos, de acuerdo con cálculos basados en el INDEC.

Según el diario El Norte, Gustavo Rey se quebró en dos oportunidades recordando los hechos: “Fue una terrible embestida. Nos apretaban de todos lados. Llamaban a las empresas para que no nos abastezcan. Había que pagar lo que ellos decían”, remarcó. Y agregó: “La pasamos muy mal, somos una empresa familiar, hecha a fuerza de trabajo, tuvimos miedo de perder todo. Nosotros arrancamos de muy abajo. Yo empecé repartiendo sandwiches cuando apenas tenía 11 años”.

También declaró el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, quien dijo que había intentado mediar entre el Sindicato de Camioneros y la empresa Rey Distribución, aunque afirmó que no le constó que hubiera existido un bloqueo de camiones en el acceso a la pyme.

Durante la audiencia se reprodujeron escuchas telefónicas entre el intendente y Cabaleyro. En uno de los audios se escucha a Salazar decir: “Acordamos con Catalano que vaya a tomar nota y diga que no hubo obstrucción”. Sería una alusión al comisario Juan Ramón Catalano, ex jefe de la Policía Comunal de San Pedro.

En otro tramo, Salazar, quien relató que habían ocupado cargos dirigenciales en el gremio de trabajadores rurales (UATRE), llama “compañero” a Cabaleyro.

La defensa de Cabaleyro concentró sus preguntas en las condiciones edilicias de la empresa las irregularidades y los incumplimientos laborales que, según su planteo, mantenía Distribuidora Rey. También buscó establecer que las exigencias de dinero no habían sido formuladas directamente por el dirigente sindical.

Un trabajador de mantenimiento incluso declaró haber presenciado la entrega de sobres que presuntamente contenían dinero a representantes gremiales.

Cabaleyro permaneció detenido con prisión preventiva desde mayo de 2022 y actualmente cumple arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Está acusado junto con Espíndola de turbación de la posesión, coacción y extorsión por el bloqueo a la pyme.

Espíndola no participa del juicio porque acordó un procedimiento abreviado a comienzos de septiembre. El entendimiento entre el imputado, el fiscal y su defensor aguarda la homologación de la jueza Elena Baquedano y podría derivar en una pena máxima de 6 años de prisión.

Ante la etapa final del juicio, Florencia Arietto, abogada de la empresa, señaló a Infobae que “lo que quedó probado es el sistema extorsivo del sindicalismo argentino, especialmente liderado por Camioneros, y la verticalidad con la que trabajan, considerando que Espíndola era el delegado de Camioneros en San Pedro y respondía a Cabaleyro, titular del sindicato en San Nicolás, y a lo largo de las distintas escuchas telefónicas se mostró el desamparo de las empresas cuando dan la pelea contra la extorsión sindical”.

“En este caso quedó de manifiesto la complicidad del Ministerio de Trabajo, tanto de la delegación de San Pedro, como la de San Nicolás, e incluso del Ministerio de Trabajo bonaerense -remarcó-, porque Cabaleyro habló con todos los referentes, como la directora de Relaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo de la Provincia y en las escuchas queda de manifiesto que hasta le daba órdenes. La delegada de San Pedro en un momento le dice a Cabaleyro que debe dictar la conciliación obligatoria, y el dirigente le responde: “Yo no la voy a acatar”. Quedó demostrado que en ningún momento intentó resolver nada».

Para Arietto, el juicio en curso “es un punto de inflexión, es un caso bisagra de los tantos que tenemos a lo largo y a lo ancho del país, donde quedó demostrado que algunos sindicalistas utilizan una herramienta que debe ser la defensa de los trabajadores para hacer negocios personales, para violar la propiedad privada, porque básicamente se apropian de las empresas.”

La abogada Florencia Arietto, que representa a la familia Rey, fue una figura clave en el avance judicial contra quienes protagonizaron el bloqueo contra Distribuidora Rey. Y, además, fue una de las fundadoras del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), junto con Verónica Razzini, y diseñó la estrategia jurídica con la que desde 4 años se lograron fallos cruciales contra estas protestas.

Ariel y Gustavo Rey, con Florencia Arietto y Verónica Razzini