El mal momento que atraviesa el segmento lácteo no deja de acentuarse y, a partir de variables como la baja del consumo y la pérdida de poder adquisitivo en los hogares, no dejan de sumarse los nombres de lecheras en etapa de crisis. A la situación de parálisis que atraviesa Lácteos Verónica, la quiebra reciente de SanCor y los números en rojo de La Serenísima, en estos días se sumó otra firma en estado operativo delicado: la cooperativa Nuevo Amanecer, que frenó por completo la actividad en sus plantas en Tandil y Mar del Plata, y bajó las persianas de sus puntos de venta directa en esa zona del mapa bonaerense. La láctea en cuestión acumula una deuda del orden de los $600 millones con tamberos y proveedores en general, y en los últimos meses dio de baja al menos 40 puestos de trabajo.

De acuerdo a fuentes locales, la firma adeuda el pago de salarios completos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. «Decenas de empleados finalizaron la relación laboral (a partir de la falta de pago de haberes). En el caso de una damnificada, a tres meses de haber presentado su renuncia, aún le adeudan el sueldo por el primer trimestre del año trabajado«, se indicó.

Nuevo Amanecer, otra lechera en crisis

«A la delicada situación económica se le sumó un panorama de renuncias constantes. El deterioro en los ingresos de los cooperativistas provocó que varios trabajadores decidieran abandonar la firma láctea en el último período», afirmaron medios locales.

Al mismo tiempo, los tres locales que Nuevo Amanecer operaba en Mar del Plata, donde comercializaba su oferta de leches, quesos y yogures, bajaron sus persianas ante la imposibilidad de la cooperativa de seguir cubriendo el costo de los alquileres.

«En este panorama y producto del riesgo de una quiebra definitiva, los referentes de Nuevo Amanecer iniciaron una ronda de reuniones de máxima urgencia con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y funcionarios del Gobierno bonaerense, en busca de un auxilio financiero o un plan de contingencia que permita renegociar las deudas con el sector tambero y resguardar los puestos de trabajo restantes», detallaron portales marplatenses.

La cooperativa Nuevo Amanecer surgió tras el derrumbe comercial de El Amanecer, una compañía por demás emblemática de la lechería en el interior de la provincia de Buenos Aires. En 2012, la empresa en cuestión cerró sus puertas tras una década de inestabilidad, cambios de dueños y denuncias por vaciamiento.

«En ese momento, los propietarios abandonaron la empresa dejando deudas salariales y comerciales, pero fueron cerca de 80 trabajadores quienes tomaron las instalaciones, montaron guardias para resguardar la maquinaria y en noviembre de ese año firmaron el acta constitutiva para dar vida a la actual cooperativa», precisaron las fuentes.

Ahora, y tras más de una década de autogestión y participación relevante en el mercado, la cooperativa atraviesa una nueva instancia crítica y con un horizonte comercial y operativo que no deja de oscurecerse.

Las lácteas y un presente delicado

El estado de crisis que viene atravesando al sector lácteo en general sigue sin acercarles oxígeno a las compañías del rubro, que llegan a la mitad de este año con la incertidumbre de no tener asegurada la continuidad operativa y comercial.

En ese marco, y mientras sigue sin resolverse el destino de la quebrada SanCor y el rojo que muestran los números de gigantes como La Serenísima, la situación de Lácteos Verónica continúa en fase de caída prácticamente terminal.

A esta altura de 2026, la lechera mantiene inactivas sus instalaciones en las locales santafesinas de Suardi, Lehmann y Classon, y sus empleados preparan para el próximo viernes una marcha hacia la representación de la Secretaría de Trabajo en Rafaela con el objetivo de exigir una solución a la falta de pago de salarios, que ya acumula seis meses consecutivos.

La protesta se llevará a cabo durante la mañana de esa jornada y, según indicaron portavoces de los empleados de la firma, se espera la participación de los empleados de Lácteos Verónica, sus familiares e incluso vecinas y vecinos de las localidades donde se levantan las plantas ahora inactivas.

El crédito en pesos al sector privado cayó por segundo mes consecutivo, en un contexto donde la morosidad continúa subiendo y los bancos respondieron con un endurecimiento de las condiciones de acceso. La tendencia afecta especialmente a las familias, aunque las empresas también sienten el freno.

Según el análisis de la consultora Equilibra en base a datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el crédito en pesos al sector privado registró en mayo una caída de 0,1% en términos reales y desestacionalizados, luego de haber caído 1,4% en abril. Si bien la contracción de mayo fue leve comparada con la del mes anterior, el dato confirma que el proceso de freno en el financiamiento bancario en moneda local se extendió durante el segundo mes consecutivo.

Para la consultora, el estancamiento no se explica por un encarecimiento del crédito, dado que las tasas activas se mantuvieron estables durante el período. El factor determinante, según los especialistas, fue el endurecimiento de las condiciones de otorgamiento por parte de las entidades financieras, que ajustaron sus criterios ante el avance de la mora en sus carteras.

La irregularidad en los préstamos privados continúa en alza. De acuerdo con la central de deudores del BCRA, la morosidad pasó de 7% en marzo a 7,2% en abril, impulsada principalmente por el segmento de hogares, donde el indicador escaló de 11,5% a 12 por ciento. Frente a ese deterioro, los bancos optaron por endurecer los requisitos de acceso al crédito, lo que derivó en una menor colocación de préstamos en el mes.

Lo llamativo, es que aún dentro de este escenario, el mercado registra el nivel más alto de intermediación financiera en ocho años, medido como porcentaje de los depósitos totales canalizados al sector privado. La explicación es que ambos datos miden cosas distintas. El ratio de intermediación —que llegó al 60% en mayo según la consultora Libertad y Progreso— refleja la tendencia estructural de largo plazo, impulsada por la normalización macroeconómica iniciada a fines de 2023. Las variaciones mensuales, en cambio, capturan la coyuntura inmediata: en este caso, el endurecimiento de los criterios de otorgamiento ante el aumento de la mora. En otras palabras, el proceso de fondo sigue siendo de expansión; lo que se ajusta, por el momento, es el ritmo.

Al interior del crédito en pesos, el desempeño varió según el tipo de tomador. El financiamiento a las familias cayó 0,3% real desestacionalizado en mayo respecto a abril. El mayor retroceso se registró en préstamos personales, que bajaron 1,1%, mientras que el financiamiento de bienes durables logró mantenerse estable frente al mes anterior.

Las empresas mostraron un comportamiento distinto: el crédito en pesos al segmento corporativo creció 0,1% real desestacionalizado en mayo. Dentro de ese resultado, los adelantos subieron 0,7% y compensaron la caída en documentos a sola firma. La recuperación fue leve, pero marcó una diferencia con el segmento de hogares, donde el ajuste fue más pronunciado.

Mientras el financiamiento en pesos retrocedía, el crédito en dólares sostuvo su expansión. En mayo creció 3% desestacionalizado, lo que equivale a siete meses consecutivos de suba. El avance fue generalizado: los préstamos a empresas aumentaron 2,3%, y los destinados a personas físicas treparon 7,3%, con una fuerte expansión tanto en financiamiento de bienes durables —que subió 7%— como en tarjetas de crédito, que avanzó 8,2%.

En lo que va del año, los préstamos en dólares al sector privado crecieron cerca de USD 4.500 millones, mientras que los depósitos en esa moneda subieron algo más de USD 2.500 millones. Como resultado de esa dinámica, el ratio entre préstamos y depósitos en dólares alcanzó el 59% en mayo, el nivel más alto desde noviembre de 2019.

De acuerdo con los datos procesados por la consultora, el contexto general del crédito al sector privado combina dos tendencias simultáneas. Por un lado, la tendencia estructural de expansión de la intermediación financiera que llevó al ratio de crédito sobre depósitos totales al nivel más alto en ocho años. Por el otro, una dinámica de corto plazo marcada por el aumento de la mora y la respuesta de los bancos, que optaron por ser más selectivos en el otorgamiento de crédito en pesos, especialmente a los hogares.

El resultado de esa combinación es un sistema financiero que sigue expandiéndose en términos estructurales, pero que en los últimos dos meses registró contracciones mensuales en el segmento en pesos. Para los expertos, la evolución de la morosidad en los próximos meses será el factor que determine si ese ajuste de corto plazo se extiende o si el crédito vuelve a retomar el sendero de crecimiento.

Quienes formamos parte del sistema asegurador conocemos desde hace años una realidad difícil de sostener: mientras los índices de siniestralidad laboral muestran una tendencia descendente, la litigiosidad continúa creciendo en distintas provincias del país. Esa distorsión no solo afecta la sustentabilidad del sistema de riesgos del trabajo, sino también la competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas.

En ese contexto, la reforma impulsada por la provincia de Santa Fe representa una señal muy positiva. La sanción de la Ley 14.437 introduce cambios relevantes al Código Procesal Laboral y a la ley provincial de adhesión al sistema de riesgos del trabajo, con un objetivo claro: reducir la litigiosidad innecesaria, fortalecer la objetividad técnica y mejorar la previsibilidad para trabajadores, empleadores y aseguradoras.

Se trata de una iniciativa importante porque aborda algunos de los principales problemas que vienen afectando al sistema. Durante años, muchos procesos judiciales avanzaron sin una fundamentación técnica suficiente respecto de lo resuelto previamente por las Comisiones Médicas. A eso se sumó un esquema pericial que, en algunos casos, generaba incentivos distorsivos y profundizaba la conflictividad.

La nueva normativa introduce criterios más claros. Por un lado, exige que quienes recurran a la Justicia expongan fundamentos concretos que justifiquen apartarse del dictamen administrativo. Por otro lado, crea un Cuerpo Especializado de Profesionales dentro del Poder Judicial, integrado por expertos seleccionados por concurso, para intervenir en las pericias vinculadas a accidentes y enfermedades laborales.

Este último punto es especialmente relevante. La calidad técnica y la objetividad de las pericias son fundamentales para recuperar confianza en el sistema. Cuando existen reglas claras, criterios homogéneos y previsibilidad, se generan mejores condiciones para todos los actores involucrados.

El impacto de estas reformas excede lo jurídico. En provincias con fuerte perfil productivo, como Santa Fe, los costos asociados a la litigiosidad laboral terminan impactando directamente sobre las empresas, el empleo y la inversión. Para muchas pymes, la incertidumbre sobre los costos futuros vinculados a reclamos judiciales representa una dificultad concreta al momento de planificar, contratar o crecer.

Por eso, avanzar hacia sistemas más eficientes y técnicamente sólidos no debería entenderse únicamente como una discusión del sector asegurador. También es una conversación sobre competitividad, desarrollo productivo y generación de empleo formal.

Desde ADIRA venimos sosteniendo la importancia de promover marcos regulatorios que aporten mayor previsibilidad y reduzcan la conflictividad innecesaria, sin afectar los derechos de los trabajadores. La experiencia de Santa Fe demuestra que es posible avanzar en ese equilibrio.

Naturalmente, el verdadero desafío comienza ahora: la implementación. Será clave que el nuevo esquema funcione con agilidad, profesionalismo y transparencia para que pueda cumplir con los objetivos planteados.

Pero más allá de su aplicación concreta, la iniciativa santafesina deja una señal importante para el resto del país. Argentina necesita discutir cómo construir sistemas laborales y aseguradores más modernos, eficientes y sostenibles. Y en esa conversación, “sería muy valioso que otras provincias también se animen a impulsar reformas que ayuden a reducir la litigiosidad, fortalecer la seguridad jurídica y generar mejores condiciones para producir y trabajar”.

El autor es CEO de Grupo San Cristóbal y Presidente de ADIRA