POLITICA
Argentina volverá a tener submarinos desde el hundimiento del ARA San Juan: cómo son los modelos que se analizan
Cuando se están por cumplir 9 años del trágico hundimiento del ARA San Juan, que causó la muerte de sus 44 tripulantes y una repercusión mundial, Argentina podría volver a tener próximamente una flota de submarinos. El presidente Javier Milei autorizó la compra de tres unidades que podrían comenzar a fabricarse a mediados del 2027, si es que se llega a un acuerdo con las empresas que pujan por quedarse con el negocio.
El gasto está previsto en el proyecto de Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió el martes por la noche al Congreso y que incluye la autorización para que el Ministerio de Defensa, que conduce el teniente general Carlos Presti, tome un préstamo de hasta USD 2.300 millones destinado a la adquisición de estos sumergibles para la Base Naval Mar del Plata.
De acuerdo con lo que explicaron a Infobae fuentes oficiales, recientemente el funcionario recibió dos ofertas concretas por parte de firmas que construyen estos navíos, la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) y la francesa Naval Group.
Las conversaciones con estas compañías se intensificaron en el último tiempo, pero comenzaron hace ya varios meses, poco antes de que el propio mandatario nacional asegurara en una entrevista que tenía una buena relación con Emmanuel Macron y que uno de los temas que ambos tenían en agenda era este.
“Hay dos empresas que nos acercaron propuestas, con diferentes precios y sistemas de armas, pero lo más probable es que se opte por la francesa”, anticipó a este medio una persona cercana al ministro Presti.
La compra figura en la planilla anexa al artículo 42 del Presupuesto 2027, referida a las operaciones de crédito público. Allí se establece que el tipo de deuda será un “préstamo”, con un “plazo mínimo de amortización” de tres años y con destino específico para la “adquisición de tres submarinos convencionales”.
El texto no identifica la entidad que otorgará el dinero, aunque en su momento Infobae pudo saber que se estaba negociando con la administración de Macron para que intervenga y algún organismo internacional participe de la transacción.
Tampoco se detalla en el documento el modelo que se buscará incorporar, el país de origen de las embarcaciones ni el plazo previsto para la firma de un eventual contrato, o si las unidades serán construidas en el exterior o si parte del proceso tendrá participación de la industria nacional.
La autorización presupuestaria, de todas formas, representa un avance concreto en una negociación que el Gobierno mantiene desde hace meses para recuperar la capacidad submarina de la Armada. Hasta ahora, una de las principales alternativas que analizaban las autoridades era la compra de unidades a la compañía Naval Group.
La empresa europea ya había mantenido conversaciones con la Argentina durante la administración de Alberto Fernández, cuando se firmó una carta de intención para avanzar en la adquisición de varios de estos barcos. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, las gestiones continuaron y se concentraron especialmente en la posibilidad de incorporar submarinos de la clase Scorpene.
Por su parte, la alemana TKMS postuló a su modelo 212, también convencional (de propulsión diésel-eléctrico), de quinta generación, pero con un sistema que le da la capacidad de operar bajo el agua sin necesidad de emerger o usar el tubo de snorkel durante semanas.
No obstante, aunque estudia la oferta y la decisión final todavía no se tomó y dependerá de diferentes factores, como el armamento y las Características específicas, además del precio y la forma de pago, el Ministerio de Defensa se estaría inclinando por el Scorpene.
Cómo es el submarino francés que se analiza y qué formas de financiamiento se ofrecieron
Se trata del mismo modelo que compró Brasil en el marco del programa PROSUB, a partir de un acuerdo firmado en 2008 con Naval Group. El país vecino ya recibió cuatro unidades convencionales y trabaja, además, en el desarrollo de un quinto que será de propulsión nuclear.
En noviembre de 2025, el director de Ventas para países estratégicos, Grecia, Brasil y Latinoamérica de esta firma, Laurent Mourre, explicó a este medio en qué estado se encontraban las conversaciones: “Lo que puedo confirmar es que el gobierno argentino quiere comprar submarinos”, afirmó entonces.
El Scorpene aparece como una de las opciones que más interés generó en la Casa Rosada y en las Fuerzas Armadas. Se trata de un submarino convencional diésel-eléctrico, diseñado para operaciones de vigilancia, control marítimo, inteligencia y defensa de zonas estratégicas.
La compañía francesa también ofrece paquetes que pueden incluir mantenimiento, sistemas eléctricos, armamento y entrenamiento. No solo ofrecen los buques, sino también el mantenimiento de los mismos, los sistemas eléctricos y equipamiento, e incluso el armamento.
En esta línea, cuenta con la capacidad de fabricar misiles MU90, que es el torpedo ligero más potente del mundo, capaz de neutralizar todo tipo de submarinos y que es utilizado por 12 países.
También vende el F21, un torpedo submarino inteligente, que es de largo alcance y, por su versatilidad, puede ser implementado para atacar objetivos de varios tamaños y funciona hasta en condiciones complejas.
Además, la empresa diseñó un sistema de defensa antitorpedo llamado SINGER, que está basado en el revolucionario principio de confusión/dilución. Esta contramedida genera cientos de objetivos falsos que se renuevan constante y aleatoriamente para saturar el procesamiento de datos de los torpedos más modernos y agotar su energía.
Sin embargo, la principal dificultad para la Argentina siempre fue el financiamiento. Cada unidad de este tipo puede superar los USD 700 millones, aunque el costo final depende de las características solicitadas, la incorporación de equipamiento adicional, los sistemas de armas y el lugar de construcción.
Mourre explicó que una eventual producción local requeriría inversiones significativas en infraestructura y formación de personal. Tandanor necesitaría adecuaciones para fabricar submarinos y un programa de ese tipo demandaría cerca de diez años hasta la entrega de la primera unidad.
La otra alternativa sería adquirir los buques construidos en Francia o negociar un esquema de fabricación parcial. En estos casos, la administración europea puede intervenir mediante garantías para créditos de exportación, un mecanismo habitual en contratos de defensa de gran escala.
“Las condiciones de la financiación no dependen de Naval Group, pero el Estado francés puede tener un papel relevante, porque puede dar una garantía”, había señalado el ejecutivo de la firma. También precisó que los bancos participantes suelen conocer tanto al fabricante como al país comprador.
El Presupuesto 2027 no confirma que Naval Group sea finalmente la empresa elegida. La planilla solo habilita el endeudamiento para avanzar con la compra de tres unidades convencionales, por un monto de hasta USD 2.300 millones y con destino a la Base Naval Mar del Plata.
La decisión se suma a otras partidas destinadas a la modernización militar. El Presupuesto prevé fondos para la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano y para obras de infraestructura destinadas a la llegada de una aeronave de caza multirrol a la VI Brigada Aérea de Tandil y al Área Material Río Cuarto.
El Ministerio de Defensa tendrá en 2027 un crédito de $5.234.410 millones, según el proyecto enviado al Congreso. Dentro de esa cifra, el Estado Mayor General de la Armada Argentina recibirá $1.305.942 millones, frente a los $1.052.448 millones contemplados para 2026.
La compra de submarinos requerirá todavía la aprobación del Presupuesto, la definición del financiamiento y la firma de los contratos correspondientes. Pero por primera vez desde el hundimiento del ARA San Juan, la recuperación de una flota submarina aparece incorporada de forma explícita en la planificación financiera del Estado.
Un video muestra el momento de mayor tensión de la pelea que protagonizaron el intendente de Pilo Lil, Andrés Avelino Infante, y su antecesor, Eliseo Díaz, dentro de una sede gubernamental de esa pequeña comunidad neuquina.
Las imágenes fueron grabadas por una funcionaria que se encontraba en el lugar y luego entregadas a la Fiscalía de Junín de los Andes y a autoridades del Ministerio de Seguridad de Neuquén. Si bien no trascendió el registro completo, algunas capturas fueron difundidas por LM Neuquén.
En una de ellas se observa a Díaz con un cuchillo en la mano, mientras que frente a él aparece Raquel Fantini, pareja del actual intendente, que se interpuso entre ambos.
Según relató Infante, la mujer intervino para evitar que Díaz lo atacara con el arma blanca. El intendente aseguró que, durante la discusión, su antecesor lo había amenazado de muerte y que en un momento sacó el cuchillo que llevaba en la cintura. “Si estiraba el brazo me apuñalaba”, sostuvo Infante al describir la escena.
La confrontación había comenzado minutos antes y se extendió durante unos 20 minutos, entre gritos, insultos, amenazas y empujones. De acuerdo con el relato del intendente, Díaz le dijo: “Hijo de p…, te voy a matar, me tenés podrido”.
Qué dijo el ex jefe comunal sobre el video
Después de que el episodio se hiciera público, Díaz dio su propia versión de lo ocurrido y cuestionó la interpretación de las imágenes.
El ex jefe comunal aseguró que había llegado al lugar “con buenas intenciones” y negó haber intentado atacar a Infante. “Si hubiera querido pegarle, me llevo a otro”, afirmó.
También sostuvo que fue Infante quien comenzó la agresión y remarcó que tiene una discapacidad motriz. “Tengo una debilidad en las piernas por una enfermedad de hace muchos años, toda la gente lo sabe. Gracias a Dios le aguanté los tirones”, aseguró.
Díaz también puso el foco en lo que, según él, ocurrió antes de que apareciera el cuchillo en las imágenes. “La mujer le pasó algo a él, no pude ver bien si era tijera, cuchillo o tenedor, pero tenían una herramienta”, sostuvo.
Según su relato, fue entonces cuando tomó el cuchillo que llevaba consigo. “No lo amenacé de muerte, usé un verijero (cuchillo de campo) para defenderme”, afirmó.
Sobre el registro que ahora analiza la Justicia, fue tajante: “No le tengo miedo a ese video. Ahí se va a ver que digo la verdad y que ellos me atacaron primero. Seguro lo grabaron después para decir que yo los ataqué”.
El video que analiza la Justicia
La Fiscalía de la IV Circunscripción quedó a cargo de la investigación para determinar cómo se inició la pelea y qué ocurrió durante los minutos que quedaron registrados.
El material audiovisual será una de las pruebas principales para reconstruir el enfrentamiento y establecer qué sucedió antes y después de que Díaz sacara el cuchillo.
La Cámara Federal de Casación sugirió que, debido a sus problemas de salud, se le otorgue el arresto domiciliario a Fabián Rossi, el exmarido de la actriz Iliana Calabró, condenado junto al empresario Lázaro Báez por la causa de la “ruta del dinero K”.
Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Javier Carbajo y Mariano Borinsky, con la disidencia de Gustavo Hornos, anularon el fallo del tribunal oral que había rechazado otorgarle a Rossi ese beneficio y mandaron a dictar una nueva sentencia.
El tribunal hizo lugar, por mayoría, al recurso de la defensa de Rossi en contra del rechazo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4, que desestimó el pedido del condenado a cumplir su pena en prisión domiciliaria.
La defensa de Rossi, que cumple una condena de 4 años y 6 meses de prisión por lavado de activos, solicitó que se le conceda la prisión domiciliaria por sus problemas de salud. Dijo que el establecimiento penitenciario tiene dificultades para garantizar el tratamiento y la rehabilitación que requiere.
Entre las patologías y afecciones que presenta se encuentran diabetes, hipertensión, gastritis ulcerosa, antecedentes de cáncer de piel, una pérdida de 20 kilos de peso y un deterioro crónico de la pierna como consecuencia de una cirugía del tendón de Aquiles, con pérdida de masa muscular y necesidad de tratamiento kinesiológico.
El juez Borinsky sostuvo en su voto que, por su estado de salud, correspondía conceder directamente la prisión domiciliaria a Rossi. Recordó que tiene 62 años y enumeró sus dolencias. Borinsky ya había sostenido esa posición en su intervención del 27 de marzo de 2026.
Ahora, insistió con la idea de conceder la prisión domiciliaria, pero terminó conformando la mayoría con el juez Carbajo y adhirió a su voto “ante la necesidad de adoptar una solución que privilegiara la interpretación más favorable a los derechos de la persona frente al poder estatal”.
En cambio, Hornos votó por rechazar el recurso de la defensa, al considerar que las necesidades médicas de Rossi podían ser atendidas durante el cumplimiento de la pena.
Corrupción,Conforme a
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Presupuesto 2027: fuerte suba del gasto en ciberseguridad, recortes en organismos técnicos y suspensión del fondo anticíclico
Más allá de las proyecciones de crecimiento, inflación y superávit fiscal, el proyecto de ley de presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso contiene una serie de decisiones que permiten reconstruir cuáles serán sus prioridades para el próximo año: una fuerte expansión de los recursos destinados a ciberseguridad y al Ministerio de Desregulación convive con recortes en organismos técnicos como el INTA, el INTI y la CONAE y cambios sensibles en materia social.
Una de las decisiones que ya generó una fuerte controversia es la propuesta de derogar artículos centrales de la ley de emergencia en discapacidad, retornar a un sistema de pensiones por invalidez laboral y desregular el nomenclador de prestaciones del sector. El Poder Ejecutivo también propone eliminar el régimen de actualización automática de las asignaciones familiares y eliminar los aumentos automáticos de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Pero la iniciativa introduce, además, cambios que van más allá del reparto de partidas. Uno de ellos es la suspensión durante 2027 de los aportes al Fondo Anticíclico Fiscal, creado para que el Estado ahorre recursos en períodos favorables y disponga de una reserva ante eventuales crisis o caídas de la recaudación.
La decisión cobra relevancia porque el propio Gobierno proyecta nuevamente cuentas fiscales positivas para el próximo año. Es decir, aun en un escenario en el que prevé recaudar más de lo que gasta, propone no destinar recursos a ese fondo de reserva durante 2027.
Cabe destacar que esto no es propio del gobierno libertario sino que es algo que se replicó en otras administraciones, tanto radicales como peronistas.
El Fondo Anticíclico fue concebido como un mecanismo para amortiguar los altibajos de la economía: acumular recursos cuando las cuentas públicas lo permiten para poder utilizarlos frente a un deterioro posterior de la actividad o de los ingresos del Estado.
Ciberseguridad
El reparto de las partidas permite observar un marcado contraste entre distintas áreas del Estado. Una de las mayores variaciones porcentuales aparece en los recursos destinados al Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), cuya partida aumenta un 697,9% respecto de 2026.
Su presupuesto pasa de $405 millones en 2026 a $3231 millones en 2027.
El salto debe leerse, sin embargo, teniendo en cuenta la reciente puesta en marcha del organismo -en febrero de este año- y la ampliación de sus funciones. Para 2027, el área prevé avanzar en la infraestructura destinada a prevenir, detectar y responder a ataques informáticos y proteger sistemas y activos digitales considerados estratégicos.
La CNC funciona en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que depende del jefe de Gabinete de Minstros, Diego Santilli. Está a cargo de Ariel Waissbein -doctor en ciencias matemáticas- desde febrero de este año. Previamente, Waissbein se había desempeñado como director de ciberseguridad en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), área bajo el comando del asesor Santiago Caputo.
El incremento contrasta con lo previsto para distintos organismos técnicos. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) pasará de $360.124 millones en 2026 a $315.538 millones en 2027: una reducción nominal del 12,4%, incluso antes de descontar el efecto de la inflación.
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) sufrirá una caída nominal del 6,6%, de $207.968 millones a $194.169 millones, mientras que el presupuesto del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se reducirá 5,2%, de $91.070 millones a $86.358 millones.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en tanto, prácticamente mantendrá congelados sus recursos en términos nominales: pasará de $297.784 millones a $298.526 millones, una suba de apenas 0,2%. Frente a la inflación prevista por el propio Gobierno, eso implica una reducción en términos reales.
El impacto de la reforma laboral
El Presupuesto también refleja el impacto sobre la seguridad social de la reforma laboral aprobada este año.
Habrá una baja en los recursos de la seguridad social por la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) a partir de noviembre, un esquema de ahorro creado para financiar el pago de indemnizaciones por despidos y otras obligaciones derivadas de la finalización de los contratos de trabajo.
Para financiarlo, una parte de las contribuciones patronales que hasta ahora se destinaban al sistema de seguridad social dejará de ingresar a esos subsistemas y será derivada al FAL. La quita será equivalente al 1% de las remuneraciones para las grandes empresas y al 2,5% para las MiPyMEs.
Esos recursos dejarán de financiar distintos componentes de la seguridad social, entre ellos el sistema jubilatorio, las asignaciones familiares, el PAMI y el Fondo Nacional de Empleo, y pasarán a integrar cuentas destinadas a afrontar futuras indemnizaciones laborales.
El impacto ya aparece en las proyecciones para 2027. Aunque la recaudación por aportes y contribuciones a la seguridad social aumentará en pesos, perderá peso respecto del tamaño de la economía: pasará de representar el 5,26% del PBI en 2026 al 5,07% el próximo año.
El propio Presupuesto advierte que la comparación interanual se verá afectada negativamente por la puesta en marcha del FAL.
Desregulación
En sentido contrario, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tendrá un incremento nominal del 44,6%: su presupuesto pasará de $27.485,9 millones este año a $39.752,6 millones en 2027.
El aumento resulta particularmente llamativo por la función que cumple la cartera conducida por Federico Sturzenegger, encargada de impulsar la reducción y reorganización de estructuras estatales, la eliminación de regulaciones y la simplificación de trámites.
Buena parte de los recursos previstos para 2027 se concentra, sin embargo, en funciones vinculadas con la administración y transformación del propio Estado. El programa de Planificación Estratégica y Desarrollo de Recursos Humanos contará con $21.825 millones, mientras que otros $8.463 millones serán destinados a Transformación del Estado y Función Pública. La partida específica para Desregulación y Simplificación Normativa será considerablemente menor: $1.507 millones.
También aparece entre las partidas en alza el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), dependiente de la Jefatura de Gabinete, cuyo presupuesto crecerá 35,7% en términos nominales, de $65.668 millones a $89.100 millones.
Fondos fiduciarios
El presupuesto también consolida el proceso de disolución y liquidación de una serie de fondos fiduciarios que financiaban políticas públicas en áreas muy diferentes.
La lista incluye al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), destinado a obras en barrios populares; el Fondo Nacional del Manejo del Fuego; fondos destinados a la promoción científica y tecnológica; el Fondo para el Desarrollo Productivo (FONDEP); el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y el Procrear.
También aparecen el Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Nacional para el Desarrollo de Actividades Ganaderas (FONGAN) y el Fondo para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, entre otros.
Las grandes variables
El proyecto prevé un crecimiento del PBI del 4%, una inflación promedio del 21,1% y un incremento del salario promedio del 25,4%.
Además, vuelve a proyectar un resultado fiscal positivo, exportaciones por más de US$130.000 millones y un balance comercial de bienes y servicios favorable superior a US$15.000 millones.
El tipo de cambio promedio contemplado para el año es de $1728.
Entre las planillas aparecen, además, otros datos que anticipan debates durante el tratamiento legislativo.
El costo fiscal estimado del régimen promocional de Tierra del Fuego será equivalente al 0,13% del PBI, mientras que las exenciones vinculadas con el impuesto a las Ganancias del Poder Judicial representarían alrededor del 0,14%.
El proyecto comenzará ahora su recorrido por el Congreso, donde el oficialismo deberá defenderlo en la Comisión de Presupuesto, que preside el libertario Alberto Benegas Lynch. Su debate comenzará en la primera semana de octubre con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, según confirmaron fuentes oficiales a .
Se prevé que también asistan al Congreso otros funcionarios para defender los principales lineamientos de la iniciativa y que, posteriormente, cada área del Gobierno acuda a explicar las partidas bajo su órbita.
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