Ante el despido de un centenar de empleados, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ocupó la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en el barrio porteño de Núñez, y reclamó la reincorporación de los cesanteados. La protesta motivó el ingreso de efectivos de la Gendarmería nacional para desactivar, la toma de la sede del organismo, lo que derivó en incidentes.

El gremio, que conduce el dirigente Roberto Aguiar, calificó la situación como “muy grave” y denunció una “brutal represión” por parte de las fuerzas federales. “Exigimos respuestas y vamos a profundizar nuestras medidas de acción directa”, desafió Aguiar, en medio del conflicto, que se concentró en la sede de Avenida del Libertador 8250.

Unos 90 efectivos de la Gendarmería participaron del operativo, que en una hora desactivó la protesta. Fuentes de la fuerza de seguridad explicaron a que “se realizó un cordón de seguridad para garantizar el retiro de las autoridades que se encontraban en el segundo piso del edificio, en medio de una “acción hostil de manifestantes que se encontraban en el lugar”.

La presencia de los gendarmes dio lugar a forcejeos y escenas de tensión, que provocaron lesiones a un gendarme, según informaron en la fuerza de seguridad. Se indicó que los momentos de tensión se desarrollaron a lo largo de una hora y que la situación en la sede del organismo ya se normalizó.

La tensa situación suscitó la reacción de organizaciones de izquierda. La dfiputada nacional Myriam Bergman (Frernte de Izquierda) relató las alternativas del conflicto en la red social X y, tras deplorar el ingreso de la Gendarmería en la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica, advirtió que “las autoridades están atrincheradas, mientras los trabajadores reclaman contra los despidos”.

La comisión gremial interna denunció que el personal despedido constituye el 20% del personal contratado, a quienes se les comunicó la decisión de rescindir sus contratos. Los afectados cumplirían funciones en distintas áreas, desde tecnología nuclear y laboratorios químicos hasta funciones administrativas. Algunas fuentes indicaban que el plantel de contratados asciende a unas 400 personas. “La gente se fue enterando que se queda sin trabajo con un día de anticipación”, declaró Martín Iofrida, secretario general de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

El presidente de la CNEA es el ingeniero Martín Eduardo Porro, quien asumió a mediados de diciembre último, cuando sucedió al ingeniero Germán Guido Lavalle. Lleva 30 años de experiencia en el sector y, según se desdtacó al anunciarse su designación, lideró proyectos vinculados con la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de diversas instalaciones nucleares.

La diputada nacional Adriana Serquis (Unión por la Patria), expresidenta del organismo, rechazó el ingreso de la Gendarmería a la sede de la CNEA y la reducción de las políticas de desarrollo científico. Recordó que “hace menos de un mes la Secretaría de Asuntos Nucleares presentó los lineamientos de la política nuclear para 2026, entre cuyos objetivos ocupaban un lugar preponderante las exportaciones nucleares de alto valor agregado y la preservación de la capacidad tecnológica nacional.

Tres días después de la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y a horas de su reemplazo formal por Diego Santilli, el gobierno de Javier Milei informó que iniciará una investigación interna para precisar y determinar los pagos y compras que Adorni habría hecho a través de distintos empleados que se desempeñaron a sus órdenes.

“Va a haber una investigación de oficio para averiguar qué pasó”, afirmó a una alta fuente del Gobierno, en relación a esas compras, varias de las cuales ya están incorporadas a la causa judicial contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

“Por supuesto, estamos apenas llegando, ¿no?, pero por supuesto todas estas cosas se están evaluando, se están analizando y demás”, contestó el flamante vocero presidencial Adrián Ravier, en su primera conferencia de prensa con preguntas, este mediodía, en la Casa Rosada.

Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, declaró ayer ante la Justicia que le prestó a Adorni su tarjeta de crédito y que él la usó para comprarse un monitor para videojuegos. Explicó que, luego, el exfuncionario le devolvió el dinero en efectivo, unos $2,2 millones. Además, Schiuma contó en la causa que quedó registrado un intento frustrado del funcionario de adquirir un Smart TV y otros objetos. Esas compras, contó, fueron rechazadas.

Adorni también recurrió a tarjetas ajenas -de otro funcionario- para adquirir dos proyectores que le costaron $1.831.795 cada uno. El dueño de esas tarjetas es Luis Enrique Aluju, que al momento de la compra era coordinador de Información de Gobierno. Y hubo una tercera funcionaria que facturó con su nombre una compra para Adorni de más de $8 millones en una tienda que vende artículos como sábanas, toallas, fundas, acolchados y cubrecamas. Se trata de Gisela Kocsis, empleada de planta y secretaria del jefe de gabinete desde noviembre del año pasado.

Al momento de esas compras, Adorni tenía un sueldo mensual de 3,5 millones de pesos.

Nadie descarta que, en el transcurso de los días que vienen, aparezcan otras operaciones de compras realizadas por empleados cercanos (y no tanto) a Adorni.

Cerca de Santilli, que jurará esta tarde como jefe de gabinete, aseguran que está “en estudio” remover de sus puestos a varios de los secretarios que respondían a Adorni en el organigrama de la jefatura de gabinete. En especial, se analizan los casos de la coordinadora de Asuntos Legales, María Guadalupe Triviño Suárez, y la jefa de la unidad gabinete de asesores, Aimé Vázquez, parte de la delegación que acompañó al Presidente al Argentina Week de Nueva York.

También están bajo evaluación los reemplazos para la mayoría de las seis secretarías, una de las cuales ya tiene dueño: el vocero Fabián Fernández, con pasado en Pro y que ya cumple funciones como secretario de Prensa, en reemplazo de Javier Lanari, el funcionario que en abril cumplió la orden de cerrar la sala de periodistas de la Casa Rosada.

Tanto Kocsis como Aluju y Schiuma, que cumple funciones en las oficinas de la exSomisa, adoptaron un bajo perfil desde que sus nombres comenzaron a ser asociados, y prácticamente “desaparecieron” de sus lugares habituales de trabajo, según fuentes que trajinan los pasillos de la Casa Rosada.

En Balcarce 50, según pudo saber , hay una inquietante certeza: aparecerán, más temprano que tarde, casos similares de empleados que, a solicitud del ya exjefe de Gabinete, realizaron compras y trámites, sin poder negarse por la diferencia de rangos entre ambos y la posibilidad de perder sus empleos.