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Así es por dentro la cárcel donde están Julio De Vido y empresarios detenidos por los cuadernos de las coimas

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Al igual que el penal de Ezeiza, el Complejo Penitenciario Federal II, conocido como la cárcel de Marcos Paz , también vio alterada su rutina en el último año. Es que allí fueron a parar varios de los presos de las más recientes y resonantes causas por corrupción . El predio cuenta con 120 hectáreas y fue habilitado en 1999. Tiene capacidad para 1766 internos, pero actualmente su población es de alrededor de 2400.

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Dentro del módulo 3 de este complejo se encuentran detenidos seis empresarios relacionados con la causa de los cuadernos de las coimas: Gerardo Ferreyra, y Jorge Neira, directivos de Electroingeniería; Claudio Javier Glazman, empresario inmobiliario; Armando Loson, presidente de Albanesi constructora; Carlos Mundin, de BTU SA; Sergio Toselli, ex concecionario de trenes y Néstor Otero, concesionario de la estación de ómnibus de Retiro. En otro pabellón, en tanto, se encuentran detenidos el ex ministro de planificación Julio De Vido , su cuñado Claudio Miniccelli y el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares.

Toda esta área funciona bajo el Sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC), un programa implementado por el Ministerio de la Justicia de la nación y el Servicio Penitenciario Federal en 2016, especialmente para los procesados por causas de corrupción.

Ricardo Pristupluk –

LA NACIÓN accedió a uno de los sectores de la prisión donde pasan sus días los empresarios detenidos mencionados en primer término. Para llegar al lugar hay que atravesar dos puertas con el sistema de exclusas. El lugar consta de un salón de usos múltiples (SUM), una cocina, un patio, un salón de duchas y 14 celdas individuales. Los internos fueron trasladados a otro sector para realizar una actividad, por lo que la zona estuvo vacía durante todo el recorrido. De todos modos, la única televisión que hay en el salón estaba prendida, transmitiendo el noticiero.

Los detenidos en este pabellón, 13 en total, son de baja conflictividad. Según aseguran fuentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), ellos son en general personas mayores, dóciles, y se adaptan a las normas. Como todos los demás presos de Marcos Paz, pueden salir de sus celdas a las 8 de la mañana para compartir actividades y ambientes con sus compañeros de pabellón. A las 22, en tanto, deben las celdas se cierran hasta el día siguiente.

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Ricardo Pristupluk –

Cada preso tiene designada una «celda húmeda», ya que posee dentro un lavabo y un inodoro. . Cada uno de estos espacios de 4 x 2,50 metros se completa con una cama, un banquito, un escritorio fijo y una biblioteca empotrada. Las celdas tiene también una pequeña ventana de rejas verdes.

El salón principal del pabellón, en tanto, tiene como mobiliario apenas algunas sillas y mesas de plástico. Sobre un costado hay dos heladeras, también dos teléfonos fijos – la única manera de comunicarse con el exterior – y en los rincones se acumulan botellas de plástico de agua y paquetes de papel higiénico. También algún diario viejo.

Ricardo Pristupluk –

El salón huele a limpiador artificial fuerte mezclado con un incienso, prendido por alguno de los internos antes de partir a su actividad. Son los propios presos los que se ocupan del aseo del lugar y de lavar sus utensilios después de cada comida.

A propósito de la comida, los reclusos a causa de los cuadernos reciben cuatro viandas por día. Algunos siguen dietas adecuadas a prescripciones médicas, por ejemplo: hipocalóricas y sin grasas. Se sirven sopas de verduras, tortillas, ensaladas, vegetales, arroz y frutas frescas. Es que algunos internos tienen patologías que requieren dietas específicas, como en el caso de De Vido que es diabético.

Ricardo Pristupluk –

La actitud de estos internos en general es reflexiva, aseguran en el SPF. A muchos les gusta leer y se ocupan también de concentrarse en las causas en las que están comprometidos. Suelen, además, retirar libros de la biblioteca de la prisión.

Según informan en el penal, estos reclusos se llevan bien entre ellos y pasan parte del día en el patio, especialmente los fumadores, que son la mayoría. Son también grandes consumidores de mate. Para matar el tiempo juegan al ajedrez y a otros juegos de mesa, excepto a las cartas, que están prohibidas por razones de seguridad.

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No miran fútbol por televisión porque no cuentan con el servicio pago. Tienen el sistema de Televisión Digital Abierta (TDA), con un número reducido de canales. Para entretenerse, acuden al DVD. Sobre una de las mesas, hay una pila de copias de películas y series: La casa de papel es la primera que se ve.

Ricardo Pristupluk –

Los presos en este sector están constantemente vigilados por numerosas cámaras dispuestas en los lugares comunes del pabellón, y los guardias del sistema IRIC están especialmente capacitados para tratar con este tipo de reclusos.

La cocina está al fondo del SUM, equipada con un freezer, dos microondas, una pileta y varias estanterías saturadas de alimentos de todo tipo: fideos, pan lactal, galletitas, huevos, yerba. Debajo de la mesada, hay una caja de cartón llena de frutas.

Finalmente, el patio del pabellón es un espacio bastante frecuentado por los internos del sistema IRIC. Las paredes son altas y coronadas de alambres de púas. En un rincón, tres o cuatro bidones llenos de líquido y atados todos a un palo de escoba, funcionan a modo de pesa, para que los internos puedan ejercitarse.

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El sistema IRIC

El IRIC es un sistema especial que aplica el SPF para los detenidos por casos de corrupción, tanto en un área del penal de Ezeiza como en los pabellones de Marcos Paz en donde están detenidos exfuncionarios y empresarios.

  • La normativa penitenciaria considera internos admisibles bajo este sistema a «aquellos que reúnan dos o más de las siguientes características»:
  • Alto poder económico o adquisitivo
  • Vinculación destacada con grupos de criminalidad organizada nacional o trasnacional
  • Internos procesados o condenados por delitos de corrupción, de criminalidad económica o de crimen organizado y crimen organizado trasnacional (lavado de activos, cohecho, tráfico de influencia, entre otros)
  • Capacidad fundada de influir o infiltrarse en las altas esferas gubernamentales o de poder político
  • Capacidad de corromper o de influir, a través de dinero o recurso a la intimidación o violencia, en el desempeño del personal
  • Personas privadas de su libertad que fueran funcionarios públicos al momento de su detención o que lo hayan sido con anterioridad, siempre que hayan tenido acceso a altos niveles de gobierno

El personal penitenciario que trabaja en las áreas donde están alojados los internos bajo el sistema IRIC está especialmente capacitado para tal fin, explicaron fuentes del SPF.

Estos agentes se forman con el Programa de Capacitación Intensivo de Prevención de la Corrupción. El objetivo es instruirlos sobre la problemática de la corrupción, «adoptando una actitud proactiva, a través de la incorporación de herramientas conceptuales y de responsabilidad que detentan como funcionarios públicos, reforzando su compromiso y actitud ética».

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Algunos de los contenidos de este programa son: moral y ética; lucha contra la corrupción; corrupción en el sistema de justicia criminal y en el ámbito penitenciario; los riesgos derivados del alto poder económico y del crimen organizado; la importancia de la lucha contra la corrupción; buenas prácticas de prevención y lucha contra la corrupción en contextos de encierro, entre otras temáticas relacionadas.



Sol Amaya,Germán Wille,LA NACION,Política

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El Gobierno autorizó una licitación por $7638 millones para obras en la Base Naval Integrada de Ushuaia

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El Gobierno autorizó este martes una licitación pública por $7638 millones para realizar obras en la Base Naval Integrada de Ushuaia, Tierra del Fuego, anunciadas en septiembre en medio de la tensión con el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas.

La medida fue oficializada por el Ministerio de Defensa mediante la Resolución 733/2026, publicada en el Boletín Oficial.

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La construcción, que contempla galpones modulares y obras complementarias, tendrá un presupuesto oficial de $7.638.061.962 y un plazo de ejecución de 548 días corridos. La contratación se realizará bajo el sistema de ajuste alzado, una modalidad en la que se establece un precio global para la ejecución de los trabajos de acuerdo con las condiciones del contrato.

El Gobierno autorizó una licitación por $7638 millones para hacer realizar la Base Naval Integrada de UshuaiaCRISTIAN URRUTIA – AFP

La resolución, firmada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, autoriza el llamado a la Licitación Pública Nacional y encomienda a la Unidad Operativa de Contrataciones de la Armada Argentina la realización de los trámites necesarios para convocar a las empresas interesadas a través del sistema electrónico CONTRAT.AR.

Según los fundamentos de la medida, la iniciativa fue impulsada por la Dirección General del Material de la Armada y cuenta con intervención de las áreas de proyectos, inversión pública y administración financiera de la fuerza.

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El gasto está vinculado al Proyecto N°12, registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Pública con el número 100.426, denominado “Construcción de un muelle, infraestructuras conexas y adquisición de maquinarias y equipos en punta oriental de la península de Ushuaia”.

Base Naval Integrada en Ushuaia@JorgeTaiana

La Armada dejó constancia de que cuenta con crédito presupuestario para iniciar el procedimiento durante este año. A su vez, la resolución señala que se encontraba en proceso de incorporación al proyecto de Presupuesto 2027 la autorización para afrontar los gastos de inversión correspondientes a los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

La norma establece además que la Dirección General del Material de la Armada estará a cargo de la dirección de obra, mientras que la Jefatura de Infraestructura de la Armada deberá controlar la inspección técnica de los trabajos.

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La resolución no establece una fecha concreta para la apertura de las ofertas. Prevista para finalizar en 2029, el costo total de la obra ascendería a US$500 millones.

La primera etapa comenzará a principios de 2027 y, según definieron fuentes oficiales a , “en 18 meses esté construido el 40% del muelle, con servicios como para estar, en una primera etapa, en capacidad de recibir en los primeros 240 metros de muelle las lanchas de la División de Patrullado Austral que son orgánicas del Área Naval Austral y que hoy amarran en el muelle auxiliar, frente a la Base Naval en el centro de la ciudad”.

Con el avance del proyecto se realizará un edificio de servicios marítimos que dará suministros a la operatividad del muelle, y la urbanización del predio, que prevé llevar todos los servicios (agua, luz, gas, conectividad) hacia una zona que hoy no los tiene.

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Estancamiento

Pensada como un centro logístico en la península de la capital fueguina para dar apoyo a programas antárticos -buques científicos, comerciales y militares que operan hacia la Antártida-, la iniciativa comenzó a tomar forma pública durante la gestión de Alberto Fernández, cuando se la asoció al desarrollo del Polo Logístico Antártico, una obra que arrancó en 2022.

Recorrida por la Base Naval Integrada en Ushuaia | Sol Augusti, colaboradora de LN

Desde entonces, se estancó y no tuvo avances significativos. Si bien las tareas nunca se frenaron, la evolución de la construcción dependía de que el gobierno nacional amplíe los fondos destinados al proyecto.

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En septiembre, el canciller Pablo Quirno anticipó que el presidente Javier Milei preparaba “una decisión administrativa” con el objetivo de reforzar las partidas del Ministerio de Defensa orientadas a la base integrada.

La construcción del centro operativo en Tierra del Fuego está a cargo de la empresa Tandanor, uno de los principales astilleros del país y referente en la región en materia de reparación y construcción de embarcaciones.

El Presidente retomó el proyecto de la base naval en el marco de la disputa por la explotación petrolera del yacimiento Sea Lion en Malvinas. Milei sostuvo en cadena nacional que la obra convertirá al país en “el polo logístico más importante del Atlántico Sur” y será “fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”.

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El pedido de EE.UU. para que disuelvan un comité clave por Malvinas en la ONU marca la primera diferencia diplomática entre Milei y Trump

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El pedido de Estados Unidos para disolver el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas golpea de lleno el ámbito elegido por la Argentina desde 1988 para llevar adelante el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Durante estas casi cuatro décadas, la Argentina priorizó sostener el reclamo ante este comité y no plantear la discusión en el pleno de Asamblea General de la ONU por las negociaciones que se llevaron adelante con el Reino Unido al momento de retomar las relaciones bilaterales en 1990.

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Los sucesivos gobiernos argentinos participaron sin titubeos ante cada reunión del Comité de Descolonización por entender que es el ámbito correcto para lograr que Londres acceda a sentarse a una mesa de conversación formal. Para la ONU hay 17 Territorios No Autónomos -no utiliza la palabra “ocupados”-, de los cuales 10 están administrados por el Reino Unido.

Es por eso que Londres no dudaría, como ya hizo en el pasado, en impulsar y acompañar cualquier proyecto que busque ponerle fin a un Comité que le es incómodo y esquivo. El propio canciller Pablo Quirno usó ese mismo escenario en junio de este año para denunciar la “militarización” británica y la “explotación unilateral de los recursos naturales” en el archipiélago.

El Comité se encuentra dentro de la Cuarta Comisión de la Asamblea General -una de las seis que existen en la ONU- y es donde se tratan los temas de Política Especial y de Descolonización. Estados Unidos pretende paralizar su funcionamiento mediante una férrea posición pública en contra del rol que realmente tiene el comité a la hora de resolver las disputas en esta materia.

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Pablo Quirno recibirá este jueves a Christopher Landau en Buenos Aires. REUTERS/Enea Lebrun

Según el documento oficial de la ONU, la representante estadounidense, Tammy Bruce, pidió que se ponga fin al mandato del organismo al sostener que “sobrevivió a su propósito original” y consideró que algunas de sus actividades son “un despilfarro de recursos”. Según la funcionaria, el comité “actúa como si nada hubiera cambiado” y vuelve a examinar los mismos textos todos los años, aunque más de 80 antiguas colonias ya se incorporaron a Naciones Unidas como Estados miembros.

La Argentina no acompañará este pedido y, con cautela por la cercanía ideológica y política que Javier Milei tiene con Trump, buscará tomar distancia de la posición norteamericana.

Hay expectativa de que en los próximos días, cuando reciba a Christopher Landau, el número dos de Marco Rubio en el Departamento de Estado, Quirno le transmita la disconformidad de la Argentina.

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En concreto, según pudo relevar TN, es prácticamente imposible que el comité se disuelva. Es la Asamblea General la que no debe renovar el mandato anual y, para eso, Estados Unidos tendría que alcanzar una mayoría simple en contra.

En esta instancia no se puede aplicar el veto con el que cuentan los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y es una tradición histórica de países africanos y del Caribe sostener el Comité. A sabiendas de esta situación, Washington podría preferir criticarlo y buscar que quede sin margen de acción.

En ese contexto, la declaración de Estados Unidos es una reafirmación de las reiteradas críticas que Donald Trump viene lanzando sobre la burocracia del organismo y la falta de resultados ante los principales conflictos que vive el mundo en la actualidad.

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La Casa Rosada le restó importancia al pedido de EE.UU. de disolver el comité de la ONU que trata el reclamo por Malvinas

La propuesta de la Casa Blanca expone una diferencia central con la Argentina, la primera importante en el ámbito de la ONU. Hasta ahora, las representaciones argentinas había acompañado cada una de las posiciones de los Estados Unidos ante las votaciones que se dieron desde la llegada de Trump.

La Cancillería recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Malvinas (Foto: AFP/Pablo Prociuncula Brune).
La Cancillería recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Malvinas (Foto: AFP/Pablo Prociuncula Brune).

Ante la consulta de este medio a distintos representantes diplomáticos, muchos coincidieron en que esta posición de la Casa Blanca viene a reafirmar la hipótesis de que Donald Trump está utilizando la amenaza sobre la neutralidad frente al conflicto por las Islas Malvinas como una carta de negociación con Londres.

Si bien hubo distintos gestos pequeños desde que el propio presidente norteamericano dijera en el Salón Oval que podría revisar la histórica posición de neutralidad de los Estados Unidos, la relación con el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, pareció encauzarse tras el encuentro bilateral que mantuvieron en el marco de la Apertura de la Asamblea General de la ONU.

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Sería también un error ver este pedido de disolución del Comité como un gesto de respaldo de Washington a Londres. Se enmarca en una visión mucho más general de la Casa Blanca sobre el rol de los organismos, una mirada que excede la situación de Malvinas.

La discusión sobre el rol del Comité de Descolonización llega en medio de la escalada con Londres por el proyecto petrolero Sea Lion. Para frenar la explotación de recursos en las islas, el Gobierno pidió la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar y mandó al Congreso un proyecto de Ley de Soberanía que prevé sanciones para las empresas vinculadas con la actividad petrolera en la zona.

Javier Milei, Donald Trump, Islas Malvinas

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Aciertos y deudas del gobierno de Milei: la desaprobación llega al 60% mientras crece la incertidumbre electoral, según una encuesta

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A tres años de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, y a tan solo unos meses para que comience la carrera electoral que pondrá a prueba la gestión libertaria, las principales consultoras comenzaron a analizar la situación política y muestran no solo cuál es la visión de la sociedad respecto del oficialismo, sino también cuáles continúan siendo los reclamos y preocupaciones.

Tal es el caso de la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), que realiza periódicamente el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés (UdeSA).

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En octubre, este estudio reveló que el 67% de las personas consultadas rechaza “la marcha general” del país, mientras que solamente el 30% se mostró satisfecha. Pese al balance negativo, las cifras son mejores que las que tuvieron Mauricio Macri y Alberto Fernández a esta misma altura de sus respectivos mandatos.

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El trabajo fue elaborado sobre una base de 1.000 encuestados, todos mayores de edad y de diferentes regiones argentinas, los cuales fueron relevados entre el 5 y el 13 de este mes y respondieron preguntas sobre la situación económica personal y algunas de las políticas públicas.

En lo que respecta estrictamente al desempeño del Gobierno, los niveles de aprobación y desaprobación se mantienen sin cambios significativos respecto del mes anterior, del 36% y el 60%, respectivamente, respectivamente.

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Sobre este punto, el respaldo para el jefe de Estado es exactamente igual al que tenía Macri en el mismo momento de su mandato y superior al registrado por Alberto Fernández para esta etapa.

Si se discrimina el dato por el género del encuestado, se descubre que los hombres registraron una aprobación de la actual gestión nacional del 38%, cinco puntos por encima de las mujeres.

Por nivel socioeconómico, en tanto, los números más altos a favor del Gobierno se registraron entre quienes integran la clase alta y la media baja, con 41% en ambos casos, mientras que el peor resultado se dio en el sector de menores ingresos, con apenas el 29% de aprobación.

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El respaldo también mantuvo una fuerte relación con la identificación ideológica y el voto anterior: en el electorado de Milei, el 74% aprobó al Gobierno, al igual que el 65% de los que acompañaron en 2023 a Patricia Bullrich y el 20% de los que votaron la boleta de Juan Schiaretti. Ese apoyo baja drásticamente en los votantes de Sergio Massa y de otros candidatos en los últimos comicios presidenciales.

Por edad, los mayores de 60 años fueron el grupo con mayor aprobación, con 44%. Los siguieron los menores de 27 años, con 39%. Entre los millennials, en cambio, alcanzó el 30% y fue el segmento que peor lo evaluó.

La situación económica e imagen de los dirigentes

Por otra parte, el estudio señaló que el 56% considera que la situación del país empeoró durante el último año, frente a un 18% que percibió una mejora. A la hora de mirar hacia adelante, el 43% pronosticó un deterioro, mientras que solo el 29% espera una evolución favorable.

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La percepción sobre la economía personal fue incluso más negativa: el 52% afirmó que su situación empeoró en los últimos 12 meses y apenas el 14% dijo que mejoró.

Si se toma solamente a los votantes de Milei, el 42% dijo que la Argentina está mejor que en el 2025, el 32% aseguró que está igual y únicamente el 23% consideró que empeoró. El 61% de ellos confió que el país va a mejorar.

Por otro lado, el 54% de los encuestados aseguró que los ingresos de su hogar no alcanzan y, dentro de ese grupo, el 35% respondió que tuvo que usar ahorros o recortar gastos y el 19% señaló que debió endeudarse.

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Solo el 20% de los participantes del estudio manifestó que el dinero le alcanza bien y que tiene capacidad de ahorro, al tiempo que otro 21% indicó que puede cubrir los gastos mensuales, pero sin sobrantes.

En cuanto a la consideración de los políticos, Patricia Bullrich se ubicó primera, con el 36% de imagen positiva y el 54% de negativa, seguida por Javier Milei, Myriam Bregman, Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Jorge Macri y Victoria Villarruel. Todos, claro, tienen balance negativo en la valoración pública.

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Si se tiene en cuenta solamente a los que previamente dijeron aprobar el Gobierno, la lista la lidera el actual Presidente, con el 84% de imagen positiva, superando a la senadora y el alcalde porteño.

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Entre los integrantes del Gabinete, en tanto, el ranking lo encabeza el ministro coordinador Diego Santilli, seguido por la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el de Economía, Luis Caputo. En el último puesto está el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

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La Libertad Avanza y el peronismo, separados por dos puntos rumbo a 2027

De cara a las elecciones presidenciales en las que Milei buscará la reelección, la encuesta muestra que si fueran hoy, el 26% votaría a La Libertad Avanza y el 24% al peronismo, aunque otro 26% respondió que no sabe a quién apoyaría o prefirió no contestar.

El resto de las fuerzas aparece muy abajo en intención de voto: el Frente de Izquierda reúne 4%, mientras que el PRO y Provincias Unidas alcanzaron 3% cada uno. La UCR y los partidos provinciales están en el fondo de la tabla.

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La evolución desde junio exhibe un crecimiento de La Libertad Avanza hasta 26%, luego de ubicarse en torno de 24% en los meses previos. El peronismo osciló entre 23% y 26% y terminó en 24%. La indecisión, en tanto, se redujo desde un pico de 22% y se ubicó en 21%, sin contar el 5% que prefirió no responder.

Un dato que remarca la Universidad de San Andrés es que, entre quienes aprueban la gestión de Milei, el 66% elegiría a La Libertad Avanza, pero solamente el 39% de los que lo desaprueban se inclinan por el PJ.

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La fidelidad a los espacios también resulta desigual. El peronismo retiene 70% de los votantes de Massa de 2023. La Libertad Avanza conserva 64% de quienes eligieron a Milei, pero solo 41% de los votantes de Bullrich se inclina hoy por el oficialismo; 19% de ese grupo elegiría al PRO y 19% continúa indeciso.

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El Ejecutivo es el poder mejor evaluado, aunque también tiene imagen negativa

La valoración de los poderes del Estado muestra una insatisfacción extendida. El Poder Ejecutivo reúne 25% de satisfacción y 66% de insatisfacción. El Senado llega a 18% de valoración positiva, el Poder Judicial a 16% y la Cámara de Diputados también a 16%.

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El saldo más adverso corresponde a Diputados, con un diferencial de 60 puntos negativos, seguido por el Poder Judicial, con 58 puntos negativos. El Senado presenta un diferencial negativo de 55 puntos y el Ejecutivo, de 41.

Frente al mes anterior, el informe señala una suba de tres puntos en la satisfacción con el Senado y una mejora de dos puntos en el Ejecutivo. En contraste, cae la evaluación del Poder Judicial.

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Los problemas del país y las políticas que aprueba la sociedad

Por último, consultados sobre los principales problemas que atraviesa el país, la falta de trabajo apareció como la principal preocupación, mencionada por el 39% de las personas; seguidos por los bajos salarios, con 35%; la pobreza, con 31%, y la corrupción, con 30%.

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También figuran entre los problemas más mencionados la inseguridad, con 24%; los políticos, con 22%, y la inflación, con 19%.

En contraposición, las áreas con mejor evaluación fueron la política exterior y la de defensa, ambas con 34% de satisfacción, seguidas por la política energética, con 31%, y la de seguridad, con 30%.

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De todos modos, ninguna de esas áreas obtuvo un diferencial positivo, ya que los niveles de insatisfacción superaron a los de satisfacción en todos los casos.

Los resultados más críticos se concentraron en las políticas de obras públicas e infraestructura, salud y educación, con 72% de insatisfacción en cada caso. La política social acumuló un 68% de opiniones negativas y la científica, un 64%.

Entre las decisiones puntuales evaluadas, la única que obtuvo mayoría de acuerdo fue la inhabilitación de las empresas que operen en las islas Malvinas para extraer recursos en Vaca Muerta o adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sin aval argentino: el 53% se manifestó a favor y el 26%, en contra.

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El alineamiento geopolítico con Estados Unidos recogió un 32% de opiniones positivas y un 52% de rechazo. El respaldo diplomático a Israel en el conflicto de Medio Oriente tuvo 22% de acuerdo y 58% de desacuerdo.

La posibilidad de presencia militar o de inteligencia de Estados Unidos en puntos estratégicos obtuvo 22% de aceptación y 62% de rechazo. La desregulación de la Ley de Tierras fue la medida con peor resultado: el 18% se mostró de acuerdo y el 68% en desacuerdo.

La encuesta de la Universidad de San Andrés fue realizada sobre una muestra estratificada por región, edad y nivel socioeconómico, con datos ponderados según el voto de octubre de 2025. El estudio estima un intervalo de credibilidad de aproximadamente ± 3,15 puntos porcentuales para los resultados generales.

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