El diputado nacional Máximo Kirchner (Partido Justicialista) fue demorado en el puesto limítrofe de la localidad de Justo Daract, en el ingreso a la provincia de San Luis, por circular en un vehículo marca Honda que figuraba con pedido de secuestro en el marco de la causa Hotesur, en la que está procesado y próximo a ir a juicio. Debió aguardar a la vera de la ruta 7 más de dos horas, hasta que lo dejaron continuar viaje, a bordo del mismo vehículo, camino a San Juan, donde realizará actividades políticas.

Según consta en el primer parte de la Policía de San Luis difundido tras el hecho, al que accedió , pasadas las 14 de este miércoles, Kirchner fue demorado luego de que “se activara el Anillo Digital Federal por un pedido de secuestro emitido mediante un oficio judicial federal”.

El diputado viajaba por la ruta 7 a bordo de un Honda CR-V a su nombre, que figuraba en el oficio vinculado a la causa caratulada “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/Info. Art. 303 del CP”. Se dirigía a la provincia de San Juan, donde mañana tiene previstas actividades políticas junto al senador y exgobernador de esa provincia Sergio Uñac.

La policía provincial informó, horas más tarde, que el diputado pudo continuar su trayecto a bordo del vehículo. “Se pone en conocimiento que, por disposición de la Justicia Federal, personal policial de Justo Daract, dio cumplimiento al requerimiento solicitado por la Justicia Federal del vehículo demorado, otorgando el mismo en carácter de depositario judicial a su propietario, quien continuó su trayecto”, se indicó en el parte, que se difundió horas después del primer comunicado policial que daba cuenta de la demora en la ruta.

“El procedimiento se llevó a cabo a partir de una alerta recibida a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) debido a que San Luis forma parte del Anillo Federal de Seguridad, el cual depende del Ministerio de Seguridad de la Nación”, se completó en el parte policial

El líder de La Cámpora difundió un comunicado en el que explicó lo sucedido. “Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente, para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros. Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema, en la ciudad de Buenos Aires y autopistas bonaerenses. Recientemente lo hice cuando fuimos a La Rioja y a Mar del Plata. En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez [Julián] Ercolini, de Comodoro Py. También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que por supuesto dio negativo”, resumió el diputado.

“Como siempre hice, esperé a disposición de la policía provincial y de la Justicia para que aclaren el entuerto. Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje”, completó Kirchner.

“Mientras rematan el país, la policía, la Justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos. No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco. Mañana nos vemos en San Juan”, subrayó Máximo Kirchner.

Reino Unido rechazó el arbitraje internacional que pide la Argentina para frenar la explotación petrolera en las islas Malvinas y calificó la acción como un intento deliberado de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.

“El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, escribió la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.

Para la funcionaria británica, la decisión del país de iniciar un arbitraje constituye “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las Islas”.

Además, aseguró que las actividades relacionadas con hidrocarburos en el territorio están reguladas por la legislación británica de las Malvinas y que se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional”.

Por otro lado, indicó que esta semana el gobierno inglés le manifestó al canciller Pablo Quirno que “los esfuerzos por obstaculizar la actividad económica lícita en las Islas no constituyen actos de una relación internacional responsables”.

“Son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno. Este comportamiento plantea interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”, afirmó.

Asimismo, ratificó que Reino Unido continuará estando “codo a codo” con el gobierno inglés de Malvinas y con sus habitantes. “Defenderemos firmemente sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro. Como ha dejado claro el primer ministro, nuestro apoyo es inquebrantable”, cerró.

El arbitraje que pidió el Gobierno

Mediante un comunicado, el Gobierno anunció el pasado lunes el inicio de una gestión para comenzar un arbitraje con el objetivo de “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación”.

“La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina”, afirmó.

En su cuenta personal de X, Milei compartió el mensaje y aseguró que si en dos semanas Reino Unido no frenaba la explotación ilegítima, el país iba a recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, un órgano independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas.

Según su página oficial, el Tribunal está compuesto por 21 miembros “independientes”, elegidos entre personas de “reconocida reputación por su imparcialidad e integridad, y de competencia comprobada en el ámbito del derecho del mar” y cuenta con “jurisdicción sobre cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del convenio”.