POLITICA
AYSA en venta: la privatización más grande y con un puñado de conocidos en la pelea por el agua de 14 millones de argentinos

En estos últimos días hubo visitas a las plantas de Aguas y Saneamientos (AYSA). No hubo ni tantas como se esperaban ni tampoco tan variadas como algunos se ilusionaban. De hecho, cuando termine el tiempo que prevé el proceso en el que los grupos interesados pueden revisar y mirar a fondo las instalaciones, ya prácticamente será imposible que aparezca un nuevo grupo que presente una oferta para quedarse con la privatización más grande que tiene en marcha el Gobierno.
El 12 de agosto terminará el tiempo para la consulta de los pliegos y 15 días después se presentarán las ofertas.
Entonces empezará a tomar forma el nuevo dueño de una de las empresas sanitarias más grandes de América Latina, que da servicios a 14 millones de usuarios entre la Ciudad de Buenos Aires y 26 distritos del conurbano.
La lista de interesados combina jugadores locales con peso político y sanitaristas internacionales. Eso sí, no son tantos como imaginaban cuando se diseñó el proceso.
Entre los locales aparecen dos grupos que todos descontaban que estarían en la línea de partida.
El primero corresponde a Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor.
No es un jugador nuevo: desde 2009 es el proveedor monopólico de policloruro de aluminio (PAC) para la potabilización del agua de AYSA.
Ya protagonizó un antecedente incómodo: en 2023 ganó como único oferente una licitación de US$127 millones para esa misma provisión, un proceso que terminó con una denuncia penal de la Coalición Cívica y que no avanzó en sede judicial.
Filiberti, técnico en temas de agua y saneamiento, trabaja en una propuesta junto a Rowing, la empresa de ingeniería y construcciones creada por Walter Román.
Otro de los que era un pleno es el Grupo Roggio, operador actual de Aguas Cordobesas y el jugador local con más trayectoria específica en el rubro de aguas, aunque no en saneamiento.
El conglomerado de empresas, que también opera el ramal Urquiza de trenes con Ferrovías y el subte porteño, tiene a su histórico líder, Aldo Roggio, procesado en la causa Cuadernos. Es arrepentido y reconoció haber pagado coimas, puntualmente, el 5% del subsidio que recibía por la operación de trenes.
El tercer interesado, al menos quien estuvo en los días de consulta de pliegos llamado data room, es JCR, la constructora del fallecido Juan Carlos Relats.
La compañía también tiene ejecutivos procesados en la causa de los Cuadernos de las Coimas después de que el contador Víctor Manzanares contara que la empresa ganaba obras en Vialidad Nacional mientras administraba Casa Patagónica Los Sauces, el hotel de la familia Kirchner.
Manzanares dijo que Los Sauces alquiló al Grupo Relats durante 11 años, a 90.000 por mes, ese complejo: desde la administradora a la familia presidencial se pagaron alrededor de US$10 millones.
En la causa Cuadernos se acreditó que en ese tiempo tuvieron 44 licitaciones, además de una docena de obras viales que las ganaron en UTE con otras firmas. Ahora van por el manejo del agua de alrededor de un tercio de los argentinos.
Otro de los que se mencionó como interesado es el grupo de los hermanos Neuss, cercano a Santiago Caputo.
Sin embargo, no se los ha visto protagonistas en estos tiempos de consultas a los pliegos.
No se sabe exactamente el grado de interés de Sabesp, un gigante brasileño que opera la red de San Pablo. En el sector especulan que podría presentar una oferta aunque no es seguro, pero al menos estuvo presente en este tiempo de consultas y data room.
Otro jugador es la francesa Veolia. Sin embargo, los franceses no parecen ser de la partida, sino los socios que manejan la filial local, prestadora de servicios de algunas plantas potabilizadoras en barrios privados y countries.
La estatal israelí Mekorot ha estado presente en las reuniones preparatorias pero, según especulan, funciona como garantía de “prestigio internacional” para blindar el proceso ante las críticas y no como operador de la red.
El formato y los planes
No es un dato menor el formato elegido: el pliego autoriza la venta sin base y sin precio mínimo público. Traducido: el Estado puso a la venta el activo sin fijar de antemano cuánto vale. El resultado, dice el propio texto oficial, “dependerá de la competencia efectiva entre oferentes”.
El contrato de concesión firmado en mayo y que es el que se entregará a los nuevos concesionarios fija una inversión de US$1940 millones para el primer quinquenio y US$2030 millones para el segundo, hasta llegar a 15.040 millones en los 30 años de vigencia.
Las metas de esos primeros diez años, sin embargo, son modestas: la cobertura de agua potable pasa de 75,3% a apenas 78,9%, y la de cloacas de 63,9% a 65,3%. La presión de agua —el reclamo más repetido de los usuarios de la zona sur del conurbano— mejora del 58% al 61% y luego al 67% de mallas con servicio satisfactorio, mientras que la instalación de 100.000 medidores por año y la renovación de 500 kilómetros de redes de agua y 125 de cloacas por ciclo completan una agenda que el propio pliego describe como de “estabilización operativa”, no de expansión.
Las obras de mayor porte quedan, en su mayoría, fuera de la primera década de la concesión. Entre 2026 y 2036 se completan apenas la terminación de Río Sur Tramo 1, la Impulsión Malvinas más Noroeste 1 y la ampliación de la planta de Bernal, junto con el cierre del Plan de Transición heredado de la gestión anterior. Recién después aparecen en el contrato el Río Subterráneo Tramo 2, la nueva toma de agua de Bernal y las cuatro plantas de tratamiento cloacal que la Región Metropolitana necesita hace años —Campo de Mayo, Laferrere, Pilar y Escobar—, todas obras de entre 150 y 560 millones de dólares que el concesionario recién estaría obligado a encarar una vez terminado el segundo quinquenio.
El contrato tiene, además, tres agujeros que ya empiezan a discutirse puertas adentro del sector. No prevé la universalización del servicio dentro de sus 30 años: esa meta queda relegada a una eventual prórroga, con una cobertura que llegaría, en el mejor de los casos, al 90% en agua y al 75% en cloacas. La obra de Berazategui, clave para la disposición de efluentes de buena parte del conurbano, solo tiene comprometidos “estudios” para el segundo quinquenio, sin fecha ni presupuesto para la ejecución. Y el problema de los nitratos —una cuestión de salud pública, no de confort— recién se resuelve en un 99% hacia 2041, en el tercer ciclo tarifario, 15 años después de la firma del contrato.
En el Ministerio de Economía calculan recaudar unos US$450 millones con la operación de venta del 90% de las acciones. El 10% restante, en tanto, quedará para el programa de propiedad participada (PPP), el centro de la pelea gremial. Además, el sindicado logró que en los pliegos quede claro que el Convenio Colectivo que rige la actividad de los empleados, que tiene vigencia hasta 2028, se mantenga como régimen laboral aplicable.
A fines de agosto dejará de ser una discusión de despachos oficiales y dudas técnicas. El agua y las cloacas de 14 millones de personas van a tener, por primera vez en dos décadas, un dueño privado.
Diego Cabot,Política económica,Comunidad de Negocios,Argentina,Conforme a
POLITICA
La Corte Suprema ordenó al Estado hacer públicos los resultados de las pruebas Aprender y Enseñar

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Poder Ejecutivo Nacional hacer pública la información sobre los resultados correspondientes a todos los establecimientos educativos o instituciones de la provincia de Salta que participaron de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017.
“La información pertenece a las personas: no es propiedad estatal y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno”, sostuvo el máximo tribunal al hacer lugar a la acción de amparo de un ciudadano que reclamaba esos datos.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y los conjueces Carlos Vallefín (La Plata) y Juan Perozziello Vizier (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal). En minoría, Carlos Rosenkrantz votó por rechazar el pedido.
El pedido
En 2019, Rafael Aurelio Argañaraz Olivero promovió una acción de amparo de acceso a la información pública contra el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Reclamó la entrega de “la totalidad de los Reportes de Resultado correspondientes a todos los Establecimientos Educativos o Instituciones de la Provincia de Salta que hayan participado de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017”.
Solicitó también la documentación por considerarla información pública, pero la Secretaría de Evaluación Educativa le respondió que estaba impedida de entregarla por tratarse de información obtenida con carácter confidencial y le ofreció resultados desagregados hasta el nivel municipal.
El Estado Nacional se opuso a la demanda. Insistió en el carácter confidencial de la información para resguardar los derechos de estudiantes, docentes y directivos. Argumentó que con esos datos se podía elaborar un ranking de escuelas y establecimientos, “no solo por los resultados de la evaluación sino también por la condición de migrantes, indígenas, pobres y analfabetos” de los alumnos o sus familias, lo que llevaría a una estigmatización.
También sostuvo que la divulgación frustraría una investigación sobre estadísticas.
En primera instancia se rechazó el amparo. La Cámara Federal de Salta revocó esa sentencia y ordenó al Ministerio brindar los resultados, sin excepción, sin que ello implique revelar datos particulares de los alumnos o los docentes. El Estado apeló y la Corte confirmó que debía entregar la información solicitada.
Qué dijo la Corte Suprema
Para el voto mayoritario, la Corte sostuvo que “no puede olvidarse que el fundamento central del acceso a la información en poder estatal consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”.
Los operativos “Aprender” y “Enseñar”, profundizó la Corte, “no son una gracia o favor del gobierno hacia la comunidad” sino que “reflejan la implementación de un mandato expreso contenido en normas constitucionales y legales”.
“Hacer pública la información requerida apunta a efectivizar la ‘igualdad real de oportunidades’ antes que a estigmatizar alumnos y docentes”, sostuvo la sentencia. Agregó que la desagregación por establecimiento “persigue un interés público de particular trascendencia, cuyo control democrático parece ineludible” y permite verificar el modo en que el Estado ejecuta mandatos constitucionales en materia educativa.
POLITICA
Allanaron dos bancos por la causa que investiga al financista vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia

La investigación judicial por presuntas maniobras de lavado de dinero en Sur Finanzas sumó este viernes nuevos allanamientos bancarios en la Ciudad de Buenos Aires y La Matanza.
Las diligencias fueron dispuestas por el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Tomás Rodríguez Ponte, y ejecutadas por efectivos conducidos por el comisario Enrique Fernando Giménez.
Los procedimientos abarcaron la sede central del Banco Hipotecario, en Reconquista 101, junto con inmuebles en Santa Fe 880, Maipú 1210 e Hipólito Yrigoyen 2350, en San Justo. En estas direcciones funcionan dependencias de dicha entidad y del Banco Industrial (BIND), cuyo principal accionista es Andrés Meta.
Ariel Vallejo y Claudio “Chiqui” Tapia
El expediente analiza el entramado financiero encabezado por Ariel Vallejo, empresario vinculado al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
Según las actuaciones iniciadas tras operativos previos del 2 de noviembre, la firma utilizaba al BIND como respaldo para depositar fondos captados mediante su plataforma de pagos.
Respecto del Banco Hipotecario, la pesquisa indaga un presunto blanqueo de capitales originados en el juego clandestino e intermediación financiera irregular. En particular, los investigadores examinan operaciones sospechosas registradas entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 a través de billeteras virtuales y una cuenta corriente empresarial.
Asimismo, el legajo judicial evalúa préstamos millonarios y transacciones realizadas por las sociedades del financista con clubes afiliados a la AFA.
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Allanamiento,Ariel Vallejo,Chiqui Tapia,Sur Finanzas
POLITICA
El Gobierno admite que tiene los votos justos para aprobar la suspensión de las PASO en el Senado

El traspié en el Senado por el sistema de colectoras casi le sale caro al Gobierno. Lo obligó a desandar una estrategia improvisada y dar marcha atrás para avanzar con un dictamen que contempla la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por un año y una reforma electoral de más largo plazo, con una serie de cambios introducidos a último momento. Así, al filo de los plazos, el oficialismo consiguió las firmas necesarias para llevar el proyecto al recinto el jueves próximo, al filo del cierre del período ordinario.
“Con 40 votos vas tranquilo, con menos, a intentar ganar”, resumen en las filas libertarias. La segunda opción parece ser el escenario que contempla La Libertad Avanza para la próxima sesión.
Pese al alivio que significó para el Gobierno haber destrabado el dictamen por la suspensión de las PASO, los números de cara al debate en el recinto siguen ajustados. En un primer momento, apenas conseguidas las 11 firmas para el dictamen, algunos libertarios ya se jactaban de tener al menos 40 votos para aprobar la iniciativa. Sin embargo, el optimismo fue bajando con el correr de los días.
Según pudo constatar , el oficialismo tendría asegurados 37 votos, aunque en sus propias filas elevan la cuenta a 38. Los más optimistas incluso se animan a estirar el poroteo a 39. “Siempre y cuando no haya un martes 13”, advierten.
“Son acuerdos políticos y de acá al jueves todo puede cambiar”, reconoce un senador que suele ubicarse entre los “indecisos”. Es que las negociaciones siguen abiertas, tanto con los gobernadores como con los propios legisladores, sobre todo si se tiene en cuenta que un tercio de las bancas deberá renovarse el año próximo y no todos responden directamente a los mandatarios provinciales.
Este escenario complejiza el toma y daca que articula desde la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Diego Santilli, secundado en menor medida, por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Mientras tanto, las negociaciones en el Senado volvieron a quedar en manos de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, especialmente después de su intervención en la comisión de Asuntos Constitucionales para destrabar el dictamen mediante la eliminación del sistema de listas de acople o colectoras, cuya incorporación a pedido de cinco gobernadores radicales había puesto en riesgo el acuerdo.
Sin embargo, según pudo saber , el Poder Ejecutivo logró avanzar en acuerdos con Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), a quien le habría garantizado despejarle el camino electoral en su provincia.
Por otro carril avanzan las conversaciones por el nuevo régimen de biocombustibles, cuyo tratamiento permanece frenado, y la disputa por el cuarto lugar que le corresponde a Diputados en el Consejo de la Magistratura, que el mandatario santafesino, referente de Provincias Unidas (PU), reclama para Juan Brugge. Ambas cuestiones habrían influido en su decisión de pedirles a los diputados que le respondieran que se levantaran de sus bancas durante la última sesión.
En el caso del bloque de la UCR en el Senado, el oficialismo confía en sumar al menos ocho de sus diez integrantes para suspender las PASO. Entre quienes dan por descontados figuran Eduardo Galaretto y Carolina Losada (Santa Fe), Rodolfo Suárez y Mariana Juri (Mendoza), Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi (Corrientes), y Silvana Lorena Schneider (Chaco).
A esta lista se sumaría el catamarqueño Flavio Fama, quien históricamente se pronunció en contra de las PASO, pero este miércoles fue uno de los senadores que firmó el dictamen en disidencia, luego de plantear una serie de condiciones para acompañar el texto, entre ellas, la incorporación de Ficha Limpia y la obligatoriedad de los debates presidenciales en caso de balotaje. A esto se suman las especulaciones sobre posibles acuerdos políticos o “gestos” que podrían haberle demandado como devolución de antiguas gentilezas.
Cerca del senador juran y perjuran que, pese a que su mandato vence el próximo año, su postura no responde a una negociación por la renovación de su banca. Incluso sacan a relucir que ya inició los trámites jubilatorios para despejar cualquier sospecha. Con su eventual respaldo, serían ocho los votos radicales que se sumarían a los 21 del bloque de LLA.
En cambio, persisten las dudas sobre Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Daniel Kroneberger (La Pampa), quienes no responden directamente a ningún gobernador. Ambos dejaron entrever que podrían acompañar al oficialismo, aunque por ahora mantienen abierta su definición.
A estos 29 votos se sumarían los tres del bloque de Pro, presidido por Martín Goerling Lara, quien hasta ahora se había manifestado en contra de la iniciativa. De hecho, el domingo pasado cuestionó el cambio de las reglas electorales al considerar que implicaba “un manoseo de la estrategia y la táctica electoral”.
La postura cambió después de que el expresidente Mauricio Macri bajara una línea clara durante una reunión de la dirigencia partidaria esta semana: el bloque, integrado también por Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa), acompañará el proyecto.
La decisión llega en momentos en que Pro sigue negociando un entendimiento electoral con LLA. “Es una demostración de acercamiento para el acuerdo”, admitió un dirigente del macrismo a .
Desde las huestes libertarias también se esperanzan con el respaldo de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. Al igual que con los avales de la neuquina Julieta Corroza y la chubutense Edith Terenzi, alineada con el gobernador Ignacio Torres.
Otros dos votos que los violetas contemplan para la sesión del jueves son los de Carlos “Camau” Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo, ambos de Provincias Unidas. Esta última, que aportó la firma número 11 para el dictamen, se convirtió en una figura clave y ganó protagonismo durante el debate en comisión, cuando le marcó la cancha al oficialismo al exigir cambios en el texto.
Frente a este escenario, el Gobierno contaría con 38 respaldos. De reojo y sin demasiadas expectativas, también sigue de cerca a la bancada de Convicción Federal, integrada por Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), quienes mantienen vínculos políticos con los gobernadores del norte.
“El único que podría aportar su voto es Andrada”, comenta un senador oficialista, que también pone el foco en las presiones que enfrentaría Moisés si decidiera acompañar al Gobierno, con el riesgo de quedar apuntalada como una “traidora al peronismo”.
De todas formas, en los distintos espacios coinciden en que el poroteo está lejos de cerrarse y que los votos no necesariamente responderán todos a los acuerdos previos. “No es tan taxativo que los gobernadores puedan ordenar de manera lineal. Hay un tercio de los senadores que reeligen”, plantea un legislador que aún no tiene definida su postura. “Es una cámara abierta, no vas a tener disciplina de bloque”, remata.
El proyecto
Además de la suspensión de las PASO, el dictamen oficialista establece correcciones en el financiamiento de la propaganda electoral en radio y televisión, con un tope del 50%, y una serie de cambios vinculados a las elecciones de parlamentarios al Mercosur.
La reforma política también incluye la llamada “ficha limpia”, es decir, que cualquier persona con una condena penal confirmada en segunda instancia por delitos dolosos vinculados a la corrupción queda inhabilitada para postularse a cargos electivos.
Entre otros ajustes que contempla, figura la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales. De aprobarse la iniciativa en ambas cámaras, quedará en manos de la Cámara Nacional Electoral decidir sobre su realización.
La legislación vigente, establecida por la Ley 27.337 e incorporada al Código Electoral Nacional (Ley 19.945), exige la celebración de dos debates antes de las elecciones generales, uno de ellos en una capital provincial, y un tercero en caso de balotaje.
Además de disponer su transmisión obligatoria por los medios estatales, prevé sanciones para los candidatos que no participen, como la pérdida de espacios de publicidad audiovisual y la colocación de un atril vacío para dejar constancia de su ausencia.
Por último, dispone la eliminación de la veda electoral, no solo en términos discursivos, en medios y redes sociales, sino también las restricciones que hasta ahora regían en comercios, o actividades culturales.
Todas las modificaciones que hacen a la reforma electoral tendrán carácter permanente. La única excepción será la suspensión de las PASO, que regirá por un año.
traspié en el Senado por el sistema de colectoras,la obligatoriedad de los debates presidenciales,Delfina Galarza,Congreso Nacional,Conforme a
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