El exministro de Economía y excandidato presidencial del peronismo en 2023, Sergio Massa, optó por evitar la exposición pública y las opiniones sobre la interna justicialista, que enfrenta a los laderos de Cristina Kirchner y a los de Axel Kicillof. No obstante, por debajo de los radares, habla tanto con el gobernador bonaerense como con Máximo Kirchner y, aseguran sus fieles, baja un mensaje de unidad ante el riesgo de una ruptura de Fuerza Patria.

“Está preocupado por la pelea de ‘los primos’. Plantea la unidad, porque si esto se rompe, nos puede ganar cualquiera. Está conteniendo y acompañando. Los dos sectores están muy beligerantes y él habla con los dos”, dijo a uno de los dirigentes que frecuenta a Massa en las oficinas que el exministro de Economía tiene en la avenida Del Libertador, donde concentra su actividad política.

“Ve posible una ruptura. Por eso, se involucró y habla con los dos”, añadió el dirigente massista consultado, que consideró que el líder del Frente Renovador estirará los tiempos para volver a presentarse con fuerza en la agenda pública y se ilusiona con volver a ver a su jefe calzándose el traje de candidato a presidente. “En los cien metros finales [por el tramo en el que se define una postulación presidencial], Massa te mata”, consideró la fuente consultada.

En las filas de Kicillof subrayaron que Massa “tiene diálogo permanente con Axel”. Desestimaron, así, que el exjefe de Gabinete nacional tenga preferencia por el sector más alineado con La Cámpora. Massa conserva presencia en la Legislatura, donde su alfil Alexis Guerrera se alterna en la presidencia de la Cámara de Diputados anualmente con Alejandro Dichiara, alineado con Máximo Kirchner. En el Senado, su esposa, Malena Galmarini, encabeza una comisión clave, la de Reforma Política. En el gabinete bonaerense, conserva la cartera de Transporte, con Martín Marinucci, luego de la salida de Jorge D’Onofrio, investigado por una maniobra presuntamente fraudulenta con las fotomultas.

“Se está manteniendo al margen, pero habla con los dos”, dijeron cerca de Massa al contestar sobre la interna. Activo aunque con bajo perfil público, Massa mantiene aún su interés sobre Tigre, el distrito que gobernó y que actualmente conduce Julio Zamora, su exaliado, con quien está enfrentado. Desde las filas del intendente mencionaron que la interna local sigue viva para el exministro, quien controla el Partido Justicialista local que, sin éxito, intentó ganar Zamora, a quien el PJ no le permitió competir con su lista contra la nómina massista.

La semana pasada, Massa recibió elogios del diputado Miguel Ángel Pichetto, quien lo caracterizó como “una figura en expectativa y, también, un posible candidato”, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Pichetto -que recompuso su vínculo con Cristina Kirchner y, en paralelo, abrió diálogos con dirigentes como Emilio Monzó, Victoria Tolosa Paz y exlibertarios alineados con el senador bonaerense Carlos Kikuchi– dijo que Massa “ha hecho un milagro en la crisis, con la inflación y todo el proceso económico” y opinó que “todavía tiene posibilidades”.

Fuentes de la Armada confiaron a que existe una creciente preocupación en la comunidad naval por la inminente sentencia del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, que podría condenar a cuatro oficiales de la fuerza por el hundimiento del submarino ARA San Juan, cuyos 44 tripulantes ofrendaron sus vidas en una operación llevada adelante en el Atlántico Sur en noviembre de 2017.

A casi nueve años de la tragedia, entre varios almirantes retirados circula en estos días un documento, en el que se advierte sobre la posibilidad de que la Justicia atribuya responsabilidades penales a comandantes superiores de la Armada que no estaban a cargo directamente de la conducción del submarino en el lugar de los hechos.

El pronunciamiento que refleja la preocupación que existe en la Armada se conoce cuando faltan pocos días para la audiencia en la que el tribunal dictaría sentencia, lo que podría ocurrir el miércoles o jueves próximo, aunque todavía está pendiente la definición de pedidos de nulidad planteados por las defensas de los marinos acusados.

En los alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal pidió cinco años de prisión para el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien era el comandante de Alistamiento y Adiestramiento –máximo cargo operativo en la fuerza- en el momento de la implosión del submarino, a más de 900 metros de profundidad, y para el capitán de navío Claudio Javier Villamide, quien fue destituido por el Consejo de Guerra, por entonces comandante de la Fuerza de Submarinos. También solicitó cuatro años de prisión para el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso, quien conducía el Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, y una condena de tres años y seis meses para el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, exjefe de Comunicaciones.

Las querellas de 34 familias de las víctimas también pidieron la pena máxima para los cuatro exjefes navales por “la imprudencia grave y sistemática” de quienes tenían el deber de cuidar a los tripulantes.

En la Armada, en tanto, entienden que una sentencia negativa condicionaría a los oficiales de las nuevas camadas, que no encontrarían incentivos para asumir responsabilidades en su carrera naval.

“¿Quién asumirá en el futuro algún riesgo para cumplir las distintas operaciones reales y de adiestramiento de las Fuerzas Armadas viendo las responsabilidades penales que podrían endilgársele por decisiones que no toman ellos o por circunstancias fuera de su control?”, se preguntan en el documento. Incluyen en ese potencial escenario “todas las operaciones que realizan las Fuerzas Armadas”, desde el control del mar y la logística antártica hasta las misiones de paz y el apoyo a la comunidad ante catástrofes.

Responsabilidades

Los oficiales de la Armada, especialmente los retirados, insisten en que los comandantes de las naves son los responsables finales de las operaciones que se desarrollan en el mar, por encima de las autoridades navales que integran la cadena de mandos, pero que están a varios kilómetros del lugar del siniestro. En el caso del ARA San Juan esa función la cumplía el malogrado capitán de fragata Pedro Martín Fernández.

“El Reglamento General del Servicio Naval establece que la responsabilidad del comandante respecto de su buque es absoluta y solo cesa en caso de ser relevado por autoridad competente”, sostienen en la Armada, al citar un principio que rige “desde siempre en el mundo entero”.

Afirman, así, que el comandante de la nave “es el único que puede observar, evaluar la situación in situ y tomar las medidas correctivas correspondientes con el asesoramiento de su plana mayor y dotación”.

Expresan también su malestar porque no hubo marinos en la composición del Consejo General de Guerra constituido en el Ministerio de Defensa durante la gestión de Agustín Rossi, que aplicó sanciones disciplinarias al capitán Villamide. Se estima que la sanción de ese tribunal tiene una influencia decisiva en el proceso judicial.

En el pronunciamiento se destaca que unos 90 marinos con formación especializada y experiencia en la navegación coincidieron en que el ARA San Juan reunía las condiciones de adiestramiento, alistamiento y apresto necesarias para desarrollar con seguridad la misión impuesta.

A diferencia de las pruebas analizadas en el proceso judicial, que llevaron al procesamiento y enjuiciamiento de los cuatro oficiales de la Armada, en el documento se asegura que “el ARA San Juan zarpó en condiciones seguras para navegar”, a partir del aval dado por el propio comandante, luego de finalizar las pruebas previas a la navegación.

“Nunca sabremos qué ocurrió desde que el submarino se fue a inmersión por decisión del comandante hasta que implotó horas después. Solo tenemos suposiciones”, insisten en la Armada.

Tras sentenciar que “la actividad militar es intrínsecamente riesgosa”, los oficiales consultados por coincidieron en que “el comandante y su tripulación hicieron lo mejor que pudieron y supieron para mantenerse seguros en las circunstancias que les tocó vivir. Pero los accidentes y las tragedias ocurren”.

Finalmente, señalaron que “condenar a un grupo de prestigiosos oficiales navales solo servirá para que futuros oficiales de comando rehúyan o recelen de sus enormes responsabilidades con magros recursos y cambien su idiosincrasia en detrimento de su eficiencia. Esto destruirá nuestra doctrina y reglamentos, dinamitando los cimientos de la profesión naval”.