En una sesión atravesada por el intento de la oposición de exponer a Manuel Adorni por su situación judicial y patrimonial, los principales aliados del Gobierno en el Congreso optaron por otro camino: evitaron cualquier referencia a los temas más sensibles y concentraron sus intervenciones en reclamos de gestión vinculados a sus provincias.

Ninguno de los bloques que habitualmente le garantizan votos al oficialismo -Pro, la UCR, el Movimiento Integración y Desarrollo y los espacios provinciales- preguntó por el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, los gastos en viajes o las causas que lo involucran. Tampoco hubo menciones a otros expedientes incómodos para el Gobierno, como el caso $LIBRA o la investigación en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El silencio más llamativo fue el de Pro: directamente no tomó la palabra. La UCR, en tanto, tuvo una única intervención. El correntino Diógenes González evitó cualquier cuestionamiento político y se limitó a señalar la falta de obras en el norte del país. En términos generales, planteó que “no se mencionaron obras” para su región, y pidió atender corredores productivos y turísticos.

El mismo esquema se repitió en el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). El bonaerense Eduardo Falcone centró su intervención en la paralización de obras viales, en particular en la ruta 5, sin avanzar sobre el frente judicial del funcionario. Oscar Zago, el frontman del espacio, evitó aparecer en escena.

El interbloque “Fuerza del Cambio”, integrado por los espacios anteriores, contó con 20 minutos para preguntar. Lo completaron Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y José Garrido (Santa Cruz), quienes también evitaron la confrontación directa.

Banfi, por ejemplo, apuntó a problemas en la asignación de subsidios en Bahía Blanca. Señaló errores en el cruce de datos y pidió una revisión administrativa: dijo que hay beneficiarios “rechazados sin explicación” e incluso casos en los que el sistema los dio por fallecidos. También reclamó saber qué pasó con un remanente de fondos del programa.

Desde espacios aliados con mayor autonomía, el tono fue algo más crítico, aunque sin correrse del eje de gestión.

La santafesina Gisela Scaglia, jefa del bloque Provincias Unidas y cercana al gobernador Maximiliano Pullaro, cuestionó el estado de las rutas nacionales y la falta de definiciones sobre retenciones. Advirtió que algunos corredores concentran alta siniestralidad y pidió un plan concreto: planteó que “se necesita saber cuál es la estrategia” y reclamó previsibilidad para el sector agropecuario.

Su bloque contó con la ausencia del radical Martín Lousteau.

El comportamiento fue similar en los bloques provinciales. Los diputados de Innovación Federal -alineados con el poder político de los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta)- evitaron cualquier referencia a Adorni y enfocaron sus intervenciones en demandas locales.

El misionero Alberto Arrúa cuestionó el alcance de un plan de control fronterizo y advirtió que cubre una porción mínima del territorio. Además, pidió definiciones para el sector yerbatero: en síntesis, reclamó un plan para asistir a “más de 12.500 familias” afectadas por la desregulación.

En la misma línea, Yamila Ruiz exigió precisiones sobre obras comprometidas por la Nación. Reclamó fechas concretas de inicio y finalización, y volvió a poner sobre la mesa un reclamo histórico: una zona aduanera especial para compensar las asimetrías con Brasil y Paraguay.

Referentes del centro político como Miguel Pichetto y Nicolás Massot no participaron del debate. Pichetto, de hecho, justificó su decisión en redes sociales y cuestionó el clima de la sesión, al que calificó como “un acto inédito” con el oficialismo movilizado en bloque. “Convertir a la Cámara de Diputados en un espacio de barrabravas es un escalón más abajo en la decadencia de las instituciones argentinas”, dijo. Y concluyó: “Más allá del resultado judicial, la figura del jefe de gabinete ha perdido toda relevancia y autoridad institucional”.

Mientras el presidente Javier Milei intensifica día a día sus ataques verbales contra la prensa, y la sala de periodistas de la Casa Rosada lleva una semana cerrada por disposición oficial, la Argentina pierde terreno en el ámbito de la libertad de prensa.

Según el último informe de la organización Reporteros Sin Fronteras, el país registró un severo retroceso en el ranking que evalúa la Libertad de Prensa en el mundo. Ocupa el puesto 98 sobre un total de 180, cayó 11 puestos en el último año y registra un descenso de 69 lugares desde 2022 “por el auge de la hostilidad institucional hacia la prensa y los actos de violencia contra los periodistas que cubren las manifestaciones”, según reza el texto del informe al que accedió .

“Los fervientes defensores de Donald Trump en América Latina, Javier Milei y Nayib Bukele, reproducen el manual del inquilino de la Casa Blanca contra los medios de comunicación y, como era de esperar, siguen la misma línea en el ránking. La Argentina (98; -11) y El Salvador (143; -8) registran un retroceso significativo, debido, entre otros factores, al declive de los indicadores del clima político y social, lo que confirma el aumento de la hostilidad y de las presiones gubernamentales hacia la prensa”, dice el informe.

Los números del país que gobierna Milei están lejos de los de sus socios del Mercosur: Uruguay, dónde gobierna el Frente Amplio de Yamandú Orsi, es el mejor posicionado, en el puesto 48, Brasil ocupa el 52 (con mejoras con respecto al informe anterior) y Paraguay el 88, mientras Bolivia, recientemente incorporado al bloque regional, también está mejor evaluado, en el puesto número 91.

Noruega, Países Bajos y Estonia son, según el ranking, los tres países de mayor respeto por la libertad de empresas periodísticas y periodistas. Reporteros sin Fronteras califica de “buena” la situación en esos países, y la de la Argentina como “difícil”, en un contexto mundial de graves amenazas al ejercicio del periodismo.

Según el informe, “por primera vez en la historia de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, más de la mitad de los países del mundo se encuentran en una situación “difícil” o “muy grave”.

“El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió los ataques regulares a la prensa y a los periodistas en una práctica sistemática, relegando a su país al puesto 64, una caída de siete posiciones este año”, dice el informe. Añade que allí “donde el crimen organizado mata”, como Ecuador, Perú y Mexico, los periodistas viven una situación “muy grave”.

En el fondo de la tabla regional se mantienen Nicaragua (172), Cuba (165) y Venezuela (160), países en los que “la libertad de prensa permanece en su nivel más bajo”, reza el informe.

Rusia, Irán, Corea del Norte y China figuran entre los últimos diez lugares en el ranking de la organización, que evalúa la situación de la prensa en 180 países.

La organización Reporteros sin Fronteras fue creada en 1985 en Montpellier, Francia, por los periodistas Robert Ménard, Rémy Loury, Jacques Molénat y Émilien Jubineau, que se inspiraron en otras organizaciones sin fines de lucro y de alcances similares, como Médicos Sin Fronteras. Su presidente actual es el periodista francés Pierre Haski.

Dedicada a la defensa de la libertad de prensa y el acceso a la información en todo el mundo, su sede central está en París. Es una institución reconocida como entidad consultiva por las Naciones Unidas, la Unesco, el Consejo de Europa y la Organización Internacional de la Francofonía (OIF). En 2005 recibió el Premio Sájarov a la libertad de conciencia, otorgado por el Parlamento Europeo.