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Caso $LIBRA: apelan el sobreseimiento de Milei con durísimos cuestionamientos al proceder del juez y del fiscal

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Apenas un día hábil después del sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y los otros nueve acusados en el caso $LIBRA, uno de los inversores perjudicados por el lanzamiento y colapso del criptoactivo apeló la decisión judicial, pidió que se revoque y que continúe la investigación, con duros cuestionamientos al juez y al fiscal a cargo de la pesquisa.

El inversor afectado, Juan Patricio Marchetto, se convirtió en el primero de los damnificados que intenta mantener abierta la investigación penal tras invocar su derecho como “pretenso querellante” y se espera que otros afectados se presenten durante esta semana, mientras que la Casación Penal debe definir si los reincorpora al expediente o los excluye de manera definitiva.

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Marchetto presentó su escrito de apelación, de 40 carillas, con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. Sostuvo que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi incurrió en “contradicciones” y “confusiones” al firmar su resolución, efectuó una “valoración fragmentaria” de las pruebas, omitió considerar otros elementos y presentó una “fundamentación aparente”.

El argumento central de Marchetto fue que el juez Martínez de Giorgi confundió la insuficiencia de pruebas con la atipicidad de los hechos. Es decir, que el juez concluyó que los hechos investigados no encuadran en ninguna figura penal cuando, según el inversor, debió sostener, como máximo, que los elementos reunidos hasta ahora no le permitían acreditar una hipótesis delictiva.

A lo largo de su recurso, Marchetto cuestionó en duros términos el proceder durante todo el proceso del fiscal Eduardo Taiano. Sostuvo que ocultó información, demoró la tramitación de prueba, omitió citar testigos, optó por no requerir indagatorias y solicitó el sobreseimiento de los once acusados mientras todavía subsistían diligencias que él mismo había ordenado y que todavía no habían concluido.

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“Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado”, sostuvo el damnificado.

Entre las medidas que se encuentran pendientes, Marchetto destacó la ampliación de las pericias telefónicas encomendada a la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP) sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, los “cueveros” que recibieron fondos del estadounidense Hayden Mark Davis.

En la misma línea, el inversor afectado también cuestionó que el fiscal Taiano jamás citó a declarar a varios testigos que podían aportar información relevante para reconstruir los hechos. Entre ellos, Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, los hermanos Marcelo y Leandro Aranda y la abogada Yanina Nicoletti, quien fue la primera letrada de Hayden Davis en la Argentina.

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El recurso también remarcó que ninguno de los once imputados sobreseídos había sido convocado a prestar declaración indagatoria. Para Marchetto, esa circunstancia debía evaluarse junto con las diligencias que continuaban en curso y los elementos que, según su presentación, todavía requerían esclarecimiento.

El rol del Presidente

En su apelación, el inversor sostuvo que el expediente contiene indicios que debían analizarse de manera integral para determinar cuál fue el papel del Presidente durante la preparación, el lanzamiento y el colapso del criptoactivo, el viernes 14 de febrero de 2025. Y en ese sentido, uno de los puntos centrales es la secuencia de comunicaciones entre Milei y el lobista Mauricio Novelli, uno de los principales organizadores investigados, durante los minutos previos a la publicación presidencial que difundió $LIBRA.

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Según los registros telefónicos citados en el recurso, Novelli realizó llamadas salientes a Milei a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02. También recibió una llamada entrante del mandatario a las 18:56:22. La publicación presidencial con el código alfanumérico para comprar el criptoactivo $LIBRA apareció en su cuenta de X a las 19:01:22.

A esa secuencia, Marchetto sumó las operaciones registradas inmediatamente antes de que el público conociera el activo. Según la reconstrucción de transacciones mencionada en el escrito, a las 19:01, apenas 22 segundos antes del mensaje de Milei, 74 billeteras realizaron 87 operaciones por un volumen aproximado de US$ 13,5 millones.

“Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados [por Novelli] y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento; existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo”, destacó.

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Para el inversor, la relevancia de esos elementos reside en la necesidad de esclarecer si existió alguna coordinación entre quienes prepararon y promovieron el proyecto, las operaciones efectuadas antes de su difusión pública y la intervención del Presidente. El recurso cuestiona que esos hechos hayan sido evaluados de manera fragmentaria, sin agotar las medidas necesarias para determinar qué relación pudo existir entre ellos.

La apelación también apunta a los movimientos de fondos posteriores al lanzamiento y a la identidad de quienes captaron la liquidez aportada por los compradores. Marchetto cuestionó que no se hubiera profundizado en quiénes recibieron esos fondos, qué información tenían cuando realizaron sus operaciones, qué vínculos mantenían con los organizadores y por qué una porción sustancial del dinero terminó concentrada en determinadas billeteras identificadas durante la investigación.

El informe de la DATIP

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Otro de los capítulos centrales de la apelación se refirió al tratamiento que recibió el informe de la DATIP sobre los dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación, ya que Martínez de Giorgi aludió a irregularidades investigadas en un sumario administrativo por el acceso indebido a documentación reservada del caso y consideró que esas circunstancias afectaban la valoración probatoria del informe.

Marchetto cuestionó ese razonamiento. Sostuvo que el sumario administrativo no había acreditado que la empleada investigada hubiera compartido la documentación con una periodista o con terceros ni que el informe hubiera sido manipulado. La presentación también señaló que la fiscalía de Taiano había recibido el informe preliminar en noviembre de 2025, antes de la publicación periodística de los documentos cuestionados.

El inversor planteó, por eso, un interrogante sobre las razones por las cuales el contenido del informe no se había comunicado oportunamente al juzgado y a las partes. “Sigue resultando cuanto menos curioso” conocer la motivación de la Fiscalía para no informar sobre ese material, sostuvo en su presentación.

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El derecho a apelar

La presentación de Marchetto tiene, además, una dimensión procesal. El inversor fue apartado como querellante por Martínez de Giorgi el 3 de julio pasado, lo que confirmó la Cámara Federal. Pero su exclusión todavía está bajo revisión de la Casación, ante la cual presentó una queja que debe resolverse.

Marchetto advirtió que, si los sobreseimientos quedaran firmes antes de que Casación resolviera su planteo, una eventual restitución de su condición de querellante podría perder eficacia práctica: podría ser reincorporado a un expediente cuya investigación ya habría quedado definitivamente cerrada.

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Para sostener su derecho a recurrir, citó el plenario “Zichy Thyssen”, de 2006, que estableció como doctrina plenaria que el pretenso querellante está legitimado para interponer los recursos de competencia de Casación, e invocó los derechos de las víctimas reconocidos por la ley; entre ellos, el acceso a la justicia, la información, la participación y la tutela judicial efectiva.

Investigaciones y coberturas especiales en más de dos docenas de países de América, Europa, Medio Oriente y Asia.



Hugo Alconada Mon,Criptomonedas,Javier Milei,Conforme a

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El mensaje oculto de la Corte para los “jueces dóciles” que frenaron las causas contra la AFA y las señales de Mahiques al poder

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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, lleva designados a más de 200 jueces propios y actúa para solucionar los problemas judiciales del Gobierno, pero no llega aún a concretar su máximo anhelo: convertirse en el nuevo Procurador General de la Nación, el jefe de todos los fiscales.

El codiciado lugar del Procurador depende de una decisión de Javier Milei y de los votos de los senadores.

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Esta semana, la Corte Suprema le envió un mensaje directo a Mahiques con el fallo que frenó la maniobra de la AFA para demorar un año las causas de fraude y lavado de dinero en su contra, gracias a “jueces dóciles” de todas las instancias que lograron paralizar los expedientes. Así lo reconocieron fuentes del Palacio de Justicia consultadas por , que recordaron los vínculos entre Mahiques y la AFA.

Tras esa decisión de la Corte Suprema, Mahiques transmitió a gobernadores, de los que dependen los senadores, y a empresarios de su entorno, que si hubiera sido el Procurador General de la Nación, este “disgusto” para Claudio Tapia y Pablo Toviggino no hubiera tenido lugar, según supo de fuentes judiciales.

Mahiques transmitió a sus interlocutores que, si hubiera tenido el cargo como Procurador General, los recursos de los fiscales que pidieron sacar la investigación del juzgado de Campana, el preferido de los acusados, no hubieran llegado a la Corte Suprema. La alusión refiere a los fiscales Germán Bringas de Campana, Carlos Cearras de la Cámara Federal de San Martín y Mario Villar de la Cámara Federal de Casación. Todos objetaron que la causa siguiera en Campana.

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Estos recursos lograron frenar la impunidad con que se manejaba la AFA. Y fue el procurador interino Eduardo Casal quien promovió que la causa deje de estar caprichosamente en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay, como querían los acusados de ser testaferros de la AFA y ordenó que pase al juzgado federal de Daniel Rafecas.

El juez federal Daniel Rafecas

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti le devolvieron a Rafecas la causa por la mansión de Pilar que complica a Tapia y Toviggino.

En el Palacio de Tribunales, fuentes judiciales admiten ante que el fallo es, además, un mensaje al Gobierno y a los jueces que se acostumbraron a acomodarse a los designios de la AFA.

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Claudio «Chiqui» Tapia, titular de la AFAAmérica

“Cruzaron todos los límites; tenemos que ser serios”, resumió ante un alto funcionario del mundo judicial con despacho en el Palacio de Justicia. El eco entrelazó a otros despachos del cuarto piso de los tribunales, donde funciona la Corte Suprema.

La sentencia fue además explícita, como pocas veces, al cuestionar a los jueces de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que permitieron que esta causa de la quinta de Pilar siguiera en el juzgado de Campana.

La sentencia los nombra, algo inusual, y los destrata al tildar su fallo de “prístina y grosera violación a las reglas de competencia” y “un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable”, que justifican intervenir “para evitar los excesos deformantes del trámite del litigio”.

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Fueron palabras fuertes para el lenguaje judicial, que ni siquiera estaban en el dictamen de Casal en el que descalificó la sentencia de Barroetaveña y Borinsky.

Barroetaveña formó parte de la estructura interna de la AFA, desempeñándose en su Tribunal de Ética y Disciplina, primero como vicepresidente y luego como presidente del organismo. Luego renunció.

Audiencia en la Cámara de Casación por la causa de la quinta de Pilar.
Jueces Mariano H. Borinsky, Diego Barroetaveña
Enrique García Medina

Como presidente del tribunal de la AFA, Barroetaveña dictaminó, por ejemplo, que Tapia, que ocupó el cargo de vicepresidente de CEAMSE en el año 2017, no debía considerarse como persona “políticamente expuesta”. Esa categoría refuerza los controles ante la sospecha de lavado de dinero.

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Justamente, ahora que está investigado por ese delito por la quinta de Pilar, sacándolo de la categoría de “persona políticamente expuesta” (PEP), lo quitó junto a su círculo de negocios del radar de alertas del sistema financiero.

La Corte Suprema, tras este fallo de la AFA y el que declaró inconstitucional dos artículos del DNU fundacional de Javier Milei, recuperó centralidad y marca autonomía, aun con tres miembros y dos vacantes.

La causa de la quinta de la AFA pasó un año dando vueltas hasta quedar donde querían los investigados. Nació en el juzgado de Daniel Rafecas por una denuncia de Elisa Carrió y viajó al fuero penal económico. Después, por una inhibitoria de las defensas de los presuntos testaferros Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, terminó en el juzgado federal de Campana, de Adrián González Charvay.

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La Sala I de la Cámara Federal de Casación, con los votos de Borinsky y Barroetaveña, convalidó ese destino y le cerró la puerta al recurso del fiscal Mario Villar. Villar llegó igual a la Corte mediante una queja, con el respaldo del procurador interino Eduardo Casal, que denunció “repetidos e infundados intentos de desplazar la competencia hacia la sede de Campana”.

El Juez González Charvay

Las cuestiones de competencia, por regla, no llegan a la Corte. La excepción es que la garantía del juez natural se vea afectada “de modo severo e inequívoco”, y eso es lo que encontraron los supremos: “una prístina y grosera violación a las reglas de competencia” y “un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable”, que justifican intervenir “para evitar los excesos deformantes del trámite del litigio”.

“Es una terminología inusual para la Corte. Por eso fue tan duro. Es un mensaje para que el Poder Judicial no se someta a esas influencias que todos sabemos”, explicaron a en el Palacio de Justicia, sin atreverse a ponerle nombre y apellido a las “influencias que todos sabemos”.

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El fallo avala la idea de que la quinta de Pilar es el último eslabón de una cadena de lavado que arrancó con el desvío de fondos de la AFA a sociedades en Estados Unidos y Uruguay, algunas formadas por indigentes, y luego esa plata terminó pagando bienes en la Argentina. Lo que se investiga es una red que entre 2021 y 2025 habría sacado del circuito bancario fondos de la AFA para reinvertirlos en propiedades, 54 vehículos y “caballos árabes y de pura sangre”. La quinta fue apenas uno de esos bienes y el hecho que disparó la denuncia.

Lo más inusual está en el considerando 7 del fallo de la Corte en la causa AFA cuando afirma: “El juez Barroetaveña ignoró lo planteado por el fiscal Villar en torno a la competencia territorial”, y le reprocha a Borinsky haber esquivado esos argumentos. El fallo recoge además el planteo de Villar sobre una contradicción de Borinsky, que en el mismo expediente había rechazado un recurso similar y después abrió la puerta a la queja de las defensas.

“Es inusual, excepcional. El tema que está en juego es el prestigio del Poder Judicial. Un año dando vueltas, y si además se logra esta parálisis con el ejercicio de las influencias, que quedó abiertamente expuesto, es perjudicial para la imagen de la Justicia”, agregó ante una fuente del Palacio de Justicia.

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“Ahora en Casación van a pensar dos veces antes de firmar ciertas cosas”, vaticinó ante un alto magistrado.

El otro fallo de la Corte, donde declara inconstitucional por primera vez una parte del DNU 70/23, es también una advertencia. El caso es el de una afiliada de Swiss Medical cuya cuota pasó de $136.161 a $301.218 entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. El tribunal concluyó que el Ejecutivo no acreditó la necesidad ni la urgencia que exige la Constitución para legislar por decreto. Ese argumento puede aplicarse a cada artículo del DNU de Milei, cambiando obras sociales por seguros, despidos o cualquier disposición de esa norma, que queda a tiro de un planteo de inconstitucionalidad.

En la Corte buscaron quitarle drama al fallo al señalar a que no fue un mensaje político sino una solución pragmática, pues hay unos 500 casos iguales en la Corte esperando y con este se resuelve el resto. Pero en otros despachos del cuarto piso explicaron a este diario que hay un mensaje político: “El Gobierno tiene que ir al Congreso; no puede legislar todo con un DNU”.

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Cerca de los supremos admiten ante que el argumento podría extenderse a buena parte del megadecreto, y así lo explican: “Se esperó porque era un gobierno que recién empezaba. Pero ya están en el tercer año”.

En la Corte, el destinatario del mensaje tiene el nombre de Juan Bautista Mahiques. “Es un mensaje a Mahiques, que los venía bancando”, dijeron a , en referencia a los jueces que sostuvieron la causa en Campana.

El ministro, sin embargo, eligió otra lectura y la hace circular entre sus interlocutores. Mencionan estas fuentes que los fallos refuerzan la necesidad de que él sea el procurador general, porque con él al frente de los fiscales no habrían ocurrido.

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El razonamiento es que el recurso de queja del fiscal Villar llegó a la Corte porque Casal lo mantuvo y lo respaldó con un dictamen contundente. Con un procurador alineado con el Gobierno, ese camino se hubiera cerrado.

Por eso -en esta interpretación- Mahiques dejó correr el fallo y lo convirtió en una vidriera: así funciona la Procuración sin él.

Mientras tanto, la causa por la AFA regresará ahora al juez Rafecas, que tiene en el Senado su pliego para la Cámara Nacional de Casación; pero no se irá pronto: con los tiempos parlamentarios, el trámite pasa a extraordinarias o a marzo.

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“Hasta abril estoy, como mínimo”, dijo Rafecas a sus allegados que hablaron con . Tampoco delegó la investigación en el fiscal Ramiro González, a quien las defensas miran con lupa porque también integró los tribunales de la AFA. González renunció a esos cargos hace un año. “Si me quieren sacar, me hacen la gauchada”, ironizó el fiscal federal ante sus amigos, según contaron a .

Un día antes de los fallos, el miércoles, los camaristas federales Eduardo Farah, Mariano Llorens, Pablo Yadarola, Pablo Bertuzzi y Roberto Boico recibieron en Comodoro Py a los jueces federales de primera instancia. Faltó María Servini.

El temario oficial fue la implementación del sistema acusatorio, que debería comenzar a regir en los tribunales federales porteños el 15 de febrero. Pero el mensaje fue otro, y lo transmitió Llorens, que fue electo presidente de la Cámara Federal tras ese encuentro.

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No era una foto protocolar y nada más. “La nueva Cámara tiene que diferenciarse de la vieja”, repitió el camarista a sus allegados, según contaron a fuentes judiciales, para diferenciarla del tribunal que supo presidir más de una década el camarista Martín Irurzun.

Llorens les dijo a los jueces que la Cámara está “para bancarlos a lo que sea”, que es una responsabilidad del gobierno de la jurisdicción “estar al lado de los que toman decisiones” y que los que necesiten respaldo “lo van a encontrar en la Cámara”.

Prometió más diálogo, la inauguración de “una secretaría de comunicación más profesional” y hasta un canal para responder a la prensa cuando haga falta. Habló de “hacer corporativismo, bien entendido”. En su entorno lo describen ante como un gestor con “músculo de poder”.

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Llorens busca presentarse como el nuevo líder de la Cámara Federal y de los jueces federales de primera instancia. Pero los magistrados son todos tiburones que no reconocen liderazgos. Son singlistas con juego propio y lo tuvieron siempre.

Ninguno necesita un jefe, y menos uno que ofrece protección corporativa. En el Palacio de Talcahuano 550 le bajaron el precio al encuentro: “Es una reunión protocolar. Estas fotos son irrelevantes”, mencionaron a en la Corte, donde está claro que no rigen las mismas reglas de hace unos años para relacionarse con la Cámara Federal.

En cambio, en la Cámara Federal presidida por Llorens e integrada por Yadarola, amigo de Mahiques y Bertuzzi, recién reconfirmado en el tribunal, el ministro de Justicia y aspirante a la Procuración cuenta con aliados leales.

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“Necesitamos un Juan Bautista Mahiques como conductor, un Chief Justice como en Estados Unidos”, se entusiasma ante un camarista federal. Alude a Mahiques como Procurador y conductor de los fiscales en el sistema acusatorio que arrancaría en febrero en Comodoro Py 2002. Siempre que los jueces federales quieran.



envió un mensaje directo a Mahiques con el fallo,Hernán Cappiello,Conforme a

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Máximo Kirchner quedó al frente del Congreso del PJ bonaerense en un acuerdo entre los distintos sectores

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El peronismo bonaerense avanzó con la renovación de sus autoridades y terminó de ordenar el reparto de espacios dentro de la estructura partidaria. Máximo Kirchner fue designado presidente del Congreso del PJ provincial, en una jornada que reunió a dirigentes del kirchnerismo, el sector que responde a Axel Kicillof e intendentes del conurbano y del interior.

El encuentro se desarrolló en La Plata cerca del mediodía y avanzó con la formalización de una conducción que ya había sido acordada entre las distintas líneas internas.

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La nueva mesa tendrá al kirchnerista Pablo Zurro como vicepresidente primero, al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, como vicepresidente segundo y a Cristina Álvarez Rodríguez en la vicepresidencia tercera. La Secretaría General quedó para el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, mientras que Gastón Granados ocupará la prosecretaría.

Axel Kicillof está al frente del Consejo del PJ bonaerense. (Foto: prensa Axel Kicillof)

El esquema también incluye a Daniela Vilar en la Secretaría Administrativa, Carlos Balor como prosecretario administrativo, Lucía Portos en la Secretaría de Actas y Lauro Grande como prosecretario. Por su parte, Julio Pereyra y Edgardo Depetri estarán al frente de la Secretaría y la Prosecretaría de Acción Legislativa, respectivamente.

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Semana clave: Karina Milei volvió a convocar a la Mesa Política y se definen los proyectos que va a priorizar la Casa Rosada

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Karina Milei volvió a convocar a la Mesa Política del Gobierno para el martes 24 de noviembre a las 13 en la Casa Rosada, con el objetivo de cerrar la estrategia política en términos legislativos antes de que el período ordinario del Congreso venza y se defina el llamado a sesiones extraordinarias en los próximos días. Será la segunda reunión en siete días, tras casi un mes sin encuentros.

La cumbre deberá definir el quórum para tratar el Presupuesto 2027 en Diputados, los votos para suspender las PASO en el Senado y las negociaciones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantendrá con los gobernadores mientras presenta su primer informe de gestión ante la Cámara alta.

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La reunión volverá a realizarse en el horario habitual de las 13, luego de que el encuentro del martes 17 se adelantara a las 11. Aquella cita duró una hora y media y fue la primera desde principios de mes.

Además de Karina y Santilli, en la mesa participan el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

El cierre legislativo antes del 30 de noviembre

Santilli debutará el miércoles 25, desde las 15, en el Senado con su primer informe como jefe de Gabinete. La oposición ya envió más de 1.600 preguntas y el oficialismo prevé que la sesión pueda extenderse durante más de seis horas.

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En Diputados, La Libertad Avanza busca llevar al recinto el Presupuesto 2027, que obtuvo dictamen de mayoría el martes 17. La sesión está prevista para el miércoles 25, aunque en el Congreso evalúan postergarla hasta el jueves 26 porque se va a insistir en el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada

La aprobación definitiva de esa iniciativa quedaría para diciembre, durante las sesiones extraordinarias. Antes de esa discusión, Martín Menem deberá resolver la designación de la cuarta representante de la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura.

Provincias Unidas promueve al diputado Juan Brügge, mientras que el PRO impulsa a Florencia de Sensi. La falta de consenso impidió reunir quórum el miércoles 18 y frustró una sesión que debía abordar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

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El principal debate de la semana llegará el jueves 26 en el Senado, con el proyecto que suspende las PASO para 2027. El oficialismo sostiene que cuenta con 40 votos, aunque todavía no consiguió cerrar el dictamen.

Los dos senadores de Provincias Unidas y tres representantes radicales firmaron en disidencia. Para acercar posiciones, la versión negociada retiró las listas colectoras, que habían generado resistencia entre los aliados.

Ese mismo día existe una moción de preferencia para tratar el proyecto de prevención de la ludopatía. La Cámara alta viene de aprobar por unanimidad el régimen permanente de discapacidad, además de sancionar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada por 42 votos contra 26, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes por 47 a 22 y la Ley Joaquín.

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Los votos para las PASO y las tensiones internas

La última reunión política estuvo centrada en el recuento de respaldos para la reforma electoral. El oficialismo reconoció entonces que aún no reunía los votos necesarios en el Senado y no logró avanzar con el dictamen.

El comunicado oficial indicó que continuarían las conversaciones sobre la iniciativa y que se recibirían propuestas y modificaciones de los distintos bloques. En paralelo, el PRO anunció que acompañará la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de parlamentarios del Mercosur, aunque condicionó ese respaldo al avance de Ficha Limpia.

Patricia Bullrich confirmó que votará la suspensión de las primarias. La mesa del 17 también definió enviar al Congreso el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos.

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Será la segunda reunión de la mesa política en 7 días

La cita previa se había realizado después de una pausa de casi un mes. Karina Milei suspendió el encuentro previsto para el 3 de noviembre tras la ausencia de Bullrich en una reunión de Gabinete, mientras que la visita del papa León XIV dejó sin actividad la agenda de la semana siguiente.

La imagen de unidad de la última cumbre no eliminó las diferencias entre sectores del Gobierno, aunque creen que los diversos acuerdos legislativos logrados esta última semana ayudaron a limar algunas asperezas. “Creo que el Gobierno venía en un letargo hasta la llegada del Papa con temas que no avanzaban. Creo que después, no sin algunos contratiempos, salimos adelante”, afirma uno de los miembros de la Mesa en diálogo con Infobae.

En el Ejecutivo descartan una ruptura. Bullrich sigue siendo una figura necesaria para reunir apoyos en la Cámara alta, donde el Gobierno necesita cada voto para aprobar la suspensión de las PASO.

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