POLITICA
Caso $LIBRA: dos ONG denuncian irregularidades en el proceso y piden que se anulen los sobreseimientos de Milei y su hermana
Tras reclamar la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para evitar el cierre definitivo del expediente, dos organizaciones no gubernamentales (ONG) que participan en el caso $LIBRA como amicus curiae solicitaron al fiscal general ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe, que impulse la nulidad de los sobreseimientos del presidente Javier Milei y los otros diez imputados. Argumentaron que el fiscal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi omitieron cumplir normas que garantizan a las víctimas el derecho a ser escuchadas y a solicitar la revisión de una decisión que pone fin a la persecución penal.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) presentaron un escrito en el que denunciaron el incumplimiento de una resolución de la Procuración General de la Nación (PGN) y reclamaron que, por tanto, se anule la resolución del 23 de octubre que desvinculó a los once investigados del expediente por el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA.
Las entidades, representadas por Julián Alfie y Pedro Biscay, sostuvieron que ni las querellas —cuya exclusión del expediente se encuentra recurrida ante la Casación Penal— ni las propias organizaciones fueron notificadas, siquiera informalmente, de que Taiano promovería los sobreseimientos. Tampoco, afirmaron, tuvieron oportunidad de expresar su posición antes de que el fiscal se pronunciara a favor del cierre de la causa.
La actuación del fiscal Taiano, advirtieron Inecip y Cipce, contradice el inciso k del artículo 5 de la ley 27.372 de derechos y garantías de las víctimas de delitos, el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal y las pautas de la resolución 41/23 de la PGN, que establece un mecanismo para que las víctimas puedan pedir que un fiscal superior revise la decisión de un representante del Ministerio Público Fiscal de solicitar un sobreseimiento.
El planteo apunta a que Agüero Iturbe garantice ese mecanismo de revisión, que contempla un plazo de diez días para que las víctimas manifiesten su oposición fundada al pedido de sobreseimiento. En ese sentido, Inecip y Cipce remarcaron que Taiano presentó su dictamen el 22 de octubre y Martínez de Giorgi lo acogió al día siguiente, sin que se cumpliera previamente ese trámite ni interviniera el fiscal general para examinar las objeciones que pudieran formularse.
“Entendemos que en el caso concreto se ha configurado un vicio de procedimiento que obliga al fiscal de cámara a exigir su reparación ante la alzada del fuero”, indicaron Alfie y Biscay, “quien deberá ordenar -sin más- la nulidad de la decisión judicial dictada el 23 de octubre”.
La presentación remarca, además, que la resolución de la PGN 41/23 no constituye una mera formalidad, sino una garantía destinada a evitar que una decisión fiscal que implique abandonar la persecución penal quede firme sin que las víctimas puedan cuestionarla ante una instancia superior.
Las organizaciones solicitaron, por eso, que el fiscal general no se limite a escuchar ahora sus argumentos, una vez dictados los sobreseimientos, sino que promueva la nulidad de la resolución judicial para restablecer el procedimiento que, según denunciaron, fue omitido. También pidieron que se ejerza el denominado control de convencionalidad, es decir, que se examine la compatibilidad de las decisiones y normas aplicables con las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en materia de derechos humanos.
En respaldo de su planteo, citaron el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referido a la protección judicial efectiva, y jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. Entre otros antecedentes, invocaron un fallo que consideró procedente anular una decisión judicial adoptada después de que un fiscal pidiera desestimar una denuncia sin que el damnificado hubiera sido notificado y pudiera recurrir a la revisión de su superior jerárquico.
Las ONG sostuvieron, además, que la ciudadanía puede ser considerada víctima de la corrupción institucional por el daño que esos delitos ocasionan al funcionamiento del Estado y a las oportunidades que este debe garantizar. Para respaldar esa interpretación, citaron un antecedente judicial que reconoce los perjuicios colectivos derivados de la corrupción y la relevancia de la participación de la sociedad civil en su prevención y persecución.
En ese contexto, Inecip y Cipce sostuvieron que el análisis de una presunta trama de corrupción exige evaluar las pruebas indiciarias, sus conexiones y los elementos pendientes de producción, en lugar de considerar cada indicio por separado. Afirmaron que el expediente contenía cuestiones que debían profundizarse antes de adoptar una decisión definitiva.
El pedido quedó ahora dirigido a Agüero Iturbe, quien deberá evaluar el planteo dentro de sus atribuciones. Las ONG solicitaron que impulse la nulidad de la resolución del 23 de octubre y que se restablezcan las garantías que, según denunciaron, fueron vulneradas. La presentación también fue remitida al procurador general, Eduardo Casal.
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los sobreseimientos,lo acogió al día siguiente,Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
Juan Pablo “Pata” Medina reapareció en una asamblea y rechazó la intervención de la Uocra platense
El exsecretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, encabezó anoche una asamblea de su sector gremial para oponerse a la intervención de la regional del sindicato y posicionarse para volver a conducirla.
La asamblea en la que se presentó “Pata” Medina se realizó en el camping que la Uocra platense tiene en Almirante Brown y 26 Bis, en la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada.
La Uocra de La Plata está intervenida desde que Medina fue detenido en 2017, en un expediente que encabezó el juez federal Luis Armella, que lo acusó de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión, y lo embargó por 200 millones de pesos. En 2021, Medina fue excarcelado. En 2022, tras iniciarse una causa contra funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal y agentes de inteligencia acusados de armar causas en su contra, fue sobreseído. No obstante, el mes pasado la Corte Suprema revocó el sobreseimiento.
Según pudo saber , el gremialista “Pata” Medina y su hijo Cristian “Puly” Medina buscan movilizar a su militancia para forzar el cese de la intervención (está a cargo de Oscar Rizzo). En los días previos al acto de este jueves, los seguidores de la facción de Medina realizaron asambleas en la planta de YPF en Ensenada (en la que hubo un paro), y en obras de esa localidad, de Berisso, de Magdalena y de Brandsen. “Pata y Puly conducción. Fuera intervención”, rezaban pasacalles con los que la agrupación de Medina convocó a la asamblea.
“Esta noche, nos convocó entender que hay una seccional intervenida de forma injusta”, afirmó Puly Medina en la asamblea. Luego, habló su padre, que agradeció a los presentes y dijo que le sugirieron “dar un paso al costado”. Subrayó que no lo hará porque su “alma y corazón están con los trabajadores”. En su discurso, apeló a menciones a figuras como Nelson Mandela y Luiz Inácio Lula da Silva, al que le agradeció su triunfo. “Aún tengo más ganas de luchar”, subrayó.
El acto en el camping de la Uocra platense estuvo custodiado por efectivos policiales, en alerta ante la posibilidad de incidentes. Fueron frecuentes los enfrentamientos entre el sector de Medina y el de Iván Tobar. Fuentes policiales calcularon la asistencia en unas 600 personas.
Como periodista político, estoy presente en desde el año 2015, con la sección Política como eje de mi actividad. Pasé por diversas áreas de cobertura, desde la conflictividad callejera a las internas políticas. Actualmente, la política bonaerense es mi principal foco de trabajo en .
Javier Fuego Simondet,UOCRA,La Plata,Conforme a
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La contundente definición de Mauricio Macri sobre las negociaciones con La Libertad Avanza por un acuerdo electoral
Mauricio Macri reapareció en el evento anual de la Fundación Hacemos!, organizado por María Eugenia Vidal en el Hipódromo de Palermo, y fue contundente sobre las negociaciones con La Libertad Avanza en busca de un acuerdo electoral: “No se avanzó nada”.
El líder del PRO respondió a los cronistas mientras subía a un ascensor y ratificó que no hubo progresos en las conversaciones con el oficialismo. La declaración fue respaldada por el diputado nacional Fernando de Andreis, quien encabeza la representación del PRO en las reuniones con funcionarios del Gobierno.
Macri evitó opinar sobre la fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil, argumentando que no estaba al tanto del tema. Sin embargo, se diferenció de Javier Milei y felicitó a Lula da Silva por su reciente triunfo electoral. Además, el PRO reclamó mayor diplomacia al Gobierno y pidió que se fomente el diálogo con quienes piensan distinto.
En su discurso, Macri celebró la convocatoria y destacó la importancia de seguir apostando por los proyectos educativos del PRO. “Es importante porque eso significa que seguimos creyendo”, remarcó ante empresarios, referentes sociales y donantes.
El expresidente criticó el debate político actual en la Argentina y lo contrastó con lo que observó en el exterior: “Vengo de donde están las petroleras más grandes del mundo, los bancos más grandes del mundo y allí se discute seriamente cómo mejorar la educación y sobre la implementación de la Inteligencia Artificial”.
Macri lamentó que en el país “seguimos discutiendo si el déficit fiscal sí o no, y que el presupuesto, que tendría que ser el lugar de unión de los argentinos porque no sobran los recursos, es una guerra, una batalla. Ni siquiera el presupuesto destinado a educación se puede evaluar. Realmente todo esto es política de la mala”, se quejó.
También resaltó la necesidad de apostar a los programas educativos: “El mundo está cambiando muy rápido y cada uno de estos chicos que pasa por el programa tiene que tener una oportunidad. Hoy, la información es universal. Ya no se necesitan grandes sumas de dinero para saber qué está pasando. Tenemos que apostar a este programa”.
Mauricio Macri, La Libertad Avanza, PRO
POLITICA
La Justicia ordenó devolverle $9.377 millones a Enrique Piñeyro por el impuesto a la riqueza que le cobró Alberto Fernández: los donará al Garrahan
La sentencia definitiva sobre el aporte solidario, creado durante el gobierno de Alberto Fernández y conocido como impuesto a la riqueza, abrió el camino para que una suma de $9.377 millones vuelva a manos de quien la había abonado.
La resolución judicial ordenó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que sucedió a la AFIP, reintegrar el dinero luego de una apelación; el beneficiario calculó que representa “el 99% del pago” que realizó, aunque advirtió que la devaluación redujo su valor en términos reales.
A partir de esa devolución, Enrique Piñeyro, piloto de avión, actor y empresario, decidió que los fondos tendrán como destino la Fundación Garrahan.
Su plan no consiste en retener el reintegro, sino en transferirlo a la entidad vinculada al Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, una vez que el dinero ingrese en la cuenta que debe utilizar para completar el circuito formal. “El dinero tiene que pasar por una cuenta mía e ir al Garrahan”, explicó en Infobae Al Amanecer.
La devolución judicial tendrá como destino la Fundación Garrahan
La decisión de donar no quedó en una promesa posterior al fallo. Piñeyro afirmó que dejó documentada la operación ante escribano público y que la fundación ya aceptó el instrumento, por lo que considera que existe un compromiso establecido entre las partes.
“Yo ya hice la escritura de donación para el Garrahan”, sostuvo el piloto, quien remarcó que el paso por su cuenta personal responde a los requisitos administrativos para recibir y enviar los recursos.
La causa se originó en una discusión sobre el alcance temporal del aporte solidario. Piñeyro presentó una acción declarativa de certeza para que la Justicia definiera la validez de una porción del tributo que, según su planteo, alcanzaba situaciones anteriores a la sanción de la ley.
Dijo que pagó el impuesto, incluidos los punitorios derivados de la demora, y que el desembolso previo modificó luego el objeto del expediente, que pasó a incorporar el pedido de devolución. Al cuestionar la norma, afirmó: “No puede ser que estén pegando manotazo de ahogado”.
El piloto insistió en que su reclamo no tuvo como finalidad evitar el pago ni conservar los fondos para sí. Por el contrario, sostuvo que el caso buscó poner en discusión criterios de la política tributaria y que el reintegro puede volcarse a una institución de salud pública.
“Yo creo que hay que pagar impuestos”, planteó, y agregó que las personas con patrimonios más altos deberían realizar una contribución mayor.
Falta de continuidad en la política tributaria
En ese marco, vinculó el debate con las devaluaciones, la inflación y las sucesivas regularizaciones de activos. Mencionó los blanqueos dispuestos durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, y los describió como parte de un problema que excede a una administración en particular.
Para Piñeyro, esas herramientas desalientan a quienes cumplen sus obligaciones porque instalan la expectativa de una futura regularización, mientras algunos trabajadores de ingresos bajos —como docentes, según señaló— pueden quedar alcanzados por Ganancias.
Su mirada sobre los impuestos se conecta con una definición más amplia sobre las responsabilidades estatales. Piñeyro sostuvo que el Estado debería funcionar como un “ecualizador” social, con capacidad para garantizar vivienda, educación, salud y nutrición. “Toda persona, por el solo hecho de nacer, tiene derecho” a esos servicios, afirmó al referirse a la necesidad de una base de protección para cada niño.
Desde esa perspectiva, mencionó los subsidios a los servicios públicos que reciben sectores de altos ingresos y citó casos de San Isidro como ejemplo de una asignación que, a su entender, debería revisarse.
También habló de hospitales públicos con necesidades de inversión y mantenimiento, y ubicó al Garrahan entre las instituciones que requieren más recursos. “El Estado tiene que ser un ecualizador”, insistió, al sostener que la devolución del aporte puede dirigirse a áreas como la salud y la universidad pública, que considera desfinanciadas.
El debate sobre patrimonio, poder político y empresas tecnológicas
Piñeyro propuso además discutir límites a la acumulación de riqueza, una posición que, según explicó, va más allá de elevar la carga tributaria sobre los grandes patrimonios. Relacionó la concentración económica con recursos que podrían faltar en otros sectores y con la posibilidad de adquirir bienes cada vez más costosos sin que ello resuelva vínculos familiares o problemas de salud. “No puede ser que uno pueda acumular indefinidamente”, expresó.
La preocupación se extiende, según dijo, al peso político de los empresarios con capacidad para financiar campañas o incidir en decisiones públicas.
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enrique piñeyro
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