En medio de una inocultable crisis financiera en IOMA, expresada en manifestaciones de afiliados, reclamos y parates de prestadores, y cruces públicos de intendentes y legisladores con las autoridades sanitarias de la provincia, TN detectó irregularidades en adjudicaciones por parte del presidente de la obra social.

De un pago de $39 millones por una silla de ruedas motorizada que en el mercado se puede conseguir a $10 millones a otro de $12,5 millones a una ortopedia para comprarle a una afiliada un sistema de bipedestación cuyo precio de fábrica es de $5 millones.

Los detalles de las adjudicaciones de IOMA con sobreprecios

Las compras de dispositivos de traslado para personas con discapacidad se realizan a través de ortopedias privadas que se ofrecen en IOMA con sus cotizaciones.

El 19 de marzo de 2026, Homero Giles firmó la orden de compra N° 300334, para una silla de ruedas marca Merits, de origen chino, modelo P210. El proveedor elegido fue la ortopedia platense Tor, que pasó un presupuesto de $39.190.592.

Se supone que es el mejor precio que IOMA consiguió para esta silla china. Sin embargo, en el mercado, y para la compra de forma particular, esa marca y modelo se ofrece a $10.000.000, según constató TN.

La ortopedia platense elegida por IOMA para esta compra, sin embargo, no fue la que realmente importó la silla. Según pudo reconstruir este medio, fue la ortopedia porteña Escalada la que compró el equipo, que luego le habría vendido a Tor —a un precio que la firma platense no informó, consultada para esta nota— y a su vez, ésta le habría vendido al IOMA a $39.190.592. El valor de un cero kilómetro.

Esa orden de compra para la silla de ruedas incluía una serie de accesorios especializados (cinturón, faja de contención, almohadón, unidad postural modular y mesa de acrílico) que le agregaron otros $10.000.000 al desembolso de IOMA. El monto total adjudicado fueron $48.998.592.

Otra de las compras de IOMA para afiliados con discapacidad que analizó TN es la de un bipedestador que necesita de forma urgente una niña del Gran La Plata para poder ir a la escuela y desarrollar su vida cotidiana. Se trata de un equipo de la prestigiosa marca nacional Standlife. Para concretar esta compra, IOMA no contactó a la fábrica, sino que seleccionó como el intermediario más conveniente a la ortopedia porteña Crux. La orden de compra N° 301416 le autorizó un pago de $12.450.000 para el bipedestador. En la fábrica, el equipo le saldría a IOMA por debajo de los $5.000.000.

Crux desembarcó hace poco en el circuito de proveedores de IOMA y empezó a picar en punta, con numerosas adjudicaciones para afiliados de distintas zonas de la provincia. Otra operación que recibió, por ejemplo, fue la de una silla de ruedas a pedal de la marca estadounidense Ki Mobility, que fue cotizada a $11.900.000. Con los accesorios (apoyacabezas, butaca, almohadón, cinturón, mesa), esta orden de compra asciende a $17.680.000.

TN se comunicó con las ortopedias mencionadas en esta nota para consultarles por su relación con la obra social IOMA, las características del circuito de adjudicaciones, de importaciones o compras nacionales, según el caso, y por sus cotizaciones. Las firmas que respondieron justificaron sus números en función de una labor que, según detallaron, consiste en ponerse en contacto con los pacientes y visitarlos para tomarles las medidas exactas para encargar los dispositivos indicados por los médicos. También señalaron que IOMA tarda algunos meses en pagarles estas órdenes millonarias.

Miles de quejas y amparos judiciales

Las sospechas por presuntos sobreprecios reveladas en TN de Noche surgen en un momento delicado de IOMA.

• Hay problemas con tratamientos y remedios.
• Cierran centros de atención para personas con discapacidad.
• Los médicos se bajan de las cartillas por las deudas de IOMA.
• Todas las semanas hay alguna manifestación de afiliados, que reclaman por insumos o turnos, incluso pernoctando de las instalaciones de la gigantesca obra social.

Mar del Plata y La Plata están entre los distritos más críticos de esta obra social, la segunda más grandes del país después del PAMI, con más de dos millones de afiliados obligatorios, que hacen aportes solidarios, entre los que se encuentran docentes, policías, empleados judiciales, trabajadores de los ministerios, jubilados y empleados municipales.

El grupo de Facebook “IOMA Amparos, denuncias y reclamos” tiene 45.900 miembros. El grupo “Víctimas y familiares de Violencia Institucional del IOMA” tiene otros 3000. Las constantes denuncias, lamentos y pedidos de auxilio que se vuelcan en este tipo de comunidades virtuales reflejan la penosa realidad.

“Hace 7 meses que las acompañantes terapéuticas de Santi no cobramos”. “Requerimos la silla de ruedas urgente ya que nuestra hija no está pudiendo acceder a su escuela, afectando su salud psicológica y psiquiátrica”. “IOMA duele”. Estos son algunos ejemplos de las publicaciones cotidianas que aparecen en estos grupos de Facebook.

“Hace dos años inicié un amparo judicial para acceder a un implante coclear”. “Hace tres meses que el traumatólogo presentó el pedido de insumos para operarme de una luxación grave de rodilla, lo cual me impide caminar”. “Me operé en septiembre 2025 y todavía no me han hecho el reintegro”.

También figuran en estos grupos publicaciones de Sol Carrera, una mujer de Mar del Plata que enmarca la reciente muerte de su madre, Silvia Nancy González (56), en un cuadro de irregularidades, falta de cobertura y presunto abandono de IOMA.

El Poder Judicial es otro termómetro del descalabro. Un relevamiento de TN entre los expedientes digitales disponibles en el fuero en lo Contencioso Administrativo bonaerense arroja que hay por lo menos 2000 amparos activos presentados por afiliados, que luchan mediante este instrumento por sus insumos y prestaciones, y que tienen los recursos para poder emprender un amparo.

Por fuera de esa cifra existe todo otro gran universo de litigios que enfrenta IOMA en este mismo fuero, iniciados por empleados, sindicatos y clínicas.

En la Legislatura bonaerense, en tanto, hay por lo menos 39 proyectos referidos a la crisis en IOMA, entre proyectos de ley y pedidos de informes pendientes de tratamiento.

Es este contexto que asoman las curiosas compras de insumos, a través de un “rulo” de ortopedias, con precios finales que son varias veces más altos que en el mercado.

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La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aceptó incorporar modificaciones reclamadas por sectores aliados para destrabar el apoyo al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el ministro Federico Sturzenegger que generó tensiones dentro del oficialismo y diferencias con bloques dialoguistas.

La intención de los libertarios es sancionar el próximo jueves la iniciativa, que ya cuenta con dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, aunque sufrió 16 modificaciones en su redacción hasta el momento. En el Senado no descartan que durante la sesión puedan incorporarse nuevos retoques técnicos.

La sesión prevista para el 16 de julio pasó a un cuarto intermedio y se retomaría este jueves, cuando el oficialismo buscará avanzar con un proyecto que incluye cambios en la Ley de Tierras, desalojos exprés y modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego.

El principal punto de conflicto estuvo centrado en la reforma de la Ley de Tierras, especialmente en el régimen para la compra de suelo argentino por parte de extranjeros. Ese aspecto fue el eje de la reunión virtual que Bullrich mantuvo este lunes con el bloque oficialista, donde expuso los pedidos realizados por bancadas como el PRO, la Unión Cívica Radical y distintas fuerzas provinciales.

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El radicalismo mantiene diferencias internas que podrían poner en riesgo la aprobación de la iniciativa. Los senadores bonaerense Maximiliano Abad, pampeano Daniel Kroneberger y catamarqueño Flavio Fama sostienen una postura diferente a la de otros siete integrantes del bloque que responden particularmente a sus gobernadores.

Además, los senadores radicales reciben presión de sectores internos del partido. El Comité Nacional, encabezado por Leonel Chiarella, y la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), cuyo secretario general nacional es Luis Cerini, plantearon objeciones al proyecto. Junto a Jorge Astone, de Buenos Aires, Darío Merlo, de Santa Fe, y otros dirigentes, señalaron que “la venta de territorio nacional pone en riesgo nuestra soberanía, nuestros recursos estratégicos, nuestra agua y principalmente, la apertura de fronteras a cualquier experimento sin control”.

En paralelo, los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, de Encuentro Misionero, inmersos en la disputa política provincial entre el gobernador Hugo Passalacqua y el referente provincial Carlos Rovira, habrían decidido acompañar el proyecto en general, aunque rechazarían el artículo tercero referido a la venta de tierras rurales a extranjeros.

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Ese artículo representa el punto central de las reformas impulsadas por Sturzenegger dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La versión original planteaba eliminar límites para la venta de tierras rurales a extranjeros, una posición que generó diferencias con Bullrich y con algunos aliados legislativos.

La nueva versión del proyecto establece un límite del 25% “por provincia” para la venta de territorio a extranjeros, con autorización tanto del Poder Ejecutivo Nacional como del gobierno provincial correspondiente. Actualmente, la Ley de Tierras establece que solo puede venderse a extranjeros hasta el 15% de las tierras rurales de cada jurisdicción y fija, además, que ninguna persona física o jurídica extranjera puede superar las 1000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones.

Entre los cambios incorporados para conseguir respaldo de la oposición dialoguista, se incluyó una serie de prohibiciones vinculadas a la adquisición de tierras. El texto plantea “la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, así como de agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y demás vínculos asociativos, todos ellos con participación estatal extranjera directa o indirecta”, salvo autorización de la provincia donde se ubique el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

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El nuevo artículo tercero establece “la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del 25% en el territorio de cada provincia”.

Además, agrega que “toda adquisición deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente”.

Otro de los reclamos de los senadores de provincias fronterizas fue incorporar una doble autorización para la compra de tierras rurales: del Gobierno nacional y del gobierno provincial. Según el nuevo esquema, el Poder Ejecutivo Nacional tendrá intervención en materias vinculadas a “seguridad nacional, objetivos estratégicos y defensa nacional”.

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Los bloques dialoguistas también pidieron que la aplicación de la norma contemple el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, debido al uso de recursos naturales estratégicos.

Todos los cambios serán presentados este martes a las 16 en la Cámara Alta, durante una conferencia encabezada por Bullrich y por los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, respectivamente.

Neuquén plantea diferencias

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, envió una señal de preocupación a la Casa Rosada y a la mesa política encargada de construir mayorías para la sesión del jueves en el Senado.

Figueroa anunció que enviará a la Legislatura provincial un proyecto para garantizar que las tierras fiscales de Neuquén solo puedan ser vendidas a ciudadanos o personas jurídicas argentinas. Además, propuso modificar la Ley Provincial 263 de tierras para orientar la adjudicación de esos terrenos al desarrollo de proyectos productivos, ganaderos o turísticos.

El mandatario provincial cuenta en el Senado con el respaldo de su bloque, Neuquinidad, que integra la senadora Julieta Corroza, cuyo voto puede resultar determinante en un escenario de paridad entre quienes apoyan y rechazan la iniciativa.

Rechazo opositor

La bancada Justicialista que conduce José Mayans se mantiene en contra del proyecto y cuenta con el respaldo de gobernadores como Axel Kicillof, de Buenos Aires; Ricardo Quintela, de La Rioja; y Gildo Insfrán, de Formosa.

Para expresar su rechazo a la propuesta impulsada por el presidente Javier Milei, Mayans organizó este lunes una conferencia en la sede del Partido Justicialista junto al exministro Julián Domínguez, los senadores Jorge Capitanich y Eduardo de Pedro, y el diputado Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados.

Desde Provincias Unidas, la senadora cordobesa Alejandra Vigo también adelantó su voto negativo. “Tengo claro que votaré en contra del proyecto que propone eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros. Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción”, afirmó.

Para este jueves 6 de agosto se espera una movilización de distintas fuerzas políticas y sociales en rechazo a la autorización de venta de tierras rurales a extranjeros.

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