POLITICA
Círculo rojo: nubarrones en el plan de Milei y secretos detrás del traspié legislativo entre Punta Cana y Buenos Aires
El miércoles, mientras en Buenos Aires se intensificaban las negociaciones y el oficialismo ya había tenido que ceder en el Senado el polémico capítulo 3 de la ley de tierras para no perder una votación parlamentaria además de la narrativa pública, Javier Milei se preparaba para volar a Ecuador y Colombia, y Federico Sturzenegger exponía una clase magistral de casi una hora a 6.000 kilómetros del país, en Punta Cana, en el marco del foro Meta RD 2036. Autor intelectual del cuestionado proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, el ministro fatigó esa noche el teléfono en la sala VIP del aeropuerto de esa ciudad antes de embarcarse en el vuelo DM6266 de Arajet que lo devolvería al país en la mañana siguiente, en la previa de la sesión del Senado, junto a uno de sus máximos colaboradores que lo acompañó hasta República Dominicana, y que no dudó en ponerse el traje de baño para disfrutar de la piscina descubierta que ofrece una vista privilegiada de los aviones y las pistas de aterrizaje. “El Gobierno tiene que entender que no se puede mandar cualquier cosa: se ponen objetivos que después no se pueden cumplir”, se quejaría en la mañana del viernes un integrante de la mesa política del Ejecutivo en reunión con su equipo de trabajo.
El paso en falso en el Senado del gobierno, que le dio media sanción a un proyecto rengo después de ceder en dos de sus principales capítulos -la ley de tierras y la ley de manejo del fuego-, expuso un problema más profundo que la discusión en torno a la iniciativa redactada por el ministro de Desregulación, cada vez más cuestionado puertas adentro: la disociación de la agenda y el relato oficial con los problemas cotidianos de los argentinos. También el funcionamiento de la mesa política y el rol de sus integrantes, y la crisis de la narrativa libertaria para imponer la agenda de Javier Milei en la conversación pública: “El aparato comunicacional está destruido”, resaltó un dirigente destacadísimo.
Las últimas 96 horas fueron de un desasosiego creciente para la política y la narrativa del Gobierno. Hasta la sesión del jueves, en el grupo de WhatsApp que los senadores de La Libertad Avanza comparten con Karina Milei, Diego Santilli, Eduardo Menem –“Lule”– e Ignacio Devitt no hubo ninguna bajada de línea oficial: silencio por parte de la Casa Rosada. En paralelo, la oposición, la sociedad civil y un grupo numerosísimo de artistas copó la agenda pública en contra del proyecto ideado por Sturzenegger: según un relevamiento de la consultora Enter Comunicación, en el 83% de las menciones alusivas en redes prevaleció un sentimiento negativo. La reacción del gobierno fue tardía y errática: cuando envió a los funcionarios a defender la iniciativa a los medios, la conversación ya estaba perdida. El miércoles a última hora se planteó la posibilidad de improvisar una conferencia de prensa en el Senado con Patricia Bullrich y senadores aliados, pero se desechó. Más temprano, gobernadores cercanos a la Casa Rosada como Rolando Figueroa –“Rolo”-, Osvalo Jaldo o Hugo Passalacqua se pronunciaron en contra de la extranjerización de tierras, una decisión inédita para tres jefes provinciales que en más de dos años y medio de mandato casi no se atrevieron a desmarcarse públicamente de Milei. Algunos senadores del oficialismo se dieron cuenta que el relato había fracasado cuando, a mediados de semana, empezaron a recibir en su teléfono mensajes de amigos enardecidos por la venta de tierras a extranjeros. Un altísimo funcionario libertario comparó, más allá de las evidentes diferencias y la gravísima crisis política de aquel momento, la mala praxis comunicacional en la defensa de este proyecto con la resolución 125 de julio del 2008, cuando Néstor y Cristina Kirchner se aferraron a un discurso que a todas luces estaba perdido.
El de este jueves fue el cuarto intento del Gobierno en la promoción de una iniciativa impopular y el corolario de un proceso de reorganización, tras la crisis de más de tres meses en torno a la figura de Manuel Adorni, del sistema de toma de decisiones que, por el traspié de este jueves, obliga al Ejecutivo a revisar su implementación. Según trascendió en estas horas, la hermana del Presidente ordenó verificar en la mesa política todos los proyectos enviados y, en particular, aquellos ideados por el ministerio de Desregulación. También, el procedimiento de negociación con los aliados. Para privilegiar los textos prioritarios, como la reforma política, en especial la suspensión de las PASO, atada a los acuerdos con los gobernadores. En la antesala del envío del Presupuesto 2027, que confirmará las pautas de la ortodoxia fiscal de Caputo para el próximo año, en plena campaña.
El martes, en la reunión de bloque, Bullrich reconoció que habían “entregado” muy rápido, al inicio de la discusión en comisiones, el capítulo vinculado con las modificaciones en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), como prenda de cambio más adelante o, al menos, para intentar llevarse la marca del debate público.
Dentro de La Libertad Avanza reconocen que, más allá de la praxis parlamentaria alrededor de la sesión de este jueves, empiezan a aparecer signos de agotamiento de cara a la campaña presidencial que ni siquiera alcanzan a ser maquillados con la dispersión de la oferta electoral opositora y la crisis del peronismo. Nubarrones en el plan de reelección de Milei.
Por esas señales comienzan a aflorar, tímidamente, algunos mojones de entusiasmo en la oposición y en grupos del círculo rojo desencantados con el gobierno, conscientes del desgaste en la narrativa libertaria y de la fatiga de sectores de la sociedad a los que no les llegó todavía el “derrame” publicitado por el equipo económico.
Estudios cualitativos encargados recientemente por un intendente de la zona norte del Gran Buenos Aires, y por el equipo de un dirigente que aspira a ser candidato presidencial, a los que accedió este medio, evidencian ese cansancio. “¿Qué le aconsejarías al presidente?“, preguntaron en uno de esos grupos focales. ”Que sea empático«, respondieron. “Se está rompiendo el sueño de vivir mejor, de progresar. Se ve cada vez más destrucción”, fue otra de las respuestas de un grupo de “votantes desilusionados” con La Libertad Avanza. Se percibe cada vez más la preocupación por el empleo. “Es muy injusto porque capaz hoy estás dentro de la máquina y mañana por A o por B te quedas afuera, te echaron y no conseguís, porque hay cien personas que están buscando igual que vos y sos uno de los que está afuera. Comulgar con una propuesta así es medio sanguinario”. Empieza a aparecer, en ese contexto, un interrogante muy presente en ese grupo de votantes: “El esfuerzo, ¿vale la pena?“. Fue en esa línea que el viernes, en la homilía por San Cayetano, en Liniers, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, disparó: ”El bienestar económico no va a llegar al ciudadano común si no hay empatía con los más necesitados».
Ese conjunto de inquietudes que correo el malhumor social tiene su mayor nivel de capilaridad social en los conurbanos, en particular en el bonaerense, que sigue rezagado del modelo: el crecimiento de la economía aún sigue concentrado en sectores como el agro, la minería, la energía y la intermediación financiera. Por fuera de esos rubros, el ritmo de la actividad es aún débil. Según el último informe del Observatorio PBA del CEPA, la industria manufacturera operó en mayo con una utilización de la capacidad instalada del 58,4%; la morosidad alcanzó a 2,2 millones de deudores -el 37,4% del país, en un buen número en jóvenes y en créditos otorgados por proveedores no bancarios, y hasta abril se habían perdido 91.270 puestos de trabajo registrados. El viernes, en X, el ministro Caputo tuvo que aclarar que no había tratado de “tarados” a los industriales en su paso por Rosario, si no a aquellos que “defienden el modelo anterior”.
Esas cifras provinciales, y la decisión del Gobierno de retirar al Estado de cualquier política pública asignada a Buenos Aires, transformaron al conurbano en un polvorín, atravesado además por una gravísima crisis relacionada con la proliferación del narcotráfico. El fin de semana anterior, vecinos del barrio 24 de febrero de Rafael Castillo, en La matanza, reventaron un búnker después del asesinato, según los vecinos, de ocho jóvenes en el transcurso de una semana. En otras zonas del conurbano la situación no es tan límite, pero se expresa en otras circunstancias. En una ciudad de un distrito acomodado de la zona norte, los vecinos comenzaron a tener más de un empleo para llegar a fin de mes. Nunca había pasado, según el intendente. Los jefes comunales también hacen malabares con las cuentas públicas. En abril, por ejemplo, Nación dejó de pagar el programa Remediar, tampoco se hizo cargo la provincia de Buenos Aires y el gasto empezó a correr por cuenta de los intendentes, que hace meses reciben menos fondos por la caída de la recaudación que, a nivel nacional, no proyecta buenos números para agosto. La obra pública nacional está paralizada. En ese contexto, las jurisdicciones buscan alternativas. San Isidro, por caso, acaba de ser autorizado por la Provincia y la Nación para financiar obra pública con bonos de inversión privada en el mercado local. Una medida inédita para un momento excepcional.
Semana gris. El jefe de Gabinete, que lleva adelante buena parte de las negociaciones con los gobernadores, tiene ahora por delante un desafío aún más delicado tras la tormenta política de esta semana: conseguir el aval para suspender las PASO, un eje fundamental del plan reeleccionista de Milei para azuzar el desorden de la oposición. Cerca de Santilli están convencidos de que tienen los votos para avanzar en esa medida, pero el traspié de estos días en torno a la ley de tierras prendió una luz de alerta en el tablero oficialista de la mesa política. Surgió, por lo pronto, otra vez el nombre de Sergio Massa, a quien le endilgaron insistentes conversaciones con los gobernadores detrás de la caía del capítulo de tierras. Nadie en el peronismo se ocupó por rechazar esas versiones, más bien lo contrario. Massa se mantiene en un estricto bajo perfil: “La gente no está para escucharnos todavía”, plantearon desde la cúpula del Frente Renovador.
La discusión del Presupuesto y la suspensión de las PASO terminará por moldear el escenario preelectoral del Gobierno de cara a la campaña, para la que todavía faltan una serie de definiciones internas. En particular, por la elección de las principales candidaturas. Por ejemplo, a nivel de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires.
Santilli insiste en que quiere postularse a la gobernación, pero hay cada vez más voces internas que proponen al ministro coordinador como potencial candidato en la capital, la casa matriz del PRO. “Fue el proyecto de Diego de toda su vida, ¿por qué se aferraría ahora solo a lo bonaerense?“, planteó un dirigente que lo conoce desde hace años. La decisión en torno al jefe de Gabinete esconde dos definiciones: cuáles son los planes reales del Gobierno en la capital y en territorio provincial.
En el PRO creen que La Libertad Avanza deberá alcanzar un acuerdo con ellos en la Ciudad, más allá de las diferencias entre Mauricio y Jorge Macri que interlocutores comunes intentan zanjar por estos días. Los primos nunca tuvieron una relación armoniosa, incluso hay quienes aseguran que el vínculo tuvo peores momentos que el actual, pero es cierto que se acumuló en estos meses una creciente tensión entre ambos por el tipo de alianza que podría llegar a trabarse con la Casa Rosasa. Cerca del jefe de Gobierno adjudican algunas operaciones al entorno del propio expresidente.
Otra de las definiciones pendientes es cuál será el rol de Bullrich. La senadora tensionó con los hermanos Milei durante la crisis por el caso Adorni, y llevó esa tensión a un nivel aún más alto cuando se plantó frente a la decisión del Ejecutivo de dar de baja el pliego judicial de la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Por esa disputa el círculo rojo creyó ver en la ex ministra a una potencial candidata a la Presidencia. El fin de semana pasado, en una entrevista con el diario Clarín, Bullrich dijo que mantiene esa intención, pero para el 2031, después de trabajar para la reelección de Milei. Esa declaración distendió puertas adentro, al menos adentro del Senado, pero dejó una ventana abierta a todo tipo de interpretaciones. Por empezar, desde qué plataforma encarar ese proyecto. ¿Desde el Senado o la jefatura de gobierno porteño? Cualquiera de esas definiciones tienen que pasar por el filtro de Karina Milei, que tiene también en sus manos el futuro de Santilli, que le aportó a la hermana del Presidente y a los Menem un recurso humano de extremísima confianza y cercanía que le brinda al “karinismo” un servicio premium de asesoría: se trata de uno de sus estrategas. Santiago Caputo tomó nota de esos nuevos vínculos.
Bullrich, según su entorno, no quiere ser jefa de Gobierno. Es una buena señal para el PRO de la capital, no solo por su potencial electoral: también porque la señalan como la dirigente más nociva para los intereses políticos y particulares de los dirigentes amarillos en la capital, que mantienen aceitado desde hace dos décadas el sistema porteño sin mayores objeciones por parte del ecosistema político de la ciudad, sin distinción partidaria. A la jefa del bloque de senadores de LLA tampoco le entusiasma demasiado una potencial candidatura a la vicepresidencia: la historia reciente da cuenta de que ningún vicepresidente tuvo proyección después de pasar por ese cargo. Es una incógnita, en ese sentido, qué hará Victoria Villarruel, cada vez más enfrentada al proyecto de los hermanos Milei. En la Cámara alta hay funcionarios cercanos a ella que agitan al mes de diciembre como el puntapié inicial de su proyecto personal. Una afrenta, de concretarse, riesgosa para el Gobierno.
Un interrogante todavía mayor es el que se formula en torno a la alianza futura entre el gobierno y el PRO. Macri avaló a Hernán Lacunza cuando el economista lo visitó para contarle que quería tantear una eventual postulación nacional. Las encuestas consultadas por algunos de los principales dirigentes libertarios arrojan que el partido liderado por Macri mantiene solo entre 4 y 5 puntos nacionales, suficientes para arruinarle a Milei su plan de reelección en una primera vuelta.
Todas esas variables atraviesan las discusiones del Gobierno, en medio de las urgencias del programa económico, del retroceso legislativo de esta semana y de las disputas internas que todavía siguen vigentes. Movimientos recientes en el ámbito del Ministerio de Salud, controlado por Caputo a través de Mario Lugones, reavivaron esas internas. Por las novedades en torno a la causa del fentanilo contaminado, y por una denuncia muy reciente que recayó en el juzgado de Julián Ercolini contra ex funcionarios del Ministerio de Justicia, investigados por presuntas irregularidades, que trabajan ahora en el PAMI, la obra social de los jubilados que es uno de los focos de disputa cruzada.
El otro foco es el Poder Judicial, cuyo sistema avanzó sobre el poder político. Juan Bautista Mahiques, el audaz ministro de Justicia, convirtió esta semana a Milei en el presidente con más pliegos enviados al Senado en un año calendario desde la creación del Consejo de la Magistratura. Es la única agenda legislativa que no detiene su marcha, y que motivó a un grupo de operadores a instalar otra vez la opción de avanzar en la integración de la Corte Suprema. Mahiques tiene en su despacho varios currículums, pero el Presidente, según fuentes oficiales, prefiere esperar. La pregunta más persistente es al servicio de quién estará esa Justicia hacia adelante. En especial por los tribunales federales de alzada de la ciudad de Buenos Aires, con sede en Comodoro Py, donde se investiga la corrupción del poder. Este jueves, por ejemplo, es el turno de Pablo Yadarola, propuesto para la estratégica Cámara Federal, que deberá comparecer ante el Senado.
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POLITICA
Revelaciones de una auditoría en la UOM: el gremio pagó $2400 millones a una microempresa de 5 empleados
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) contrató a la empresa USEM para administrar cuentas y ejecutar pagos apenas 82 días después de la creación de la firma, una microempresa de 5 empleados que percibió $2.466.334.995 en honorarios durante 31 meses. Así lo revela una auditoría preliminar encargada por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, y cuyo contenido sobre el convenio firmado durante la gestión de Abel Furlán en el gremio fue trasladado al fuero penal.
Es que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini, lleva delante la causa en la que se investiga la posible comisión de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita, vinculados con la administración de fondos provenientes de los aportes de afiliados de la UOM. Allí están involucrados Furlán y María Soledad Calle, la militante kirchnerista que compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner y que fue, en forma simultánea, empleada de la UOM y una de las dueñas de la empresa USEM.
La auditoría, realizada por BDO Argentina y encargada por la intervención judicial del sindicato, identificó conflictos de intereses, debilidades en los controles internos y una estructura contractual que habría dejado a la UOM y a su obra social en una posición de desventaja.
Uno de sus principales capítulos, que figura en el primer informe de gestión de Biglieri, es el referido al polémico acuerdo firmado con USEM el 27 de febrero de 2023, con una vigencia de 10 años, y que entregó a la empresa vinculada con La Cámpora funciones sobre cuentas, obligaciones y desembolsos de la UOM y de la obra social, e incluso preveía que la firma podía rescindir unilateralmente el contrato con un preaviso de 30 días, mientras que el sindicato metalúrgico no contaba con una facultad equivalente, excepto ante concurso o quiebra del proveedor.
La consultora BDO emitió el 28 de agosto de 2026 un informe de investigación especial de carácter preliminar, que, se aclara, no constituye una auditoría integral ni determina responsabilidades civiles, penales, administrativas o laborales, pero relevó contratos, movimientos financieros, rendiciones, comunicaciones y antecedentes de las personas involucradas.
En el informe figura que USEM S.A. fue constituida el 7 de diciembre de 2022 por Adalberto Raúl Braconi, presidente de la sociedad, y María Soledad Calle, directora suplente. Cada uno suscribió el 50% del capital social, sin cambios posteriores identificados.
La compañía no registraba actividad comercial relevante fuera de los contratos con la UOM y su obra social, asegura el informe, y aun así se le asignaron tareas como analizar, auditar y validar obligaciones de pago, administrar cuentas, efectuar desembolsos, rendir cuentas y destinar personal con exclusividad.
La revisión halló que la intervención concreta de USEM habría sido principalmente operativa: recibía instrucciones previamente autorizadas, precargaba archivos, gestionaba pagos bancarios y remitía comprobantes. No se encontró prueba suficiente de que hubiera realizado las funciones de análisis, auditoría y validación previstas en el contrato.
La auditoría realizada sobre el contrato con USEM también advirtió inconsistencias sobre la dotación comprometida. Braconi habría mantenido en períodos coincidentes una relación laboral con el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, mientras que 7 integrantes de áreas vinculadas a la operatoria de pagos dijeron no conocer ni haber trabajado con Rodrigo Braconi, identificado por USEM como responsable de pagos extraordinarios desde comienzos de 2026.
El principal conflicto de intereses documentado en la auditoría involucra a Calle, empleada de la UOM entre junio de 2021 y mayo de 2026 y, al mismo tiempo, dueña del 50% de USEM. La contratación efectuada por el gremio no contó, según el relevamiento, con una compulsa competitiva de empresas, comparación de precios, evaluación formal de antecedentes, declaración de conflicto de intereses ni mecanismos suficientes de independencia entre las partes.
La remuneración de USEM, de acuerdo con el informe, equivalía al 0,50% de los fondos ingresados a los fideicomisos, sin una relación establecida con la cantidad de operaciones, la complejidad de las tareas, el personal involucrado ni resultados verificables. El mecanismo permitía que el cobro creciera junto con la recaudación de la UOM y de la obra social, aunque la prestación no aumentara en la misma proporción.
Las cotizaciones de mercado consultadas por los responsables de la auditoría llegaban hasta $40 millones mensuales para una estructura comparable. El costo de un proveedor idóneo, aseguran, podría haber representado el 50% o menos de lo abonado a USEM.
Los balances de la empresa mostraron márgenes de rentabilidad antes de impuestos de entre 52% y 63%, dividendos en efectivo por unos $223,48 millones a valores de diciembre de 2025 y la compra de un inmueble por aproximadamente $150 millones. La documentación de esa adquisición no fue entregada a la intervención.
El análisis también estimó un impacto potencial de $901.501.216 para la UOM y de $ 2.011.316.033 para la obra social por el impuesto sobre débitos y créditos bancarios, entre enero de 2024 y mayo de 2026. La cifra deberá validarse desde el punto de vista fiscal y operativo, pero el informe considera que la carga podría haberse evitado sin la estructura de USEM.
En el informe figura, además, que los estados contables al 31 de diciembre de 2025 registraron saldos a favor de Ingresos Brutos por $196.927.433,36 cuya composición, origen, recuperabilidad y titularidad económica no pudieron establecerse. También se detectó un monto aproximado de $389 millones expuesto simultáneamente como activo y pasivo por créditos vinculados al impuesto bancario de terceros.
Parte de esos fondos, señala la auditoría, habría sido utilizada para cancelar obligaciones propias de USEM en el impuesto a las ganancias y luego devuelta. Una rendición de mayo de 2026 identificó un reintegro cercano a $34 millones, una operatoria que el personal administrativo y contable de la UOM dijo desconocer.
Las rendiciones y registraciones revisadas mostraron deficiencias en las autorizaciones previas, los comprobantes de respaldo, la identificación de beneficiarios y la separación de funciones entre quienes preparaban, aprobaban y ejecutaban los pagos.
La auditoría realizada por BDO detectó asientos manuales por pagos a proveedores sin documentación suficiente por unos $149.003.348 en la UOM y $40.041.398 en la obra social. También identificó transferencias a cuentas de personal de USEM por $3.760.919 para gastos operativos y peajes sin comprobantes o solicitudes institucionales que las justificaran.
Entre las operaciones bajo revisión figuran pagos por $98 millones registrados en mayo de 2026 con el concepto “Aires del Sur”. El dinero fue distribuido mediante múltiples transferencias de $1 millón a distintas cuentas, sin respaldo que permitiera determinar el objeto de los desembolsos, las autorizaciones otorgadas o los beneficiarios finales.
La revisión encontró, además, que una misma persona de USEM preparaba y autorizaba transacciones bancarias. Esa concentración de tareas, junto con conceptos genéricos en las rendiciones y reposiciones de caja chica sin criterios uniformes, impidió reconstruir una trazabilidad transparente de los fondos.
La intervención judicial suspendió preventivamente la operatoria de USEM y recuperó la administración directa de los fondos. En la próxima etapa, como explica en el informe de gestión de Biglieri, deberá preservar pruebas, reconstruir circuitos de autorización, conciliar fondos y rendiciones, validar el tratamiento tributario y requerir explicaciones a los involucrados antes de evaluar la resolución de los contratos, el recupero de sumas y eventuales acciones administrativas, civiles o penales.
Contraofensiva de Furlán
Hace 24 horas, como anticipó Infobae, el abogado de Furlán, Alejandro Rúa, reclamó al juzgado de Ercolini el cierre definitivo de la causa por supuesta administración fraudulenta al afirmar que las acusaciones de la intervención judicial carecen totalmente de sustento de hecho y de derecho.
El escrito sostiene que la intervención de Biglieri no sólo incumplió su única misión —convocar a nuevas elecciones—, sino que además aplicó cuestionamientos infundados sobre la gestión financiera de la UOM aunque los propios balances y auditorías internas, según se afirma, desmienten todas las sospechas.
La defensa de Furlán señaló que la contratación de USEM respondió a la exigencia contractual del nuevo convenio de fideicomiso con el Banco de la Nación Argentina, y la constitución de la empresa 82 días antes de iniciada la relación comercial obedeció a “la necesidad de contar con un intermediario para la gestión bancaria en beneficio de las seccionales de todo el país”.
El escrito enfatiza que la contratación cumplió con todos los procedimientos internos requeridos: por “unanimidad del Secretariado Nacional” de la UOM, con derivación directa del Consejo Directivo en julio de 2022 y tras debates y asesoramiento técnico previos a resoluciones formales. La comparación con la contratación pública —pilar de la denuncia mediática y la intervención judicial—, según el escrito, es “sin sustento jurídico ni normativo”: ni la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, ni el estatuto de la organización, ni las normas para entidades sindicales imponen prohibiciones automáticas para contratar con sociedades en las que participen empleados o ex empleados, ni exigen licitaciones competitivas obligatorias como en el Estado.
Para la defensa, la supuesta “incompatibilidad” es un error conceptual: “No existió, en definitiva, autocontratación, decisión sobre intereses contrapuestos ni intervención de Calle desde ambos lados de la relación jurídica”, reza el texto.
Añade que no hay indicio alguno de perjuicio patrimonial para el gremio metalúrgico: la remuneración de USEM era variable según la recaudación, los servicios efectivamente prestados están documentados en contratos, facturas, registros y la operatoria con las 53 seccionales del país, y todos los circuitos quedaron auditados bajo norma ISO 9001:2015.
La presentación argumenta incluso que el reemplazo del sistema anterior por el administrado junto a USEM posibilitó una reducción de comisiones, impuestos e intereses, además de ampliar las posibilidades de inversión sindical —punto del que deriva la cifra de ahorro millonario y el refuerzo patrimonial—, dejando sin sustento la hipótesis de daño económico.
Abel Furlán,Unión Obrera Metalúrgica,sindicalismo
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente consideró como “matices de opinión” las internas en el Ejecutivo
Dos diputadas radicales denunciaron un presunto caso de adoctrinamiento en una escuela primaria de Formosa. Agostina Villagi y Carla Zaiser difundieron imágenes tomadas el viernes durante un acto en un establecimiento educativo de la pequeña localidad de Gran Guardia, a 80 kilómetros de la capital formoseña.
En el clip se puede ver a una delegada zonal que les recuerda a los alumnos que los guardapolvos, útiles escolares, zapatillas y el servicio de comedor que reciben son entregados por el gobernador Gildo Insfrán.
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Una semana después de haber enviado al Congreso un proyecto de ley de presupuesto que avanzaba sobre el corazón de la ley de discapacidad, el Gobierno empezó a desandar parte de ese camino. Los libertarios negocian con sus principales aliados un nuevo proyecto que mantendría el nomenclador y la actualización automática de las prestaciones, dos puntos que el texto del Poder Ejecutivo proponía eliminar. A cambio, buscan endurecer los criterios para otorgar las pensiones.
Es la salida intermedia con la que el oficialismo intenta cerrar una crisis que volvió a abrir roces hacia adentro del gabinete y a enfrentar al Gobierno con sus socios parlamentarios.
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La carrera electoral para renovar el Consejo de la Magistratura a fin de año ya comenzó. Los cambios en el organismo que designa y remueve a los jueces federales y nacionales de todo el país anticipan alteraciones en la actual distribución de poder, donde los jueces son los que mantienen su hegemonía.
Las elecciones de jueces y de abogados para el Consejo de la Magistratura abren un nuevo escenario, pues habrá cambios en los nombres de los consejeros pero puede haber también modificaciones en la distribución de fuerzas.
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El objetivo político de intendentes bonaerenses y del gobierno provincial de Axel Kicillof de restablecer la posibilidad de la reelección indefinida para jefes comunales y legisladores provinciales y municipales, está paralizado en una comisión del Senado de Buenos Aires.
La iniciativa lleva más de un año de presentada, pero nunca logró avanzar, afectada por la interna peronista y, ahora, por una inmovilidad que impide su paso desde una comisión (la de Legislación General), controlada por el kicillofismo, a otra (Reforma Política y Régimen Electoral), que maneja el massismo.
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Un diagnóstico aparentemente correcto y seductor, con herramientas y recursos insuficientes. Así definen sectores castrenses el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, que a partir de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas crea el Consejo de Seguridad Nacional y dispone que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para participar en “operaciones militares convencionales y no convencionales”.
La evaluación entre los militares se completa con el análisis de otro proyecto sensible remitido a la Cámara de Diputados; el presupuesto 2027, que aumenta los recursos asignados al área de Defensa en un 20%, un porcentaje inferior a la inflación anual que la propia administración libertaria y consultores privados estiman en un 30 por ciento.
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Los últimos cortocircuitos entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados abrieron un frente colateral: un nuevo desmarque de Patricia Bullrich. Por lo menos, el tercero de peso desde que asumió como jefa del bloque de LLA en el Senado. Pero ¿qué hay detrás de sus movimientos? ¿Una estrategia con miras a 2027, genuino desgaste parlamentario o un intento de marcarle la cancha a Javier Milei y, de paso, hacer valer su poder de fuego frente a Karina? “Ella juega su juego”, repiten los suyos.
“Todos los peros tienen un porqué”, refuerza la propia Bullrich en el posteo que subió tarareando la canción “No me importa”, de Lali Espósito —blanco de críticas del Presidente—, un día después de pedirle al Ejecutivo que no la tome por tonta. Toda una declaración de guerra que la Casa Rosada intentó moderar.
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El presidente Javier Milei definió este domingo como “matices de opinión” a las diferencias dentro del Gobierno, en medio de la creciente tensión entre Patricia Bullrich y los hermanos Milei. Lo hizo al responder a una publicación en X que planteaba que el oficialismo debía resolver sus internas para que la gente se sintiera segura de votarlo.
“Ayudaría mucho si esas MIERDAS HUMANAS MAL CAGADAS que se hacen llamar periodistas (95%) no mintieran tanto ni llamen internas a matices de opinión… pero eso les reduce el tamaño del sobre…”, escribió el mandatario.
POLITICA
Bullrich volvió a diferenciarse del Gobierno por los recortes en Discapacidad y cruzó a Santilli: “Lo que dijo es mentira”
La senadora Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el Gobierno por los cambios en la Ley de Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027 y advirtió que buscará discutir el tema con Javier Milei para evitar un “error no forzado”. Además, profundizó la interna al cruzar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por su versión sobre cómo se conocieron las modificaciones: “Lo que dijo es mentira”.
“Yo tengo una responsabilidad que es generar consensos para que las leyes que manda el Gobierno se aprueben y no sean proyectos perdidos en la nada”, dijo Bullrich.
En esa línea, la funcionaria agregó en declaraciones a LN+: “Hay mucha gente que cuando vio esto dijo ‘es un tren que va directo contra una pared’. Yo lo digo en voz alta, hay un montón que lo piensan y lo voy a hablar con el Presidente, que va a estar de acuerdo”.
“Nuestros aliados están dispuestos a votar el presupuesto y saben que tienen puntos que no vamos a negociar de ninguna manera. Hay cosas que no las vamos a tocar. Ahora, aquellas cosas que generan sensibilidad en la sociedad y se pueden solucionar de otra forma, sí”, dijo la senadora. “Es tan claro que, si cometemos un error no forzado, ¿qué van a pensar? Que somos crueles», advirtió.
La dirigente destacó que los funcionarios deben estar cerca de las personas que tienen una discapacidad. “Arreglas las maneras siempre dentro de un superávit fiscal. Si mandas algo que no vas a poder convertir en ley, estás desgastando al Presidente”, insistió.
Por otra parte, Bullrich cruzó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que aseguró que no se enteró de los cambios porque se fue antes de la reunión de la mesa política: “Eso es mentira, cuando se habló del Presupuesto yo estaba”.
“Martín Menem tampoco sabía nada y él se quedó tres minutos más que yo”, aclaró la senadora, al tiempo que agregó: “Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es”.
Las críticas de Bullrich
El conflicto de la jefa del bloque oficialista en el Senado comenzó cuando criticó los cambios en la Ley de Discapacidad. En ese momento, Bullrich declaró: “No estaba enterada, tenemos que corregir eso”.
“Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos”, detalló la senadora.
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