Patricia Bullrich criticó los cambios en la Ley de Discapacidad que impulsa el Gobierno en el Presupuesto 2027: “No estaba enterada, tenemos que corregir eso”. La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado aseguró que no estaba al tanto de los recortes en el área y expuso su malestar. “Esto resiente un poco las relaciones”, advirtió.

“Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos”, detalló la senadora libertaria.

La senadora libertaria dijo que “el tema está en comisiones de Diputados, había un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlo”. “Veremos qué es lo que Diputados manda al Senado. Somos la cámara revisora en el caso de Presupuesto, esperaremos a ver qué llega. Parece que está bastante peliaguda la discusión”, indicó.

La jefa de bloque de LLA en el Senado reiteró, en declaraciones a Radio Rivadavia: “No nos enteramos (de los cambios), es la verdad, yo digo la verdad. Eso es un tema, cuando uno es jefe de una bancada, y no se entera, estando en la mesa política, que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir… Uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. Yo no sabía. O quedás como un tonto, o como que los engañás. Eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que corrijamos esos problemas”.

Las claves de los cambios en la Ley de Discapacidad que Gobierno impulsa en el Presupuesto 2027

• La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso en 2025 para actualizar el nomenclador que fija la cobertura del Estado por las prestaciones y terapias a personas con discapacidad, frente al desfasaje que esos valores acumularon con la inflación.
• La norma fue vetada por el Gobierno, pero el Congreso insistió y logró que se promulgara igual. Con la ley cerca de su vencimiento, el próximo diciembre, la oposición impulsa una prórroga para evitar un vacío legal.
• Con los cambios se elimina el artículo 7 bis, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a los prestadores según la inflación, y cambia el esquema del nomenclador único, de modo que cada obra social o prepaga podría fijar sus propios aranceles en lugar de un valor universal.
• Además reemplaza el criterio de discapacidad basado en el modelo social de derechos humanos por uno de “invalidez laboral”, elimina al Certificado Único de Discapacidad como vía directa de acceso a las pensiones y establece la incompatibilidad absoluta entre cobrar una pensión por discapacidad y tener un trabajo.
• El miércoles hubo un plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, atravesada por el proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno envió al Congreso la noche anterior y que incluye modificaciones a la propia ley de Emergencia en Discapacidad.
• El oficialismo mostró divisiones internas: las diputadas libertarias, Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, venían trabajando en un proyecto propio que buscaba superar el sistema actual, pero quedó en contradicción con lo planteado en el Presupuesto del Ejecutivo.
• Los cambios también generaron sorpresa entre los aliados del Gobierno: legisladores del PRO, la UCR e Innovación Federal advirtieron que la modificación “cambia completamente la discusión”.
• Desde el PRO consideraron innegociables tanto la actualización automática del nomenclador como el pago de la deuda acumulada con los prestadores, que supera los $340.000 millones.
• Desde Provincias Unidas advirtieron sobre los riesgos legales de que la emergencia caduque sin una prórroga aprobada.
• El plenario de comisiones no llegó a un dictamen y quedó fijada una nueva reunión informativa para el 23 de septiembre, fecha en la que se buscará cerrar un texto consensuado antes de que la ley pierda vigencia a fin de año.

Patricia Bullrich, Presupuesto 2027, Discapacidad

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, negó que exista un problema en el consumo minorista y defendió la política económica del presidente Javier Milei. Además, evitó dar definiciones sobre una posible alianza con el PRO para 2027 y una fórmula con Jorge Macri.

Durante su paso por Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, la legisladora fue consultada por un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios que marcó un aumento del 4% en los inmuebles comerciales sin actividad frente al mismo período de 2025.

Ramírez sostuvo que no conocía ese informe y contrapuso su experiencia en recorridas por los barrios porteños. “No sé, no conozco la estadística. Tendría que verla para entender si corresponde o no corresponde”, respondió ante la pregunta por el indicador.

Cuando fue consultada de forma directa si advertía un problema en el consumo minorista, la presidenta del bloque libertario respondió: “No veo un problema en el consumo minorista, no”.

La legisladora ubicó las demandas del sector en los controles y las restricciones administrativas. “Veo que los comerciantes en la ciudad de Buenos Aires, de los que se quejan y de lo que nosotros escuchamos, es que tienen trabas para abrir sus comercios”, afirmó.

Como ejemplo, relató una recorrida reciente por la calle Avellaneda, en el barrio de Flores, uno de los polos comerciales de indumentaria más grandes de la Ciudad. “Estuvimos el otro día en la calle Avellaneda, en Flores, que hay un polo comercial enorme”, contó.

Según Ramírez, los reclamos que recibió allí estuvieron vinculados con el traslado de compradores y con las inspecciones. “Los comerciantes se quejan de cosas que tienen que ver con la coyuntura de la ciudad, que los micros no pueden entrar y entonces no pueden venir de otras provincias a comprar o que les clausuran porque dejan mal una bolsa de basura”, señaló.

Frente a la insistencia sobre la suba de los locales sin actividad, reiteró su lectura. “Bueno, yo veo otra cosa. Veo comerciantes a los que les va bien, que sí hay situaciones particulares, pero nosotros vemos una Argentina que está cambiando”, expresó.

La legisladora admitió que el estado de la actividad comercial forma parte de las preocupaciones de su espacio, aunque cuestionó que se reduzca la discusión a los niveles de consumo. “Obviamente nos preocupa, como nos preocupa todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires”, afirmó.

Ramírez fue consultada además por las negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO, en medio de versiones sobre posibles acuerdos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. La legisladora confirmó que existen contactos, pero pidió no adelantar una definición.

“Sí, se están dando. Sí, claro que sí, obviamente”, respondió sobre las charlas entre ambos espacios. Luego remarcó que el año debe estar centrado en la gestión y en la agenda legislativa.

“Falta todavía. Me parece que este sigue siendo un año de gestión, sigue siendo un año en el que tenemos que trabajar”, sostuvo. Para la presidenta del bloque libertario, una eventual alianza debe definirse primero por sus objetivos y no por los nombres que puedan integrarla.

La posibilidad de una fórmula entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y Ramírez también fue parte de la entrevista. La dirigente evitó pronunciarse sobre esa hipótesis: “No, no vamos a entrar en casting ahora, falta un montón”.

En esa línea, pidió postergar cualquier discusión sobre postulaciones. “Primero pongámonos de acuerdo en el para qué y después, en todo caso, pensamos, hablamos de nombres”, expresó.

Ramírez diferenció las conversaciones electorales de la posición legislativa de su bloque frente a la administración porteña. “Nosotros primero somos una oposición constructiva. No vamos a destruir nada ni vamos a confrontar por confrontar”, aseguró.

La legisladora aclaró que La Libertad Avanza acompañará las medidas con las que coincida, aunque mantendrá sus cuestionamientos cuando considere que la gestión de Jorge Macri se aparta de las prioridades de su espacio. “Nosotros no somos el PRO, nosotros somos La Libertad Avanza”, afirmó.

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El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de Defensa de Soberanía por Malvinas, que amplía el alcance de las sanciones a todos los recursos naturales para las empresas que operen en las islas sin permiso argentino.

La iniciativa además ratifica el reclamo de soberanía de las Islas, tiene multas de hasta tres millones de barriles de petróleo, contempla inhabilitación de hasta 20 años y endurece otras medidas contra firmas que operan en la Argentina.

El proyecto además contempla un esquema de protección aeroespacial y marítima, con un protocolo para detectar, identificar e interceptar aeronaves irregulares u hostiles y también regula la detención e inspección de buques. En el caso marítimo, contempla advertencias, disparos de advertencia y, como último recurso, medidas para inutilizar una embarcación.

Además centraliza bajo una misma estructura las funciones diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa, inteligencia y protección de infraestructura crítica. La conducción política queda en manos del presidente Javier Milei.

Tras el envío de la ley al Congreso, el Ejecutivo le pidió a la dirigencia política “poner en pausa otras discusiones” para priorizar el tratamiento del paquete de medidas. “Todo lo que se hizo en el pasado resultó ineficaz e insuficiente para defender de manera efectiva la causa Malvinas”, remarcó Milei.

“No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas”, expresó Milei en una carta difundida por redes sociales.

Las 20 claves de la ley de Defensa de Soberanía por Malvinas

• El proyecto ratifica el reclamo de soberanía sobre Malvinas: establece que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes integran el territorio nacional y fija como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.
• Amplía el alcance de las sanciones a todos los recursos naturales porque no se limita a los hidrocarburos, sino que abarca cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos renovables o no renovables sin autorización argentina, lo que incluye potencialmente la actividad pesquera.
• Alcanza también a quienes hacen posible las operaciones, prohíbe las operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas o de consultoría que sean esenciales para la ejecución de un proyecto no autorizado, e incluye a accionistas y controlantes.
• Incluye socios, accionistas, participantes directos y quienes ejerzan control o tengan capacidad de influir decisivamente sobre las empresas involucradas.
• Reprime con penas de cinco a siete años de cárcel, multa equivalente a 20.000 a 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial, el que, a sabiendas, proveyere cualquier tipo de bien o servicio esencial e indispensable a un sujeto para que este último realice alguna de las conductas previstas en los artículos 20, 21 y 22.
• Los infractores pueden quedar inhabilitados por un período de entre 5 y 20 años para determinadas actividades.
• Además se endurecen las consecuencias para operar en la Argentina, con un esquema de rescisión de contratos, revocación de habilitaciones y restricciones para contratar con el Estado, entre otras consecuencias para quienes incumplan el régimen.
• También quedan alcanzados los proveedores: quien, sabiendo de la operación, suministre bienes o servicios esenciales para una actividad prohibida puede recibir cinco a siete años de cárcel, una multa de hasta 100.000 barriles y una inhabilitación comercial.
• Reprime con penas de 12 a 15 años de cárcel, multa equivalente a 40.000 a 200.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial, el que, sin habilitación de la autoridad competente, encargare o realizare, por cuenta propia o de terceros, cualquier actividad de prospección o exploración de hidrocarburos en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en los espacios marítimos e insulares circundantes o en la Plataforma Continental Argentina.
• Castiga con penas de 12 a 20 años de cárcel, multa equivalente a 100.000 a dos millones de barriles de petróleo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial, el que, sin habilitación de la autoridad competente, encargare o realizare, por cuenta propia o de terceros, en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en los espacios marítimos e insulares circundantes o en la Plataforma Continental Argentina cualquier tipo de actividad de exploración o explotación de recursos naturales no renovables.
• Reprime con penas de 15 a 20 años de cárcel, multa equivalente a 150.000 a tres millones de barriles de petróleo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial, el que, sin habilitación de la autoridad competente, encargare o realizare, por cuenta propia o de terceros, cualquier actividad de extracción de hidrocarburos de yacimientos situados en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en los espacios marítimos e insulares circundantes o en la Plataforma Continental Argentina, o su transporte o almacenamiento.
• Habilita el juicio en ausencia: los delitos previstos en el Título I quedan incorporados al régimen que permite avanzar con procesos penales aun cuando el imputado no esté a disposición de la Justicia argentina.
• Crea un régimen para que las empresas abandonen las actividades prohibidas. El Régimen de Desistimiento y Regularización permite que quienes desarrollaron esas actividades pidan su incorporación si demuestran que las cesaron y se comprometen a no repetirlas. La regularización puede hacerse pagando o reconvirtiendo inversiones El interesado puede optar por pagar una multa o comprometerse a reconvertir las inversiones involucradas hacia actividades lícitas dentro del territorio argentino. La regularización puede extinguir la acción penal.
• Deroga la Ley 26.659: el proyecto reemplaza el régimen vigente sobre actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina por el nuevo esquema de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
• Crea un Sistema de Seguridad Nacional: la iniciativa articula bajo una misma estructura las funciones diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa, inteligencia y protección de infraestructura crítica.
• El Consejo será el órgano rector del sistema y estará liderado por el Presidente. Entre sus integrantes permanentes figuran el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además de autoridades de Inteligencia y Legal y Técnica. Tendrá facultades para coordinar políticas y requerir información a organismos públicos.
• El Consejo podrá tomar medidas económicas frente a amenazas externas. Ante un riesgo grave e inminente, podrá restringir operaciones cambiarias y bancarias, importaciones y exportaciones, contratos y beneficios estatales, bloquear temporalmente activos y elevar hasta 75% los derechos de importación y exportación aplicables al Estado extranjero involucrado.
• Incorpora un esquema de protección aeroespacial y marítima. Establece procedimientos para detectar, identificar e interceptar aeronaves irregulares u hostiles y también regula la detención e inspección de buques. En el caso marítimo, contempla advertencias, disparos de advertencia y, como último recurso, medidas para inutilizar una embarcación.
• Amplía la Defensa Nacional frente a amenazas externas e influencia extranjera. Cambia la Ley de Defensa para incluir amenazas estatales y no estatales, incluso de carácter no cinético, y permite emplear a las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura crítica.
• Además, restringe el financiamiento extranjero de campañas electorales y crea nuevos delitos vinculados con operaciones de inteligencia, entrega de secretos y acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.

Los detalles del Consejo de Seguridad Nacional impulsado por Milei

El Consejo de Seguridad Nacional, en caso de ser aprobada la ley, será el órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional y estará encabezado por el Presidente de la Nación.

Entre sus atribuciones, el Consejo deberá asistir al Presidente en todo lo vinculado a la Seguridad Nacional, elaborar y elevar la Política de Seguridad Nacional al Poder Ejecutivo para su aprobación, y aprobar las políticas sectoriales de los distintos integrantes del sistema, siempre verificando su adecuación a los lineamientos generales.

Las funciones centrales del Consejo de Seguridad Nacional

El organismo tendrá a su cargo la coordinación y supervisión de la ejecución de la Política de Seguridad Nacional, así como de las políticas sectoriales y de los órganos, fuerzas y medios involucrados en las acciones de seguridad.

Entre sus competencias figura también el control aeroespacial, marítimo, fluvial y lacustre, según lo dispuesto en la ley.

El Consejo será responsable de elaborar la Estrategia Nacional y el Plan Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas, identificar las infraestructuras de interés nacional y coordinar su protección, incluso en el caso de infraestructuras binacionales o plurinacionales, en articulación con organismos internacionales o Estados extranjeros.

Quiénes integran el Consejo de Seguridad Nacional

La integración del Consejo contempla miembros permanentes y no permanentes. Los primeros deberán participar en todas las reuniones ordinarias, mientras que los no permanentes asistirán solo cuando sean convocados por el Presidente del Consejo.

Entre los miembros permanentes se encuentran:

• El Presidente de la Nación
• El Jefe de Gabinete de Ministros
• El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
• El Ministro de Defensa
• El Ministro de Economía
• El Secretario de Inteligencia de Estado
• La Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación

El Consejo también tendrá la facultad de aprobar su propio reglamento interno de funcionamiento y organización, y ejercerá las atribuciones previstas en la ley para el control y la protección de la seguridad nacional.

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