POLITICA
Con Milei, los fondos fiduciarios acumularon US$3000 millones de superávit y se usaron para financiar al Tesoro
Durante los primeros dos años de la presidencia de Javier Milei, los fondos fiduciarios que siguen en funcionamiento pleno o remanente recaudaron más de $8,2 billones y acumularon un superávit cercano a los US$ 3000 millones, aunque sólo una parte de lo recaudado se destinó durante 2024 y 2025 a los objetivos que fija la ley. Un porcentaje elevado -y en ciertos casos mayoritario-, se colocó en letras y títulos públicos para sostener el declamado “déficit cero”, según surge de balances contables, planillas presupuestarias e informes de la Jefatura de Gabinete y de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) que analizó .
Los datos oficiales reflejan que el superávit financiero de esos fondos ascendió a 1,86 billones de pesos durante 2024 y a 1,23 billón de pesos durante 2025, cifras que equivalen a 1978 millones y 973 millones de dólares, respectivamente, al tipo de cambio oficial promedio de cada año.
Además, los fideicomisos ejecutaron apenas el 55,8% de lo que recaudaron durante 2024. El año pasado, el 69,5%. Y durante el primer trimestre de este año, el 69,7%. El resto terminó en colocaciones financieras que dispone el Ministerio de Economía.
Colocar la recaudación en plazos fijos en el Banco Nación es “válido”, remarcaron tres expertos en presupuesto público consultados por , “en particular en un contexto inflacionario, mientras se tramitan las órdenes de pago para cada fondo fiduciario”, indicó una de ellas, que señaló que la documentación oficial muestra un viraje del Gobierno. ¿Cuál? La recaudación pasó de resguardarse en plazos fijos a letras del Tesoro y títulos públicos durante el último año y medio.
“El Gobierno pisa partidas que tiene que asignar por ley y presenta los recursos no aplicados como superávit, que invierte en títulos públicos. Es decir, financian al Tesoro para otros fines”, destacó.
La orden de la Casa Rosada de colocar un porcentaje variable de la recaudación de esos fideicomisos en letras, títulos y bonos estatales continuará, incluso, durante este año, según planillas presupuestarias consultadas por . Alcanzará los $1,33 billones, lo que habilitaría al ministro de Economía, Luis Caputo, a disponer colocaciones por el equivalente a US$ 880 millones adicionales en letras, bonos, títulos públicos y plazos fijos.
Las cifras coinciden con las que relevó el Instituto Consenso Federal. “Contabilizamos que los fondos fiduciarios registraron un superávit de 3003 millones de dólares entre 2024 y 2025, en tanto que proyectamos 956 millones de dólares para 2026”, cifró el director, Alejandro “Topo” Rodríguez, ex diputado nacional por el espacio que lideraba Roberto Lavagna. “Esto significa casi 4000 millones de dólares, en tres años”.
En la actualidad, el universo de fideicomisos estatales suma 29 fondos. La mayoría está en proceso de disolución o liquidación, pero siguen recaudando dinero.
Así, sólo durante el primer trimestre de este año, registraron ingresos corrientes por $161.312 millones, gastos corrientes por $54.154 millones y gastos de capital por $55.505 millones, con un superávit financiero de $51.667 millones, según la Oficina Nacional de Presupuesto.
Entre esos fondos en proceso de liquidación se encuentra el “Fondo de Integración Socio Urbana” (FISU), creado para financiar obras de infraestructura, servicios básicos y mejoramiento de vivienda en los barrios populares.
Milei anunció su disolución en mayo de 2025, que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otros actores detuvieron mediante una medida cautelar. ¿Conclusión? El Gobierno redujo 94% los desembolsos, lo que paralizó 636 proyectos que perjudican a 193.266 familias, y colocó $204.000 millones en letras del tesoro y bonos, otros $64.000 millones en un fondo común de inversión y $95.600 millones en cuentas corrientes en el Banco Nación, según datos oficiales de la Jefatura de Gabinete.
Más plata al Tesoro que a las obras
La operatoria se repite entre los fondos fiduciarios en plena vigencia, que Milei denostaba como “cajas de la política” durante la campaña presidencial de 2023.
Con siete de ellos se prevé que recauden más de $5,3 billones durante este año y que registren gastos corrientes por casi $3,1 billones, según las planillas presupuestarias.
Son el Sistema de Infraestructura del Transporte, el Fondo de Infraestructura Hídrica, el destinado al consumo residencial de gas, el de Garantías Argentino (FOGAR), el de Promoción de la Economía del Conocimiento (Fonpec) y el de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, a los que se suma el de Energías Renovables.
El Estado planificó poner en instrumentos financieros un 40% más de lo que planificó destinar a los fines específicos de cada fondo.
Los números del Sistema de Infraestructura de Transporte ofrecen un ejemplo concreto: se espera que registre $2,15 billones en gastos corrientes y $692.669 millones en gastos de capital. Y proyecta inversiones financieras por $751.481,7 millones, según las planillas oficiales del Presupuesto 2026, lo que equivale al 99,97% del resultado financiero previsto.
En otras palabras, de cada $1000 pesos de excedente, $999 están asignados a colocaciones.
Estas previsiones presupuestarias comenzaron a concretarse, con creces. Durante el primer trimestre de este año, el Sistema de Infraestructura de Transporte ya registró $636.115 millones de ingresos corrientes. Colocó $305.111 millones en inversiones financieras y desarmó posiciones por $107.984 millones, lo que arroja una colocación neta de $197.127 millones: 2,7 veces lo que el fondo destinó a obras en el mismo período.
El fideicomiso para el transporte no es un caso aislado. El Fondo de Infraestructura Hídrica recaudó $399.541 millones entre enero de 2024 y marzo de 2026, pero gastó apenas $99.761 millones en el mismo período, el 25% de los recursos disponibles, según los informes de la ONP que cotejó . ¿Qué hizo con el dinero acumulado? Al igual que con el FISU, lo colocó en letras del Tesoro, plazos fijos y depósitos a la vista.
Para este año, en tanto, el Ministerio de Economía proyecta más de lo mismo en el fondo que, por ejemplo, debe solventar obras como las de la cuenca del río Salado, en la provincia de Buenos Aires, cuya ejecución permanece rezagada. Según el Presupuesto 2026, el resultado financiero positivo de $83.175,2 millones, se colocarán casi por completo ($82.703 millones) en inversiones financieras.
Los otros cuatro fideicomisos activos completan el cuadro. El Fondo de Garantías Argentino (Fogar) tiene previsto para 2026 un resultado financiero positivo de $431.486 millones. El Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina proyecta $47.459 millones; el Fondo de Promoción de la Economía del Conocimiento (Fonpec), $842,5 millones; y el Fondo de Energías Renovables (Foder), $2.752 millones. En los cuatro casos, el Presupuesto asigna el 100% del excedente a inversión financiera.
La ley vs. la realidad
La ejecución real del primer trimestre permite, además, comprobar que varios de esos fondos ya comenzaron a generar resultados positivos. El FOGAR terminó marzo con un resultado financiero de $22.237 millones, el FONPEC con $6.492 millones y el FODER con $9.632 millones.
En dos de esos casos, la ejecución de un solo trimestre ya pulverizó la proyección de todo el año. El Foder tenía previsto un resultado financiero de $2.752 millones para 2026 y en tres meses acumuló 3,5 veces ese monto. El Fonpec proyectaba $842,5 millones y llegó a marzo con 7,7 veces esa cifra. Los excedentes crecen más rápido de lo que el propio Gobierno anticipó cuando redactó el Presupuesto.
En el caso del SisVial, en tanto, reveló el domingo pasado que durante los primeros cinco meses de 2026 solo se ejecutó la cuarta parte de lo recaudado para obras y que al 31 de mayo la cartera de inversiones financieras había trepado a más de $1 billón, entre títulos públicos y plazos fijos. Y el vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que el Gobierno utiliza recursos del sistema vial para contribuir al objetivo de “lograr el equilibrio fiscal”, pese a que el régimen que creó el fondo establece un destino específico para esos recursos.
Pero el contraste entre las inversiones financieras que dispone el Ministerio de Economía con el estado de la red vial resulta particularmente incómodo. Un relevamiento de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FePeViNa) cruzó 22 accidentes ocurridos durante junio y julio con indicadores oficiales sobre el estado de las calzadas y contabilizó 29 muertos. De los 17 casos para los que existían datos sobre el Índice de Estado (IE), 11 —el 64,7%— ocurrieron en tramos calificados como “malos”.
El relevamiento, cabe aclarar, no permite atribuir de manera directa cada muerte al estado de la ruta: los siniestros son multicausales y también intervienen factores humanos, climáticos, geométricos y de tránsito. Pero sí muestra una concentración significativa de accidentes fatales en corredores que la propia Dirección Nacional de Vialidad (DNV) califica como deteriorados.
En el SisVial, además, reveló el lunes pasado un patrón que excede las inversiones financieras. Durante los primeros cinco meses de 2026, $33.786 millones —el 52,7% de todos los pagos por obras registrados por el sistema vial— se desembolsaron durante tres “ventanas legislativas” en que se dirimieron votaciones sensibles para el Gobierno.
La pregunta central, en suma, ya no es sólo cuánto recauda cada fideicomiso ni cuánto ejecuta. Es qué ocurre con el dinero que queda en el medio: cuánto permanece como excedente, cuánto coloca financieramente el Ministerio de Economía, cuánto se transfiere al Tesoro durante las liquidaciones y cuánto llega efectivamente al destino específico que justificó la creación de cada fondo.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
Cómo se gestó la caída de la sesión opositora en Diputados y cuál fue el rol de los gobernadores aliados
“Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”. Así festejó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el fracaso de la sesión opositora que buscaba derogar el mega DNU 70/23. El posteo fue replicado por el propio Javier Milei y dejó entrever la importancia que el Gobierno le había dado a la misión de sabotear el quórum.
Los movimientos de los libertarios en la previa de la sesión fueron explícitos y apuntaron directamente a los bloques que responden a gobernadores aliados, que suelen funcionar como el fiel de la balanza. El miércoles, apenas 24 horas antes de la sesión, los libertarios accedieron a incluir límites a la venta de tierras en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La maniobra representó un giro de 180 grados, ya que cuando ese mismo proyecto se trató en el Senado los libertarios habían intentado eliminar todos los límites a la venta de tierras a extranjeros pero tuvieron que retirar el capítulo por el rechazo social. Incluso se produjo una situación paradójica que fue señalada con ironía por la oposición: LLA, el PRO y la UCR firmaron un dictamen que restituye la ley de tierras kirchnerista de 2011.
El Gobierno dejó en claro desde el principio que su prioridad sería evitar la derogación del DNU 70/23 porque causaría un “shock de incertidumbre” que afectaría las inversiones y hasta podría tener efectos sobre el riesgo país. “Si se cae todo el DNU también se vuelve para atrás con la derogación de la Ley de Alquileres o la liberalización del mercado aerocomercial. Sería un caos”, explicaban en la previa.
Si bien los referentes de la oposición encargados de sumar votos reconocían que el segundo fallo de la Corte Suprema, que mediante una cautelar restituyó los límites a la venta de tierras a extranjeros, complicó mucho las conversaciones con los bloques provinciales, también advertían sobre la presión que estaba ejerciendo el jefe de Gabinete Diego Santilli sobre los gobernadores aliados.
De hecho, anticipaban que el Gobierno haría concesiones concretas a algunos pedidos de las provincias. El ejemplo más resonante fue el anuncio -horas antes de la sesión- de una convocatoria para la próxima semana a empresas del sector minero y operadores logísticos para analizar medidas que mejoren la capacidad operativa del Ramal C14 del Belgrano Cargas, con foco en la Puna salteña. En paralelo, el Gobierno adelantó que promoverá la búsqueda de fondos de inversión privados para la puesta en funcionamiento integral del Ramal C15, clave para la producción salteña por su conexión con Bolivia y con mercados internacionales.
El gobernador Gustavo Sáenz había hecho públicos sus reclamos el lunes a través de las redes sociales. “Hace más de un mes que vengo gestionando ante el Gobierno Nacional para revertir esta situación. No podemos seguir esperando otros 50 años por las obras ferroviarias que necesitamos para transportar nuestros productos, reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de nuestra producción”, publicó.
Desde la oposición siguieron con atención los movimientos de los salteños que integran el bloque Argentina Federal que si bien aportó dos presencias al quórum (Bernardo Biella y Pablo Outes) también tuvo una ausencia determinante: Yolanda Vega.
También tuvo un rol destacado el gobernador de Jujuy Carlos Sadir, que intervino directamente para torcer la voluntad de María Inés Zigarán, que había firmado el pedido de sesión pero luego se arrepintió y no bajó al recinto. Tampoco lo hizo su coterráneo Carlos Risotti, aunque su ausencia no tomó por sorpresa a la oposición, que nunca lo incluyó en sus cálculos. “Zigarán nos había dicho que iba a dar quórum pero planeaba levantarse cuando se tratara el DNU 70. Pero al parecer pesó más el llamado del gobernador”, explicó a Infobae un integrante de su propio bloque, Provincias Unidas.
El tercer mandatario provincial que jugó fuerte fue el tucumano Osvaldo Jaldo. Los tres diputados del bloque Independencia, que responden directamente a sus órdenes, evitaron adelantar su posición en los días previos y finalmente dejaron las bancas vacías. Jaldo se encuentra en plena negociación con la Casa Rosada para la conformación de alianzas electorales o acuerdos de no agresión de cara al 2027.
Menos determinantes fueron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que le aportó al oficialismo la ausencia de Jorge “Loma” Ávila (Provincias Unidas), el mandatario de San Juan, Marcelo Orrego, que restó a los dos integrantes de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime, y “Rolo” Figueroa, que acordó la ausencia de Karina Maureira, del monobloque La Neuquinidad. Estos diputados suele actuar en sintonía con los libertarios y su ausencia no generó sorpresa.
Las faltas restantes fueron la cordobesa Alejandra Torres, el misionero Daniel Vancsik, la mendocina Lourdes Arrieta, la bonaerense Karina Banfi y el rionegrino Sergio Capozzi.
POLITICA
Ante la mejoría de Mirtha Legrand, Martín Llaryora propuso celebrar sus 100 años en el estadio Kempes
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, propuso realizar en el estadio Mario Alberto Kempes una celebración por los 100 años de Mirtha Legrand.
Su planteo ocurrió durante su participación en el programa La noche de Mirtha, conducido por su nieta Juana Viale, en un tramo de la charla dedicado a la salud de la histórica conductora.
La referencia surgió mientras se desarrollaba un intercambio distendido sobre Córdoba y su capacidad para atraer inversiones. En ese contexto, Llaryora resaltó las condiciones de la provincia y reivindicó el potencial del interior del país.
“Córdoba ha hecho cosas muy importantes, no todos tienen la capacidad y potencia de Córdoba. En el interior se vive mejor que en la capital”, afirmó.
Luego, la conversación se centró en la salud de Mirtha, quien se recupera en su casa desde principios de octubre tras permanecer internada durante 18 días en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro de neumopatía.
Consultada sobre su evolución médica, Viale aseguró que se recupera favorablemente.
“Ella está cada día mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene”, señaló. A raíz de ese comentario, Llaryora intervino y lanzó una propuesta en tono de broma.
“Bueno, los 100 años los hacemos en el Kempes”, dijo el gobernador. Y agregó entre risas: “Uno busca inversiones; está todo el día”.
Tras escuchar al gobernador, Juana Viale expresó: “‘Córdoba, allá vamos’, como decía la abuela”, avalando así el eventual homenaje por el centenario de la diva de la televisión argentina -quien cumple años el 23 de febrero- en el emblemático espacio cultural y deportivo del país.
Mirtha continúa su recuperación en su casa
La diva, de 99 años, recibió el alta médica el 6 de octubre y desde ese día se encuentra en su domicilio recuperándose del cuadro respiratorio que sufrió.
El 7 de septiembre había sido internada por un cuadro respiratorio bronquial y permaneció en el Sanatorio Mater Dei hasta el domingo 13, cuando recibió el alta. Pero apenas cinco días después, tuvo que volver al centro médico y, luego de pasar por la guardia, quedó nuevamente internada.
Ese mismo día, el sanatorio emitió un parte médico oficial en el que informó el motivo de la hospitalización: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.
En abril de este año, Legrand atravesó un fuerte cuadro gripal que derivó en una bronquitis y la alejó durante algunos días de su agenda laboral.
Martín Llaryora,recibió el alta médica,Mirtha Legrand,Córdoba,Conforme a
Las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria del Senado dictaminaron esta tarde el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998, pero que Diputados recién votó en agosto pasado. Al haber modificado el texto en la Cámara baja -se hizo reserva del capítulo II-, el tema volvió en segunda revisión y ahora, con el despacho firmado, el acuerdo quedó listo para ser sancionado, en caso de que el oficialismo cierre con aliados y solicite ir al recinto el jueves próximo.
La adhesión al PCT es uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los convenios entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). El Gobierno quiso acelerar el articulado original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios y, antes de firmar un dictamen, se dejó “en reserva” el capítulo II, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia, por 20 años, en todos los países miembros.
Desde el sector advirtieron sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes -sin aportar mejoras terapéuticas reales- para extender, de forma artificial, un eventual monopolio y bloquear la competencia.
Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad.
“Es uno de los pocos países no adheridos a este tan importante tratado. Lo que rige en patentes es un acuerdo anterior, de 1884”, aseguró el libertario y titular de la comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Paoltroni (Formosa). Por su parte, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, manifestó: “Cooperación no significa resignar la soberanía en términos de lo que es aquello que los argentinos son capaces de inventar”.
La porteña apuntó a “despejar es equívocos” y dejó en claro que la propuesta “no crea una patente mundial, no obliga a la Argentina a conceder patentes, y tampoco le quita la facultad de decidir qué invenciones merecen protección, conforme a nuestra legislación”.
Para la porteña, “la Argentina tiene científicos, universidades y empresas para innovación”, lo que “permite -de sancionar el acuerdo- que todos esos actores del mundo tecnológico puedan proyectarse internacionalmente”. En esa línea, detalló: “Es una gran herramienta para instituciones como el Conicet o empresas privadas que investigan y que logran generar nuevos productos o posibilidades para el adelanto de la ciencia”.
Por otra parte, Bullrich resaltó: “Hoy lanzan un avance e, inmediatamente, otro investigador lo publica y se pierde la posibilidad de tener una patente. Con esto, la primera información queda registrada y le da una protección adicional. Es decir, genera previsibilidad y mejores herramientas”.
No pensó igual el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco). Y, como ya suele ocurrir desde hace un tiempo, desde Convicción Federal -ex cristinistas, en principio-, el catamarqueño Guillermo Andrada dividió su apoyo -según el caso- entre las posturas de la porteña, y las del ex gobernador y ex jefe de Gabinete.
“Si nos perjudica de manera notoria, entonces es preciso exponerlo con un detalle de análisis de costo-beneficio. De lo contrario, en vez de favorecer la soberanía, aumentamos el grado de dependencia”, sostuvo Capitanich.
Asistieron un puñado de invitados por la oposición que, en conjunto, criticaron el acuerdo. “No podemos escuchar que los medicamentos se van a encarecer cuando son carísimos de por sí, comparados con cualquier parte del mundo”, respondió Bullrich.
celeste salguero/comunicaciòn
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