POLITICA
Con Milei, los fondos fiduciarios acumularon US$3000 millones de superávit y se usaron para financiar al Tesoro

Durante los primeros dos años de la presidencia de Javier Milei, los fondos fiduciarios que siguen en funcionamiento pleno o remanente recaudaron más de $8,2 billones y acumularon un superávit cercano a los US$ 3000 millones, aunque sólo una parte de lo recaudado se destinó durante 2024 y 2025 a los objetivos que fija la ley. Un porcentaje elevado -y en ciertos casos mayoritario-, se colocó en letras y títulos públicos para sostener el declamado “déficit cero”, según surge de balances contables, planillas presupuestarias e informes de la Jefatura de Gabinete y de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) que analizó .
Los datos oficiales reflejan que el superávit financiero de esos fondos ascendió a 1,86 billones de pesos durante 2024 y a 1,23 billón de pesos durante 2025, cifras que equivalen a 1978 millones y 973 millones de dólares, respectivamente, al tipo de cambio oficial promedio de cada año.
Además, los fideicomisos ejecutaron apenas el 55,8% de lo que recaudaron durante 2024. El año pasado, el 69,5%. Y durante el primer trimestre de este año, el 69,7%. El resto terminó en colocaciones financieras que dispone el Ministerio de Economía.
Colocar la recaudación en plazos fijos en el Banco Nación es “válido”, remarcaron tres expertos en presupuesto público consultados por , “en particular en un contexto inflacionario, mientras se tramitan las órdenes de pago para cada fondo fiduciario”, indicó una de ellas, que señaló que la documentación oficial muestra un viraje del Gobierno. ¿Cuál? La recaudación pasó de resguardarse en plazos fijos a letras del Tesoro y títulos públicos durante el último año y medio.
“El Gobierno pisa partidas que tiene que asignar por ley y presenta los recursos no aplicados como superávit, que invierte en títulos públicos. Es decir, financian al Tesoro para otros fines”, destacó.
La orden de la Casa Rosada de colocar un porcentaje variable de la recaudación de esos fideicomisos en letras, títulos y bonos estatales continuará, incluso, durante este año, según planillas presupuestarias consultadas por . Alcanzará los $1,33 billones, lo que habilitaría al ministro de Economía, Luis Caputo, a disponer colocaciones por el equivalente a US$ 880 millones adicionales en letras, bonos, títulos públicos y plazos fijos.
Las cifras coinciden con las que relevó el Instituto Consenso Federal. “Contabilizamos que los fondos fiduciarios registraron un superávit de 3003 millones de dólares entre 2024 y 2025, en tanto que proyectamos 956 millones de dólares para 2026”, cifró el director, Alejandro “Topo” Rodríguez, ex diputado nacional por el espacio que lideraba Roberto Lavagna. “Esto significa casi 4000 millones de dólares, en tres años”.
En la actualidad, el universo de fideicomisos estatales suma 29 fondos. La mayoría está en proceso de disolución o liquidación, pero siguen recaudando dinero.
Así, sólo durante el primer trimestre de este año, registraron ingresos corrientes por $161.312 millones, gastos corrientes por $54.154 millones y gastos de capital por $55.505 millones, con un superávit financiero de $51.667 millones, según la Oficina Nacional de Presupuesto.
Entre esos fondos en proceso de liquidación se encuentra el “Fondo de Integración Socio Urbana” (FISU), creado para financiar obras de infraestructura, servicios básicos y mejoramiento de vivienda en los barrios populares.
Milei anunció su disolución en mayo de 2025, que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otros actores detuvieron mediante una medida cautelar. ¿Conclusión? El Gobierno redujo 94% los desembolsos, lo que paralizó 636 proyectos que perjudican a 193.266 familias, y colocó $204.000 millones en letras del tesoro y bonos, otros $64.000 millones en un fondo común de inversión y $95.600 millones en cuentas corrientes en el Banco Nación, según datos oficiales de la Jefatura de Gabinete.
Más plata al Tesoro que a las obras
La operatoria se repite entre los fondos fiduciarios en plena vigencia, que Milei denostaba como “cajas de la política” durante la campaña presidencial de 2023.
Con siete de ellos se prevé que recauden más de $5,3 billones durante este año y que registren gastos corrientes por casi $3,1 billones, según las planillas presupuestarias.
Son el Sistema de Infraestructura del Transporte, el Fondo de Infraestructura Hídrica, el destinado al consumo residencial de gas, el de Garantías Argentino (FOGAR), el de Promoción de la Economía del Conocimiento (Fonpec) y el de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, a los que se suma el de Energías Renovables.
El Estado planificó poner en instrumentos financieros un 40% más de lo que planificó destinar a los fines específicos de cada fondo.
Los números del Sistema de Infraestructura de Transporte ofrecen un ejemplo concreto: se espera que registre $2,15 billones en gastos corrientes y $692.669 millones en gastos de capital. Y proyecta inversiones financieras por $751.481,7 millones, según las planillas oficiales del Presupuesto 2026, lo que equivale al 99,97% del resultado financiero previsto.
En otras palabras, de cada $1000 pesos de excedente, $999 están asignados a colocaciones.
Estas previsiones presupuestarias comenzaron a concretarse, con creces. Durante el primer trimestre de este año, el Sistema de Infraestructura de Transporte ya registró $636.115 millones de ingresos corrientes. Colocó $305.111 millones en inversiones financieras y desarmó posiciones por $107.984 millones, lo que arroja una colocación neta de $197.127 millones: 2,7 veces lo que el fondo destinó a obras en el mismo período.
El fideicomiso para el transporte no es un caso aislado. El Fondo de Infraestructura Hídrica recaudó $399.541 millones entre enero de 2024 y marzo de 2026, pero gastó apenas $99.761 millones en el mismo período, el 25% de los recursos disponibles, según los informes de la ONP que cotejó . ¿Qué hizo con el dinero acumulado? Al igual que con el FISU, lo colocó en letras del Tesoro, plazos fijos y depósitos a la vista.
Para este año, en tanto, el Ministerio de Economía proyecta más de lo mismo en el fondo que, por ejemplo, debe solventar obras como las de la cuenca del río Salado, en la provincia de Buenos Aires, cuya ejecución permanece rezagada. Según el Presupuesto 2026, el resultado financiero positivo de $83.175,2 millones, se colocarán casi por completo ($82.703 millones) en inversiones financieras.
Los otros cuatro fideicomisos activos completan el cuadro. El Fondo de Garantías Argentino (Fogar) tiene previsto para 2026 un resultado financiero positivo de $431.486 millones. El Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina proyecta $47.459 millones; el Fondo de Promoción de la Economía del Conocimiento (Fonpec), $842,5 millones; y el Fondo de Energías Renovables (Foder), $2.752 millones. En los cuatro casos, el Presupuesto asigna el 100% del excedente a inversión financiera.
La ley vs. la realidad
La ejecución real del primer trimestre permite, además, comprobar que varios de esos fondos ya comenzaron a generar resultados positivos. El FOGAR terminó marzo con un resultado financiero de $22.237 millones, el FONPEC con $6.492 millones y el FODER con $9.632 millones.
En dos de esos casos, la ejecución de un solo trimestre ya pulverizó la proyección de todo el año. El Foder tenía previsto un resultado financiero de $2.752 millones para 2026 y en tres meses acumuló 3,5 veces ese monto. El Fonpec proyectaba $842,5 millones y llegó a marzo con 7,7 veces esa cifra. Los excedentes crecen más rápido de lo que el propio Gobierno anticipó cuando redactó el Presupuesto.
En el caso del SisVial, en tanto, reveló el domingo pasado que durante los primeros cinco meses de 2026 solo se ejecutó la cuarta parte de lo recaudado para obras y que al 31 de mayo la cartera de inversiones financieras había trepado a más de $1 billón, entre títulos públicos y plazos fijos. Y el vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que el Gobierno utiliza recursos del sistema vial para contribuir al objetivo de “lograr el equilibrio fiscal”, pese a que el régimen que creó el fondo establece un destino específico para esos recursos.
Pero el contraste entre las inversiones financieras que dispone el Ministerio de Economía con el estado de la red vial resulta particularmente incómodo. Un relevamiento de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FePeViNa) cruzó 22 accidentes ocurridos durante junio y julio con indicadores oficiales sobre el estado de las calzadas y contabilizó 29 muertos. De los 17 casos para los que existían datos sobre el Índice de Estado (IE), 11 —el 64,7%— ocurrieron en tramos calificados como “malos”.
El relevamiento, cabe aclarar, no permite atribuir de manera directa cada muerte al estado de la ruta: los siniestros son multicausales y también intervienen factores humanos, climáticos, geométricos y de tránsito. Pero sí muestra una concentración significativa de accidentes fatales en corredores que la propia Dirección Nacional de Vialidad (DNV) califica como deteriorados.
En el SisVial, además, reveló el lunes pasado un patrón que excede las inversiones financieras. Durante los primeros cinco meses de 2026, $33.786 millones —el 52,7% de todos los pagos por obras registrados por el sistema vial— se desembolsaron durante tres “ventanas legislativas” en que se dirimieron votaciones sensibles para el Gobierno.
La pregunta central, en suma, ya no es sólo cuánto recauda cada fideicomiso ni cuánto ejecuta. Es qué ocurre con el dinero que queda en el medio: cuánto permanece como excedente, cuánto coloca financieramente el Ministerio de Economía, cuánto se transfiere al Tesoro durante las liquidaciones y cuánto llega efectivamente al destino específico que justificó la creación de cada fondo.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
El Gobierno busca aprobar la Ley Malvinas antes del fallo del Tribunal del Mar para reforzar la presión sobre las petroleras británicas

El Gobierno busca acelerar la aprobación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional antes del fallo del Tribunal del Mar sobre la explotación petrolera en Malvinas, previsto para el 28 de noviembre.
En la Casa Rosada consideran que avanzar con un nuevo régimen de sanciones contra las empresas vinculadas con el proyecto Sea Lion permitiría reforzar la presión sobre el Reino Unido y sus operadores comerciales.
La Libertad Avanza pretende llevar la iniciativa al recinto de Diputados el miércoles 18 y evalúa impulsar una votación por capítulos para separar las sanciones de los puntos que generan resistencia entre los bloques aliados y la oposición.
En el Ejecutivo aseguran que la intención es disponer de todas las herramientas jurídicas, administrativas y diplomáticas antes de que los jueces de Hamburgo se pronuncien. La estrategia busca combinar el reclamo internacional con nuevas medidas internas contra las compañías que participen de la explotación de recursos sin autorización argentina.
El oficialismo considera que una votación favorable enviaría una señal política antes de la resolución sobre las medidas provisionales, aunque la aprobación de Diputados no alcanzaría para convertir el proyecto en ley: también necesita la sanción del Senado.
La urgencia está vinculada con los procedimientos sancionatorios que Cancillería mantiene abiertos contra 60 personas humanas y jurídicas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas. El Gobierno dispuso en septiembre la apertura de expedientes contra 45 sujetos y amplió luego el alcance a otros 15. Las actuaciones, bajo la órbita del área de Malvinas de la Cancillería, todavía no tienen una resolución definitiva. En Balcarce 50 buscan acelerar su tramitación y contar con un marco legal que amplíe las posibilidades de actuación contra empresas, accionistas y proveedores vinculados con la explotación.
La legislación vigente ya establece prohibiciones y penalidades. La Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, contempla inhabilitaciones administrativas de cinco a veinte años, además de sanciones penales para determinadas actividades hidrocarburíferas no autorizadas. También restringe contrataciones con el Estado y beneficios impositivos. El proyecto de Milei propone reemplazar ese esquema por un régimen más amplio, que alcance distintas actividades de aprovechamiento de recursos naturales y combine multas, inhabilitaciones, sanciones penales y mecanismos para incentivar el abandono de operaciones consideradas ilegítimas.
Uno de los principales cambios previstos es la ampliación del alcance de las sanciones a empresas y proveedores que intervienen en la explotación de recursos en los espacios marítimos disputados. El proyecto contempla multas calculadas según el valor de barriles de petróleo, restricciones para contratar con organismos públicos y un régimen de desistimiento y regularización para quienes abandonen las actividades cuestionadas. La Casa Rosada considera que esas herramientas permitirían aumentar los costos de participar en emprendimientos como Sea Lion. Sin embargo, la aplicación de nuevas penalidades dependerá del texto finalmente sancionado, su entrada en vigor y los procedimientos correspondientes.
La iniciativa tiene dictamen de mayoría desde fines de octubre, pero el oficialismo todavía no consiguió cerrar un acuerdo sobre el Título VII, que modifica disposiciones electorales y penales vinculadas con la injerencia extranjera. Provincias Unidas, Argentina Federal y otros legisladores dialoguistas reclaman eliminar ese apartado o separar su tratamiento del resto de la norma. En el Gobierno se resisten a retirarlo completamente y ofrecieron modificaciones en la redacción. La diferencia amenaza con complicar una votación que la Casa Rosada pretende realizar antes del pronunciamiento internacional.
Frente a ese escenario, La Libertad Avanza evalúa que Diputados vote por separado los distintos capítulos del proyecto. El Reglamento de la Cámara permite ese procedimiento si lo acuerda la Comisión de Labor Parlamentaria o el pleno. La intención es evitar que los cuestionamientos a las modificaciones electorales y penales bloqueen la aprobación de las sanciones vinculadas con Malvinas. El Gobierno espera que sectores que rechazan buena parte de la iniciativa acompañen al menos las disposiciones destinadas a penalizar la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
POLITICA
Massa confluye con el peronismo federal y toma forma una corriente interna para enfrentar a Kicillof

Todo lo que se presumía que iba a pasar, efectivamente sucederá. Los sectores del peronismo que permanecen distantes de la aun no proclamada candidatura presidencial de Axel Kicillof confluirán esta semana en torno a Sergio Massa, quien buscará dar un golpe sobre la mesa para equipar la disputa interna en el principal partido de oposición a Javier Milei.
El exministro de Economía, que viene dialogando con dirigentes peronistas y de otras fuerzas afines en estricto perfil bajo, podría subir mañana al escenario -si llega a tiempo de un viaje a San Pablo- junto a referentes del peronismo federal, a figuras como Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y Gerardo Zamora, y a los intendentes bonaerenses de La Liga.
Según pudo saber , será un acto para 600 dirigentes montado en el teatro de San Fernando, al norte del Gran Buenos Aires, donde la convocatoria formal será por el Día de la Militancia peronista. Pero que, en el fondo, buscará presentar en sociedad la reunión de espacios internos que sustentarían una posible candidatura presidencial de Massa en 2027.
En el massismo prefieren presentar a su líder como el articulador de una alianza anti-Milei, aunque para que eso finalmente tome cuerpo, antes tiene que superar la interna peronista, con una eventual competencia en las PASO contra el gobernador Kicillof.
De acuerdo a las fuentes consultadas, Cristina y Máximo Kirchner enviarán representantes al acto, mientras que no fue invitado oficialmente el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que impulsa el proyecto de Kicillof, aunque los organizadores no descartaban que algún dirigente de ese sector pueda ser visto junto a Massa y a los otros referentes peronistas.
Los que serán de la partida son los peronistas federales que surgieron en Parque Norte, con dirigentes como el porteño Juan Manuel Olmos, la bonaerense Victoria Tolosa Paz y el entrerriano Guillermo Michel, mientras que también aseguraron su presencia el diputado Pichetto, la cordobesa De la Sota y el histórico senador santiagueño Zamora.
En este último caso, se llegó a especular con el surgimiento de una aventura presidencial, pero el norteño se inclinaría por apoyar un nuevo intento presidencial de Massa. En la misma línea podría presentarse el sanjuanino Sergio Uñac, quien se acercaría al acto pese a que ya manifestó su interés en competir por la candidatura mayor del peronismo.
Entre los convocados al encuentro, que comenzará a las 18, también están los intendentes de La Liga, un grupo de jefes comunales bonaerenses que llegarán a San Fernando -donde el anfitrión será Juan Andreotti– con una delegación integrada por Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achával (Pilar), entre otros.
El acto, anticipado a este diario por fuentes partidarias, terminará de blanquear una situación en ciernes dentro del peronismo: la existencia de dos corrientes -una que apoya a Massa y otra referenciada en Kicillof- que pugnan por colocar al candidato presidencial del espacio para competir contra el presidente Milei en las elecciones nacionales de 2027.
En el caso de Massa, si bien empezó a mostrarse públicamente en las últimas semanas, mantuvo el perfil bajo desde la derrota en 2023 frente al propio Milei. Y ahora comienza a emerger como una alternativa frente a un Kicillof que se presenta como una suerte de candidato natural del peronismo, dado que gobierna la provincia más importante del país.
El gobernador bonaerense enfrenta una encrucijada para avanzar con su candidatura, porque Cristina Kirchner no lo bendice y envía señales -desde su reclusión en San José 1111- de que podría apoyar a otro candidato, eventualmente Massa, de cara a las PASO o a una interna partidaria. En ese marco es que el exministro reúne voluntades cercanas a la expresidenta.
El tigrense necesita emparejar las encuestas con Kicillof, que aparece como el principal opositor a Milei, en algunas detrás de Cristina Kirchner, pero la expresidenta no está en condiciones legales de competir a raíz de su condena e inhabilitación. De ahí que el acto del martes encienda las alarmas en La Plata, ante un eventual vuelco cristinista en favor de Massa.
Mariano Spezzapria,Conforme a
POLITICA
Neuquén va a elecciones el 14 de febrero: La Libertad Avanza empieza a definir su estrategia y hay dudas sobre si competirá por la gobernación

La Libertad Avanza de Neuquén se prepara para comenzar a delinear su estrategia electoral rumbo al 2027. Con varios municipios que ya confirmaron que elegirán autoridades el 14 de febrero, en coincidencia con el calendario provincial definido por el gobernador Rolando Figueroa, el espacio libertario todavía debe definir cómo organizará las candidaturas en cada distrito y quién encabezará una eventual propuesta para la gobernación.
Una primera instancia de discusión tendrá lugar este lunes, cuando se reúna el Congreso partidario. El encuentro será clave para analizar el escenario político y establecer los lineamientos del armado de cara a la campaña de verano. Por ahora no hay decisiones cerradas, pero dentro del espacio reconocen que deberán contemplar distintas variables, entre ellas los plazos judiciales vinculados con la ley de Ficha Limpia.
La situación de Nadia Márquez aparece entre los principales temas a resolver. La senadora nacional y titular de La Libertad Avanza en Neuquén tiene presencia territorial y es una de las dirigentes que podría representar al partido en la disputa por la gobernación. Sin embargo, su eventual postulación está atravesada por las condiciones que establece la legislación provincial de Ficha Limpia, sancionada en 2025.
La norma incluye entre sus restricciones a quienes hayan obtenido una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. Márquez accedió a ese beneficio en una causa iniciada en 2013, en la que finalmente fue sobreseída en 2016. La interpretación de la ley y la situación judicial de la senadora serán factores centrales para determinar si puede competir.
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