POLITICA
Condenas de hasta siete años de prisión en el primer juicio por la “mafia de los contenedores”

El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 condenó hoy a penas de entre tres y siete años de prisión a los doce acusados del caso TT Cargo, el primer gran juicio oral derivado de las investigaciones conocidas como la “mafia de los contenedores”, por el contrabando agravado de indumentaria y rollos de tela desde China que ingresaban al país declarados como carbonato de calcio.
El tribunal, integrado por Jorge Alejandro Zabala , Karina Perilli y Fernando Marcelo Machado Pelloni, dio a conocer el veredicto y fijó la lectura de los fundamentos para el 22 de septiembre.
Las penas más altas recayeron sobre Walter Moglianesi, Miguel Ángel Elnen y José María Zaragoza, condenados a siete años de prisión cada uno como coautores del delito de contrabando agravado por la intervención de más de tres personas, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, por la presentación de documentos adulterados y por el valor de la mercadería. En el caso de Moglianesi y Elnen, por 32 hechos y en el de Zaragoza, por 31.
Jorge Carlos Fano, presidente de la firma TT Cargo SA, que actuaba como agente de transporte aduanero, fue condenado a seis años de prisión, la misma pena que recibió Eduardo Joaquín Urraco. Hernán Gabriel Petitmangin fue condenado a cinco años y diez meses; Osvaldo José Lemos, a cinco años y seis meses; Alba Alicia Cetrini y Stella Maris Delía, a cinco años; y Alejandra Beatriz Delgado, a cuatro años. María José y María Gimena Zaragoza, hijas de José María Zaragoza, recibieron tres años de prisión en suspenso como partícipes secundarias.
El tribunal condenó además a las dos personas jurídicas imputadas, TT Cargo SA y Cuiper SA, a las que impuso el retiro de la personería jurídica y la cancelación de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
También ordenó el decomiso de la mercadería hallada en el contenedor destapó la maniobra y del dinero y los equipos informáticos secuestrados en la sede de TT Cargo, en Tacuarí 237, en el centro porteño.
Todos los condenados quedaron alcanzados por la pérdida de concesiones y regímenes especiales, la inhabilitación especial de un año para ejercer el comercio, la inhabilitación perpetua para integrar las fuerzas de seguridad y las inhabilitaciones absolutas para desempeñarse en la función pública, que van de seis a catorce años según el caso.
Según la acusación que sostuvo en el juicio el fiscal general Gabriel Pérez Barberá, titular de la Fiscalía General de Juicio N° 2 ante los tribunales orales en lo penal económico, la organización montó entre agosto de 2015 y enero de 2016 un doble circuito documental para burlar los controles aduaneros.
En los conocimientos de embarque emitidos en origen (Master Bill of Lading) la carga figuraba como textil, mientras que en los documentos desconsolidados en la Argentina (House Bill of Lading) y en la documentación presentada ante la Aduana aparecía como carbonato de calcio.
La diferencia impositiva era significativa pues un cargamento textil tributaba cientos de miles de dólares entre valor y aranceles y el carbonato de calcio apenas unos miles. La fiscalía estimó el perjuicio fiscal en al menos 4,5 millones de dólares en menos de seis meses, aunque otras estimaciones del expediente lo elevan sustancialmente por encima de esa cifra.
La investigación nació cuando la Aduana, entonces conducida por Juan José Gómez Centurión, durante el gobierno de Mauricio Macri, detectó inconsistencias en pesos, tipos de mercadería y patrones repetidos en distintos embarques, y decidió interceptar físicamente un contenedor y abrirlo en el puerto.
Aunque la carga había sido declarada como carbonato de calcio, en su interior aparecieron más de 80.000 prendas de vestir. Ese hallazgo permitió reconstruir la mecánica utilizada en los otros 31 contenedores que ya habían ingresado al país.
La instrucción estuvo a cargo del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, con la intervención del fiscal Pablo Turano, como desprendimiento del expediente principal, investigado por el juez Marcelo Aguinsky junto a la fiscal Gabriela Ruiz Morales y la Procelac.
En su alegato de mayo, Pérez Barberá había pedido penas de hasta ocho años y seis meses de prisión —el máximo, para Moglianesi, a quien señaló como uno de los organizadores de la maniobra y le reprochó haber traicionado su rol de auxiliar del servicio aduanero— y advirtió sobre el valor del caso como precedente para las causas de contrabando de gran escala que aún no llegaron a debate.
El tribunal, finalmente, fijó las penas por debajo de los pedidos fiscales: Moglianesi recibió siete años y Fano, para quien la fiscalía había reclamado ocho, seis. La querella estuvo a cargo de ARCA-Dirección General de Aduanas.
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POLITICA
Axel Kicillof reclama una deuda de 19 billones de pesos a la Nación y espera una señal de la Corte Suprema

LA PLATA.- El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, renovó hoy su reclamo contra la gestión nacional de Javier Milei por deudas atrasadas por unos 19 billones de pesos. El desfinanciamiento generado ascendería a 28 billones de pesos, si se contabiliza la caída en las transferencias y la baja por la recaudación a partir de la crisis económica, según expuso el gobierno bonaerense.
Esta suma de 28 billones de pesos que dejó de percibir la provincia desde que llegó Milei al poder en 2023 representa poco más del 50 por ciento de un presupuesto anual de Buenos Aires. Así lo cuantificó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que actualizó y desglosó hoy los datos de las deudas que se reclaman al gobierno nacional.
El renglón más abultado del reclamo corresponde a obras públicas paralizadas: 10,1 billones de pesos. Esta cifra supone la parálisis de 180 obras, según informó el funcionario provincial. Además, incluye retrasos en el programa Procrear; incumplimientos en convenios entre Nación y Provincia en programas como Casa Propia; retrasos en infraestructura penitenciaria para 12 mil nuevas plazas; parálisis en convenios para hacer 30 obras en universidades y en 40 obras comprometidas con la dirección general de Cultura y Educación.
El segundo renglón de reclamo – muchos ya judicializados ante la Corte Suprema de Justicia- corresponde a deudas directas por 4,7 billones de pesos. Se reclaman atrasos en las transferencias de la Anses a la caja de provincia por 2,8 billones. Compensaciones por consenso fiscal, 1,3 billones. Fondo de Incentivo Docente: 154 millones. Fondo de Fortalecimiento Fiscal: 108 millones. Ley de Salud Sexual y Reproductiva: 90 mil millones de pesos. Convenios incumplidos de asistencia financiera vigentes a 2023: 76 mil millones. Infraestructura portuaria por 21.177 millones, entre otros conceptos.
El tercer renglón lo compone la deuda por retraso de programas nacionales que suma $4,3 billones. La provincia contabiliza atrasos en Fondo de Fortalecimiento Fiscal, atrasos en el Fonid, atrasos en la compra de alimentos para comedores y atrasos en Fondo de compensación de transporte automotor, y en programas para acompañar mujeres víctimas de violencia de género.
A esta cuenta, Buenos Aires suma una caída en los recursos de origen nacional cuantificada en 5,9 billones y una merma en la recaudación de los recursos de origen provincial vinculada a la recesión por 3,4 billones.
“El desfinanciamiento generado por el gobierno de Javier Milei desde que llegó al poder asciende a 28,4 billones”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
“Esto es poco más que el 50 por ciento de un presupuesto anual de la provincia que asciende a 44 billones de pesos”, se quejó el funcionario.
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La Pampa fue a la Justicia para frenar el decreto de Milei que le dio a Mendoza el 100% de las regalías de una hidroeléctrica

La provincia de La Pampa presentó una medida cautelar contra el Estado nacional para intentar frenar el decreto del presidente Javier Milei que modificó el reparto de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles y determinó que Mendoza pase a cobrar el 100% de esos recursos.
La presentación fue impulsada por el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, y apunta específicamente contra los artículos 3° y 4° del decreto 982/2026, publicado el viernes y firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Ese decreto dejó sin efecto el esquema vigente desde 1973, por el cual las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico ubicado sobre el río Atuel se distribuían en partes iguales entre Mendoza y La Pampa. Desde ahora, el Ejecutivo nacional estableció que la totalidad corresponde a Mendoza porque la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada se encuentra íntegramente dentro de su territorio.
Con la cautelar, La Pampa busca que se mantenga provisoriamente el reparto anterior hasta que la Justicia resuelva la discusión de fondo.
POLITICA
Milei reunió al Gabinete antes del envío del Presupuesto y el proyecto de ley por Malvinas

En la previa al envío del Presupuesto 2027 y al inicio del debate en Comisión del Senado por la reforma política previsto para las próximas horas, el presidente Javier Milei reunió este lunes a su Gabinete en pleno. El encuentro también se dio en la previa al envío al Congreso del proyecto de ley de Soberanía Nacional, en torno a la cuestión Malvinas.
El envío de este proyecto también está previsto para que este lunes ingrese por la Cámara de Diputados. El proyecto fue anunciado por Milei diez días atrás, en cadena nacional, y contempla el endurecimiento de penas a empresas que operen en la zona y la creación de una base militar en Tierra del Fuego, entre otros puntos.
El de este lunes es el tercer encuentro consecutivo de Milei con todos sus ministros después de casi un mes sin cónclaves de este tipo.
Por la tarde, Milei se reunirá con legisladores de su espacio, con la mira en la defensa de la agenda legislativa. Ese encuentro está previsto para las 15. En tanto que para mañana, a las 13, también está en agenda un nuevo encuentro de la mesa política, con la mira puesta en la hoja de ruta en el Parlamento.
Los tres proyectos anticipan que vendrá una fuerte negociación, en particular con los gobernadores aliados, para sus eventuales sanciones.
La idea de Balcarce 50 es ir avanzando con los tres proyectos. En ninguno de los casos avizoran tratamientos express, aunque en el que se ven más confiados es en el de Malvinas. En el que creen que, pese a que no será rápido, sostienen que deberían contar con el apoyo de todo el arco político, por lo que implica la causa.
Este lunes se vio llegar desde antes de las 10, horario previsto para el comienzo del encuentro en el Salón Eva Perón, al jefe de Gabinete, Diego Santilli; a la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; al secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; a los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Mario Lugones (Salud); Luis Caputo (Economía) y Juan Bautista Mahiques (Justicia). También participaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
Milei retomó la agenda en Casa Rosada el 24 de agosto pasado, después de no haberla visitado durante casi un mes. El mandatario permaneció esos días recluido en Olivos y con parte de su agenda fuera del país. En tanto que la última reunión de Gabinete antes de eso había sido el 9 de julio, cuando, tras el Tedeum en la Catedral Metropolitana, los reunió para hablar de la reforma de la carta orgánica del Banco Central, cuyo tratamiento en Comisión comenzó la última semana, en el Senado.
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