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POLITICA

Contratan un servicio de inteligencia artificial en el Tribunal Superior de Justicia porteño por casi US$ 600.000

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El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires contrató un servicio de inteligencia artificial (IA) para la gestión, administración, análisis y búsqueda de jurisprudencia del tribunal por casi 600.000 dólares.

Tras una licitación, la ganadora fue C&S Informática SA, que proveerá el servicio de IA. Esta novedad, dijo el tribunal, tendrá impacto en los procesos jurisdiccionales.

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La adjudicación lleva la firma de todos los jueces del TSJ porteño: Inés Weinberg (presidenta), Alicia Ruiz (vicepresidenta), Luis Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi.

La adjudicataria deberá además suministrar un desarrollo de soluciones integrales para la gestión, la administración, la sistematización, la clasificación, el análisis, la búsqueda y la difusión de la jurisprudencia del Tribunal Superior.

La IA y la automatización serán visibles en el ingreso de escritos ante el Tribunal, en la validación de presentaciones y sus adjuntos, en la consulta y notificaciones, y en la búsqueda de causas similares.

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Weinberg, presidenta del Tribunal porteño, junto con Jorge Macri

También automatizará la producción de documentos y la de jurisprudencia, con una búsqueda más veloz de los antecedentes del tribunal porteño.

C&S Informática diseñará soluciones de los sistemas aplicables, tanto de programación y de testing como el soporte tecnológico, hosting y todo lo relativo al “alojamiento en la nube”.

Los cambios activarán los procesos con reemplazo de acciones manuales por automatizaciones, y se busca brindar respuestas inmediatas y propuestas generativas, pues se incluyen módulos de IA generativa de creación de contenidos, con la modernización de los portales actuales.

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En lo atinente a la jurisprudencia, el Tribunal Superior de Justicia procurará agilizar el acceso de manera que sea intuitivo, con buscadores más veloces, tanto para los abogados litigantes como para la institución.

La compañía ganadora acreditó antecedentes relevantes sobre la provisión de diferentes herramientas informáticas de gestión en la administración pública, nacional y provincial, según fuentes del gobierno porteño. El contrato con el TSJ se extenderá por 5 años.

Esta semana, tanto el Tribunal como la empresa adjudicataria conformaron sus equipos para dar inicio al proceso de implementación de la IA.

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A la licitación se presentaron 11 empresas y se eligió a la que mejor cumplió con lo requerido en los pliegos de condiciones particulares y de especificaciones técnicas.

Además, resultó la más recomendable al sugerir tecnologías que se encuentran en consonancia con las expectativas y necesidades del TSJ, a la par que su cotización fue la más aceptable entre todas las ofertas admisibles.

El monto total de la adjudicación es de 587.528 dólares para implementar inteligencia artificial en sus procesos jurisdiccionales y desarrollar un sistema integral de gestión y búsqueda de su jurisprudencia.

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La resolución RTSJ-2026-55-TSJ-TSJCABA, finaliza la licitación pública 4/2026 a la que se presentaron once empresas y en la que dos fueron rechazadas: Naxos AR SA porque su oferta no estaba firmada, y Digital Hive Group SA por presentar una garantía insuficiente.

De las nueve ofertas que superaron el filtro formal, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó a C&S Informática por encima de competidoras como Unitech SA, Systems Management Specialist SA, Datacloud SA, la UTE conformada por SG Soluciones Gráficas y Cumbresoft, Anfler Solutions, Data Voices y NSS SA.

Todas esas firmas fueron consideradas aptas técnicamente, pero descartadas por precio, según la resolución oficial.

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La oferta ganadora superó en un 1,6% la previsión presupuestaria del renglón 1 del pliego y en un 13% la del renglón 2 del pliego, pero la comisión evaluó que su propuesta tecnológica era la más alineada con las necesidades del tribunal y que la empresa tiene mayor trayectoria en servicios digitales e inteligencia artificial para el sector público.

El contrato cubre dos objetivos diferentes. El primero es la implementación de un servicio de inteligencia artificial en los procesos jurisdiccionales del TSJ porteño. El segundo es el desarrollo de una solución integral para la gestión, administración, sistematización, clasificación, análisis, búsqueda y difusión de la jurisprudencia del tribunal.

La resolución de adjudicación no detalla los pliegos técnicos, por lo que el alcance preciso de ambos módulos —qué tareas asistirá la IA dentro de los procesos judiciales, por ejemplo— surge de los pliegos de condiciones particulares y especificaciones técnicas aprobados en enero por la presidenta del TSJ Inés Weinberg.

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La adjudicación no recibió impugnaciones de ninguno de los oferentes dentro del plazo legal y la asesora jurídica del tribunal dio su visto bueno sin objeciones.

La compra se cotizó y se pagará en dólares, lo que es inusual para una contratación de servicios de un organismo judicial porteño y refleja tanto el carácter tecnológico del objeto como la indexación al dólar que impuso el mercado de software en los últimos años.

Más causas

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El disparador de la adquisición es la urgencia, ya que mientras que en 2024 ingresaron 1610 causas en el Tribunal Superior de Justicia, en 2025 esa cifra se disparó a más de 6800 expedientes, un incremento superior al 300%.

Ese número de explosión de causas se entiende por el dictado del fallo Levinas de la Corte que convirtió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en el tribunal al que deben ser apeladas todas las decisiones de la justicia nacional laboral, civil, comercial y penal.




fallo Levinas de la Corte,Hernán Cappiello,Justicia,Conforme a

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POLITICA

El Gobierno identificó a la marcha universitaria con una movida opositora y defendió el operativo de seguridad en el Congreso

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El Gobierno se enfrentó este jueves a la quinta marcha federal universitaria, que reunió a una multitudinaria convocatoria frente al Congreso pero que, a diferencia de otras oportunidades, terminó con incidentes.

En la Casa Rosada buscaron ligar el reclamo de las universidades, que demandan a la administración libertaria que cumpla la ley de financiamiento educativo, a una movida orquestada por la oposición. En ese tren, culparon a grupos violentos por los desmanes que se desataron frente al Palacio Legislativo.

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“Es un acto opositor”, plantearon fuentes del Ejecutivo respecto de la marcha y el acto central. “Se politizó demasiado”, agregaron.

El presidente Javier Milei no siguió el reclamo desde el país, ya que se encuentra en Washington, como parte de su vigésimo viaje a los Estados Unidos desde diciembre de 2023.

Respecto de la violencia que se desató en las calles porteñas, desde un importante ministerio de la Casa Rosada plantearon a : “Son los mismos de siempre, los que no salen a manifestarse, sino a provocar caos”.

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Otra fuente de peso en el Poder Ejecutivo acotó, en el mismo sentido: “Los enfrentamientos siempre son generados por los mismos sectores, lamentablemente”.

En un primer reporte, fuentes oficiales detallaron que hubo tres efectivos de la Gendarmería y uno de la Prefectura heridos con “elementos contundentes”.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, justificó el operativo con un mensaje en la red social X. “Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”, sostuvo la funcionaria, con un video de manifestantes rompiendo las vallas y con las caras tapadas.

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Por su parte, el jefe de la bancada de Unión por la Patria (UP) en Diputados, Germán Martínez, denunció la presencia de supuestos “infiltrados”.

Desde ayer, en el Gobierno vincularon el reclamo universitario a una cuestión partidaria. Incluso, afirmaron que están cumpliendo la ley, pese al retaceo de fondos, los reclamos de las universidades y los fallos judiciales adversos. Fuentes de la gestión de Milei acusaron al juez Martín Cormick de nexos con el kirchnerismo.

El magistrado no solo multó al Gobierno por incumplir la ley de financiamiento universitario, sino que también ordenó que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pagara $100.000 por día.

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En ese momento, fuentes del Gobierno dijeron que el magistrado tenía “pasado y amigos en La Cámpora”, la organización que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner. “Se presenta como un cuadro técnico del kirchnerismo y ejerció como síndico general del PAMI en la gestión de Luana Volnovich”, apuntaron contra el juez.

La movilización de hoy, para exigir a la gestión de Milei que cumpla con la ley de financiamiento universitario ratificada por el Congreso, fue convocada por el frente sindical universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Noticia en desarrollo

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pic.twitter.com/qRJcbdcIrh,October 15, 2026,Paula Rossi,Universidades,Conforme a

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POLITICA

Un grupo de manifestantes increpó a Lilia Lemoine a la salida del Congreso

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La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, fue abordada por un grupo de manifestantes de la Marcha Federal Universitaria mientras caminaba por la avenida Rivadavia, a la salida del Congreso.

Videos registrados en el lugar mostraron a un grupo de mujeres que se acercó a Lemoine y le cantó en la cara: “Olé, olé, olé, olá; a donde vayas, te va a pasar; a donde vayan, los iremos a buscar”. Alrededor se escucharon gritos de “facha”, “yo me pregunto de qué te estás riendo”, “qué hacés acá” y “la patria no se vende”.

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También le reclamaron: “Sos una vergüenza, sos una vergüenza para las mujeres que estudiamos”. En otro momento, mientras avanzaba, se registraron insultos como “chorra” y “sore**”.

En los videos se ve a Lemoine poniendo la mano en la cara para marcar distancia con los manifestantes.

El episodio ocurrió después de que la oposición no logró el quorum para una megasesión convocada para tratar la derogación del DNU 70/23, la prórroga de la emergencia en discapacidad y un proyecto sobre morosidad y endeudamiento familiar.

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La legisladora salió del recinto de la Cámara de Diputados y se cruzó con el sector de la protesta organizada por el frente sindical universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Noticia que está siendo actualizada.-

Lilia Lemoine, Marcha universitaria, Congreso

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La Justicia suspendió las multas al Gobierno por no aplicar la ley de Financiamiento Universitario

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La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió este jueves de manera provisoria la aplicación de multas diarias para el Gobierno por el incumplimiento de la cautelar vinculada con la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario.

Así lo dispusieron los jueces Sergio Gustavo Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán al hacer lugar a un recurso de queja que había presentado el Ministerio de Capital Humano.

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Los magistrados dispusieron “conceder —en relación el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada con fecha 24 de septiembre de 2026, contra la providencia de fecha 22 de septiembre de 2026”, según el fallo al que accedió .

El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, había resuelto este miércoles, un día antes de la quinta Marcha Universitaria Federal, la aplicación de sanciones económicas diarias al jefe de Gabinete, Diego Santilli, del orden de $100.000 por día por no aplicar la norma.

La Justicia federal había intimado así formalmente al gobierno de Javier Milei a acatar la cautelar que había sido ratificada por la Corte Suprema. A fines de septiembre, el magistrado ya había concluido que el Estado no acreditó el cumplimiento pleno de la medida cautelar vigente, que obliga a actualizar salarios y becas universitarias, y había fijado un plazo máximo de cinco días para hacerlo.

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Quinta Marcha Universitaria Federal en el Congreso Nicolás Suárez

Cormick señaló, además, que la decisión se adopta “en concordancia” con lo resuelto en la causa principal: la semana pasada, el juez declaró la inconstitucionalidad del tramo del Decreto N.º 759/2025 mediante el cual el Gobierno había frenado la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada luego del rechazo al veto presidencial del año pasado.

Noticia en desarrollo



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