POLITICA
Crece la presión política sobre Kicillof por la inseguridad en PBA y la suspensión del Régimen Penal Juvenil
La sucesión de hechos de inseguridad en el conurbano, el crimen de David Elías Ojeda Vázquez en José C. Paz y la suspensión judicial del nuevo Régimen Penal Juvenil sumaron presión política sobre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que este viernes sumó un nuevo capítulo. La oposición elevó el tono de sus cuestionamientos contra la gestión provincial y La Libertad Avanza (LLA) presentó en ambas Cámaras de la Legislatura bonaerense un pedido para que el ministro de Seguridad, Javier Alonso, sea interpelado.
El proyecto apunta a que el funcionario detalle el despliegue policial, las estrategias de prevención y los recursos destinados a combatir el delito en la provincia de Buenos Aires. El presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, cuestionó la falta de datos públicos sobre la política de seguridad. “El ministro Alonso debe dar explicaciones. Sabemos que en la Provincia no existen datos: no hay estadísticas sobre el personal, rutas de patrullaje ni siquiera un mapa del delito actualizado y accesible”, afirmó.
El diputado nacional también apuntó contra lo que definió como una visión “garantista” de la seguridad y vinculó ese enfoque con los robos violentos y homicidios que se registraron en distintos distritos del conurbano. “Cada día tenemos un nuevo caso de inseguridad, robos violentos y homicidios. Tiene que venir a la Legislatura y rendir cuentas”, agregó. El jefe del bloque libertario en el Senado provincial, Carlos Curestis, sostuvo que los vecinos necesitan respuestas y no discursos. En el mismo sentido, el titular de la bancada de LLA en Diputados, Juanes Osaba, reclamó que Kicillof asuma un rol más activo frente a la situación que atraviesan los bonaerenses.
El crimen de José C. Paz derivó en un reclamo desde un municipio peronista
La presión sobre el Gobierno bonaerense se profundizó tras el asesinato de David Elías Ojeda Vázquez, quien fue atacado durante el robo de su moto en José C. Paz. El joven volvía de un gimnasio el lunes por la noche cuando dos delincuentes lo interceptaron en la calle Polonia, entre Piñero y Matheu. Según reconstruyeron los investigadores, los atacantes le dispararon por la espalda, le quitaron el vehículo y escaparon. El joven fue trasladado al Hospital Mercante, pero murió por las heridas. Los sospechosos continuaban prófugos y la investigación analizaba imágenes aportadas por vecinos para reconstruir la fuga.
La intendenta interina de José C. Paz, Lorena Espina, criticó a Kicillof por la inseguridad tras el crimen del joven de 23 años. En medio de la conmoción por el homicidio, amigos y vecinos de Ojeda Vázquez marcharon por el centro de José C. Paz y se concentraron frente a la sede municipal para reclamar justicia y mayores medidas de prevención. La protesta incluyó la quema de neumáticos y carteles con la imagen de la víctima.
Fue entonces cuando la Municipalidad de José C. Paz difundió un comunicado en el que exigió a Kicillof que refuerce la seguridad en el distrito y en el resto del territorio bonaerense. El documento fue firmado por Espina, y por el director general de Seguridad local, Miguel Narváez. “Ante la gravedad de lo sucedido, exigimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y en especial en nuestro distrito”, expresó el municipio. El texto reclamó “acciones inmediatas” y sostuvo que el Gobierno provincial debe asumir la “total y completa responsabilidad” por la seguridad de los vecinos.
El planteo tuvo peso político porque provino de un distrito alineado con el peronismo y conducido políticamente por el intendente en uso de licencia Mario Ishii, quien actualmente ocupa una banca como senador provincial y desde ese lugar también confronta con el Ejecutivo y con la vicegobernadora, Verónica Magario. Ishii, además, es vicepresidente de la Cámara Alta. Esto quiere decir que cuando Magario no está a cargo del Senado, quien tiene facultad para convocar a sesionar es el paceño.
En el comunicado emitido días atrás, la comuna también defendió los recursos propios destinados a prevención. Señaló que cuenta con más de 250 efectivos y 70 móviles de la Patrulla Urbana Municipal, además de cámaras de monitoreo en el Centro de Operaciones Municipal. Aseguró, además, que aporta combustible y reparaciones para sostener el funcionamiento de patrulleros de la Policía Bonaerense.
Cuestionamientos a Alonso por la gira de Kicillof a Misiones
Además del pedido de interpelación presentado por LLA, el senador provincial de Hechos, Marcelo Leguizamón, sumó otro cuestionamiento al ministro de Seguridad. El legislador criticó que Alonso formara parte de la comitiva que acompañó a Kicillof durante una gira por Misiones, en medio de los reclamos por la inseguridad bonaerense. “¿De verdad le parece que este es el momento para estar de campaña en Misiones?”, expresó Leguizamón en redes sociales. El senador sostuvo que la Provincia requiere “presencia, gestión y respuestas concretas” de su ministro de Seguridad. También recordó que, según su planteo, el funcionario aún no concurrió al Senado provincial para responder preguntas sobre la política de seguridad. “Su responsabilidad está acá, ministro. En la provincia de Buenos Aires. La seguridad no puede quedar en segundo plano por una campaña política”, afirmó.
En medio de los cuestionamientos, el Ejecutivo desplegó una agenda enfocada en la prevención del delito y en la inversión en seguridad. Primero, Kicillof y Alonso encabezaron esta semana el acto de jura de fidelidad a la bandera nacional de 2.075 cadetes en la Escuela de Policía Juan Vucetich, ubicada en Berazategui.
El gobernador afirmó que su administración invierte en infraestructura, equipamiento, tecnología y capacitación de los agentes. A fin de año, los cadetes que completen su formación se incorporarán a una fuerza que, según datos oficiales, supera los 90 mil efectivos.
Luego, el jueves, Kicillof también inauguró junto al intendente de Ezeiza, Gastón Granados, el edificio de la subcomisaría Cuatro Bocas, en Tristán Suárez. Allí aseguró que la nueva dependencia permitirá ampliar la presencia policial y los dispositivos de prevención. Alonso señaló que ya se inauguraron más de 18 destacamentos para reforzar la seguridad en los barrios.
“Esta nueva subcomisaría garantiza la presencia permanente de las fuerzas de seguridad en el barrio: junto al municipio, estamos fortaleciendo los dispositivos de prevención para dar respuestas más rápidas y concretas”. “Esto lo hacemos mientras Javier Milei sigue ajustando en la seguridad, la salud y la educación: nos han dejado solos, pero la Provincia y el partido de Ezeiza siguen poniendo la cara por su gente”, replicó Kicillof desde Ezeiza.
En medio de todo, la suspensión por 60 días de la ley de responsabilidad penal juvenil
La discusión por la seguridad sumó tensión a partir de la decisión de la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La magistrada fundamentó su resolución en la falta de dispositivos, recursos profesionales e infraestructura para aplicar el nuevo sistema. Pascual afirmó que respalda la baja de la edad de imputabilidad, aunque sostuvo que no estaban dadas las condiciones para implementar la ley en el territorio bonaerense. La norma redujo de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad y entró en vigencia el 5 de septiembre.
Dos días después, la decisión judicial frenó su aplicación en la Provincia, lo cual derivó en cuestionamientos de referentes opositores contra la jueza y contra el Gobierno de Kicillof. Hasta ahora, se presentaron tres pedidos de jury contra Pascual. Uno fue impulsado por el diputado de Hechos Manuel Passaglia; otro, por el senador provincial del PRO Guillermo Montenegro; y el tercero, por el exjuez del Tribunal en lo Criminal N° 1 de La Matanza Alfredo Drochi.
POLITICA
El día que Jorge Lanata mostró el plano de la bóveda de Cristina Kirchner y la recreó en su programa PPT
El video del allanamiento a la casa de Cristina Kirchner en El Calafate volvió a quedar en el centro de la escena este jueves durante el juicio por la causa Cuadernos. Las imágenes muestran el operativo realizado en agosto de 2018 y, en particular, el momento en que los efectivos detectaron una puerta camuflada en un ambiente del subsuelo de la propiedad.
El espacio sería el mismo que exhibió el programa Periodismo Para Todos (PPT), con Jorge Lanata, en 2013. En dicho informe, se mostró el plano de la casa de la expresidenta y se montó a escala la recreación de la bóveda. El dato habría surgido del arquitecto que diseñó la propiedad y, según declaró, los Kirchner le habrían pedido que la realice.
El arquitecto, que también construyó el Hotel Alto Calafate, luego dio datos de remodelaciones posteriores de la casa.
Según reveló el informe de PPT, en dicho espacio, al que se accedía a través de una puerta blindada, podía circular con holgura una persona y en las paredes tenía empotrados cajones que, presuntamente, se habrían usado para guardar dinero.
Las imágenes del allanamiento
El registro fue exhibido este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7, durante la declaración del comisario retirado de la Policía Federal Adrián Lotocki, quien estuvo a cargo del procedimiento en la residencia de la expresidenta. La fiscal Fabiana León pidió que se mostraran las fotografías y el video incorporados al expediente.
El hallazgo había generado una fuerte controversia en 2018. En ese momento, Bonadio describió el lugar como una “bóveda” en una resolución judicial, mientras que Cristina Kirchner negó que en su casa existiera una estructura de ese tipo.
Según la documentación exhibida durante el juicio, el espacio tenía aproximadamente 2,85 metros de ancho, 0,97 metros de profundidad y 2,20 metros de alto. Los investigadores lo describieron como una estructura de hormigón y detectaron el marco de acero oculto detrás de una modificación posterior.
POLITICA
Se recalienta la elección de abogados en el Consejo de la Magistratura: “Lo maneja Angelici y Olmos”, disparó el candidato libertario
La elección de abogados para integrar el Consejo de la Magistratura se recalienta. Esta vez, el epicentro del debate fue una jornada sobre transparencia en la elección de jueces organizada por la Suprema Corte de Mendoza, donde expusieron dos referentes que competirán con sus listas el 20 de octubre: Luis Palomino, de La Libertad Avanza, y Daniel Angelici, consejero electo por los académicos, pero además orientado a la lista peronista.
Ambos mostraron coincidencias y realizaron explosivas consideraciones.
“Todos sabemos que los concursos son amañados; al Consejo lo gobierna el grupo de Olmos y el grupo de Angelici”, en referencia al auditor general de la Nación, el peronista Juan Manuel Olmos y al dirigente radical y operador judicial todoterreno Daniel Angelici, dueño de bingos.
Olmos impulsó y articuló la lista “Abogacía Unida y Dignidad Profesional”, que lleva a Itati de Marchi, donde se alineó La Cámpora y el kirchnerismo.
La agrupación de Angelici integra la lista “Unidad en Defensa de la Abogacía”, que lleva a Alberto “Nacho” Biglieri como candidato.
Palomino, concejal de Vicente López, que llegó aquí con el apoyo de dirigentes libertarios, no se ahorró comentarios.
Dijo que hay “endogamia” en los concursos de selección de jueces porque los abogados no tienen chance ante los candidatos que provienen de la propia magistratura.
Exhortó a “profesionalizar la justicia”, revisar el reglamento de selección, con entrevistas estructuradas, y realizar procesos de auditoría del Consejo.
Le siguió en el panel Diego Molea, que arrancó con eufemismos: “Hay mucha hipocresía, y hay cosas que no se hablan en el sector judicial”.
La charla se realizó en la Universidad Congreso, de Daniel Vila y José Luis Manzano, y fue convocada por el juez de la Suprema Corte mendocina José Valerio, antaño dirigente radical y ahora activo magistrado disruptivo que se hace escuchar con sonoras disidencias en el máximo tribunal local donde pesa la influencia del oficialismo.
Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora, es consejero electo por el estamento de los académicos, y al mismo tiempo promueve su lista. El dirigente retomó la palabra de Palomino para recalcar que su lista “no tiene patrones; los otros candidatos tienen que pedir permiso para venir a hablar”.
“Hay grupos de poder en torno al Consejo, la política busca entrometerse y los grupos de poder presionan. Buscan solucionar sus problemas económicos con cautelares. Está la intromisión del poder público y del poder privado y ambos intentan presionar”, dijo el consejero electo.
Otros párrafos de su discurso estuvieron dirigidos al proyecto de reforma de reglamento de selección que planteó la Corte en la acordada 4, impulsado por los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Dijo: “Hay que ver si es una facultad de la Corte o una intromisión en las facultades del Consejo de la Magistratura, cuando además no vienen los actores a debatir”.
“No lo vamos a aprobar a libro cerrado”, señaló y recalcó: “Suerte que Rosatti [Horacio, presidente de la Corte y del Consejo] dijo que no se iba a votar a libro cerrado”.
Reconoció que en estas elecciones del Consejo “se disputa poder”. “Puede haber negociaciones, pero los jueces no tienen patrones; cuando son designados no le deben nada a nadie, solo deben cumplir con la ley”, indicó.
Insistió en que hay “una doble vara en el Poder Judicial” y en ese sentido criticó el garantismo penal cuando se acentúa el trato hacia los delincuentes y no mira a las víctimas.
La jornada fue organizada por la Corte local, el Incep, la Universidad Congreso y la Universidad Champagnat.
Además de Valerio, se destacó la presencia del juez de la Corte mendocina Mario Adaro.
Valerio, al inaugurar las jornadas, advirtió sobre los problemas del sistema local de concursos, el secretismo que existe en los debates del consejo relacionados con la corrección de los exámenes y aseguró que en el proceso hay “padrinazgos, negociaciones e intercambios”.
“Estamos hablando de poder”, advirtió. Criticó la falta de coraje de algunos jueces designados que, sostuvo, actúan “como los bomberos que le temen al fuego”. Reescribió en ese sentido la frase del Martín Fierro que señala “hace amigo del juez” y la reemplazó por “hace juez a un amigo”.
Alertó finalmente no solo sobre la política que busca incidir en el proceso de designación de jueces, “sino sobre el riesgo de infiltración de poderes mafiosos” en esa tarea.
Conforme a
La Justicia ordenó archivar por inexistencia de delito una causa en la que estaban denunciados el presidente Javier Milei, el legislador porteño Waldo Wolff y la diputada libertaria Sabrina Ajmechet, a quienes acusaron de difundir “discursos de odio” e “instigar a cometer delitos”.
En una resolución que recoge los argumentos del fiscal Carlos Stornelli, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 de Comodoro Py consideró que los hechos denunciados no encuadraban en ninguna figura penal.
La presentación había sido impulsada por Cristian Moix, un abogado de Mar del Plata que el año pasado cobró notoriedad mediática tras propinarle un cabezazo a un colega en pleno juicio. Moix atribuía al Presidente y a los legisladores una serie de delitos a raíz de sus declaraciones públicas y posteos en redes.
Stornelli sostuvo que el denunciante no detalló circunstancias concretas de tiempo, modo y lugar que perjudicaran a terceros. Y destacó que Moix pretendía una valoración general sin adscribir un delito específico a cada expresión cuestionada, lo que vulneraría los principios constitucionales de legalidad y reserva. Por ello, el fiscal calificó la presentación de “excursión de pesca”, una práctica incompatible con las garantías del proceso penal.
Luego de oficializarse el archivo, Wolff, exministro de Seguridad porteño, celebró la decisión: “En Argentina ser NAZI es un delito. Desestimaron la denuncia hecha por el abogado Moix de la bandita del único juez removido por sus pares en la historia por nazi, López, contra quienes lo denunciamos. Que sigan los éxitos”, escribió en sus redes sociales.
Aludía a Alfredo López, exjuez federal que dimitió tras denuncias de agrupaciones de la comunidad judía y legisladores por dichos antisemitas, y que fue finalmente destituido a mediados de agosto por el Consejo de la Magistratura. Aquella causa contra López se fundamentó en publicaciones en X, donde se refería a referentes de la comunidad judía con términos como “raza de víboras” y “ratas”.
En mayo pasado, Wolff había ganado un juicio contra un usuario de X que lo había calificado como “jabón”, una alusión antijudía vinculada a las víctimas de los campos de concentración nazis. En esa oportunidad, amparado en la Ley Antidiscriminatoria 23.592, el legislador instó a la sociedad a tomar conciencia sobre el peso de las palabras en plataformas digitales y a realizar las denuncias correspondientes.
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