POLITICA
Crece la presión política sobre Kicillof por la inseguridad en PBA y la suspensión del Régimen Penal Juvenil
La sucesión de hechos de inseguridad en el conurbano, el crimen de David Elías Ojeda Vázquez en José C. Paz y la suspensión judicial del nuevo Régimen Penal Juvenil sumaron presión política sobre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que este viernes sumó un nuevo capítulo. La oposición elevó el tono de sus cuestionamientos contra la gestión provincial y La Libertad Avanza (LLA) presentó en ambas Cámaras de la Legislatura bonaerense un pedido para que el ministro de Seguridad, Javier Alonso, sea interpelado.
El proyecto apunta a que el funcionario detalle el despliegue policial, las estrategias de prevención y los recursos destinados a combatir el delito en la provincia de Buenos Aires. El presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, cuestionó la falta de datos públicos sobre la política de seguridad. “El ministro Alonso debe dar explicaciones. Sabemos que en la Provincia no existen datos: no hay estadísticas sobre el personal, rutas de patrullaje ni siquiera un mapa del delito actualizado y accesible”, afirmó.
El diputado nacional también apuntó contra lo que definió como una visión “garantista” de la seguridad y vinculó ese enfoque con los robos violentos y homicidios que se registraron en distintos distritos del conurbano. “Cada día tenemos un nuevo caso de inseguridad, robos violentos y homicidios. Tiene que venir a la Legislatura y rendir cuentas”, agregó. El jefe del bloque libertario en el Senado provincial, Carlos Curestis, sostuvo que los vecinos necesitan respuestas y no discursos. En el mismo sentido, el titular de la bancada de LLA en Diputados, Juanes Osaba, reclamó que Kicillof asuma un rol más activo frente a la situación que atraviesan los bonaerenses.
El crimen de José C. Paz derivó en un reclamo desde un municipio peronista
La presión sobre el Gobierno bonaerense se profundizó tras el asesinato de David Elías Ojeda Vázquez, quien fue atacado durante el robo de su moto en José C. Paz. El joven volvía de un gimnasio el lunes por la noche cuando dos delincuentes lo interceptaron en la calle Polonia, entre Piñero y Matheu. Según reconstruyeron los investigadores, los atacantes le dispararon por la espalda, le quitaron el vehículo y escaparon. El joven fue trasladado al Hospital Mercante, pero murió por las heridas. Los sospechosos continuaban prófugos y la investigación analizaba imágenes aportadas por vecinos para reconstruir la fuga.
La intendenta interina de José C. Paz, Lorena Espina, criticó a Kicillof por la inseguridad tras el crimen del joven de 23 años. En medio de la conmoción por el homicidio, amigos y vecinos de Ojeda Vázquez marcharon por el centro de José C. Paz y se concentraron frente a la sede municipal para reclamar justicia y mayores medidas de prevención. La protesta incluyó la quema de neumáticos y carteles con la imagen de la víctima.
Fue entonces cuando la Municipalidad de José C. Paz difundió un comunicado en el que exigió a Kicillof que refuerce la seguridad en el distrito y en el resto del territorio bonaerense. El documento fue firmado por Espina, y por el director general de Seguridad local, Miguel Narváez. “Ante la gravedad de lo sucedido, exigimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y en especial en nuestro distrito”, expresó el municipio. El texto reclamó “acciones inmediatas” y sostuvo que el Gobierno provincial debe asumir la “total y completa responsabilidad” por la seguridad de los vecinos.
El planteo tuvo peso político porque provino de un distrito alineado con el peronismo y conducido políticamente por el intendente en uso de licencia Mario Ishii, quien actualmente ocupa una banca como senador provincial y desde ese lugar también confronta con el Ejecutivo y con la vicegobernadora, Verónica Magario. Ishii, además, es vicepresidente de la Cámara Alta. Esto quiere decir que cuando Magario no está a cargo del Senado, quien tiene facultad para convocar a sesionar es el paceño.
En el comunicado emitido días atrás, la comuna también defendió los recursos propios destinados a prevención. Señaló que cuenta con más de 250 efectivos y 70 móviles de la Patrulla Urbana Municipal, además de cámaras de monitoreo en el Centro de Operaciones Municipal. Aseguró, además, que aporta combustible y reparaciones para sostener el funcionamiento de patrulleros de la Policía Bonaerense.
Cuestionamientos a Alonso por la gira de Kicillof a Misiones
Además del pedido de interpelación presentado por LLA, el senador provincial de Hechos, Marcelo Leguizamón, sumó otro cuestionamiento al ministro de Seguridad. El legislador criticó que Alonso formara parte de la comitiva que acompañó a Kicillof durante una gira por Misiones, en medio de los reclamos por la inseguridad bonaerense. “¿De verdad le parece que este es el momento para estar de campaña en Misiones?”, expresó Leguizamón en redes sociales. El senador sostuvo que la Provincia requiere “presencia, gestión y respuestas concretas” de su ministro de Seguridad. También recordó que, según su planteo, el funcionario aún no concurrió al Senado provincial para responder preguntas sobre la política de seguridad. “Su responsabilidad está acá, ministro. En la provincia de Buenos Aires. La seguridad no puede quedar en segundo plano por una campaña política”, afirmó.
En medio de los cuestionamientos, el Ejecutivo desplegó una agenda enfocada en la prevención del delito y en la inversión en seguridad. Primero, Kicillof y Alonso encabezaron esta semana el acto de jura de fidelidad a la bandera nacional de 2.075 cadetes en la Escuela de Policía Juan Vucetich, ubicada en Berazategui.
El gobernador afirmó que su administración invierte en infraestructura, equipamiento, tecnología y capacitación de los agentes. A fin de año, los cadetes que completen su formación se incorporarán a una fuerza que, según datos oficiales, supera los 90 mil efectivos.
Luego, el jueves, Kicillof también inauguró junto al intendente de Ezeiza, Gastón Granados, el edificio de la subcomisaría Cuatro Bocas, en Tristán Suárez. Allí aseguró que la nueva dependencia permitirá ampliar la presencia policial y los dispositivos de prevención. Alonso señaló que ya se inauguraron más de 18 destacamentos para reforzar la seguridad en los barrios.
“Esta nueva subcomisaría garantiza la presencia permanente de las fuerzas de seguridad en el barrio: junto al municipio, estamos fortaleciendo los dispositivos de prevención para dar respuestas más rápidas y concretas”. “Esto lo hacemos mientras Javier Milei sigue ajustando en la seguridad, la salud y la educación: nos han dejado solos, pero la Provincia y el partido de Ezeiza siguen poniendo la cara por su gente”, replicó Kicillof desde Ezeiza.
En medio de todo, la suspensión por 60 días de la ley de responsabilidad penal juvenil
La discusión por la seguridad sumó tensión a partir de la decisión de la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La magistrada fundamentó su resolución en la falta de dispositivos, recursos profesionales e infraestructura para aplicar el nuevo sistema. Pascual afirmó que respalda la baja de la edad de imputabilidad, aunque sostuvo que no estaban dadas las condiciones para implementar la ley en el territorio bonaerense. La norma redujo de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad y entró en vigencia el 5 de septiembre.
Dos días después, la decisión judicial frenó su aplicación en la Provincia, lo cual derivó en cuestionamientos de referentes opositores contra la jueza y contra el Gobierno de Kicillof. Hasta ahora, se presentaron tres pedidos de jury contra Pascual. Uno fue impulsado por el diputado de Hechos Manuel Passaglia; otro, por el senador provincial del PRO Guillermo Montenegro; y el tercero, por el exjuez del Tribunal en lo Criminal N° 1 de La Matanza Alfredo Drochi.
POLITICA
Hotesur-Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner no tendrán que asistir a Comodoro Py para el inicio del juicio
Tras la decisión de la Cámara de Casación de unificar en un solo juicio oral las causas Hotesur y Los Sauces, el Tribunal Oral Federal N° 5, encargado de juzgar a Cristina y Máximo Kirchner, entre otros, introdujo cambios en la organización del debate y permitirá que los imputados participen de manera virtual durante la primera etapa del proceso.
Por ese motivo, la expresidenta y el diputado nacional finalmente no deberán asistir este viernes a Comodoro Py para la primera audiencia del juicio.
“La decisión adoptada por el tribunal revisor [la Casación] impone adecuar determinados aspectos de la organización del juicio, particularmente aquellos vinculados con la convocatoria de los imputados y su comparecencia a la audiencia inicial”, dijo el presidente del tribunal, José Michilini, en la resolución.
“No puede soslayarse que el pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal -siguió- ha sido dictado cuando resta poco tiempo para el comienzo del debate. Ello supone una dificultad concreta para disponer, en tan breve plazo, la comparecencia personal de la totalidad de los imputados comprendidos en ambas causas”.
Michili aclaró que la decisión comprende solo a la primera etapa del juicio, destinada a la lectura de las acusaciones. “Una vez concluida la etapa inicial de lectura, la intervención de los imputados en los restantes actos del juicio deberá desarrollarse presencialmente”, señaló.
Los abogados defensores, en cambio, sí deberán concurrir presencialmente a Comodoro Py desde este viernes.
La decisión fue adoptada por la mayoría que conformaron Michilini y el juez Fernando Machado Pelloni.
La jueza Adriana Palliotti, en tanto, votó en disidencia. Consideró que los imputados deben concurrir personalmente a Comodoro Py tanto para la lectura de las acusaciones que se inician con la primera audiencia como para las declaraciones indagatorias que vendrán más adelante.
“A mi modo de ver, los imputados deberán estar presentes en la sala de audiencias durante la lectura de las piezas procesales”, marcó en su voto la jueza.
La resolución representa un alivio momentáneo para muchos funcionarios judiciales y el personal de seguridad, por el revuelo que genera la presencia de la expresidenta en los tribunales.
Esta semana, los abogados de Cristina y Máximo Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, habían solicitado al tribunal que ambos pudieran participar de todo el juicio de manera virtual. Para el caso de la expresidenta, fundamentaron el pedido en que cumple en su casa una condena de seis años de prisión por la causa Vialidad y en las dificultades que implicaría organizar su traslado. Para el caso de Máximo, en su actividad legislativa como diputado nacional.
El tribunal todavía no se explayó sobre este pedido puntual, que refiere al desarrollo de todas las audiencias, pero en la resolución de hoy los jueces dejaron en claro que la regla general para el debate, más allá de estas primeras audiencias, será la presencialidad.
Giro
El tribunal tenía previsto comenzar este viernes únicamente con el juicio por Los Sauces y dejar para marzo del año próximo el debate por Hotesur, por diferencias en la instrucción complementaria entre uno y otro caso. Pero la Casación revocó ayer esa decisión y ordenó que ambas causas se juzgaran de manera conjunta.
El cambio, dispuesto apenas tres días antes de la fecha prevista para el inicio, empujó a los jueces a reorganizar el juicio oral. En la resolución de este miércoles, los magistrados dispusieron “mantener” el inicio del debate para este viernes 23 de octubre, a las 10 de la mañana.
En el debate se revisarán presuntas maniobras de lavado de dinero realizadas a través de las empresas hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner. Según la acusación, los fondos que ingresaban al patrimonio familiar -de manera directa o por intermedio de la sociedad Hotesur- provenían de empresarios beneficiados por contratos o decisiones del Estado, como Lázaro Báez, Fabián de Sousa y Cristóbal López, estos últimos del Grupo Indalo.
la decisión,Federico González del Solar,Conforme a
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, habló este miércoles sobre la situación económica del país y reconoció que si bien la macroeconomía mejoró, “los motores de la economía, como el consumo, no arrancaron”.
En diálogo con TN, el mandatario salteño dijo: “Se tiene que reactivar rápidamente el consumo. Es la única forma que esto se puede resolver. Cuando el Presidente se enoja y dice lo del día 20, que lo toma literal, Lo que estamos diciendo es que claramente la gente no está bien, que a la gente no le está yendo bien”.
Por otra parte, Sáez también se refirió al discurso de Javier Milei en España, donde apuntó contra Pedro Sánchez, y las repercusiones que su viaje generó: “Milei está de campaña internacional, ya lo conocemos. Yo no comparto su forma, pero así ganó una elección”.
El salteño afirmó que tiene buena relación con Milei para preservar los intereses de Salta. “Eso de que el que gana gobierna y el que pierde acompaña es la gran mentira de este país. Acá el que gana gobierna como puede y el que pierde pone palos en la rueda para volver al gobierno”, agregó.
“Yo no soy rueda de auxilio de nadie. Busco auxilio para mi provincia. Acompañamos lo que hay que acompañar pero cuando afecta a los intereses de mi provincia, me planto”, aclaró el gobernador.
“Vengo de tener una reunión con el jefe de Gabinete, peleando por el ramal C14 y C15, que son el progreso del norte argentino. O sea, si el Estado no está presente -y yo se lo planteaba hoy al jefe de Gabinete y al ministro de Economía-, Vaca Muerta no sería Vaca Muerta si el Estado no hubiese participado”, consideró el mandatario provincial.
Sobre el Riesgo País, Sáenz afirmó que se dispara “porque no hay confianza en las políticas, no hay confianza en la dirigencia política, en la institucionalidad ni en la seguridad jurídica”.
Y amplió: “Imagínese que, si desde afuera un inversor está viendo que el Gobierno actual da unos beneficios impositivos para que vengan e inviertan y después salen desde la oposición diciendo ‘vamos a revisar todos esos beneficios que se dieron’, bueno, el Riesgo País va para arriba”.
“El Presidente tiene que entender que gobierna para los zurdos también”
“Entonces, creo que hay políticas públicas y políticas de Estado que deben mantenerse en el tiempo y convertirnos en un país serio”, remarcó.
“El Presidente tiene que entender que gobierna para los zurdos también, que gobierna para los que no opinan como él y que gobierna para todos los argentinos, como es el caso mío”, dijo.
“Es cierto que la macroeconomía mejoró, pero la microeconomía, los motores de la economía, el consumo, igual que todo el país, independientemente de que tengamos todo, si no tenemos las obras para poder mostrar ese potencial, se nos hace muy difícil. Creo que se tiene que reactivar rápidamente el consumo. Las inversiones tienen que llegar y esa es la única forma de que esto se pueda resolver”, afirmó.
“Yo veía lo que el presidente hizo con inteligencia artificial, que recibió a un paciente terminal. Lo que pasa es que ya han pasado 3 años y todavía no se ve o no se nota. Sí es cierto que uno va a nivel internacional y habla con todos, y están mucho más conformes con la economía en Argentina que antes, pero tienen miedo de invertir acá”, aseguró.
POLITICA
Fentanilo contaminado: Diputados aprobó un proyecto para rastrear medicamentos y acelerar las alertas sanitarias
Por amplio consenso, y tras un acuerdo de casi todo el arco político, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para reforzar los controles sobre los medicamentos de alto riesgo.
La iniciativa surgió como respuesta a la tragedia del fentanilo contaminado, que provocó la muerte de al menos 90 personas, y busca evitar que una partida adulterada continúe en circulación sin que las autoridades puedan identificar rápidamente su origen y destino.
La propuesta obtuvo 241 votos a favor, el rechazo de Marcela Pagano (Coherencia) y cinco abstenciones del Frente de Izquierda (FIT) y Mónica Frade (Coalición Cívica).
Ahora será girada al Senado para su sanción definitiva.
El proyecto establece un sistema obligatorio de trazabilidad que permitirá reconstruir el recorrido de cada medicamento, desde la fabricación hasta su aplicación a un paciente. Para ello, amplía el sistema existente e incorpora nuevas obligaciones para los establecimientos de salud y mecanismos de intercambio de información.
Así, ante la detección de una ampolla contaminada, las autoridades podrán identificar qué otras unidades del mismo lote fueron distribuidas, a qué centros de salud llegaron y a qué pacientes fueron administradas.
Además, establece que cualquier irregularidad deberá notificarse de inmediato y que, cuando existan elementos suficientes, la ANMAT tendrá un máximo de seis horas para activar una alerta sanitaria e inmovilizar preventivamente los lotes sospechosos en todo el país.
La investigación por el fentanilo adulterado, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, puso bajo la lupa las demoras y omisiones de los organismos encargados de fiscalizar a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. El magistrado procesó a la extitular de la Anmat Nélida Agustina Bisio y a la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos Gabriela Mantecón Fumadó, como presuntas partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Salud, Manuel Quintar (LLA), reconoció que la tragedia dejó al descubierto una falla general del sistema sanitario. “Fallaron los controles de producción, fiscalización y alerta de la Nación y de todas las provincias”, sostuvo. Y destacó el acuerdo alcanzado para avanzar con una respuesta legislativa: “Buscamos reconstruir el recorrido de cada medicamento para que el Estado sepa cómo se produjo, dónde se almacenó, cómo se distribuyó y a qué paciente se aplicó”.
Desde Unión por la Patria, Pablo Yedlin anticipó su acompañamiento, aunque advirtió que la propuesta resulta insuficiente para prevenir nuevas tragedias. “Nos quedamos cortos. Esto sirve para encontrar lotes contaminados, pero no para evitar que existan”, cuestionó. En ese sentido, reclamó fortalecer la capacidad de fiscalización de la Anmat y aseguró que el organismo cuenta con apenas ocho inspectores para controlar laboratorios. “Necesitamos una estructura autárquica e independiente. Tratemos los proyectos de fondo para dar una respuesta verdadera”, insistió.
En contraste, Silvana Giudici (LLA) celebró el consenso alcanzado después de seis meses de trabajo parlamentario, en el que participaron legisladores de distintos bloques y familiares de las víctimas. “Es la primera vez que logramos trabajar ante una tragedia como esta con la madurez suficiente para dar respuestas contundentes y concretas”, destacó. También reconoció el papel de Mónica Fein y Victoria Tolosa Paz en las reuniones con los familiares.
La diputada peronista Tolosa Paz también celebró la medida: “El Estado falló en su obligación de cuidar la vida; hoy damos un paso para que la falta de controles y de herramientas no vuelva a provocar muertes evitables”.
Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a
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