POLITICA
Crisis en la obra social de los militares: ATE ocupó la sede de OSFA por despidos y el destino de 13 hoteles
La crisis de la obra social militar sumó este jueves un nuevo frente de conflicto. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ocupó la sede central de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), en la ciudad de Buenos Aires, para rechazar una reorganización que, según el sindicato, pone en riesgo alrededor de 600 empleos y compromete la continuidad de 13 hoteles y dos centros recreativos.
La medida de fuerza se desarrolló mientras el Gobierno intenta restablecer las prestaciones médicas para los afiliados y resolver las obligaciones que dejó el antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). La administración de la nueva entidad calcula que la deuda acumulada supera los $200.000 millones; ATE, en cambio, la ubica por encima de los $500.000 millones.
Los manifestantes se concentraron frente al edificio ubicado en la calle Paso 551 y luego ingresaron a las instalaciones. Llegaron al cuarto piso, donde funcionan las oficinas de las autoridades, y permanecieron allí mientras una delegación sindical mantenía una reunión con un integrante del directorio para presentar el reclamo.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, encabezó la protesta y anticipó que el gremio podría extender las medidas si no recibe definiciones sobre el personal y los establecimientos turísticos. El conflicto coincide con la salida del coronel mayor retirado Ariel Guzmán, responsable de la liquidación del IOSFA, tras una reunión con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti.
ATE advirtió que profundizará las medidas si continúan los cambios laborales
“Hasta ahora, los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas han sido absolutamente razonables. Las medidas y los reclamos fueron progresivos, pero a partir de ahora las vamos a empezar a profundizar y no descartamos ocupar todas las dependencias del organismo”, afirmó Rodolfo Aguiar en diálogo con Infobae.
La discusión se concentra en el destino de las actividades de turismo y recreación que hasta ahora formaban parte de la estructura de la obra social. El sistema incluye hoteles, residencias, cabañas y centros recreativos en distintas provincias. La nueva OSFA prevé concentrar sus recursos en la cobertura sanitaria y apartar de su organigrama esas prestaciones no médicas.
El sindicato sostuvo que la transferencia podría dejar sin empleo a unos 600 trabajadores. La preocupación se intensificó porque numerosos contratos vencen el 30 de septiembre, la fecha prevista para completar el traspaso administrativo de los establecimientos a las Fuerzas Armadas.
Aguiar explicó que los afectados tienen distintos vínculos laborales. Algunos integran la planta permanente del Estado nacional y otros cuentan con contratos temporarios cuya continuidad debe resolverse antes de que finalice el mes. Para el gremio, el riesgo de desvinculación alcanza especialmente a quienes no tienen estabilidad.
Los contratos vencen el 30 de septiembre
En Mar del Plata, ATE contabilizó 147 empleados en los establecimientos turísticos de la obra social. De ese total, 87 son contratados y el resto pertenece a la planta permanente. El sindicato considera que esa composición expone a una parte significativa de la dotación si los acuerdos no son renovados.
La hipótesis que plantea el gremio es que, si las actividades dejan de funcionar, los trabajadores temporarios podrían quedar desvinculados. Quienes pertenecen a la planta estable, en tanto, podrían ingresar en un régimen de disponibilidad, una posibilidad que también rechaza la organización sindical.
“No vamos a permitir que se eche a cientos de contratados y se ponga en disponibilidad a otros cientos de trabajadores que tienen estabilidad”, planteó Aguiar en un comunicado difundido por ATE. La entidad anticipó que mantendrá asambleas para decidir los próximos pasos del plan de lucha.
La situación abarca principalmente predios y hoteles situados en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche, aunque la nómina incluye otras dependencias recreativas. ATE afirma que el proceso puede derivar en el cierre de 13 hoteles y dos centros, además de afectar las delegaciones y otros servicios vinculados al antiguo sistema.
OSFA niega que haya despidos definidos y atribuye la decisión final a las Fuerzas Armadas
La conducción de OSFA cuestiona esa interpretación. Fuentes con acceso a la administración indicaron a Infobae que no existe una definición cerrada sobre despidos y que el sindicato presenta como resueltas situaciones que aún deben determinarse durante la transición administrativa.
Según esa posición, el personal involucrado tiene condiciones laborales diferentes. Hay militares en actividad que pueden ser reasignados, empleados de planta permanente estatal, contratados del antiguo IOSFA y prestadores que facturan como monotributistas. El destino de cada caso dependerá de las decisiones que adopten las fuerzas una vez que reciban los inmuebles.
La principal divergencia se ubica en el futuro de los hoteles. Para ATE, la transferencia puede encubrir un cierre y abrir la puerta a una eventual venta de propiedades. Las autoridades de la obra social sostienen que los bienes volverán a las Fuerzas Armadas que los habían aportado al sistema y niegan que exista un plan de enajenación.
La decisión del Ministerio de Defensa es que los establecimientos dejen de depender de la obra social y regresen a la órbita del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El cambio apunta a separar el turismo y la recreación de la estructura que deberá administrar exclusivamente la atención sanitaria de los afiliados.
Los hoteles pasarán a las fuerzas que los aportaron al sistema
Los establecimientos continuarán por ahora bajo la administración residual del antiguo IOSFA. A partir del 1 de octubre, las respectivas fuerzas deberán establecer cómo seguirán operando, qué prestaciones mantendrán y bajo qué régimen quedará el personal vinculado con cada predio.
Desde la conducción de la obra social sostienen que los hoteles registran un déficit cercano a $2.000 millones anuales. El diagnóstico oficial es que ese gasto debe quedar fuera de los recursos destinados a consultas, internaciones, medicamentos y otros servicios médicos.
ATE rebate esa evaluación y asegura que los establecimientos pueden financiarse con los ingresos de su actividad. También objeta el traspaso porque entiende que debilita las garantías sobre su continuidad y perjudica a los trabajadores que cumplen funciones en esos lugares.
La nueva estructura de OSFA, según explicaron fuentes del organismo, concentrará su presupuesto y su gestión en los afiliados de las tres Fuerzas Armadas. La transferencia de los activos turísticos forma parte de la redefinición de funciones que se ejecuta en paralelo con la liquidación del instituto anterior.
La deuda acumulada condiciona la recuperación de la cobertura médica
La disputa por los hoteles ocurre mientras persiste la crisis financiera de la obra social militar. El pasivo acumulado por el IOSFA figura entre los principales obstáculos para recuperar el funcionamiento regular del sistema y recomponer los convenios con clínicas, sanatorios, droguerías y otros prestadores.
La administración de OSFA reconoce obligaciones por más de $ 200.000 millones. El sindicato eleva el cálculo por encima de $ 500.000 millones. Esa diferencia forma parte de la discusión política y gremial, aunque ambas partes coinciden en que las deudas afectaron la capacidad de pago de la entidad.
El deterioro tuvo efectos directos sobre militares, retirados y familiares que dependen de la cobertura. En distintas provincias se registraron interrupciones o restricciones en la atención, a partir de las deudas con prestadores privados y de las dificultades para sostener los acuerdos vigentes.
El impacto resulta especialmente sensible fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde muchos afiliados acceden a consultas, estudios, tratamientos e internaciones a través de convenios con centros privados. La recuperación de esos servicios es una de las prioridades que declara la nueva administración.
Defensa busca cancelar los pasivos antes de fin de año
Fuentes de OSFA señalaron que el Ministerio de Defensa trabaja en una salida integral para las obligaciones pendientes y aspira a regularizarlas antes de fin de año. El plan contempla mecanismos estatales para afrontar las deudas del antiguo IOSFA, mientras la nueva obra social arma un presupuesto propio y un esquema de gastos que considera sostenible.
La estrategia parte de un diagnóstico oficial: el organismo anterior acumuló un desequilibrio estructural que terminó por afectar el pago en tiempo y forma a sus prestadores. La administración actual busca que las cuentas heredadas no se trasladen de manera automática a la entidad que asumió la cobertura de las Fuerzas Armadas.
En ese marco, la reducción de actividades ajenas a la atención médica forma parte de la reorganización. Las autoridades plantean que los recursos disponibles deben priorizar las prestaciones sanitarias, una definición que explica el apartamiento de hoteles, centros recreativos y otros servicios de la estructura principal.
La revisión también alcanzó a las 33 farmacias propias de la obra social. Desde el organismo admiten que se analizan modificaciones debido a sus resultados deficitarios, aunque aclaran que todavía no adoptaron una determinación final sobre la continuidad del servicio.
Las 33 farmacias propias también están bajo revisión
ATE afirma que el Gobierno prepara el cierre de las farmacias y su reemplazo por establecimientos privados. La organización sindical sostiene, además, que el ajuste de funciones puede extenderse a delegaciones de distintas provincias y reducir aún más la presencia territorial de la obra social.
La conducción de OSFA no confirmó ese escenario. Sí reconoció que el funcionamiento de la red está en análisis dentro de la revisión general de costos y servicios. La definición dependerá de las evaluaciones administrativas que se completen durante la transición.
Aguiar responsabilizó a las gestiones del organismo durante el gobierno de Javier Milei por el deterioro de las cuentas. También apuntó contra el exministro de Defensa Luis Petri y sostuvo que la entidad había comenzado la actual administración nacional con un saldo positivo.
“Están reventando a una de las mejores y más grandes obras sociales del país. La agarraron con superávit y hoy la conducen directo a la quiebra”, sostuvo el dirigente. Según su planteo, el organismo contaba con un superávit de $ 25.000 millones al inicio de la gestión actual.
El DNU 88 dividió la cobertura de militares y fuerzas federales
La crisis se desarrolla en medio de una reorganización dispuesta por el Gobierno a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026. La norma separó la cobertura médica de las Fuerzas Armadas de la correspondiente a las fuerzas federales de seguridad, que hasta entonces estaban reunidas bajo el IOSFA.
El antiguo instituto atendía al personal del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. La modificación creó dos entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas bajo la jurisdicción de Defensa y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), que depende del Ministerio de Seguridad Nacional.
La estructura anterior reunía cerca de 550.000 beneficiarios. Unos 330.000 corresponden a integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias; el resto forma parte del universo de las fuerzas federales. La nueva OSFA asumió la atención de militares, mientras que la entidad de Gendarmería y Prefectura siguió un modelo distinto mediante un convenio con la empresa de medicina privada Medicus.
La separación implicó repartir recursos, personal, bienes y tareas administrativas. Al mismo tiempo, el IOSFA quedó en liquidación con el objetivo de ordenar las obligaciones pendientes y completar el traspaso de los activos que aún figuran bajo su administración.
La nueva obra social administrará la cobertura de 330.000 afiliados militares
El Ministerio de Defensa sostiene que el nuevo esquema debe permitir una administración con presupuesto específico y reglas diferentes de las que regían en la entidad anterior. El objetivo declarado es sostener las prestaciones médicas con los recursos disponibles sin replicar los desequilibrios financieros que acumuló el organismo liquidado.
La liquidación del IOSFA resulta central en ese proceso. La gestión residual debe resolver deudas, transferir bienes y definir la situación de actividades que ya no integrarán la estructura sanitaria. Los hoteles y el personal asociado quedaron en el centro de ese capítulo.
La complejidad de la transición quedó expuesta con la salida del coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien administraba la liquidación. De acuerdo con lo informado por Infobae, el ministro Carlos Presti lo recibió el miércoles para analizar el avance de la reorganización.
Presti manifestó su disconformidad con las demoras y reclamó acelerar las medidas administrativas necesarias para sanear el sistema. El encuentro terminó con la desvinculación de Guzmán de la conducción residual del organismo, mientras continúan las gestiones para resolver el pasivo y restablecer convenios médicos.
Desde el organismo indicaron que las tareas administrativas siguen cubiertas y que la definición sobre el reemplazante se conocerá en los próximos días. El Ministerio considera que completar la liquidación es una condición para que la nueva obra social concentre su gestión en la cobertura sanitaria.
Sin embargo, el proceso debe resolver antes el destino de los establecimientos turísticos y de los trabajadores que dejarán de depender de la estructura de salud. Esos dos puntos, atravesados por el vencimiento de contratos y la transferencia prevista para el 30 de septiembre, fueron los que dispararon la ocupación sindical.
La conducción de OSFA enfrenta así una semana de definiciones. Deberá avanzar con el traspaso de los hoteles, responder a los planteos de ATE y sostener la negociación con los prestadores médicos, en un sistema que atiende a aproximadamente 330.000 afiliados de las Fuerzas Armadas.
POLITICA
Diputados: la oposición aún no tiene quórum asegurado y acelera negociaciones para la sesión en la que busca rechazar el DNU de Milei
La oposición enfrenta una pulseada clave en la Cámara de Diputados para reunir el quórum necesario y abrir la sesión especial convocada para este jueves, en la que buscará declarar nulo el DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei. Los bloques que impulsan el debate también pretenden tratar los dictámenes sobre discapacidad y endeudamiento familiar, pero todavía necesitan sumar voluntades para alcanzar los 129 legisladores sentados en sus bancas.
Los mandatarios provinciales tendrán la última palabra con sus diputados este jueves en el Congreso. El salteño Gustavo Sáenz, molesto con la Casa Rosada por la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas; Osvaldo Jaldo de Tucumán; Maximiliano Pullaro de Santa Fe e Ignacio Torres de Chubut, tendrán la posibilidad de abrir o mantener cerrado el recinto de la Cámara de Diputados.
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En el caso de la bancada de Provincias Unidas, integrada por los misioneros de Hugo Passalacqua y del salteño Sáenz, está confirmada la participación en el debate de los diputados de la Mesopotamia, pero no de los tres salteños a quienes el diputado Alberto Arrua llamó personalmente uno por uno para buscar que bajen al recinto este jueves.
“Es hora de cerrar el ciclo de la Ley de Tierras, y para ello hay que derogar o declarar nulo el DNU 70/2023. El Senado ya lo declaró nulo y nosotros tenemos que avanzar en esta línea. Muy poco le va a afectar al Gobierno ya que tiene la Ley Bases y la Reforma Laboral, que fueron dos ejes muy importantes del DNU. Pero cerramos de esta manera la derogación de la Ley de Tierras que establecía el DNU que la Corte Suprema tuvo idas y vueltas y si bien el oficialismo quiso convencer a los diputados con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, agregando un artículo y dejando sin efecto el artículo 154 y restituyendo la Ley de Tierras, sabemos que eso lleva otro debate parlamentario”, dijo a TN el cordobés Juan Brügge.
Y agregó: “Tiene que ir al Senado, este lo puede ratificar o no lo decidido por la Cámara de Diputados y después esta la instancia del veto presidencial. Es decir que seguirá la incertidumbre que generó una reacción del pueblo argentino lo podemos resolver con la derogación del DNU 70/2023 y le dará certezas a todo el mundo”.
Estrategia del oficialismo
El oficialismo desde hace semanas intenta evitar esa sesión. Para ello Martín Menem, presidente de la Cámara, convocó a otra sesión para el 21 de octubre a las 12, con un temario que incluya propuestas de la oposición: los temas de discapacidad y de endeudamiento de las familias, un proyecto del Pro sobre cambios al Código Penal en los hechos de vandalismo rural y el reciente dictamen de Inviolabilidad de la Propiedad que restituye un capitulo referido a la ley de Tierras Rurales.
Este miércoles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, conducidas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente, el oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ya sancionado por el Senado y modificando aquella sanción del pasado 6 de agosto.
En este nuevo proyecto reincorporó un capitulo vinculado a la Ley de extranjerización de Tierras Rurales con el acompañamiento de los representantes del Pro, la Unión Cívica Radical y el santafesino José Núñez de Provincias Unidas.
El radical Diógenes González comunicó la incorporación de un cuarto capítulo compuesto por dos artículos: el 38 que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23; y el 39 que reestablece la Ley de Tierras Rurales. Según dijo, eso fue ideado por el interbloque de Fuerza del Cambio que integran la UCR, el Pro y el MID.
Lee También: Senado: el oficialismo anunció un acuerdo para avanzar con la ley de Salud Mental
Posibles presencias y ausencias
A las 14 de este jueves estarán sentados los 92 diputados de UxP de Germán Martínez; los cuatro del Frente de Izquierda; 11 de Provincias Unidas, entre estos estarán los radicales críticos, los cordobeses y los socialistas Pablo Farías y Esteban Paulón; cuatro de Argentina Federal, tres de Elijo Catamarca, la bancada del gobernador Raúl Jalil, dos de la Coalición Cívica, dos de Encuentro Federal, dos del peronismo de San Luis, Marcela Pagano de Coherencia y Natalia de la Sota de Córdoba. Lo que hacen un total de 122 diputados nacionales.
Mientras que no se sentarán los 95 legisladores de La Libertad Avanza, 12 del Pro de Cristian Ritondo, seis de la UCR de Pamela Verasay, los dos del MID de Oscar Zago, los dos de Producción y Trabajo de San Juan que responden al gobernador Marcelo Orrego que este jueves tendrá una audiencia con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, Adelante Buenos Aires de Karina Banfi, la Neuquinidad de Karina Maureira con terminal en el mandatario Rolando Figueroa y José Luis Garrido de Por Santa Cruz del gobernador Claudio Vidal. Alcanzando 120 legisladores que no entrarán a la sesión.
De allí la llave para abrir el recinto o mantenerlo cerrado está en manos de los tres diputados salteños, los tres de la bancada Independencia de Tucumán, Gisela Scaglia de Santa Fe y Jorge Ávila de Chubut. Todos responden a los mandatarios provinciales y a ellos los llaman desde la Cámara de Diputados y desde la Casa Rosada.
DNU, Diputados, sesion
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El Gobierno acordó con los aliados restituir los límites a la venta de tierras para blindar el DNU 70/23
El oficialismo acordó con sus aliados en la Cámara de Diputados la restitución de límites a la venta de tierras a extranjeros y logró dictaminar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en el recinto en la sesión del 21 de octubre. La decisión va en la misma dirección que el último fallo de la Corte Suprema, que mediante una cautelar interina, repuso temporalmente la vigencia de la ley de tierras que había sido derogada por el mega DNU 70/23.
El plenario de Legislación general y Asuntos Constitucionales tuvo lugar apenas 24 horas antes de la sesión convocada por la oposición para derogar el mega decreto desregulador que el presidente Milei firmó al inicio de su gestión. El objetivo de La Libertad Avanza fue facilitarle una salida elegante a los bloques aliados que rechazan la venta de tierras sin límites pero no desean derogar por completo el decreto que desreguló amplios sectores de la economía.
El mega decreto 70/23 eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas; y desreguló el mercado aéreo y la venta de tierras. Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advertían que la derogación total del DNU 70 generaría un caos administrativo y procesal.
“Los límites a la venta de tierra podría haber juntado cierto consenso, pero eliminar por completo el DNU 70 tendría un costo terrible por la incertidumbre que generaría”, explicó un referente de La Libertad Avanza.
El inicio de la reunión de comisión, el diputado de la UCR Diógenes Gonzáles propuso formalmente incluir en el dictamen dos nuevos artículos: el 38, que deja sin efecto al artículo 134 del DNU 70 (que derogaba la ley de tierras), y el 39, que restituye la vigencia de la ley 26.737.
La diputada peronista Paula Penacca, señaló el cambio de posición del oficialismo, que en el Senado impulsó la eliminación de los límites para la venta de tierras y ahora da marcha atrás: “Qué manotazo de ahogado que pegaron. Tuvieron que desempolvar una media sanción que venía del Senado. Me sorprende que los libertarios firme un dictamen que va en contra de lo que piensa el Presidente, porque le puso la firma al DNU 70. Van a reponer una ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, presa por haber defendido los intereses de los argentinos. ¿Van a retroceder en chancletas?”.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción del Senado a principios de agosto, incluye además restricciones para las expropiaciones (el Estado debe justificar de forma expresa y estricta la declaración de utilidad pública), modifica la forma de calcular el pago por expropiaciones (según valor de mercado y contemplando el lucro cesante), regula la restitución sumaria de inmuebles ocupados (72 horas si el dueño acredita con la documentación correspondiente) y contempla desalojos por falta de pago (el locador debe intimar al inquilino y darle 10 días para cancelar la deuda). En caso de ser aprobado con la reciente modificación por Diputados, el texto deberá volver al Senado para su aprobación definitiva.
La ley de tierras aprobada en diciembre de 2011, que quedó vigente tras el último fallo de la Corte, establece que una persona física o jurídica extranjera no puede ser titular de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. Además, la misma nacionalidad no puede no puede concentrar más del 30% del cupo de tierras habilitado para extranjeros. También restringe la adquisición de tierras rurales con cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera.
Noticia en desarrollo
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Marcha Federal Universitaria: gremios, organizaciones sociales y partidos se movilizan contra el gobierno de Milei
La convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por estudiantes, docentes, no docentes y rectores, sumó el respaldo de organizaciones sociales, gremios y distintos sectores políticos, que se movilizarán este jueves al Congreso mientras la oposición intentará abrir una sesión especial en Diputados para tratar una serie de proyectos que el oficialismo busca frenar.
El reclamo por la educación pública, una causa que reúne apoyos más allá de las diferencias partidarias, volverá a representar un desafío político para el gobierno de Javier Milei, que enfrenta cuestionamientos por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una nueva resolución judicial en su contra.
La movilización, que se prevé que será nuevamente multitudinaria, tendrá como escenario central la Plaza de los Dos Congresos, donde confluirán las columnas universitarias con sindicatos y organizaciones que también reclamarán el rechazo del DNU 70/2023, medidas para las familias endeudadas y respuestas a la situación de las personas con discapacidad.
La disputa por el financiamiento universitario sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando el juez federal Martín Cormick impuso una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir una medida cautelar que exige actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar los fondos destinados a las becas. La sanción se sumó a las resoluciones judiciales que obligan al Gobierno a aplicar una ley que Milei vetó y que el Congreso ratificó.
Quiénes se suman a la quinta Marcha Federal Universitaria
La movilización convocada por estudiantes, docentes, no docentes y autoridades de universidades públicas contará además con la participación de la CGT, las dos CTA, ATE y organizaciones políticas y sociales. Entre ellas estarán el Movimiento Derecho al Futuro, que conduce Axel Kicillof; La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner; el Frente Renovador, de Sergio Massa; sectores de la Unión Cívica Radical no alineados con Milei; el Movimiento Evita, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Libres del Sur y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).
Las primeras concentraciones universitarias en la Ciudad de Buenos Aires comenzarán a las 12.30 y la convocatoria principal será desde las 13 en Plaza Houssay. Las columnas marcharán hacia el Congreso, donde a las 16 está prevista la lectura de un documento conjunto. También habrá manifestaciones en distintas ciudades del país, entre ellas Córdoba, Rosario y San Nicolás.
El Movimiento Evita y la UTEP anunciaron que se concentrarán desde las 14 en la Plaza de los Dos Congresos para exigir el rechazo del DNU 70/2023 y acompañar los reclamos por el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.
Libres del Sur convocó desde las 13 para reclamar que el Congreso avance con medidas contra lo que considera “tasas de interés abusivas” y las “prácticas de cobranza ilegales”. Su dirigenta nacional, Silvia Saravia, también exigió el cumplimiento de la legislación universitaria y de discapacidad.
El SUTNA, por su parte, concentrará a las 13.30 en Avenida de Mayo y Sáenz Peña, con reclamos en defensa de la educación pública y la industria nacional. ATE convocó a un paro de 24 horas y a movilizarse al Congreso, mientras el Gobierno confirmó que descontará el día a los empleados públicos nacionales que adhieran a la huelga.
La marcha coincidirá con el intento opositor de sesionar en Diputados
Mientras las organizaciones se concentren frente al Congreso, los bloques opositores intentarán reunir los 129 diputados necesarios para habilitar una sesión especial que incluye el rechazo del DNU 70/2023 y proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.
“En la Plaza de los Dos Congresos se va a expresar una agenda muy amplia de reclamos vinculada a la universidad, a las familias endeudadas, a la discapacidad, al DNU 70/23”, afirmó el secretario general de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro “Peluca” Gramajo.
En la Casa Rosada sostienen que la oposición todavía no cuenta con el quórum y trabajan con bloques aliados para impedir que comience el debate. La convocatoria de sindicatos, organizaciones sociales y sectores políticos coincidirá así con una negociación parlamentaria en la que el oficialismo busca evitar que avancen iniciativas contrarias a su agenda.
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