POLITICA
Crisis en la obra social de los militares: ATE ocupó la sede de OSFA por despidos y el destino de 13 hoteles
La crisis de la obra social militar sumó este jueves un nuevo frente de conflicto. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ocupó la sede central de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), en la ciudad de Buenos Aires, para rechazar una reorganización que, según el sindicato, pone en riesgo alrededor de 600 empleos y compromete la continuidad de 13 hoteles y dos centros recreativos.
La medida de fuerza se desarrolló mientras el Gobierno intenta restablecer las prestaciones médicas para los afiliados y resolver las obligaciones que dejó el antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). La administración de la nueva entidad calcula que la deuda acumulada supera los $200.000 millones; ATE, en cambio, la ubica por encima de los $500.000 millones.
Los manifestantes se concentraron frente al edificio ubicado en la calle Paso 551 y luego ingresaron a las instalaciones. Llegaron al cuarto piso, donde funcionan las oficinas de las autoridades, y permanecieron allí mientras una delegación sindical mantenía una reunión con un integrante del directorio para presentar el reclamo.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, encabezó la protesta y anticipó que el gremio podría extender las medidas si no recibe definiciones sobre el personal y los establecimientos turísticos. El conflicto coincide con la salida del coronel mayor retirado Ariel Guzmán, responsable de la liquidación del IOSFA, tras una reunión con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti.
ATE advirtió que profundizará las medidas si continúan los cambios laborales
“Hasta ahora, los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas han sido absolutamente razonables. Las medidas y los reclamos fueron progresivos, pero a partir de ahora las vamos a empezar a profundizar y no descartamos ocupar todas las dependencias del organismo”, afirmó Rodolfo Aguiar en diálogo con Infobae.
La discusión se concentra en el destino de las actividades de turismo y recreación que hasta ahora formaban parte de la estructura de la obra social. El sistema incluye hoteles, residencias, cabañas y centros recreativos en distintas provincias. La nueva OSFA prevé concentrar sus recursos en la cobertura sanitaria y apartar de su organigrama esas prestaciones no médicas.
El sindicato sostuvo que la transferencia podría dejar sin empleo a unos 600 trabajadores. La preocupación se intensificó porque numerosos contratos vencen el 30 de septiembre, la fecha prevista para completar el traspaso administrativo de los establecimientos a las Fuerzas Armadas.
Aguiar explicó que los afectados tienen distintos vínculos laborales. Algunos integran la planta permanente del Estado nacional y otros cuentan con contratos temporarios cuya continuidad debe resolverse antes de que finalice el mes. Para el gremio, el riesgo de desvinculación alcanza especialmente a quienes no tienen estabilidad.
Los contratos vencen el 30 de septiembre
En Mar del Plata, ATE contabilizó 147 empleados en los establecimientos turísticos de la obra social. De ese total, 87 son contratados y el resto pertenece a la planta permanente. El sindicato considera que esa composición expone a una parte significativa de la dotación si los acuerdos no son renovados.
La hipótesis que plantea el gremio es que, si las actividades dejan de funcionar, los trabajadores temporarios podrían quedar desvinculados. Quienes pertenecen a la planta estable, en tanto, podrían ingresar en un régimen de disponibilidad, una posibilidad que también rechaza la organización sindical.
“No vamos a permitir que se eche a cientos de contratados y se ponga en disponibilidad a otros cientos de trabajadores que tienen estabilidad”, planteó Aguiar en un comunicado difundido por ATE. La entidad anticipó que mantendrá asambleas para decidir los próximos pasos del plan de lucha.
La situación abarca principalmente predios y hoteles situados en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche, aunque la nómina incluye otras dependencias recreativas. ATE afirma que el proceso puede derivar en el cierre de 13 hoteles y dos centros, además de afectar las delegaciones y otros servicios vinculados al antiguo sistema.
OSFA niega que haya despidos definidos y atribuye la decisión final a las Fuerzas Armadas
La conducción de OSFA cuestiona esa interpretación. Fuentes con acceso a la administración indicaron a Infobae que no existe una definición cerrada sobre despidos y que el sindicato presenta como resueltas situaciones que aún deben determinarse durante la transición administrativa.
Según esa posición, el personal involucrado tiene condiciones laborales diferentes. Hay militares en actividad que pueden ser reasignados, empleados de planta permanente estatal, contratados del antiguo IOSFA y prestadores que facturan como monotributistas. El destino de cada caso dependerá de las decisiones que adopten las fuerzas una vez que reciban los inmuebles.
La principal divergencia se ubica en el futuro de los hoteles. Para ATE, la transferencia puede encubrir un cierre y abrir la puerta a una eventual venta de propiedades. Las autoridades de la obra social sostienen que los bienes volverán a las Fuerzas Armadas que los habían aportado al sistema y niegan que exista un plan de enajenación.
La decisión del Ministerio de Defensa es que los establecimientos dejen de depender de la obra social y regresen a la órbita del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El cambio apunta a separar el turismo y la recreación de la estructura que deberá administrar exclusivamente la atención sanitaria de los afiliados.
Los hoteles pasarán a las fuerzas que los aportaron al sistema
Los establecimientos continuarán por ahora bajo la administración residual del antiguo IOSFA. A partir del 1 de octubre, las respectivas fuerzas deberán establecer cómo seguirán operando, qué prestaciones mantendrán y bajo qué régimen quedará el personal vinculado con cada predio.
Desde la conducción de la obra social sostienen que los hoteles registran un déficit cercano a $2.000 millones anuales. El diagnóstico oficial es que ese gasto debe quedar fuera de los recursos destinados a consultas, internaciones, medicamentos y otros servicios médicos.
ATE rebate esa evaluación y asegura que los establecimientos pueden financiarse con los ingresos de su actividad. También objeta el traspaso porque entiende que debilita las garantías sobre su continuidad y perjudica a los trabajadores que cumplen funciones en esos lugares.
La nueva estructura de OSFA, según explicaron fuentes del organismo, concentrará su presupuesto y su gestión en los afiliados de las tres Fuerzas Armadas. La transferencia de los activos turísticos forma parte de la redefinición de funciones que se ejecuta en paralelo con la liquidación del instituto anterior.
La deuda acumulada condiciona la recuperación de la cobertura médica
La disputa por los hoteles ocurre mientras persiste la crisis financiera de la obra social militar. El pasivo acumulado por el IOSFA figura entre los principales obstáculos para recuperar el funcionamiento regular del sistema y recomponer los convenios con clínicas, sanatorios, droguerías y otros prestadores.
La administración de OSFA reconoce obligaciones por más de $ 200.000 millones. El sindicato eleva el cálculo por encima de $ 500.000 millones. Esa diferencia forma parte de la discusión política y gremial, aunque ambas partes coinciden en que las deudas afectaron la capacidad de pago de la entidad.
El deterioro tuvo efectos directos sobre militares, retirados y familiares que dependen de la cobertura. En distintas provincias se registraron interrupciones o restricciones en la atención, a partir de las deudas con prestadores privados y de las dificultades para sostener los acuerdos vigentes.
El impacto resulta especialmente sensible fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde muchos afiliados acceden a consultas, estudios, tratamientos e internaciones a través de convenios con centros privados. La recuperación de esos servicios es una de las prioridades que declara la nueva administración.
Defensa busca cancelar los pasivos antes de fin de año
Fuentes de OSFA señalaron que el Ministerio de Defensa trabaja en una salida integral para las obligaciones pendientes y aspira a regularizarlas antes de fin de año. El plan contempla mecanismos estatales para afrontar las deudas del antiguo IOSFA, mientras la nueva obra social arma un presupuesto propio y un esquema de gastos que considera sostenible.
La estrategia parte de un diagnóstico oficial: el organismo anterior acumuló un desequilibrio estructural que terminó por afectar el pago en tiempo y forma a sus prestadores. La administración actual busca que las cuentas heredadas no se trasladen de manera automática a la entidad que asumió la cobertura de las Fuerzas Armadas.
En ese marco, la reducción de actividades ajenas a la atención médica forma parte de la reorganización. Las autoridades plantean que los recursos disponibles deben priorizar las prestaciones sanitarias, una definición que explica el apartamiento de hoteles, centros recreativos y otros servicios de la estructura principal.
La revisión también alcanzó a las 33 farmacias propias de la obra social. Desde el organismo admiten que se analizan modificaciones debido a sus resultados deficitarios, aunque aclaran que todavía no adoptaron una determinación final sobre la continuidad del servicio.
Las 33 farmacias propias también están bajo revisión
ATE afirma que el Gobierno prepara el cierre de las farmacias y su reemplazo por establecimientos privados. La organización sindical sostiene, además, que el ajuste de funciones puede extenderse a delegaciones de distintas provincias y reducir aún más la presencia territorial de la obra social.
La conducción de OSFA no confirmó ese escenario. Sí reconoció que el funcionamiento de la red está en análisis dentro de la revisión general de costos y servicios. La definición dependerá de las evaluaciones administrativas que se completen durante la transición.
Aguiar responsabilizó a las gestiones del organismo durante el gobierno de Javier Milei por el deterioro de las cuentas. También apuntó contra el exministro de Defensa Luis Petri y sostuvo que la entidad había comenzado la actual administración nacional con un saldo positivo.
“Están reventando a una de las mejores y más grandes obras sociales del país. La agarraron con superávit y hoy la conducen directo a la quiebra”, sostuvo el dirigente. Según su planteo, el organismo contaba con un superávit de $ 25.000 millones al inicio de la gestión actual.
El DNU 88 dividió la cobertura de militares y fuerzas federales
La crisis se desarrolla en medio de una reorganización dispuesta por el Gobierno a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026. La norma separó la cobertura médica de las Fuerzas Armadas de la correspondiente a las fuerzas federales de seguridad, que hasta entonces estaban reunidas bajo el IOSFA.
El antiguo instituto atendía al personal del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. La modificación creó dos entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas bajo la jurisdicción de Defensa y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), que depende del Ministerio de Seguridad Nacional.
La estructura anterior reunía cerca de 550.000 beneficiarios. Unos 330.000 corresponden a integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias; el resto forma parte del universo de las fuerzas federales. La nueva OSFA asumió la atención de militares, mientras que la entidad de Gendarmería y Prefectura siguió un modelo distinto mediante un convenio con la empresa de medicina privada Medicus.
La separación implicó repartir recursos, personal, bienes y tareas administrativas. Al mismo tiempo, el IOSFA quedó en liquidación con el objetivo de ordenar las obligaciones pendientes y completar el traspaso de los activos que aún figuran bajo su administración.
La nueva obra social administrará la cobertura de 330.000 afiliados militares
El Ministerio de Defensa sostiene que el nuevo esquema debe permitir una administración con presupuesto específico y reglas diferentes de las que regían en la entidad anterior. El objetivo declarado es sostener las prestaciones médicas con los recursos disponibles sin replicar los desequilibrios financieros que acumuló el organismo liquidado.
La liquidación del IOSFA resulta central en ese proceso. La gestión residual debe resolver deudas, transferir bienes y definir la situación de actividades que ya no integrarán la estructura sanitaria. Los hoteles y el personal asociado quedaron en el centro de ese capítulo.
La complejidad de la transición quedó expuesta con la salida del coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien administraba la liquidación. De acuerdo con lo informado por Infobae, el ministro Carlos Presti lo recibió el miércoles para analizar el avance de la reorganización.
Presti manifestó su disconformidad con las demoras y reclamó acelerar las medidas administrativas necesarias para sanear el sistema. El encuentro terminó con la desvinculación de Guzmán de la conducción residual del organismo, mientras continúan las gestiones para resolver el pasivo y restablecer convenios médicos.
Desde el organismo indicaron que las tareas administrativas siguen cubiertas y que la definición sobre el reemplazante se conocerá en los próximos días. El Ministerio considera que completar la liquidación es una condición para que la nueva obra social concentre su gestión en la cobertura sanitaria.
Sin embargo, el proceso debe resolver antes el destino de los establecimientos turísticos y de los trabajadores que dejarán de depender de la estructura de salud. Esos dos puntos, atravesados por el vencimiento de contratos y la transferencia prevista para el 30 de septiembre, fueron los que dispararon la ocupación sindical.
La conducción de OSFA enfrenta así una semana de definiciones. Deberá avanzar con el traspaso de los hoteles, responder a los planteos de ATE y sostener la negociación con los prestadores médicos, en un sistema que atiende a aproximadamente 330.000 afiliados de las Fuerzas Armadas.
POLITICA
Quién es Rodolfo Aguiar, el líder de los estatales de ATE que tomó un edificio de los militares
Rodolfo Aguiar tiene 55 años y era un sindicalista poco conocido hasta noviembre de 2023, cuando reemplazó a Hugo Godoy al frente de la conducción nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los dos sindicatos más poderosos del sector público, con representación en todas las provincias y 342.000 afiliados. Aguiar es hoy uno de los rostros más combativos contra la gestión de Javier Milei.
Aguiar fue denunciado hoy en la Justicia por tomar durante dos horas la sede de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), la prestadora médica de los militares que está en crisis y podría despedir en los próximos días a 600 personas.
No es el primer cruce que tiene Aguiar con la gestión libertaria. Hace dos años, un tuit fue casi como una declaración de guerra. “En el 2025 le vamos a robar la motosierra al Gobierno y les vamos a cortar la cabeza a ellos. No vamos a tolerar nuevos despidos en el Estado. El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los 57.513 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la ‘reprecarización’ laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año”, escribió.
Así, dio un paso más en su ofensiva por llevar a la Justicia “los miles de despidos” a su juicio “arbitrarios” que dispuso el gobierno libertario.
Contratado a sueldo desde hace 24 años en la Unidad de Atención Integral del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) de General Roca, Aguiar construyó su carrera sindical en Río Negro, siempre en la administración pública. A los tres años de haber ingresado al PAMI se convirtió en delegado gremial de ATE. Escaló hasta la Secretaría General de la seccional provincial, en la que estuvo durante dos mandatos. Se interesó por subir el perfil cuando aceptó secundar a “Cachorro” Godoy en la conducción nacional y ser su adjunto. El 7 de noviembre de 2023 lo reemplazó al frente de ATE en una elección en la que venció sin inconvenientes a Carlos Quintriqueo, referente estatal en Neuquén, y a Alejandro Lipcovich, dirigente del Hospital Garrahan. Mantuvo así la hegemonía de la Lista Verde.
Aguiar es militante de Unidad Popular, la fuerza política del economista Claudio Lozano, que integró el Frente de Todos y se alió al kirchnerismo. Pesaron sobre él 55 causas judiciales, aunque en ninguna de ellas se le llegó a imputar la comisión de delito, según averiguó . Una de esas causas fue por encabezar una protesta contra Mauricio Macri, en Viedma, cuando Cambiemos gobernaba el país. Además, Aguiar es un impulsor de los reclamos en la Patagonia por la compra de tierras por parte del empresario inglés Joe Lewis, un antecedente que según él, contribuye a la “extranjerización” de los territorios en el sur.
También tuvo sus choques con el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, quien ordenó detenerlo después de haber encabezado una protesta para oponerse a un proyecto oficial sobre endeudamiento. “Me declaro preso político de la alianza del gobierno nacional de Macri y del provincial de Weretilneck”, desafió al entregarse a la Justicia en General Roca. Estuvo detenido 10 días por coacción agravada. En 2019 fue sobreseído. Los caminos con Weretilneck se volvieron a cruzar recientemente. Aguiar asistió a la inauguración del año legislativo y apoyó a Weretilneck en su pelea con la Casa Rosada por la coparticipación y otros fondos.
Aguiar es considerado un duro, pero también un reformista en lo relativo al tablero sindical. Impulsó en ATE una reforma estatutaria que estableció a partir de 2022 la paridad de género en los cargos y limitó las reelecciones a dos mandatos. En Río Negro rompió el molde cuando entregó de manera voluntaria su declaración jurada de bienes mientras estuvo al frente de la seccional de ATE. Pidió que la publicación de estos datos sea obligatoria para el resto de sus pares sindicales. No tuvo eco.
Por el momento, ATE, que es uno de los gremios fuertes de la CTA, avanza en soledad en su estrategia de confrontación con la gestión de Milei. La UPCN, el gremio mayoritario de la administración pública nacional y que integra el sector dialoguista de la CGT (representado por su histórico jefe, Andrés Rodríguez). Aguiar y Rodríguez se enfrentaron públicamente hace un mes, cuando chocaron por un nuevo acuerdo salarial por debajo de la inflación con el Gobierno, que actuó en su rol de empleador. “Quien ataca e intenta dividir a los trabajadores y a sus representantes, con una lógica de fake news, no comprende el valor de mantener vigentes los convenios colectivos de trabajo, la negociación salarial y la preservación de los puestos de trabajo”, lo acusó Rodríguez, en un comunicado.
Orígenes
Aguiar nació el 2 de mayo de 1971 en Ingeniero Huergo, un municipio del departamento rionegrino de General Roca. Su padre (de familia peronista) murió en un accidente de auto cuando él tenía 3 años, mientras que su mamá (de familia radical) fue docente y militante de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER).
Terminó el secundario con uno de los mejores promedios y asumió un cargo como preceptor en el Colegio CEM N° 9 de Roca. Aunque no se recibió, después estudió Derecho en la Universidad Nacional del Comahue. En su entorno, dijeron a que le restan entre 10 y 15 materias para recibirse.
Trabajó para Coca-Cola y en 2002 comenzó a trabajar en el Estado, en la sede roquense del PAMI. Allí estuvo como delegado durante 6 años, mientras que fue dos veces secretario general de ATE Río Negro y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro.
Además, se posicionó en los últimos años como referente provincial del partido político Instrumento Electoral por la Unidad Popular (UP). “En lugar de estar tocando el bombo afuera de la Legislatura tenemos que estar adentro con una banca, discutiendo y aportando proyectos. El sindicato tiene un límite. Cortar la calle puede ser superado por tener un representante adentro. Unión Popular no es un partido de los trabajadores del Estado, es un partido político que convoca a todos”, marcó su postura.
Su hijo Romeo es actualmente Secretario Gremial del Consejo Directivo Provincial de ATE Río Negro.
reemplazó a Hugo Godoy,contra la gestión,tomar durante dos horas la sede de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa),pic.twitter.com/gXh8nHno9f,December 27, 2024,Conflicto gremial,Conforme a
POLITICA
Javier Milei habló ante inversores en Nueva York: “Si somos reelectos, el 2028 será el mejor año de la historia de la Argentina”
En la última jornada de su gira internacional, Javier Milei habló ante inversores en Nueva York. Durante su exposición, defendió su programa económico y dejó varias definiciones antes del año electoral. “Si somos reelectos, el 2028 será el mejor año de la historia económica de la Argentina”, sostuvo.
El encuentro se realizó en The Economic Club of New York, una institución privada de membresía fundada en 1907 que reúne a altos ejecutivos de finanzas, empresas, tecnología y otros sectores, además de figuras de gobierno, academia y medios. Ante una audiencia de más de 150 personas, el Presidente arrancó con esa fuerte arenga electoral y dio su pronostico sobre el futuro del país.
“Las inversiones en sectores ya van a gran velocidad. Como Vaca Muerta, la minería y la energía se van a acelerar rápidamente”, señaló. También aseguró que “Argentina está creciendo a un ritmo vertiginoso” y que “llevamos 27 meses seguidos de crecimiento”, un proceso que, según dijo, “se reparte en todos los sectores de la economía”.
Este miércoles el Gobierno celebró un acuerdo alcanzado con Estados Unidos para que haya inversiones por hasta US$7.000 en infraestructura en el llamado Corredor Andes-Atlántico: una iniciativa para conectar la matriz productiva local con los mercados de Occidente a través de inversión de EE.UU.
Milei estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno, el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, y el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas. Tras su exposición, fue entrevistado por el editor global de Bloomberg, John Micklethwait.
En otro tramo de su discurso, el mandatario buscó llevar tranquilidad a los mercados de cara al año electoral: “Les quiero decir que para el año que viene tenemos estabilidad segura”, afirmó, y explicó: “Hemos construido una bazuca de reservas, que equivale a 75.000 millones de dólares”.
“Estamos armados hasta los dientes para enfrentar el riesgo kuka, como llamamos al riesgo político”, remarcó, y sostuvo que el año próximo el Gobierno se convertirá “en el primer gobierno de la democracia en tener superávit fiscal y financiero durante dos años consecutivos”, algo que -según dijo- permitirá el “despegue definitivo” de la Argentina si logran “cruzar el Rubicón”.
Milei cerró su discurso con una invitación a los inversores: “El motivo y el momento de apostar por la Argentina es ahora. Los invito a subir a bordo y tomar parte de la grandeza que nos espera”.
Noticia que está siendo actualizada.-
Javier Milei, Nueva York
POLITICA
Encuestas: Milei recuperó protagonismo con el reclamo por Malvinas, pero no logró sumar apoyos
Si bien el renovado reclamo por la soberanía de las islas Malvinas incrementó la visibilidad de Javier Milei y lo devolvió al centro de la escena, el Presidente no logró capitalizar el giro discursivo y transformarlo en un mayor respaldo de la opinión pública.
Asimismo, ni siquiera una causa transversal como la de Malvinas logró borrar la grieta entre los argentinos, que se posicionaron frente al reclamo de Milei sobre el archipiélago según sus identidades políticas.
Así lo revelan al menos cinco encuestas a las que tuvo acceso . Las consultoras analizaron el impacto de la cadena nacional del 3 de septiembre último, cuando el mandatario anunció medidas sancionatorias hacia las empresas que participan de actividades hidrocarburíferas “no autorizadas” en las islas, y las posturas de los consultados sobre las decisiones del Gobierno, las intenciones de Milei y el apoyo a la gestión.
Fuerte alcance
El reclamo de Milei sobre la soberanía de Malvinas, inicialmente desplegado en la cadena nacional y reivindicado este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas, le dio una significativa visibilidad al Presidente ante la sociedad, especialmente después de un mes en el que había pasado 24 días sin pisar la Casa Rosada.
La cadena nacional del 3 de septiembre tuvo una marca de 30 puntos de rating, según los datos de la medidora de audiencia Kantar Ibope Media y se transformó así en la cadena de mayor repercusión en lo que va del año.
En espejo con lo sucedido en la televisión, el tema también copó la agenda en redes sociales esa noche y el día siguiente. Según el relevamiento de la consultora Enter Comunicación, la cadena nacional generó 124.096 menciones entre el 3 y el 4 de septiembre en un lapso de 24 horas, “cinco veces más que la cadena del 30 de julio sobre la reforma del Banco Central (25.000 menciones)”. A su vez, los términos “Malvinas” y “#LasMalvinasSonArgentinas” fueron tendencia número uno en la red social X durante 16 horas consecutivas y, “en el pico del anuncio, las diez principales tendencias del país estaban vinculadas al episodio”.
Los estudios de opinión también dan cuenta de la amplitud que tuvo la cadena nacional. Entre el 80% y el 90% de los consultados escuchó el mensaje de Milei o se informó posteriormente.
Bajo rédito
A pesar de la importante difusión que tuvo el asunto y de la centralidad que cobró el Presidente, el reclamo por el archipiélago y las medidas anunciadas no redundaron en una mejora en la evaluación del Gobierno ni en un crecimiento en la imagen del mandatario en los estudios de opinión. En concreto, Milei no logró capitalizar su flamante posicionamiento sobre Malvinas.
“La imagen del Gobierno no creció como consecuencia del anuncio. No hubo rédito político a partir de la cadena nacional”, sintetiza Juan Mayol, director de la consultora Opinaia. Lo mismo sostiene Gustavo Córdoba, de la firma Zuban Córdoba.
Lucas Romero, titular de Synopsis Consultores, completa: “Los anuncios de Malvinas no lograron cambiar la dinámica del clima de opinión pública y el mal humor dominante por la economía”.
Distintas encuestas de septiembre coinciden en que la evaluación de la gestión se mantuvo en niveles similares a los de agosto. Por ejemplo, Poliarquía, una de las consultoras más respetadas del mercado, señala que, tras el “desgaste significativo” que sufrió el Gobierno en el primer semestre de 2026, se observa un “estancamiento” desde hace tres meses.
Federico Aurelio, titular de Aresco, otra de las firmas más escuchadas, también indicó que la valoración de la gestión nacional está “estable”, en este caso desde hace seis meses.
Entretanto, el estudio de Management & Fit sobre los anuncios vinculados a Malvinas revela que, para el 43,7% de los consultados, su imagen sobre Milei “se mantuvo igual” que antes. El 36,5% sostiene que empeoró y el 17,9% que mejoró.
El informe muestra que quienes votaron a La Libertad Avanza (LLA) en 2025 se dividen entre la mejora y la estabilidad; mientras que la mayoría de los que optaron por el peronismo mencionó que su percepción sobre el Presidente empeoró y solo una parte dijo que se mantuvo igual.
“El anuncio ordena al electorado propio pero no perfora por fuera de él”, reza la presentación de la consultora Vox Populi. Las cifras que arrojó su relevamiento estuvieron en la misma dirección que las de Management & Fit: el 38,5% no cambió su opinión sobre el gobierno de Milei a raíz de los anuncios; para el 32,5% las medidas la empeoraron y un 27% declaró que la mejoraron.
¿Grieta indeleble?
“La grieta, en cuanto a Malvinas, se diluye porque es un tema que interpela a la gran mayoría de la opinión pública, independientemente de las identidades políticas”, explica Mayol, de Opinaia. Sin embargo, añade: “El núcleo kirchnerista es escéptico: evalúa el hecho como una necesidad del Gobierno de sacar un rédito político y lo ubica en el espectro opuesto a defender la soberanía de Malvinas”.
El informe de la consultora muestra que hay un “amplio consenso sobre la relevancia de sostener el reclamo de soberanía sobre Malvinas”. Ocho de cada diez argentinos consideran importante que el país continúe impulsándolo y “el respaldo es transversal”, incluso entre los votantes de distintos espacios.
En la misma línea, Aurelio, de Aresco, expresó que más del 80% de los consultados está de acuerdo con la realización de reclamos sobre la soberanía de Malvinas.
Sin embargo, el porcentaje baja cuando se consulta específicamente por la aprobación del mensaje que Milei trasmitió en cadena nacional. Según Opinaia, el 64% lo apoyó. Aunque se trata de una cifra elevada, al desglosar los resultados por identidad política la encuestadora detecta un “respaldo especialmente alto entre votantes de LLA”. El 93% de los libertarios valora positivamente el mensaje, frente al 40% de los peronistas. Si bien este último dato es suficientemente elevado, contrasta con la aceptación casi total dentro de LLA.
La grieta se expresa con especial énfasis ante la consulta sobre las expectativas de avances concretos en el reclamo por el archipiélago y el objetivo del giro discursivo de Milei. “Hay escepticismo sobre el efecto real de la iniciativa y sobre la verdadera motivación de la repentina malvinización del Presidente”, resume Opina Argentina.
El informe de Synopsis muestra que el 80,1% de los votantes de LLA considera que los anuncios de Milei son “una decisión estratégica oportuna y necesaria para frenar el avance británico sobre los recursos marítimos e hidrocarburíferos del territorio”. En cambio, el 91,9% de los votantes del Partido Justicialista (PJ) evalúa que las medidas impulsadas por el Gobierno son “una cortina de humo política para desviar la atención de los problemas económicos y sociales que atraviesa el país”.
Algo similar ocurre sobre la credibilidad del compromiso del jefe de Estado con la causa Malvinas, quien hasta la cadena nacional había sido comprensivo con los isleños. Al 80,3% de los que optaron por LLA en 2025 le parece totalmente o bastante creíble, mientras al 97,9% de los peronistas le resulta poco o nada creíble.
En el mismo sentido, entre los que aprueban la gestión nacional, el 81% opina que el principal objetivo del discurso de Milei fue “defender la soberanía argentina sobre las islas Malvinas”, de acuerdo a los datos de Management & Fit. En cambio, entre quienes desaprueban al Gobierno, el 61% juzga que la finalidad fue “hacer marketing o posicionamiento electoral”.
Por último, según Opinaia, el 71% de los libertarios considera probable que la Argentina “logre un avance concreto en su reclamo de soberanía” sobre el archipiélago en los próximos años, mientras el 61% de los peronistas lo ve poco o nada probable.
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