Los diputados de La Libertad Avanza amanecieron este miércoles con un disgusto inesperado. Luego de haber asegurado públicamente que el oficialismo estaba trabajando en un texto “superador” para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, recibieron con asombro un proyecto de Presupuesto 2027 que contenía un capítulo con fuertes ajustes en el área de discapacidad y detonaba las negociaciones en curso con los aliados. Ahora, los libertarios desestiman los artículos de la polémica y buscan retomar el diálogo con los dialoguistas, pero persisten las dudas sobre las reales intenciones del presidente Milei.

Si bien voces dentro del oficialismo intentaron explicar que todo fue parte de una estrategia, que implicaba una propuesta de máxima (eliminar de raíz la Emergencia en Discapacidad) para luego tener margen de negociación y avanzar con un texto consensuado, durante el transcurso del día diferentes fuentes reconocieron que en realidad no estaban al tanto de las propuestas de la Casa Rosada.

“Nadie sabía nada. Fue una descoordinación un poco responsabilidad del Ministerio de Salud y otro poco de Legal y Técnica”, explicaron a Infobae. Pero incluso admitieron que el presidente de la Cámara de Diputados y hombre fuerte del karinismo, Martín Menem, tampoco estaba al tanto, lo cual multiplica las especulaciones, ya que comparte la Mesa Política con otros referentes que estuvieron involucrados directamente con la confección del Presupuesto, como el ministro Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vice Ignacio Devitt; y Santiago Caputo, por medio de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy.

El texto que el Gobierno envió al Congreso introduce una reforma profunda al sistema de discapacidad que tanto la oposición política como las organizaciones del sector consideran un retroceso respecto de la actual. Entre sus puntos más destacados, la iniciativa retoma un criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, que sería equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, en reemplazo del enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto también elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y traslada la definición de los requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, figura la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal: cualquier alta tributaria o trabajo registrado, incluso por pocas horas, extinguiría el beneficio, a diferencia del régimen vigente que permite compatibilizarlo con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. Además, en materia de prestaciones, desaparece el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualización trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad (no automática por IPC)

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque libertario reconocieron que el capítulo VI no tiene posibilidades de ser aprobado tal como lo envió el Palacio de Hacienda y aseguraron que en la versión definitiva quedará el proyecto “superador” que se estaba negociando con los aliados, como el PRO, la UCR, Provincias Unidas (Córdoba y Santa Fe) y Argentina Federal (Salta y Misiones). No obstante, hasta el momento no ha trascendido ningún detalle sobre esta propuesta. “Así como está, no va a salir”, resumieron.

La falta de coordinación generó un fuerte malestar entre los diputados que se habían puesto al frente de la discusión. Hasta el presidente de la Cámara, Martín Menem, tuvo que reunirse en persona con varios de ellos para “contenerlos”.

“El Presupuesto quedó viejo”, intentó explicar otro integrante del bloque, que atribuyó el traspié a que el texto había sido redactado antes de que comenzaran las negociaciones con los aliados.

Sin embargo, la misma fuente rescató que a pesar de las “desprolijidades” se terminó adelantando un paso. “Es mejor que esto explotó ahora porque simplifica la negociación, hubiera sido peor llegar a un dictamen de consenso y que después cuando lo viera Economía, lo diera de baja”, sintetizaron.

Por lo pronto, las negociaciones con los aliados volvieron a foja cero pero desde el oficialismo confían en poder llegar a un dictamen antes de fin de mes.

Luis Caputo,Casa Rosada,reunión de gabinete,Argentina

que modifica,Gustavo Ybarra,Conforme a

La Justicia busca determinar de dónde salió el dinero con el que María Soledad Calle compró el departamento del primer piso de San José 1111, ubicado debajo de la vivienda donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. Una de las hipótesis que se analiza es si los fondos utilizados para adquirir el inmueble pudieron tener origen en la UOM, aunque hasta el momento no existe una conclusión judicial que lo confirme.

El foco está puesto en la relación entre Calle, el sindicato metalúrgico y USEM S.A., la empresa que firmó en 2023 un convenio con la UOM. Dos años después, en agosto de 2025, Calle compró el departamento.

La defensa de Calle aseguró que la propiedad fue adquirida “con recursos propios” y que tenía previsto destinarla a una fundación. Sin embargo, según fuentes judiciales consultadas por TN, esa explicación no terminó de despejar las dudas de los investigadores.

“La explicación de Soledad Calle no aportó claridad”, sostuvo una fuente judicial. Y agregó: “No dio detalle alguno sobre la fundación que usaría esa unidad”.