ECONOMIA
Cuál es el detalle en la reglamentación del fondo de indemnizaciones con el que Economía relegó a los gobiernos provinciales
El mercado financiero recibió esta semana una de las precisiones que aguardaba con mayor expectativa: cómo funcionarán los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo mecanismo para pagar las indemnizaciones laborales. La resolución del ministerio de Economía que determinó en qué activos se podrán invertir los FAL incluyó un detalle que trajo cierta desazón en los gobiernos provinciales.
La reglamentación dispuso que la enorme masa de fondos a recaudar cada mes (1% de la masa salarial de empresas grandes, 2,5% en el caso de las pymes) puede tener 4 destinos: títulos del Estado Nacional, títulos provinciales o de la CABA, depósitos en bancos y obligaciones negociables de empresas privadas.
Pero a la vez, la resolución incluyó un requisito esencial para los bonos provinciales. Para poder recibir dinero de los FAL, los títulos de las provincias deben “contar con calificación de riesgo “AAA” en escala nacional, otorgada por al menos dos agentes de calificación de riesgo registrados ante la CNV«, según dice la norma.
La disposición sorprendió porque, en la actualidad, no hay ningún bono provincial que cuente con la calificación AAA. Por lo tanto, la inclusión de bonos provinciales en el armado de los FAL hoy es inaplicable. Además de la calificación, Economía le puso un tope a los bonos provinciales: no pueden representar más del 15% del total del FAL y puede colocarse solamente “hasta un 5% por jurisdicción”. Esos límites no podrán aplicarse ya que no hay bonos provinciales que los FAL puedan comprar. Incluso distritos con buen desempeño para sus finanzas públicas y su endeudamiento, como Córdoba o Mendoza, no cuentan con el requisito de la calificación AAA.
La única excepción a esta regla, explican en el mercado financiero, son los títulos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moody’s le otorgó en junio la calificación AAA a CABA en su calidad de emisor tanto en pesos como en dólares.
Por el lado de los bonos corporativos, la resolución también incluyó el requisito de las dos calificaciones. En ese caso, la lista es algo más amplia pero se limita solamente a empresas líderes que podrán beneficiarse con la recepción de los FAL para sus bonos. YPF, Vista, Pan American Energy, Arcor, Central Puerto y Mercado Libre, entre otras. También se anotarán aquí los bonos del sector financiero: Macro, Santander, Galicia, ICBC y Garantizar SGR tienen esa calificación.
Aquí los topes sí tienen importancia. Los FAL no podrán colocar más del 20% agregado de su cartera en bonos privados, a la vez que tampoco podrán destinar más del 10% en una única empresa emisora.
El malhumor en algunos gobiernos provinciales está atado a que entienden que la reglamentación del FAL, pese a sus reglas de diversificación, favorece con claridad a la colocación de bonos nacionales. Para los títulos de la Nación no existe ningún tope ni exigencia de calificación, con lo cual se llevarán la mayor parte de la torta.
“Caputo nos dejó afuera de los FAL. La resolución tiene un sesgo para orientar las inversiones a los títulos de Nación. De hecho, un FAL podrá colocar el 100% de su dinero en bonos nacionales”, se lamentó un funcionario económico de un gobierno provincial.
Una de las críticas que recibió la creación de los FAL cuando se analizó la reforma laboral fue el riesgo de que el Gobierno resignase parte de su recaudación fiscal proveniente de cargas laborales, ya que esa masa de dinero que iba a un bolsillo del estado comenzará a destinarse al mercado financiero.
Con esta resolución y, más precisamente, con los requisitos de calificación y de límites, queda claro que aún en el caso de que el Gobierno sienta esa merma en las cuentas fiscales, Caputo se aseguró que una parte sustancial de ese dinero vaya a financiar al estado nacional.
El mercado financiero sigue con mucha expectativa la puesta en marcha de los FAL, que comenzará el 1° de noviembre y que tendrá un período inicial de 6 meses sin pagar prestaciones, de manera de armar una masa crítica de dinero para cada empleador de la Argentina que le permita previsionar con algo de holgura el pago de indemnizaciones.
El requisito de la califiación AAA acotó el universo de activos elegibles, al punto que ningún bono subsoberano -a excepción de los de CABA- podrá participar en el comienzo del sistema. Los gobiernos provinciales, de esa forma, deberán salir a la búsqueda de una mejora por parte de las calificadoras locales (Moodys Argentina, S&P y Fix, la filial de Fitch Ratings) para poder tener algún rol de importancia en esta nueva etapa que los FAL prometen abrir en el mercado de capitales.
ECONOMIA
Rematan departamentos sin herederos y oficinas en CABA: dónde están, cómo son y cuál es el precio inicial
- Terreno urbano con construcción en Av. Entre Ríos 1824/28, Constitución
- Superficie: 342,60 m²
- Precio base: USD 435.144
- Depósito en garantía: USD 13.054
- Hora de remate: 10
- Departamento monoambiente en Av. Córdoba 2858, Balvanera
- Superficie: 37,18 m²
- Precio base: USD 36.850
- Depósito en garantía: USD 1.105
- Hora de remate: 10.45
- Departamento de siete ambientes en Av. Rivadavia 2446, Balvanera
- Superficie: 360,95 m²
- Precio base: USD 261.300
- Depósito en garantía: USD 7.839
- Hora de remate: 11.30
- Departamento de dos ambientes en Viel 246, Caballito
- Superficie: 43,73 m²
- Precio base: USD 61.631
- Depósito en garantía: USD 1.848
- Hora de remate: 12.15
- Propiedad tipo casa de varios ambientes en Paracas 339 y 345, Constitución
- Superficie: 271,56 m²
- Precio base: USD 60.300
- Depósito en garantía: USD 1.809
- Hora de remate: 13
- Cinco pisos de oficinas en Tte. Gral. J. D. Perón 338, microcentro porteño
- Cantidad de unidades: cinco pisos, con subastas independientes
- Superficies informadas: entre 191,78 m² y 582,60 m²
- Precios base informados: entre USD 114.202 y USD 348.463
- Fecha y hora de remate: 30 de septiembre, desde las 11
- La información provista no detalla las características particulares, el valor base ni el depósito de garantía de cada piso
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ECONOMIA
Según el proyecto de Presupuesto, el gasto por empleado del Congreso será de casi $6 millones mensuales en 2027
Para la elaboración del Presupuesto se explicita que el Poder Legislativo Nacional cerrará 2026 con una partida de $936.680 millones, supera en 22,7% la autorización de gasto vigente
- La planta total prevista se reduciría de 13.454 a 12.978 empleados.
- El recorte equivale a 476 cargos, una baja del 3,5 por ciento.
- El crédito legislativo tendría un incremento real del 17,5% frente a la autorización ampliada vigente para 2026.
- El Senado mantendría su dotación de 5.018 empleados.
- Diputados reduciría su planta en 422 cargos, hasta 4.135 empleados.
La combinación de mayor presupuesto corriente y menor planta se traduce en un incremento real promedio del 28,3% en la asignación por empleado
- Asistencia Bibliográfica del Congreso pasaría de 1.244 a 788 empleados, una baja de 456 cargos equivalente al 36,7%, mientras su partida de gastos crecería 121% en términos reales.
- Dirección de Ayuda Social del Congreso reduciría su planta de 788 a 544 agentes, 244 cargos menos, con una caída real del 64,3% en su asignación presupuestaria.
- “Otros” sumaría 646 cargos, un 61,1%, hasta 1.704 empleados, con un incremento real del 129,4% en su presupuesto.
- Imprenta del Congreso y la Procuración Penitenciaria mantendrían su dotación estable, con subas reales de 26,8% y 0,4%, respectivamente.
Corporate Events,South America / Central America,Government / Politics
ECONOMIA
En negro y sin jefe: a qué se dedica y cuánto gana el sector de trabajadores qué más crece en la Argentina
La publicación por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de los datos de mercado laboral del segundo trimestre del año reveló mucho más que un crecimiento leve del desempleo. Entre los datos del instituto estadístico, se distinguió con claridad una tendencia que se separa nítidamente de todas las otras: un salto del 317% en un año del cuentapropismo informal, es decir del trabajo independiente y en negro, como forma de subsistencia ante la escasa demanda de empleo en blanco. El salto, que llevó a ese colectivo a superar los 2 millones de personas, hizo que los especialistas ahondaran en los números para intentar entender quiénes son, a qué se dedican y cómo viven las personas que no consiguen, ni siquiera, un empleo en negro.
Lo que muestran los datos del mercado de trabajo es una caída histórica del empleo asalariado, independientemente de que sea en blanco o negro. En el segundo trimestre de 2026, los asalariados representaron el 70,5% de las personas ocupadas, el valor más bajo de toda la serie que releva el CIAS desde 2016 e igual al registrado en el cuarto trimestre de 2020, durante la pandemia. La caída de la asalarización implica que una proporción menor de quienes tienen trabajo se desempeña bajo una relación de dependencia, registrada o no.
En sentido inverso, el cuentapropismo llegó al 25,5% de los ocupados, tras subir 1,8 puntos porcentuales frente al segundo trimestre de 2025. El incremento equivale a unas 307.000 personas más que pasaron a trabajar por su cuenta en apenas un año. El nivel actual se acerca al máximo de la serie, que se había alcanzado en 2020, cuando las restricciones sanitarias y la destrucción de empleo empujaron a más trabajadores hacia actividades independientes.
El agregado es que ese trabajo por cuenta propia tiende a ser, a su vez, informal. Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, la cantidad total de ocupados aumentó en 265.000 personas, pero los empleos informales crecieron en 348.000, mientras que los registrados descendieron en 83.000. En ese contexto, la tasa de informalidad general alcanzó el 45%, el valor más alto desde que el Indec comenzó a publicar esta medición a fines de 2023.
Los especialistas reniegan contra la idea de que es una cuestión de preferencias: no se trata de emprendedores que no quieren tener jefes. Se trata de personas que recurren a la única opción disponible.
Para Santiago Poy, vicerrector del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), el crecimiento de esta modalidad está ligado principalmente a la falta de ingresos y no a la aparición de nuevos emprendimientos con capacidad de expandirse. “Es un cuentapropismo de necesidad”, explicó a Infobae, porque se trata de personas que “se lanzan o desarrollan una actividad por su cuenta, principalmente por falta de ingresos”. El investigador lo diferenció del cuentapropismo “de oportunidad”, que puede generar actividades productivas, y advirtió que los bajos ingresos y la baja productividad ayudan a explicar su condición informal.
“A veces se explica la informalidad y el trabajo por cuenta propia como una preferencia de los jóvenes, algo que puede llegar a ser cierto en niveles económicos más bien altos. Esto no es una opción, sino una necesidad: los datos de ingresos muestran que trabajar en negro o por cuenta propia implica ganar muchísimo menos, no es algo que se elige”, dijo Claudio Caprarulo de Analytica a este medio.
Las brechas de ingresos, en este sentido, son muy claras. De acuerdo con datos del Instituto Universitario CIAS para el primer trimestre de 2026, los trabajadores por cuenta propia informales tuvieron un ingreso mensual promedio de $ 541.000 y una mediana de $ 400.000. El monto equivale a menos de la mitad del promedio de $ 1.391.000 que percibieron los cuentapropistas formales y quedó por debajo del ingreso medio de $ 1.104.000 para el conjunto de los ocupados.
La diferencia se sostuvo incluso al considerar la carga horaria: quienes trabajan por cuenta propia en la informalidad dedicaron en promedio 30,5 horas semanales a su actividad y obtuvieron $ 4.435 por hora, frente a las 38 horas y los $ 9.154 por hora de los formales. Además, el 55% de los informales ganó menos que el valor de la canasta básica de un adulto y el 29% declaró que trabajaba menos horas de las que deseaba.
A la hora de buscar cuáles son las salidas labrales que encuentra en estas personas, los números de la encuesta permanente de hogares muestran que la inserción laboral de ese grupo se concentra, ante todo, en actividades de baja escala y vinculadas al consumo cotidiano. El comercio reúne a 635.000 cuentapropistas informales, el 30% del total, con presencia en almacenes y kioscos, venta de mercaderías, ropa, calzado, ferias, puestos y comercialización por internet o redes sociales. La pequeña construcción agrupa a otros 402.000 trabajadores, el 19%, y está dominada por las changas y arreglos en casas particulares, mientras que los servicios personales suman 354.000 personas, el 17%, en rubros como peluquería, estética, jardinería, cuidado y recreación. También aparecen la producción artesanal e industrial, la reparación de autos y electrodomésticos, el traslado de pasajeros y la gastronomía, donde cocinar en casas particulares reúne 62.000 trabajadores. En varias de esas ocupaciones, la informalidad supera el 80% de quienes trabajan por cuenta propia.
En cuanto a su formación y ubicación geográfica, el perfil de los cuentapropistas informales combina una mayoría con niveles educativos medios o bajos y una fuerte presencia en el conurbano bonaerense. El 46% vive en los partidos del Gran Buenos Aires, aunque esa región reúne al 43% de los ocupados; le siguen la región pampeana, el Noroeste y Cuyo. El 49% no completó el secundario y otro 33% tiene el nivel medio terminado, mientras que solo el 7% alcanzó estudios superiores completos. La edad promedio es de 43 años y las mujeres representan el 42% del total, aunque su participación es mayoritaria en actividades como gastronomía, comercio de indumentaria, elaboración de alimentos, peluquería y cuidado personal.
Para Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, esta modalidad reúne mayormente a mujeres y adultos jóvenes con formación media o medio-baja, insertos en tareas de comercialización minorista y servicios personales. El especialista señaló a Infobae que se trata de “trabajo refugio frente a la pérdida de empleo”, pero también de una fuente complementaria de ingresos para personas ya ocupadas o integrantes de sus hogares. Las condiciones relevadas por CIAS reflejan esa precariedad: el 76% no dispone de un local, el 78% desarrolla su actividad en la casa del cliente o en la calle y el 22% no cuenta con máquinas, local ni vehículo para trabajar.
El deterioro de esos ingresos aparece en paralelo con el último dato de pobreza. El Indec informó el el jueves que la pobreza alcanzó al 32,3% de la población y la indigencia al 7,5% durante el primer semestre de 2026, lo que equivale a 15,56 millones de personas bajo la línea de pobreza y 3,61 millones bajo la línea de indigencia. En ese período, el ingreso per cápita familiar aumentó en promedio 11,5%, por debajo de la suba de 21,4% de la canasta básica alimentaria —que determina la línea de indigencia— y del alza de 19,6% de la canasta básica total, utilizada para medir la pobreza.
La distancia entre ingresos y canastas permite poner en contexto el avance de las ocupaciones de menor remuneración y sin protección laboral. Entre los hogares pobres, el ingreso familiar promedio fue de $ 922.755, mientras que la canasta básica total necesaria para ese mismo grupo alcanzó los $ 1.440.395, una brecha de 35,9%. En ese marco, la expansión del cuentapropismo informal refleja la búsqueda de ingresos ante la falta de empleos formales, aunque los niveles de remuneración que ofrece esa actividad resultan insuficientes para cubrir el costo de las necesidades básicas en una parte significativa de los hogares.
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