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¿Cuál es la “prueba nueva” y qué cambia en el frente internacional? Claves del anuncio de los abogados de Cristina Kirchner

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Los abogados de Cristina Kirchner anunciaron este martes que sumarán un nuevo elemento al frente internacional que iniciaron ante la ONU con el objetivo de revertir la condena firme a seis años de prisión en la causa Vialidad y, en lo inmediato, derribar la inhabilitación a cargos públicos. Esto le permitiría a la expresidenta mantener viva una eventual candidatura, en medio de la disputa interna que atraviesa el peronismo.

El nuevo elemento es un estudio pericial encargado por la defensa a contadores y economistas, elaborado a partir de información surgida durante el juicio oral de los Cuadernos de las Coimas.

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Estas son algunas claves para entender lo que puede pasar:

La defensa de la expresidenta tiene listo un informe técnico que incorporará a la causa que abrió ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Pretende apuntalar su planteo general contra el fallo de Vialidad, que la condenó a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El fallo está firme y el año pasado se agotaron todos los recursos cuando la Corte rechazó la última queja de la defensa. Por eso, desde hace poco más de un mes, la expresidenta explora un camino incierto en el terreno internacional, cargado de interrogantes.

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El informe todavía no fue presentado, aseguraron esta tarde.

Asegura que las obras adjudicadas al empresario Lázaro Báez (Grupo Austral) representaron menos del 1% de los desembolsos ejecutados desde una de las fuentes de financiamiento de Vialidad, mediante la cual la Justicia acreditó la participación de la expresidenta en el manejo de la obra pública.

Se trata de la “Fuente 14”, una nomenclatura presupuestaria asociada a un fideicomiso nutrido principalmente con impuestos al gasoil.

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Es decir que, de esa fuente en particular, de la que se partieron 2.200 millones de dólares hacia varias empresas constructoras, Báez habría recibido poco más de 18 millones de dólares; un 0,85% del total.

El trabajo fue elaborado por especialistas de una consultora brasileña y utilizó como base una planilla de Vialidad que fue recientemente incorporada al juicio de los Cuadernos de las Coimas.

En ese otro proceso, la expresidenta y muchos de los empresarios favorecidos por la “Fuente 14″ son acusados de intercambiar coimas por obra pública.

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Busca atacar uno de los ejes del fallo: el decreto 54/2009, que incorporó formalmente a Vialidad como beneficiaria de la “Fuente 14”. Los jueces del tribunal -y luego los de la Casación al confirmar la sentencia- entendieron que la expresidenta, al firmarlo, tuvo una participación directa en la maniobra.

El estudio busca relativizar la relevancia que la condena atribuyó al decreto. No menciona -como sí lo hicieron los jueces del TOF 2 en los fundamentos del fallo- el “incontrovertible” vínculo comercial que Báez mantenía con la familia Kirchner. Parte de esos hechos se investigan en la causa Hotesur-Los Sauces.

Por ahora, nada. La defensa presentará el informe antes de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU se reúna en octubre.

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Los abogados de Cristina Kirchner consideran que este nuevo elemento refuerza el planteo realizado tiempo atrás, pero por estas horas trabajan —especialmente el brasilero Rafael Valim— para que el caso de la expresidenta, que espera junto a muchos otros, sea atendido en las sesiones previstas para el próximo mes.

Nada garantiza que eso ocurra y por eso la estrategia es secuencial: si el Comité no trata el caso o el resultado es adverso, la defensa avanzará con un pedido de revisión en el país.

El Comité está integrado por 18 miembros y, en líneas generales, resuelve a través de una mayoría simple. La mitad de sus miembros se renueva cada dos años y en enero próximo habrá un recambio. Eso abre una particularidad: puede ocurrir que quienes habiliten el tratamiento del caso podrían no ser exactamente los mismos que después lo analicen.

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Aun si el Comité le diera la razón a la expresidenta, quedaría abierta una discusión en torno a si la Justicia argentina debe o no adecuarse a ese eventual pronunciamiento.

Formalmente, el Comité emite un “dictamen”. Para la defensa de la expresidenta, la Justicia argentina está “constitucionalmente” obligada a respetarlo por los compromisos internacionales asumidos, aunque entre especialistas no está claro que esto sea así.

La Corte, de hecho, al referirse a otro órgano internacional (la Corte Interamericana) sostuvo que ese tribunal no constituía una “cuarta instancia” para revisar o anular decisiones jurisdiccionales estatales, sino que su intervención es “subsidiaria, coadyuvante y complementaria”.

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El espejo en el que se mira la expresidenta es el caso de Lula da Silva en Brasil. La “comunicación individual” presentada por el actual presidente brasileño -en julio de 2016- fracasó respecto de las medidas cautelares, pero terminó con una decisión favorable sobre el fondo de la cuestión, al concluir que Brasil había violado derechos de Lula reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Sin embargo, el pronunciamiento favorable de la ONU sobrevino después de que la propia Justicia brasileña anulara la condena contra Lula.

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Milei aseguró que no desplazarán a Bullrich de La Libertad Avanza: “Cómo la vamos a echar, es mi socia”

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El presidente Javier Milei dejó varias definiciones políticas en medio de las negociaciones con la oposición por la reforma electoral y defendió a Patricia Bullrich. Destacó la visita del papa León XIV y reivindicó su gestión.

“Cómo la vamos a echar, es mi socia”, aseguró respecto de la polémica con la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich.

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“Cuando hablo de la moral como política de Estado reniego del relativismo moral, pero no de una manera tonta. No se me ocurre ir a la India y pedirles que coman vacas. Hay valores que no son negociables: no es negociable el derecho a la vida, no es negociable la libertad, no es negociable la propiedad. La base es el principio de no agresión”, aseguró Milei en diálogo con A24.Noticia que está siendo actualizada.-

Javier Milei

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Milei habló de las versiones de una interna con Bullrich: “Echarla es el deseo del círculo rojo”

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El presidente Javier Milei habló este miércoles de las versiones de una interna con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, y negó un desplazamiento de la funcionaria, al afirmar que ese sería el “deseo” del “círculo rojo”.

“¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política. Es el deseo del ‘círculo rojo’ eso, porque gran parte del ‘círculo rojo’ es parte del status quo que pierde con este modelo», afirmó el mandatario en diálogo con el canal A24.

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El mandatario habló de Bullrich poco después de realizar una publicación en Instagram que muchos interpretaron como un mensaje hacia la exministra de Seguridad. En ese entonces, había escrito: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”.

Milei explicó su mensaje y apuntó contra la oposición en el Congreso. “Se lo escribí al kirchnerismo. Hay personas que, con tal de ver mal al otro, prefieren estar mal o peor ellos, porque la envidia es monstruosa. El envidioso llega a un caso tan extremo que no tiene problema de destruir todo y estar peor con tal de ver mal al otro. El año pasado mandaron 40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal, intentaron siete juicios políticos y pudrirla en la calle. Intentaron un golpe de Estado y no lo lograron por los argentinos. Porque le sacamos 17 puntos al kirchnerismo”, expresó.

Luego, insistió con los comicios presidenciales y contra el “círculo rojo”: “Ganamos con el 41%. Si fuera hoy, eso sería primera vuelta. El círculo rojo se olvida de eso porque erraron las encuestas y pronósticos”.

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Noticia en desarrollo



Javier Milei,La Libertad Avanza,Conforme a

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El Senado sesiona mañana para sancionar las leyes de discapacidad, propiedad privada y el Tratado sobre Patentes

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Los jefes de bloque del oficialismo y la oposición acordaron sesionar mañana, desde las 11, para sancionar tres leyes: discapacidad, con libertarios que tuvieron que ceder en casi todo en Diputados, aunque se saldrá de la emergencia, que vence a fin del corriente año; la que volvió en segunda revisión sobre propiedad privada, que reactivaría el 15% de límite para la venta de tierras a extranjeros; y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que pide Estados Unidos, que incluye un guiño a laboratorios locales contemplado en la Cámara baja.

El temario fue consensuado en la reunión de Labor Parlamentaria que comandó la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. En la agenda también se incorporó y obtendrá luz verde final la iniciativa denominada “Joaquín”, que impone la “obligatoriedad de medidas de seguridad relativas a la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y todo otro elemento deportivo o juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados”.

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Sobre los representantes del Cuerpo en el Consejo de la Magistratura no hubo novedades al inicio del convite. Más tarde, los líderes del kirchnerismo y oficialismo, José Mayans y Patricia Bullrich -respectivamente-, quedaron en resolver la compulsa para que Villarruel informe, en los próximos días, los cuatro nombres.

Infobae corroboró que, en las últimas horas, la Unión Cívica Radical designó vía nota -el que le corresponde, de un total de cuatro- al bonaerense Maximiliano Abad. Resta saber cómo se repartirán las tres sillas restantes entre el kirchnerismo -tiene una leve ventaja numérica- y La Libertad Avanza, que también pretende dos. La moneda caería del lado cristinista.

Discapacidad

Se ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado. Por pedido de los aliados en la Cámara baja se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

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También se garantizó que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud). En tanto, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se detallaron las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud que se destinarán a financiar el sistema y se previeron compensaciones desde el Tesoro, si éstas resultaran insuficientes. Además, se aclaró que el Gobierno se compromete a que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

En otro tramo del proyecto se introdujeron mecanismos de control más estrictos. Por caso, la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.

El libertario y presidente de Diputados, Martín Menem, tuvo que ceder en casi todo a la oposición cuando se trató discapacidad. Hoy no logró juntar quorum para el proyecto de soberanía relacionado con las islas Malvinas (Gustavo Molfino)

Por último, el texto añade que si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días.

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Propiedad privada

Se reincorpora la norma de 2011 del kirchnerismo, con 15% de tope de venta de tierras a extranjeros y 30% por nacionalidad, más 1.000 hectáreas máximo en zona núcleo. Y, sobre expropiaciones, en el articulado se apunta a “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”.

Sobre esta cuestión se agrega: “La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

En ese sentido, la “indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien, tomando el valor de mercado siempre que sea determinado o determinable y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”; y “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.

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La indemnización en cuestión “comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien”. Sobre este punto, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue uno de los funcionarios mileístas más criticados desde la oposición por el tratamiento de la ley de propiedad privada (Jaime Olivos)

Un último ítem de ese capítulo manifiesta que “gozarán de los beneficios los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.

Para los desalojos, “si es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a DIEZ (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago”, se plantea.

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Seguido a ello, se suma que “el diligenciamiento de la notificación podrá ser dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él”.

“Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario”, se enfatiza.

Durante la discusión original en el Senado, los dialoguistas forzaron el adiós al capítulo completo sobre tierras -venta casi libre a extranjeros y luego tope de 25%, que tampoco se aceptó-, tras varios tropiezos del oficialismo senatorial y de la Casa Rosada vía el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Junto a ello fue a olvido la propuesta de modificaciones sobre el manejo del fuego -ley de Máximo Kirchner-, por lo que el articulado final quedó fileteado.

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La ley de propiedad privada incluye el límite de venta de tierra a extranjeros que impulsó Máximo Kirchner en 2011 (Infobae en Vivo)

Patentes

La Argentina lo firmó el siglo pasado y el Senado aprobó en 1998, pero que Diputados recién lo trató y votó en agosto. Al haber modificado el texto en la Cámara baja -se hizo reserva del capítulo II-, regresó en segunda revisión. La adhesión al PCT es uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos.

Esto además figura entre los compromisos asumidos en el marco de los convenios entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). El Gobierno quiso acelerar el articulado original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios y, antes de firmar un dictamen, se dejó “en reserva” el capítulo II, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia, por 20 años, en todos los países miembros.

De hecho, desde dicho sector advirtieron sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes -sin aportar mejoras terapéuticas reales- para extender, de forma artificial, un eventual monopolio y bloquear la competencia.

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Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad.

Joaquín

El texto lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años de Ramos Mejía que murió el 5 de enero del corriente año en Junín de los Andes, Neuquén. Durante un campamento, un arco de fútbol sin fijación al piso cayó sobre él, provocándole lesiones que derivaron en muerte encefálica.

La ley

Quienes queden dentro de la ley tendrán que “asegurar que todo el equipamiento e infraestructura cumplan con condiciones óptimas de estabilidad, sujeción y amortiguación para prevenir desprendimientos, vuelcos o impactos graves conforme a las especificaciones de anclaje, peso y protección para cada disciplina y/o juego de plaza que establezca el órgano coordinador, sin perjuicio de aquellas disposiciones complementarias que establezcan las jurisdicciones en el marco de su respectiva normativa de adhesión y reglamentación”.

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Cabotaje

Entre sus ítems más importantes amplía el transporte de cargas por agua, incorpora nuevos operadores, simplifica trámites y aprovecha los puertos argentinos para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de las economías regionales.

Más temas

Durante el convite, según lo acordado, se avanzará con una propuesta de la macrista Andrea Cristina (Chubut) que plantea que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social, recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, sea público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes deberá diseñar e implementar, en conjunto con las autoridades de aplicación de cada jurisdicción, protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencias que involucren niñas, niños y adolescentes, conforme lineamientos nacionales trabajados y aprobados en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia”.

En el encuentro, que se prevé extenso, aparecen las designaciones en el Comité contra la Tortura, un ramillete de tratados internacionales y, de no caerse, el pliego de ascenso del actual jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez. El kirchnerismo pediría tratar sobre tablas el proyecto de ludopatía que aprobó Diputados -que ningún gobernador quiere, por goteo diario de fondos desde lo impositivo, entre otras cosas-, y el oficialismo responderá con una potencial convocatoria a comisiones para la semana próxima, al filo del término de las sesiones ordinarias.

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Martín Menem,Cámara de Diputados de la Nación Argentina,sesión legislativa,política argentina

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