El sistema previsional argentino experimenta una presión creciente debido al avance de la informalidad y a la modificación en la estructura de quienes efectúan aportes. Según un informe elaborado por Laura Caullo y Guadalupe Galindez, responsables de la sección Social-Laboral de Fundación Mediterránea, actualmente se necesitan 34 monotributistas para financiar una jubilación promedio. El documento destaca que la sostenibilidad del sistema ya no depende únicamente de la evolución demográfica, sino también del volumen y la composición de los aportes que ingresan.

El informe de Fundación Mediterránea detalla que el 44% de los ocupados en la Argentina se encuentra en la informalidad, lo que representa a más de 9 millones de trabajadores sin aportes previsionales. Dentro del universo de quienes sí contribuyen al sistema, la participación del monotributo crece de manera sostenida. El régimen de monotributo, diseñado para pequeños contribuyentes y trabajadores independientes, presenta una capacidad contributiva muy inferior a la del empleo asalariado registrado.

De acuerdo con el análisis de Caullo y Galindez, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) contabiliza 10,3 millones de aportantes para financiar 7,5 millones de beneficios. El 74% de esos aportantes corresponde a trabajadores en relación de dependencia, en tanto que el 26% restante representa a independientes, entre los que se incluyen 2,2 millones de monotributistas. Según el informe, “la participación del monotributo dentro del total de aportantes se duplicó en casi tres décadas: pasó del 9% en 1998 a más del 20% en marzo de 2026”.

La evolución del monotributo como fuente de financiamiento previsional muestra un crecimiento sustancial. En términos absolutos, la cantidad de monotributistas con aportes pasó de 513 mil en 1998 a 2,2 millones en 2026, lo que implica un incremento del 331%. Este crecimiento amplió el universo de trabajadores que realizan aportes, pero a la vez modificó la estructura financiera del sistema. El aporte previsional promedio de un asalariado equivale al 11,2% de su ingreso, el de un autónomo al 5,2% y el de un monotributista apenas al 1,1%. El documento de Fundación Mediterránea señala: “El monto de los aportes difiere significativamente entre los distintos regímenes”.

En marzo de 2026, el aporte previsional promedio de un trabajador asalariado registrado alcanzó los $187.098, mientras que para un monotributista rondó los $19.215 mensuales, casi 10 veces menos. La diferencia se refleja con claridad al analizar la cantidad de aportantes necesarios para financiar una jubilación. Para cubrir un haber medio se requieren aproximadamente 3,5 trabajadores asalariados registrados, pero casi 34 monotributistas. Incluso para financiar una jubilación mínima con bono hacen falta 2,4 asalariados registrados, frente a casi 23 monotributistas.

La baja contribución del monotributo se explica, en gran medida, por la composición de quienes integran el régimen. Según el informe, más de la mitad de los monotributistas que aportan al SIPA se inscribe en la categoría A, y casi dos tercios se concentran entre las categorías A y B, que corresponden a los escalones de menor facturación y, por ende, a los menores aportes previsionales. Fundación Mediterránea indica: “Estos resultados no implican que el monotributo sea un problema en sí mismo. El régimen permitió incorporar al sistema previsional a millones de trabajadores independientes que, de otro modo, probablemente permanecerían fuera de la formalidad”.

El análisis de Fundación Mediterránea advierte que el escenario se complejiza cuando la creciente participación de monotributistas se combina con una elevada informalidad y con el proceso de envejecimiento poblacional. En ese contexto, el sistema previsional enfrenta no solo una menor cantidad de aportantes en relación a los jubilados, sino también una mayor proporción de trabajadores que efectúan aportes de menor monto.

El documento describe que “Argentina envejece y al mismo tiempo nacen cada vez menos niños”. Las proyecciones del INDEC muestran que la población de 65 años y más pasará de representar el 12% del total en 2022 al 17% en 2040. El índice de envejecimiento, que mide la relación entre adultos mayores y población infantil, también refleja este cambio. En 2022 había 55 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años. Para 2040, esa relación llegará a 115, lo que indica que habrá más adultos mayores que niños, una realidad distinta de la que existía cuando se diseñó el sistema previsional de reparto.

El cambio demográfico implica que habrá cada vez más adultos mayores respecto de la población en edad de trabajar. Si, además, aumenta la proporción de aportantes que contribuyen con montos más bajos, las tensiones sobre el financiamiento del sistema se profundizarán. El informe señala que “en la actualidad los ingresos provenientes de aportes personales y contribuciones patronales no alcanzan para cubrir el gasto previsional del SIPA (régimen contributivo, moratorias, bonos y PUAM), que registra un déficit cercano al 2% del PIB y requiere transferencias del Tesoro Nacional para financiarse”.

Las consecuencias de este desequilibrio no se limitan al resultado fiscal. Cuando los recursos del sistema no crecen al ritmo necesario, las tensiones impactan de manera directa sobre el nivel de las jubilaciones. De acuerdo con el documento de Fundación Mediterránea, “en los últimos tres años, el haber medio perdió un 13% de su poder adquisitivo y la jubilación mínima con bono cayó un 20%”. Al mismo tiempo, cerca de un millón de personas de 65 años o más continúa trabajando: este grupo representa el 4,6% del total de ocupados del país. Si bien esta situación responde a múltiples factores, para muchos adultos mayores el trabajo sigue siendo una fuente necesaria de ingresos.

El informe subraya que la reforma previsional pendiente deberá abordar la edad de retiro, las trayectorias laborales, los requisitos de acceso, la determinación de los haberes y el envejecimiento de la población. A la vez, el texto enfatiza que será necesario revisar las bases de financiamiento del sistema. “La informalidad y la creciente participación de aportantes con contribuciones reducidas cambiaron la estructura del mercado laboral sobre la que fue construido. Reconocer esa transformación ampliará el diagnóstico y contribuirá al diseño de una reforma más consistente y sostenible”, sostiene el trabajo de Caullo y Galindez.

El diagnóstico de Fundación Mediterránea expone que la presión sobre el sistema previsional se agudiza a medida que crecen la informalidad y la proporción de aportantes de bajo monto. Con una estructura demográfica en proceso de envejecimiento y un mercado laboral atravesado por la informalidad y el monotributo, la sostenibilidad financiera del sistema se transforma en un desafío crítico para la política pública.