La cadena nacional de Javier Milei en la noche del jueves reactualizó una discusión que se mantiene transversal a lo largo de los últimos 44 años y durante 11 gobiernos diferentes: la soberanía sobre las Islas Malvinas y la histórica disputa -aún sin solución- con el Reino Unido.

Desde el fin de la guerra, el 14 de junio de 1982, cada administración aplicó estrategias distintas que implicaron un mayor o menor acercamiento con Londres, intentos de “seducir” a los isleños, marcos regulatorios más severos o -incluso- una apertura pragmática. Lo que no varió fue el mandato constitucional: desde 1994, el Estado tiene la obligación de reclamar la soberanía por vías pacíficas. En todos los casos, los resultados en la mesa de negociación fueron magros.

Tras la firma del cese de hostilidades, el gobierno de facto de Reynaldo Bignone no declaró formalmente el fin del estado de beligerancia, lo que congeló la relación bilateral directa con Londres. El único logro diplomático de ese período fue la Resolución 37/9 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en noviembre de ese año, que estableció que el conflicto armado no alteró la naturaleza de la disputa territorial e instó a las partes a reanudar negociaciones.

Alfonsín y el fracaso en Berna

El gobierno de Raúl Alfonsín estableció desde el inicio la soberanía como condición ineludible para cualquier diálogo bilateral. El primer test llegó en julio de 1984, con una reunión en Berna, Suiza: la delegación argentina llegó dispuesta a negociar, pero los británicos se negaron a incluir la titularidad del archipiélago en la agenda, lo que dio por terminada la cumbre de manera abrupta.

En paralelo, Argentina impulsó en 1986 la creación de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPAAS), aprobada mediante la Resolución 41/11 de la ONU, con el objetivo de desmilitarizar la región y excluir potencias externas con armas nucleares. Ese mismo año, el Reino Unido declaró unilateralmente la Zona de Conservación y Administración de Pesquerías (FIPC) de 150 millas alrededor de las islas, medida rechazada por Argentina, que reforzó el patrullaje de la Armada y la Prefectura Naval en la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Menem y los contactos diplomáticos

Carlos Menem estableció, en su gestión, el giro más profundo de la política exterior en torno a la causa Malvinas. Mediante la Declaración Conjunta de Madrid I (1989) y Madrid II (1990), Argentina restableció relaciones consulares y diplomáticas de pleno derecho con el Reino Unido bajo la fórmula del “Paraguas de Soberanía”: un mecanismo legal que permitía avanzar en temas económicos, de seguridad y conectividad sin que ninguna de las partes resignara su postura sobre la titularidad de las islas.

El canciller Guido Di Tella impulsó la llamada “política de seducción”, que buscó modificar la percepción de los isleños hacia Argentina mediante contactos directos, envíos de material cultural y comunicaciones postales. En el recuerdo popular de la época quedó el regalo a los niños isleños de los legendarios ositos Winnie The Pooh. En 1995 se firmó la Declaración Conjunta sobre Actividades Offshore en el Atlántico Sudoccidental, que habilitó la exploración conjunta de petróleo y gas en una zona delimitada.

En 1994, la reforma constitucional incorporó la Disposición Transitoria Primera, que ratificó la soberanía argentina como “legítima e imprescriptible” y fijó su recuperación como un “objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. Cinco años después, la Declaración Conjunta de 1999 habilitó el restablecimiento de los vuelos semanales desde Chile con escala mensual en Río Gallegos y el ingreso de ciudadanos argentinos con pasaporte a las islas.

De la Rúa, Duhalde y la crisis interna

Los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde desmantelaron la política de acercamiento a los isleños y reorientaron la estrategia hacia el reclamo multilateral. La cancillería de Adalberto Rodríguez Giavarini protestó formalmente contra las licencias de pesca de largo plazo otorgadas unilateralmente por las autoridades del archipiélago, pero la emergencia socioeconómica de 2001-2002 desarticuló todo proyecto para encarar nuevas iniciativas bilaterales de fondo.

Kirchner endureció el perfil confrontativo

Néstor Kirchner clausuró el ciclo de cooperación iniciado con Madrid I y II. En marzo de 2007, el entonces canciller Jorge Taiana anunció la cancelación unilateral de la Declaración Conjunta sobre Hidrocarburos de 1995. Argumentó que el Reino Unido promovía la exploración petrolera unilateral en la plataforma continental argentina. Se aplicaron además restricciones al tránsito marítimo y aéreo no autorizado en la zona reclamada, y en 2008 el Congreso aprobó la modificación de la Ley General de Pesca (Ley 26.386), que prohibió operar en aguas continentales a empresas con licencias otorgadas por el gobierno colonial.

Cristina Kirchner, a su vez, profundizó ese perfil mediante una serie de instrumentos normativos y diplomáticos. El Decreto 256/2010 estableció la obligación de solicitar autorización previa para todo buque que pretenda transitar entre puertos continentales y las islas. En 2011, el Mercosur y sus estados asociados acordaron prohibir el amarre en sus puertos a buques con la bandera colonial de las islas. Las leyes 26.659 -la que busca modificar Milei- y 26.915 fijaron sanciones penales y administrativas contra empresas petroleras y bancarias que operaran en la plataforma continental sin aval argentino.

En 2013, la cancillería rechazó la validez legal del referéndum celebrado por los habitantes de las islas —en el que el 99,8% votó por continuar como territorio de ultramar británico— bajo el argumento de que la población local fue implantada tras la expulsión de las autoridades argentinas en 1833 y, por tanto, no constituye un “pueblo” con derecho a la autodeterminación en los términos del derecho internacional. Ese mismo año se creó la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas dentro de la Cancillería.

Macri y el pacto Foradori-Duncan

El gobierno de Mauricio Macri buscó recomponer la relación bilateral con Londres tras una década de distanciamiento. En septiembre de 2016, el vicecanciller Carlos Foradori y el ministro de Estado británico Sir Alan Duncan firmaron el Comunicado Conjunto Foradori-Duncan, que estableció la “remoción de obstáculos” al desarrollo económico de las islas —incluyendo pesca, hidrocarburos y comercio—, la habilitación de vuelos adicionales desde el continente y el respaldo formal al Plan Proyecto Humanitario (PPH), para identificar mediante análisis de ADN los restos de soldados argentinos sin identificar en el Cementerio de Darwin. El PPH permitió identificar los restos de más de 115 caídos a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El entendimiento fue criticado por sectores de la oposición, que señalaron la ausencia de compromisos británicos sobre soberanía y cuestionaron su estatus jurídico, dado que fue presentado como un comunicado de prensa y no enviado al Congreso para su aprobación.

La controversia alcanzó un nuevo nivel en abril de 2022, cuando la publicación del libro de memorias de Duncan, In the Thick of It, reveló los pormenores de la noche previa a la firma. Según el relato del exfuncionario británico, la negociación definitiva se realizó en la bodega de la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires. “A las dos de la mañana nos dimos la mano sobre un acuerdo preliminar”, escribió Duncan. Al día siguiente, según sus memorias, el entonces embajador Mark Kent recibió un llamado del vicecanciller Foradori en el que este reconoció que “estaba tan borracho la noche anterior que no podía recordar todos los detalles”. Foradori negó categóricamente la versión.

Alberto Fernández anuló el pacto

La administración de Alberto Fernández sancionó en 2020 la Ley 27.557, que incorporó la demarcación ampliada de la Plataforma Continental Argentina validada por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU (CLPC), y la Ley 27.564, que elevó las multas por pesca ilegal en el Atlántico Sur. Mediante la Ley 27.558 se creó el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, un espacio plural con representantes de la oposición, veteranos y académicos para fijar políticas de Estado permanentes.

El 2 de marzo de 2023, en el marco de la Cumbre de Cancilleres del G20 en Nueva Delhi, el canciller Santiago Cafiero notificó formalmente a su par británico James Cleverly el fin del Comunicado Conjunto Foradori-Duncan, argumentando la persistencia del Reino Unido en realizar actos unilaterales de exploración de recursos y ejercicios militares en la zona disputada, y su negativa sistemática a negociar la soberanía conforme a las resoluciones de la ONU.

Los vaivenes de Milei

La reciente cadena nacional del Presidente significó un viraje discursivo al alinearse con la doctrina histórica de la diplomacia argentina, la cual sostiene que la disputa de soberanía debe resolverse de forma bilateral con el Reino Unido en el marco de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esto contrasta de manera directa con sus declaraciones previas, en las que afirmó de forma reiterada que una solución diplomática debía contemplar la voluntad de los habitantes del archipiélago.

Es más, el mandatario propuso esquemas inspirados en el modelo de Hong Kong y sostuvo que la restitución territorial dependería de que los isleños decidieran “votar con los pies” en favor de la Argentina, una postura que rozaba el principio de autodeterminación sostenido por Gran Bretaña. Además, Milei manifestó en varias oportunidades su admiración por Margaret Thatcher, la primera ministra británica que ordenó el hundimiento del crucero ARA General Belgrano.

Más allá de esto, en septiembre de 2024, la entonces canciller Diana Mondino y el secretario de Relaciones Exteriores británico David Lammy suscribieron un entendimiento en el marco de la Asamblea General de la ONU que retomó la cooperación práctica bajo el paraguas de soberanía: restablecimiento del vuelo LATAM (São Paulo-Córdoba-Puerto Argentino), inicio de la tercera fase del PPH para identificar caídos y facilitar viajes de familiares al Cementerio de Darwin, e intercambio científico y pesquero.

El acuerdo generó críticas internas. La vicepresidenta Victoria Villarruel expresó públicamente su desacuerdo, y sectores del peronismo, centros de excombatientes y el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, lo compararon con el antecedente de 2016.

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