Fabián Asís siempre quiso ser una especie de justiciero. Su padre, médico de profesión, solía comparar el trabajo de un cirujano en el quirófano con el de un abogado frente a un tribunal, es decir, al de una especie de superhéroe que pone el cuerpo y cuyas decisiones cambian la vida de la gente. Esa imagen, sumada a la influencia de un profesor de Instrucción Cívica durante el secundario, terminó por inclinarlo hacia el Derecho. Nacido en La Rioja y formado en Córdoba, ingresó a la Justicia Federal por la Secretaría Electoral y recorrió distintos cargos del escalafón judicial hasta desempeñarse como fiscal general y, desde 2009, como Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba.

Con más de 35 años de trayectoria en el Poder Judicial, Asís fue uno de los impulsores de la Junta de Tribunales Orales de la República Argentina (JUTOF), una organización que busca dar visibilidad a las problemáticas de la Justicia del interior. En una nueva entrega de Sr. Juez, el ciclo de entrevistas de Infobae dedicado a explorar las experiencias, pasiones y dilemas que moldean el pensamiento de los jueces más importantes del país, Fabián Asís dice que quiere una representación regional en el Consejo de la Magistratura, defiende la implementación del sistema acusatorio como una herramienta para acelerar los procesos penales y habla sobre la necesidad de recuperar la confianza de los argentinos.

—¿Siempre soñó con ser juez?

—Desde chico tuve la inquietud de ser una especie de justiciero. No sé si específicamente como juez o como abogado defensor, pero siempre buscando equilibrar las cargas. Me parece que esa cualidad de justiciero fue algo innato en mí.

—¿Y cómo fue el recorrido que lo llevó a estudiar Derecho?

—Cuando empecé a estudiar en la Facultad de Derecho, siempre me incliné por la parte penal, que era la que más me apasionaba. Vengo de una familia en la que mi padre era médico. Él siempre decía que el cirujano, cuando está en el quirófano con el paciente, tiene un rol más trascendente, y que, entre los abogados, el penalista es quien ocupa ese lugar en el juicio. De chico me quedó esa impronta: el abogado penalista es el que está en un rol más trascendente, de mayor visibilidad en el desarrollo del equilibrio en un juicio oral y público. Eso me quedó de chico.

—Pero, con un padre médico, ¿había visto en algún lado, en una película, en un libro, lo que era el rol de un juez?

—Sí. En realidad, en el secundario tuve un profesor de Instrucción Cívica que empezó a motivarme con el Derecho. Fue quien terminó inclinando mi decisión hacia la abogacía.

—¿Cómo fue su ingreso al Poder Judicial?

—Me costó. Cuando empecé la facultad, en 1985, en la Universidad Nacional de Córdoba, primero intenté ingresar a los tribunales provinciales, pero era muy difícil. Después se dieron las circunstancias para que empezara en la Justicia Federal, en la Secretaría Electoral de Córdoba, donde justamente estaba en la función de diseñar o de organizar las elecciones. Entonces era un ámbito más limitado de lo que me gustaba realmente. Después, a partir de ahí, del primer escalón en esa Secretaría Electoral, fui pasando por los distintos cargos de la Justicia Federal, desde escribiente, oficial, prosecretario, secretario. Fui fiscal general en Córdoba durante cuatro años, donde se llevaron causas muy trascendentes en el Ministerio Público Fiscal, y después soy juez de Cámara Federal desde el año 2009 hasta la fecha. Ya son casi diecisiete años.

—Toda su carrera transcurrió en Córdoba, pero nació en La Rioja…

—Mi padre era cordobés. Había egresado del Liceo Militar General Paz y se recibió de médico muy joven, a los 21 años. Se casó con mi madre, que era riojana, y se radicaron en La Rioja cuando tenían 22 años. Allí mi padre ejerció la profesión y nacimos nosotros. Cuando empecé el secundario, toda la familia se trasladó a Córdoba y estudié en el Colegio La Salle.

—¿Cómo es impartir justicia fuera de Buenos Aires? Porque pareciera que el mundo empieza y termina en Comodoro Py.

—Creo que la Justicia se aplica en todos lados y tiene que ser exactamente igual. No obstante, el diseño de la Justicia o la estructura del Poder Judicial siempre ha mostrado diferencias entre el interior y la Ciudad de Buenos Aires. Se nota mucho, por ejemplo, en lo que son las asociaciones de jueces y los organismos que representan al Poder Judicial, que siempre tienen su sede en la Capital. Eso me motivó hace muchos años, en 1998, a comenzar a organizar una junta de tribunales orales. En un principio iba a reunir a tribunales nacionales y federales, pero finalmente se constituyó como una junta federal de jueces de tribunales orales. Fui fundador de esa Junta en el año 2000, por supuesto con un montón de colegas que me acompañaron en ese momento. Redacté lo que fue el estatuto y las bases de esta organización, que se llama JUTOF, la Junta de Tribunales Orales de la República Argentina, justamente para visibilizar las situaciones del interior del país. Está compuesta por representantes de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un consejo directivo que tiene estos 24 miembros y tenemos un chequeo prácticamente inmediato de lo que pasa en cada una de las provincias del interior del país. Esto es muy beneficioso porque en el acto podemos advertir cuáles son las falencias. En su momento mantuvimos reuniones con la Corte Suprema sobre problemas de conectividad y falta de recursos humanos en distintas provincias. Se trabajó mucho. Fui su primer presidente y después me reeligieron por unanimidad. Como entiendo que la calidad institucional se basa en la alternancia, impulsé la renovación de autoridades. Actualmente preside la junta María Alejandra Cataldi, de Jujuy, y yo continúo como tesorero. Es un organismo con una visión verdaderamente federal.

—¿Qué debería cambiar en el Poder Judicial para que sea verdaderamente federal y se tomen en cuenta las problemáticas que pasan en todas las provincias?

—Tener una comunicación más fluida y directa con los distintos actores del interior del país. A nosotros nos cuesta mucho porque en realidad cuesta llegar, cuesta conectarse, cuesta tener un espacio del interior para poder plantear las problemáticas. Si bien las vías de comunicación hoy son mucho más rápidas e inmediatas, todavía hace falta una visión mucho más federal.

—¿La Argentina es un país verdaderamente federal?

—Lo es en algunas cuestiones. En la Justicia, que es lo que nos toca, existe una distribución federal, pero insisto en que a veces las necesidades del interior no siempre son atendidas con la premura o la urgencia que reclamamos desde el interior.

—¿Cuáles son esas necesidades? Si tuviera que establecer prioridades.

—Por ejemplo, ocupar los cargos relevantes en la Justicia y en los organismos de control, concretamente en el Consejo de la Magistratura. Siempre sostuve, y lo hablé con varios senadores y tengo proyectos en ese sentido, que debería sancionarse una ley para establecer una representación regional en el Consejo. Es decir, que haya representantes del norte, del centro y del sur del país. Actualmente en el Consejo no hay representantes del interior profundo. A veces se dice que alguien es de San Martín, pero para nosotros cruzar la General Paz no equivale a representar al interior. Hace falta que las provincias tengan presencia en estos organismos de decisión y control. Además, la administración general del Poder Judicial pasa por el Consejo de la Magistratura, por lo que esa representación es muy importante.

—Distintas provincias están experimentando con el sistema acusatorio. ¿Cuál es su mirada sobre lo que se ha hecho hasta ahora?

—Fui uno de sus principales impulsores del sistema acusatorio. Hace mucho tiempo que vengo trabajando en su implementación. Desde mi presidencia de la Junta de Tribunales Orales interactuamos con la comisión bicameral encargada de la implementación y presentamos distintas propuestas de reforma. También participé en el trabajo sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público durante la gestión del ministro Garavano. En 2017 se presentó un proyecto impulsado por distintos sectores políticos. Recuerdo que estaban Rosas por el radicalismo, Pinedo por Cambiemos y Pichetto por el peronismo. La propuesta preveía mandatos temporales para el procurador general y la defensora general de la Nación, para agilizar la designación de las autoridades del Ministerio Público. Ese proyecto de modificación de la ley del Ministerio Público preveía un mandato temporal del procurador general y de la defensora general de la Nación. ¿A los fines de qué? De garantizar un sistema mucho más ágil en las designaciones de esas cabezas del Ministerio Público. Lamentablemente, después ese proyecto no salió en el 2017. En 2021 también me convocó el Ministerio de Justicia y fui a la Cámara de Diputados de la Nación a exponer este proyecto, que actualmente sigue sin esta modificación, que también me parecía interesante. Son proyectos de reforma que todavía están durmiendo el sueño de los justos.

—Si tuviera que explicarle a un amigo, durante un asado, qué es el sistema acusatorio, ¿qué le diría?

—Es bastante fácil de interpretar. Cuando uno viaja por el mundo y le preguntan quién investiga en la Argentina, tiene que explicar que a veces investiga el juez, otras veces el fiscal y otras el juez inicia una investigación y se la delega al fiscal. Cuesta entender cómo puede funcionar un sistema mixto de esas características. El sistema acusatorio es como el que aparece en las películas estadounidenses: el fiscal tiene las facultades para investigar y producir la prueba, y después presenta el caso ante un juez imparcial. Los roles son completamente distintos. Hoy están entremezclados. Lo que hace el sistema acusatorio es dividir los roles claramente: el que investiga, el que hace la defensa y el que resuelve, que es el juez.

—¿Y qué implica ese cambio para el ciudadano que acude a la Justicia?

—Lo que más se busca es la celeridad de los procesos. La gran demanda de la ciudadanía a la Justicia es precisamente esa, sobre todo en los procesos penales, que a veces tardan años en resolverse. El sistema acusatorio es mucho más ágil porque todo es oral y se resuelve de forma inmediata. Ya se implementó en distintas jurisdicciones y se están viendo sus beneficios en cuanto a la rapidez para resolver los conflictos.

—Es decir, que por el momento el balance de la implementación es positivo.

—Absolutamente.

—¿Hay alguna mejora o modificación que se le podría hacer?

—Hemos presentado desde JUTOF algunas modificaciones respecto a lo que se llama la oficina judicial, que es la que diagrama las audiencias de los distintos colegios de jueces que se van, que se forman con el sistema acusatorio. Hay colegios de jueces de garantías, de juicio y de revisión, y las audiencias de los tres colegios las arma una misma oficina, que es la oficina judicial. Esa oficina, por ley, estaba asignada a las cámaras federales de todo el país. Los tribunales orales planteamos desde el primer momento que esas oficinas judiciales tendrían que estar dentro del ámbito de los tribunales orales para que haya mayor coordinación en cuanto a las audiencias en los tribunales de juicio. Esas son algunas de las cuestiones que hemos planteado en su momento con la reforma del sistema acusatorio.

—¿Qué implica este cambio en términos de administración de poder?

—Se discutió mucho si los jueces iban a perder poder de decisión. No creo que sea así. Cada uno cumple un rol bien determinado en el proceso. Y el poder, entre comillas, el poder de decisión, lo tienen los distintos roles. El fiscal decide si avanza con una investigación, si la considera viable y si puede reunir las pruebas necesarias para llevar a juicio a un acusado. El juez decide si la investigación y las pruebas son suficientes para resolver el caso. La defensa también controla la legalidad de las actuaciones y el debido proceso. Creo que cada uno tiene un poder delimitado y una función específica, sin que un rol sea más preponderante que otro.

—En términos absolutos, ¿un juez tiene poder?

—Sí, por supuesto. En definitiva, un juez resuelve sobre la libertad de las personas, sobre su patrimonio, su honor y su vida en general. Una decisión judicial puede transformar la vida de otra persona. Entonces obviamente que cada decisión implica un poder.

—¿Es difícil tomar esas decisiones? ¿Tienen una carga emocional?

—Llevo 35 años en el Poder Judicial y trato de que las causas no me afecten emocionalmente. Pero hay hechos y circunstancias que conmueven. Uno sigue siendo una persona, con sentimientos y una determinada visión de la vida. Hay testimonios, circunstancias y hechos que efectivamente atraviesan el espíritu de uno.

—¿Y cómo hace después de un testimonio así para llegar a casa?

—Primero hay que tener serenidad para resolver. Después, la compañía y el acompañamiento familiar ayudan a sobrellevar circunstancias muy fuertes. A veces son declaraciones de víctimas o hechos durísimos que uno incluso conoce por los medios. Escuchar esos testimonios en vivo y en directo realmente me impacta.

—¿Tiene hijos?

—Sí, tres hijas: Guadalupe, de 19 años; Sol, de 16; y Máxima, de 13.

—¿Cómo les explica a qué se dedica?

—Prácticamente nacieron viéndome en el Poder Judicial, arrancar desde muy temprano. Porque también es un ordenador el Poder Judicial con los horarios: uno sale muy temprano y vuelve tarde. Conocen mi actividad. A la más chica, que tiene 13 años, le encanta el Derecho y la función judicial. Dice que le gustaría ser jueza, y yo le explico que primero tiene que ser abogada. La mayor estudia Derecho en la Universidad de San Andrés. Estuvo en Oxford y fue premiada por un ensayo sobre la huella de carbono en la Argentina; eso motivó que la designaran embajadora de la Universidad de Oxford en el país. Tiene 19 años, creo que ya cursa tercero y es muy buena alumna. Sol, la del medio, es la más artística: le gusta mucho la pintura. Veremos qué será de su futuro después.

—Salvo Sol, que evidentemente no quiere saber nada, ¿le recomendaría a sus hijas que sigan su camino?

—No les he indicado ni sugerido nada en lo más mínimo. Hoy, además, si uno dice algo a la juventud es para ser cuestionado en el acto. Les di plena libertad. La más grande eligió Derecho por ella misma. Quiero que hagan lo que les guste y las haga felices.

—¿Existe algo así como una familia judicial?

—En mi caso no, porque no vengo de una familia judicial. Pero es cierto que hay mecanismos de ingreso que deben mejorarse. Yo lo he planteado en su momento con los regímenes de ingreso: creo que una de las formas de mejorar el sistema es haciendo ingresos rigurosos para el Poder Judicial con concursos y con exámenes de idoneidad. Eso ayudaría a eliminar el mote de que muchas veces tener un pariente en el Poder Judicial es una puerta de entrada. Por supuesto, hay parientes que tienen méritos suficientes para ingresar, pero no veo que constituya un obstáculo para que puedan ingresar tampoco.

—Este año se presentaron proyectos, uno incluso desde la Corte Suprema, con Lorenzetti y Rosenkrantz, para modificar los nombramientos de jueces. ¿Cree que debería cambiar el sistema?

—Yo creo que sí, efectivamente, es uno de los temas que hay que evaluar. De hecho, trabajé muy de cerca el tema y fui asesor en el Consejo de la Magistratura de la Nación varios años. Me parece un excelente proyecto de reglamento de concursos porque establece puntajes para cada uno de los ítems y reduce la discrecionalidad en la selección de magistrados. Sería muy beneficioso para la calidad institucional.

—¿Pero es posible llegar a un alto cargo judicial sin un padrinazgo?

—Sí. Incluso con el régimen actual, que puede mejorarse mediante una mayor precisión en los criterios de evaluación, existen concursos que permiten ingresar y avanzar en la carrera judicial a personas sin parentescos ni vínculos de ese tipo. Hay muchísimos casos en ese sentido.

—Vuelvo nuevamente a su familia, a sus hijas. ¿Alguna vez su trabajo impactó su vida familiar? ¿Recibió alguna presión o alguna situación mediática que no sea agradable?

—En lo personal, lo que más me ha afectado es el agotamiento de las audiencias, que a veces terminaban muy tarde, y de los juicios largos. Uno llega a casa con muy pocas energías por la carga emocional. Pero nunca recibí amenazas. Tampoco tuve denuncias ni cuestionamientos funcionales durante mis 35 años de carrera, aunque eso no debería considerarse un mérito: es lo que correspondería a cualquier juez.

—Lleva entonces una vida perfectamente normal. Puede ir a comer, hacer deporte…

—Sí, me muevo con total libertad. Creo que eso es algo que deberíamos procurar, porque si uno pierde el contacto con la sociedad es difícil administrar la justicia o resolver un caso sin conocer lo que pasa en la vida cotidiana de la gente.

—¿Piensa que una persona cuando llega al poder puede perder ese contacto, puede perder cercanía con la gente para la que efectivamente está trabajando y resolviendo?

—Sí, creo que hay muchos casos donde se dan circunstancias de ese tipo. Algunas personas pierden contacto con la realidad. Y por eso, a veces hasta en los medios uno ve fallos que están totalmente desconectados con la realidad.

—¿Qué cree que se podría hacer como para acercar a personas del Poder Judicial, que tienen mucho poder, a la vida, al cotidiano, digamos?

—Insisto mucho con el tema del Consejo de la Magistratura, porque es el órgano que debe controlar y verificar la actuación de los magistrados. Con una comisión de Disciplina y Acusación que funcione adecuadamente, cuando se detectan decisiones o conductas de jueces que se apartan de lo que corresponde, el Consejo debería actuar de inmediato. A veces se observan situaciones públicas bochornosas o conductas inapropiadas de jueces que deberían ser corregidas. Yo creo que eso hace bien al sistema y a la imagen del Poder Judicial.

—¿Cree que el Poder Judicial está en un momento de crisis en cuanto a imagen, en cuanto a percepción y confianza en la institución?

—Sí. Las estadísticas y los estudios sobre su imagen muestran una disconformidad de la sociedad con su funcionamiento. Creo que en muchos casos ese reclamo está justificado. Estamos en un proceso de transición: hasta que el sistema acusatorio se implemente definitivamente en todo el país y sus mecanismos funcionen plenamente, seguimos con un sistema muy demorado. También hay conductas de jueces que no son las que la sociedad espera. Por eso necesitamos un Consejo de la Magistratura que funcione correctamente.

—Tradicionalmente se decía que los jueces hablaban a través de sus sentencias. ¿Cómo deberían mostrarse hoy de cara a la sociedad?

—Viví esa transformación durante mis 35 años de carrera. Me formé con la idea de que los jueces hablaban únicamente a través de sus sentencias. Pero el avance de las comunicaciones y la necesidad de acercarse a la sociedad fueron cambiando esa concepción. Hoy es necesario que el juez explique cómo funciona el sistema judicial y cuáles son las dificultades de un proceso. Cuando se habla de demoras, por ejemplo, hay que explicar que para dictar una sentencia deben cumplirse distintas etapas que garantizan el debido proceso y una decisión justa. A veces las demoras se relacionan con los planteos y las cuestiones que surgen durante el trámite. Si uno lo explica y da la cara ante la sociedad, la ciudadanía puede tener otra mirada sobre el funcionamiento de la Justicia.

—Es decir, más transparencia.

—Más transparencia.

—Me contaron que es muy futbolero y que incluso tuvo un rol en un club.

—Hay un club que se llama Unión San Vicente, que creo que es al que se refiere. Fui presidente de ese club, un club del barrio San Vicente, en Córdoba. Surgió de la fusión de dos instituciones históricas, Lavalle y Palermo, que databan de comienzos del siglo XX. Cuando se unieron, en 1980, el club llegó a jugar torneos nacionales y enfrentó a River y a Boca en Buenos Aires. Después fue descendiendo porque participar en competencias tan importantes representaba costos difíciles de afrontar. En 2006 fui elegido presidente y estuve hasta 2009. Jugábamos en la Liga Cordobesa y nos fue muy bien. Cuando asumí como juez dejé el club para dedicarme a la actividad judicial.

—¿Qué le enseñó esa experiencia?

—Mucho, sobre todo en materia de administración y manejo de grupos. Empecé como vicepresidente junto a un dirigente histórico del club, el señor González. Cuando él tuvo un problema de salud, asumí la presidencia. Aprendí cómo las presiones de distintos sectores pueden incidir en las decisiones. Cuando llegamos había deudas de luz, de sueldos y de otros gastos. En las reuniones de comisión directiva nuestra prioridad era solucionar esos problemas. Pero venía la barra brava y nos pedía comprar un nueve. Yo les decía que primero había que ordenar las cuentas. Para los hinchas, lo importante era tener un equipo competitivo, aunque se cortara la luz o no se arreglara el gimnasio. Esa experiencia me permitió comprender cómo la pasión futbolera puede superar cualquier otro límite.

—¿Juega al fútbol o va a la cancha?

—Antes jugaba, pero ya no. Voy poco a la cancha. El deporte que hago ahora es correr. Salgo todos los días temprano, generalmente de siete a ocho de la mañana. De hecho, hoy salí a correr antes de venir al canal.

—Haruki Murakami escribió De qué hablo cuando hablo de correr, donde cuenta que las ideas le aparecen mientras corre. ¿Usted también trabaja cuando corre?

—Sí. Correr es una forma impresionante de ordenar las ideas. Durante esa hora organizo el día, decantan las ideas y voy pensando en muchas cosas. Me sirve muchísimo. Creo que a muchas de las personas que corren les pasa lo mismo.

El Gobierno dispuso el secreto militar sobre la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas en plena escalada de tensión con Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

La medida se concretó a través del Decreto 1205/2026 publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, y limita el acceso a la información sobre el tipo de material, el costo y el proveedor de equipamiento.

La normativa define como secreto militar a “toda noticia, informe material, proyecto, obra, hecho, asunto, que deba, en interés de la seguridad nacional y de sus medios de defensa, ser conocido solamente por personas autorizadas y mantenido fuera del conocimiento de cualquier otra”.

Los detalles de la resolución del secreto militar para la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas

La resolución detalló que “mediante el artículo 2° de la Ley N° 23.554 se determina que la Defensa Nacional es la integración y acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo».

Además, este artículo “prevé que la Defensa Nacional tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación y proteger la vida y la libertad de sus habitantes”.

Con citas a la Ley 24.948 mencionó que establece “que es responsabilidad del Ministerio de Defensa evaluar y decidir sobre los requerimientos para el equipamiento de las fuerzas que mejor contribuyan a las capacidades operativas necesarias para el logro conjunto de los objetivos de la Defensa Nacional”.

El Gobierno clasificó como secreto militar una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas, según el Decreto 1205/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, ampara bajo reserva absoluta las operaciones contractuales vinculadas a una adquisición cuyo detalle —tipo de material, costo, proveedor y fuerza destinataria— quedó fuera del alcance público.

La decisión se conoce en plena escalada diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, el presidente Milei anunció sanciones contra empresas petroleras que operan en el archipiélago sin autorización argentina, presentó denuncias penales contra varias de ellas, instruyó un procedimiento de arbitraje ante la ONU bajo la Convención sobre el Derecho del Mar para frenar el proyecto de extracción de crudo Sea Lion, y ordenó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. Londres respondió convocando a la embajadora argentina para entregarle una nota de protesta y el primer ministro Andy Burnham advirtió ante el Parlamento que su país será “implacable” en la defensa de los derechos de los isleños.

El decreto invoca la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (24.948) y el Decreto 9390/63, que define como “secreto militar” toda adquisición, fabricación o construcción que resulte de importancia fundamental para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas. Al activar esa clasificación, los organismos contratantes quedan exceptuados de cumplir con las disposiciones de publicidad y difusión que rigen las compras del Estado.

La medida no es aislada. Desde que asumió, el Ejecutivo dictó al menos cuatro decretos de este tipo. Los tres anteriores —los decretos 370/24, 807/24 y 1073/24— estuvieron vinculados a la incorporación de los aviones de combate F-16 Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca: cubrieron la operación de compra, la construcción de la infraestructura necesaria y los contratos complementarios gestionados mediante el programa estadounidense Foreign Military Sales (FMS). Un cuarto decreto, el 735/26, clasificó la exportación temporal de material de esos aviones para tareas de mantenimiento y actualización.

El nuevo decreto, sin embargo, tramita bajo un expediente diferente (EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD) y no contiene ninguna referencia a los F-16 ni a la Fuerza Aérea. La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa fue designada como responsable de instrumentar los actos necesarios para concretar la operación.

Modernización y reequipamiento

El decreto llega en medio de la mayor renovación militar argentina en décadas. Un relevamiento de la Unidad de Datos de Infobae, basado en registros del Sistema de Contrataciones Electrónicas y en acuerdos bilaterales, calculó que desde diciembre de 2023 hasta agosto pasado el Estado destinó USD 445.026.954 a armamento, equipos militares y de seguridad. La cifra ya supera el gasto total de la gestión de Alberto Fernández en ese rubro (USD 428,7 millones) y multiplica por seis el de Mauricio Macri (USD 72 millones), pese a que Milei aún no completó tres años de mandato.

Del total, USD 381,4 millones correspondieron a las Fuerzas Armadas y los USD 63,7 millones restantes al área de Seguridad. El grueso de las compras se concentró en 2024, con USD 357,8 millones, mientras que en 2025 el monto bajó a USD 59,4 millones y en los primeros siete meses de 2026 alcanzó los USD 27,8 millones.

La adquisición estrella fue la de 24 aviones de combate F-16 —16 monoplazas y 8 biplazas— acordada con Dinamarca en abril de 2024 por USD 301,2 millones, pagaderos en cinco cuotas anuales. Los primeros seis ejemplares llegaron al país el 5 de diciembre de 2025 y fueron presentados en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, con el presidente al frente del acto. Una segunda tanda de seis unidades arribó en septiembre de 2026, y la Fuerza Aérea estima que los 12 restantes podrían incorporarse antes de diciembre de 2027.

La operación buscó recomponer una capacidad aérea de combate que la Argentina había perdido en 2015, cuando se retiraron los últimos Mirage del servicio activo. Fue gestionada por el entonces ministro Luis Petri y marcó un punto de inflexión en la política de defensa del gobierno libertario.

El reequipamiento no se limitó al aire. El Ejército acordó con Estados Unidos la compra de 8 vehículos blindados Stryker 8×8 por USD 20 millones, con la posibilidad abierta de ampliar la flota hasta 235 unidades en distintas configuraciones: transporte de infantería, evacuación médica, comando y apoyo de fuego. Una primera partida de 50 vehículos fue inspeccionada en Texas y se proyecta su llegada antes de que termine el año.

En paralelo, el Ministerio de Defensa formalizó en marzo de 2026 un acuerdo para incorporar helicópteros UH-60L Black Hawk, también provenientes de reservas estadounidenses. El programa contempla hasta 20 aeronaves con un techo presupuestario de USD 140 millones, canalizadas a través del sistema de Ventas Militares al Extranjero. Se espera que los primeros cuatro lleguen antes de fin de año para reemplazar a los envejecidos AS332 Super Puma del Batallón de Helicópteros de Asalto 601.

La Armada, por su parte, incorporó 4 aviones de patrulla marítima P-3 Orion adquiridos a Noruega por USD 60 millones, destinados al control del Atlántico Sur y la zona económica exclusiva argentina. Completaron el cuadro 6 helicópteros Bell 407GXi por USD 32,4 millones —comprados a Canadá mediante un contrato de gobierno a gobierno— y 48 camiones Unimog U4000 por USD 8,16 millones para la logística terrestre del Ejército.

El próximo capítulo

El proyecto de Presupuesto 2027, enviado al Congreso en septiembre, incluyó una autorización para tomar deuda por USD 2.300 millones destinados a tres submarinos convencionales y otros USD 1.200 millones para dos fragatas multimisión. Las unidades operarían desde la Base Naval Mar del Plata y la Base Naval Puerto Belgrano, respectivamente.

La Armada ya evaluó las propuestas de dos fabricantes europeos: la francesa Naval Group, con el submarino Scorpène Evolved —72 metros de eslora, 2.000 toneladas de desplazamiento y hasta 80 días de autonomía—, y la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), con el Type 209NG, de 63 metros y 1.590 toneladas. Según el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Marcelo Dalle Nogare, ambos países ofrecieron financiar la totalidad de la operación, que podría superar los 3.000 millones de euros.

La decisión recae ahora en el presidente Milei. Una eventual firma marcaría la recuperación de la capacidad submarina que la Argentina perdió tras el hundimiento del ARA San Juan en noviembre de 2017, cuando murieron sus 44 tripulantes. La inclusión de las partidas en el Presupuesto, sin embargo, no equivale a un contrato cerrado: la concreción dependerá de la aprobación legislativa y de los términos de financiamiento que se negocien con los proveedores.