La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni es, antes que un cambio de nombres, una declaración de intenciones sobre la etapa que el gobierno de Javier Milei quiere abrir. Con Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, el Presidente vuelve a concentrar allí la articulación política que le permitió sostener durante los últimos dos años las principales negociaciones con gobernadores y bloques legislativos. Al mismo tiempo, desactiva el eje alrededor del cual el peronismo había logrado ordenar buena parte de su ofensiva parlamentaria durante los últimos 110 días.

No es un dato menor. Santilli fue primero el candidato que le permitió al oficialismo revertir una derrota de más de 13 puntos en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de medio término. Después, ya como ministro del Interior, se convirtió en el principal interlocutor con los gobernadores aliados y en uno de los negociadores centrales para construir las mayorías que hicieron posible la sanción de siete proyectos durante las sesiones extraordinarias del último verano. Ese recorrido es el que Milei decidió llevar ahora a la Jefatura de Gabinete. El objetivo aparece definido: volver a colocar la negociación política en el centro de la gestión mientras el Gobierno busca encarar la segunda mitad del mandato con la mirada puesta en 2027.

El Presidente eligió una comparación precisa para explicar el movimiento. En una entrevista concedida anoche a Luis Majul por LN+, Milei señaló que la designación de Santilli “es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con Guillermo Francos, porque lo que vamos a hacer ahora, nuevamente, es fusionar el Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete”.

La referencia no es casual. Francos fue el segundo jefe de Gabinete de la gestión —el primero había sido Nicolás Posse— y llegó al cargo después de conducir el Ministerio del Interior, concentrando ambas estructuras bajo una misma conducción. Ese esquema permitió centralizar la relación con las provincias y la negociación parlamentaria. Cuando Francos dejó el cargo, Adorni —figura con fuerte exposición pública y ex vocero presidencial, pero sin experiencia previa en la negociación política— ocupó ese lugar desde una lógica diferente. Con Santilli, Milei recupera un diseño en el que la Jefatura de Gabinete vuelve a tener como prioridad la construcción política y la coordinación con gobernadores y legisladores.

Cómo se llegó hasta acá

La salida de Adorni no fue, en los términos que el propio Milei se encargó de subrayar públicamente, una decisión del Presidente. Fue una decisión de Adorni. Durante 110 días, Milei resistió las presiones para pedirle la renuncia a su jefe de Gabinete, convencido de que hacerlo hubiera significado —según sus propias palabras— “condenar a un inocente”, un acto de utilitarismo político que no estaba dispuesto a convalidar.

Pero la situación judicial avanzaba en paralelo. La Justicia investiga a Adorni y a su entorno por viajes al exterior y por presuntas inconsistencias e incompatibilidades en su situación patrimonial. Mientras el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita impulsaban distintas medidas en la causa, el Gobierno debía administrar un escenario cada vez más incómodo: la posibilidad de que el jefe de Gabinete enfrentara una eventual indagatoria mientras seguía ocupando el cargo más importante del gabinete nacional después del Presidente. La salida terminó resolviendo ese dilema. Junto con la renuncia a la Jefatura de Gabinete, Adorni también dejó su cargo como director del Estado en el directorio de YPF.

Las amenazas que, según relató Milei, llegaron a alcanzar a la esposa y a los hijos del funcionario terminaron acelerando la decisión. Fue entonces cuando Adorni le comunicó al Presidente que su renuncia era indeclinable. “Con la familia no se jode”, resumió Milei durante la entrevista.

Esa fue la explicación pública del desenlace. Sin embargo, el proceso que condujo a la decisión fue bastante más complejo que el reflejado en el comunicado oficial.

Fuentes con acceso al círculo de decisión del Gobierno confirmaron a Infobae que, durante las semanas previas, distintos ministros dejaban trascender que la continuidad de Adorni comenzaba a generar costos políticos difíciles de administrar. Javier y Karina Milei escucharon esos planteos. La preocupación no pasaba únicamente por la investigación judicial sino por el impacto que el caso había adquirido sobre la agenda política del oficialismo. Las novedades vinculadas al expediente desplazaban los anuncios económicos, condicionaban la estrategia comunicacional y le permitían al peronismo concentrar la discusión parlamentaria alrededor de la figura del jefe de Gabinete. En ese contexto, la posibilidad de un recambio comenzó a ganar espacio dentro del Gobierno.

El propio Presidente admitió anoche que antes de definirse por Santilli se analizaron tres alternativas. No reveló cuáles fueron. Sin embargo, durante las últimas horas habían circulado dentro del oficialismo los nombres del canciller Pablo Quirno y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La reconstrucción realizada por Infobae a partir de fuentes con acceso directo al núcleo de poder agrega otro dato. Entre las opciones que más interés despertaban en la Secretaría General de la Presidencia figuró precisamente la posibilidad de trasladar a Martín Menem a la Jefatura de Gabinete. Javier Milei terminó inclinándose por Santilli. Ignacio Devitt quedó absorbido dentro de la nueva estructura, limitado a las funciones que ya venía desempeñando, mientras Santiago Caputo terminó acompañando la decisión.

Hay otro elemento que atravesó las conversaciones de las últimas horas y que el Gobierno nunca desmintió de manera categórica. En la carta mediante la cual Adorni formalizó su renuncia aparece una referencia a un “compromiso secreto” asumido al momento de aceptar el cargo, a pedido del propio Presidente. Según dejó trascender el ex jefe de Gabinete, ese compromiso consistía en sostener un delicado equilibrio entre Karina Milei y Santiago Caputo dentro del funcionamiento cotidiano del Gobierno. Que esa referencia haya permanecido en el texto sin aclaraciones posteriores ofrece una señal reveladora sobre la dinámica interna del poder en la Casa Rosada.

La comunicación, rediseñada

Uno de los cambios más significativos del nuevo diseño del gabinete, aunque no sea el más visible, afecta la estructura de comunicación del Gobierno.

La Secretaría de Comunicación y Medios, que durante la gestión de Adorni dependía de la Jefatura de Gabinete, vuelve ahora a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. Fabián Fernández quedará al frente de esa estructura. Al mismo tiempo, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, reportará directamente al Presidente.

El rediseño vuelve a distribuir responsabilidades que durante varios meses estuvieron concentradas en un mismo funcionario. Adorni reunía bajo su conducción la Vocería Presidencial, la política de comunicación y la coordinación general del gabinete, una combinación poco frecuente para un jefe de Gabinete. Esa acumulación había resultado funcional mientras la centralidad pública del funcionario fortalecía la comunicación del Gobierno. Cuando la investigación judicial pasó a ocupar el centro de la escena, esa misma concentración comenzó a exponer al resto de la administración. El nuevo esquema separa nuevamente esas funciones entre distintas áreas del Ejecutivo.

El peronismo pierde su principal eje de articulación

La salida de Adorni reordena también el tablero en el Congreso, donde el peronismo había encontrado en el caso una herramienta de articulación que le resultaba difícil construir por otros medios. En medio de una interna que atraviesa al espacio —con la confrontación entre Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y el gobernador Axel Kicillof condicionando buena parte de las decisiones políticas—, el kirchnerismo había logrado, sin embargo, ordenar detrás del caso Adorni a prácticamente todas las vertientes del peronismo y sumar el acompañamiento de varios aliados habituales del oficialismo.

La ofensiva alcanzó su punto de mayor tensión la semana pasada, cuando Patricia Bullrich debió maniobrar para impedir que la sesión prevista en el Senado desembocara en el tratamiento de una moción de censura contra el jefe de Gabinete. La discusión parlamentaria había adquirido un volumen político que amenazaba con desplazar el resto de la agenda oficial. Para evitarlo, Bullrich trabajó para sostener el respaldo de la UCR, de los bloques provinciales y de los dos senadores macristas que terminaron acompañando la estrategia del Gobierno.

La renuncia de Adorni modificó por completo ese escenario. Las iniciativas impulsadas en el Senado para interpelarlo y promover una moción de censura quedaron automáticamente sin objeto: esos mecanismos constitucionales sólo pueden aplicarse sobre funcionarios en ejercicio. Al menos tres senadores con voz, voto e influencia en la Cámara alta confirmaron a Infobae que esa estrategia parlamentaria quedó definitivamente desactivada.

La incógnita pasa ahora por saber si el peronismo conseguirá construir otro eje con la misma capacidad para ordenar a sus distintos sectores. Por ahora, las tensiones internas no parecen facilitar ese objetivo.

Los 530 días

Patricia Bullrich estuvo al margen de la negociación que terminó con la designación de Santilli. Pero sí transmitió una definición política sobre el momento que atraviesa el Gobierno. El jueves pasado, durante una conversación con Karina Milei, la senadora fue explícita: lo importante son los 530 días que restan hasta el final del mandato.

Para Bullrich, la consolidación del proyecto libertario depende de la posibilidad de obtener la reelección presidencial, porque entiende que sólo un segundo mandato permitiría consolidar las reformas impulsadas desde diciembre de 2023. La senadora es consciente de que algunas de sus posiciones públicas generan incomodidad dentro del oficialismo, incluso entre los propios hermanos Milei. Sin embargo, volvió a sostener el mismo argumento que había expresado públicamente días antes: “Ni los valores ni la valentía se negocian cuando hay peligros para el proyecto de Milei”.

Con Santilli ya instalado en la Jefatura de Gabinete, el Gobierno busca volver a poner en movimiento una agenda legislativa que había quedado condicionada por la crisis política de las últimas semanas. Entre las prioridades aparecen la denominada Ley Hojarasca, el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, decenas de pliegos de jueces pendientes de tratamiento en el Senado y la reforma política, cuyo núcleo está compuesto por dos iniciativas impulsadas personalmente por Javier y Karina Milei: la eliminación de las PASO y Ficha Limpia, destinada a impedir que personas con condena firme por corrupción puedan competir como candidatos.

Santilli llega con el mandato de reconstruir puentes con gobernadores y legisladores, reordenar la negociación política y devolverle al Ejecutivo capacidad para avanzar sobre esos proyectos. Sus propias aspiraciones políticas —la posibilidad de competir por la gobernación bonaerense dentro de unos meses— son conocidas desde hace tiempo y forman parte del escenario con el que trabaja la Casa Rosada.

Los 530 días que le quedan al gobierno de Milei son, al mismo tiempo, un horizonte y una presión. La salida de Adorni cerró la etapa en la que la Casa Rosada debió administrar el costo político de la situación de uno de sus principales funcionarios. La llegada de Santilli abre otra, con una prioridad distinta: volver a poner el centro de gravedad en el Congreso y en la construcción de mayorías para las reformas pendientes. Allí se jugará buena parte del tramo final del mandato y de las posibilidades del oficialismo de proyectarse hacia 2027.

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