Miguel Ángel Calvete, uno de los principales apuntados en la causa que revisa un presunto fraude dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), se negó hoy a declarar en la ampliación de su indagatoria, que fue virtual por un pedido especial de su defensa. Es la misma estrategia que aplicó ayer Diego Spagnuolo, el extitular de la agencia y cercano a los hermanos Milei.

Calvete ya había sido procesado en este expediente, señalado por el fiscal Franco Picardi como uno de los jefes de la banda que habría manipulado un sistema interno de compras para favorecer a determinadas droguerías en la compra de insumos médicos.

Sin embargo, a partir de nuevos hallazgos, el fiscal lo incluyó dentro de una segunda ronda de citaciones, convocándolo junto a una treintena de otros nuevos implicados, en su mayoría vinculados a droguerías.

Según la acusación, Calvete, que no ostentó ningún cargo formal dentro de la agencia, habría oficiado como un “director paraestatal” del organismo, a partir de la enorme influencia que ejercía sobre los funcionarios que manipulaban el sistema de compras, en el que habría habido sobreprecios, direccionamiento y retornos.

Anticipando que este miércoles Calvete no iba a declarar, su defensa, en manos del abogado Juan Ignacio Pascual, solicitó que el trámite fuera virtual, para evitar el desgaste del traslado: en el marco de otro proceso, Calvete fue condenado por proxenetismo y se encuentra preso en Ezeiza, alojado en un pabellón de salud mental.

Como excepción, la Justicia accedió al pedido y la audiencia fue telemática.

Su hija, Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, también está procesada en el expediente, acusada de asociación ilícita, defraudación, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Esta segunda ronda de 36 indagatorias, que concluirá a fines de mayo, se inició ayer con la convocatoria a los tribunales de Diego Spagnuolo, el máximo responsable de la agencia durante el periodo investigado, que abarca desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025.

Spagnuolo se negó a declarar. Desde su defensa señalaron que no lo hará hasta tanto la Justicia realice una pericia sobre los audios que dieron vida al expediente, en los que una voz que sería la suya da a conocer un presunto sistema de coimas dentro de Andis.

Las grabaciones, de origen desconocido, son todavía objeto de tensiones judiciales. Amparadas en una hipotética ilegalidad, las defensas buscan anular toda la causa; el fiscal Franco Picardi, en tanto, considera que el caso se sustenta en hallazgos independientes a ese material.

Spagnuolo también fue procesado en febrero por los delitos de cohecho activo (cobro de coimas), fraude al Estado y negociaciones incompatibles.,

Entre ayer y hoy también se negaron a declarar Daniel María Garbellini, acusado como jefe de la banda, y Andrés Horacio Arnaudo, presidente de la Droguería Génesis.

Para el jueves, está prevista la indagatoria de Federico Maximiliano Santich, allegado a Calvete, y Emilio César Olguín, de la firma Expo Trauma S.A., una de las mayores beneficiarias en los rubros de insumos médicos.

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Facundo Jones Huala comenzó esta semana una huelga de hambre líquida para reclamar, según sostiene, por la vulneración de derechos que viene sufriendo de parte del Poder Judicial y del Gobierno.

A mediados del año pasado, el líder mapuche fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Rawson (Chubut) tras ser detenido en El Bolsón durante un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA). En octubre de 2025, Jones Huala ya había iniciado otra huelga de hambre para exigir un “juicio justo” y el traslado a la Unidad 14 de Esquel, para estar más cerca de su familia.

Ahora, tal como informaron sus abogados, Jones Huala volvió a subrayar esa demandas, además de “condiciones carcelarias dignas, aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), medidas diferentes al encarcelamiento, y cese de la persecución política y desprocesamiento de todos los luchadores mapuche”.

A Huala se lo investiga por asociación ilícita, apología del crimen y atentados contra el orden público. Si bien en la audiencia de junio del año pasado se había definido que Jones Huala permaneciera preso por 90 días, a mediados de septiembre pasado, la Justicia le negó la excarcelación y prorrogó la prisión hasta diciembre. Y en marzo de este año, volvieron a prorrogar la prisión preventiva.

Esta semana, antes de iniciar la huelga de hambre, el líder mapuche envió un escrito al Juzgado Federal de Bariloche en el que explica las razones de su decisión. Según denunciaron sus abogados defensores, “el escrito fue retenido por las autoridades de la Unidad 6, en acto claramente ilegal”.

En la nota dirigida al Juzgado Federal de Bariloche, al jefe de la Unidad Penitenciaria y al Poder Ejecutivo, Jones Huala indicó: “Me dirijo a ustedes en mi condición de preso político mapuche, con el fin de informar que nuevamente inicio huelga de hambre, líquida, de carácter indefinido, con posibilidades de convertirla en huelga seca. En carácter de lonko, autoridad tradicional de mi lof, comunidad, el velar por el respeto a mis derechos políticos y culturales es hacerlo para toda mi gente. No sólo vengo a denunciar la prisión política, sino, y por lo mismo, el agravamiento en las condiciones de detención”.

Además de subrayar que en la cárcel de Rawson “no existen condiciones carcelarias para nadie, menos para presos políticos de la cultura mapuche”, Jones Huala señaló: “En lo cotidiano no existe salida al patio, siendo obligatorio solo una vez por semana cuando quieren, incluso bajo lluvia y por procedimientos de requisa, donde en reiteradas ocasiones rompen pertenencias o hurtan. Dichos patios no tienen acceso a baños y debemos caminar entre orines y excrementos humanos”.

Y continuó: “En lo que atañe a mi cultura, es muy poco lo que se respeta. No puedo usar mi vestimenta, ni realizar mis prácticas más que cuando el servicio lo permite. Están rompiendo mis vínculos familiares y comunitarios, atentando a mi cultura y espiritualidad. No tengo acceso no solo al lawen (medicina), sino tampoco a alimentos mapuche, siendo que no sólo no estoy condenado ni siquiera procesado, aún con conducta diez”.

En tanto, sus abogados añadieron: “Como evidente represalia al inicio de la medida, inmediatamente le comunicaron a Facundo que no se le permitiría concurrir a clases, como lo viene haciendo cotidianamente, y se lo obligó a salir al patio durante el ‘recreo´ que los presos disponen como derecho, pero, desde ya, no como obligación. La razón de estas actitudes (como de la convergencia de fiscalía, juzgado y servicio penitenciario en negarle a Facundo su derecho a estar detenido en una cárcel más cercana a su familia y comunidad en Esquel) es su condición de preso político y su actitud de reivindicación de sus convicciones y de su derechos y los de todos los detenidos”.

Entre las demandas de Jones Huala figuran también la devolución del territorio ancestral a las lof en conflicto; la solución política, no judicial ni represiva, al conflicto histórico; la aplicación del artículo 75 inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional (reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos); así como la intervención de organismos de derechos humanos y mediadores internacionales para solución política acorde.

El líder mapuche también pide que se retire de la lista de organizaciones terroristas a todas las lof y organizaciones mapuche y considera que deben existir protocolos culturales acordes en el sistema penitenciario y toda institución que nos obligan a transitar. También demanda “el cese y retiro de mineras, petroleras, transnacionales y terratenientes del Wallmapu, y la libertad a todos los presos políticos mapuche”.

En julio de 2024, mientras permanecía preso en Chile por una condena impuesta en 2018, Jones Huala inició una huelga de hambre seca. Mantuvo la medida durante más de un mes y su estado llegó a ser de “de extrema gravedad”, según indicaron en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, a unos 35 kilómetros de la cárcel de Temuco. Finalmente, a mediados de agosto de 2024, la Corte Suprema de Chile resolvió que el líder mapuche estaba “ilegalmente privado de su libertad” en el país trasandino (había habido un error en el saldo de pena que le quedaba por cumplir) y dispuso su liberación.