Pasadas las 9.20, Diego Santilli llegó a la explanada de la calle Rivadavia, donde lo esperaba el diputado y armador bonaerense, Sebastián Pareja. Luego de darse un abrazo entre contendientes a la vista de los fotógrafos, ambos ingresaron a la Casa Rosada, a la que el presidente Javier Milei había llegado casi una hora antes.

En un clima de distensión, y en la primera actividad oficial de Santilli como jefe de Gabinete, ya con su antecesor Manuel Adorni fuera de la gestión, el Presidente y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reunieron a los legisladores que integran los bloques legislativos de La Libertad Avanza, para avanzar en la eliminación o suspensión de las PASO para 2027, y otras iniciativas legislativas que impulsa el Poder Ejecutivo.

Aunando a sus legisladores detrás de un objetivo concreto, los Milei buscaron por dejar atrás los escándalos patrimoniales que terminaron con Adorni fuera del Gobierno. “El Presidente nos pidió ir a fondo con la reforma”, afirmó la diputada Patricia Vázquez, al salir de la Casa Rosada, en diálogo con la prensa.

Según asistentes a la reunión, Milei habló largo y tendido sobre el plan económico del oficialismo. Anunció, según información oficial, que está trabajando, junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, en una “propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.

Karina Milei fijó a su turno como prioritarios la reforma política, la eliminación de la ampliación del régimen de zonas frías (pendiente de aprobación en el Senado) y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. Además, presentó al equipo que encabeza el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Uno a uno, y todos antes del horario convenido, las 9.30, los legisladores fueron llegando. Los rostros relajados de los legisladores eran la antítesis de la semana pasada, cuando 18 senadores libertarios arribaron a la Casa Rosada, por orden de Karina Milei y en turnos, para sacarse la foto de apoyo a Adorni. Los cuatro senadores ausentes de aquellos encuentros (Patricia Bullrich, Emilia Orozco, Francisco Paoltroni y Luis Juez), dijeron presente y alguno de ellos –como el cordobés Juez– esbozó una sonrisa ante la guardia periodística.

A la cabecera de la amplia mesa en el salón Héroes de Malvinas, en la planta baja de la casa, se sentaron, además de los Milei, Santilli y Bullrich, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el designado vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt. No asistió, en esta oportunidad, el asesor presidencial Santiago Caputo, miembro de la mesa política y con despacho en Balcarce 50.

Durante la reunión, que comenzó a las 9.40 con las palabras del Presidente y tuvo un intervalo al rededor de las 11 para continuar hasta el mediodía, se multiplicó el celo de la Casa Militar por evitar algún cruce de la prensa acreditada con alguno de los protagonistas. Se reforzaron los controles en los pasillos y se bloqueó la escalera que va hacia la planta baja, a pesar de que el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, había afirmado ayer en su primera conferencia de prensa que se estaba “estudiando” relajar esos controles.

La eliminación de las PASO, o en el peor de los casos su suspensión, es un objetivo central para el Gobierno. Durante sus siete meses como ministro del Interior, que culminaron ayer, Santilli conversó con gobernadores y legisladores aliados para intentar convencerlos de eliminar esa herramienta, vital para el kirchnerismo y la oposición en general para resolver sus diferencias internas de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Desde los despachos santillistas son optimistas y creen que la reforma “va a salir”, a pesar del rechazo que ya han adelantado desde Unión por la Patria, los partidos de izquierda, el sector del radicalismo que responde a Martin Lousteau, y otros partidos como la CC-ARI y el PS. “Ya no tenemos que pedirles a los gobernadores ni a los diputados que le tengan piedad a Adorni”, expresaron cerca del flamante jefe de Gabinete, que durante las últimas reuniones también intentaba frenar la interpelación al ministro coordinador, que era un hecho hasta que el propio Adorni renunció, el sábado pasado.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi libró exhortos a Estados Unidos para avanzar con la investigación criminal que tiene bajo la lupa al actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Gerardo Vázquez. ¿Objetivo? Determinar si el zar de los impuestos argentinos es, en efecto, el dueño de tres inmuebles en el estado de Florida.

Martínez de Giorgi admitió así el requerimiento del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien propuso múltiples medidas de prueba adicionales para avanzar en la pesquisa contra Vázquez por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, al tiempo que considera que el Juzgado ya acumuló evidencias suficientes para indagarlo por la presunta omisión maliciosa de esos inmuebles en su declaración jurada patrimonial.

“Los tiempos pasan a depender de la buena o mala voluntad de las autoridades estadounidenses”, indicó una fuente tribunalicia ante la consulta de . “En ocasiones, la respuesta llega en un par de meses; en otras, empiezan a pedir explicaciones y fundamentos antes de responder, lo que puede demorar el proceso durante dos o más años”, sostuvo.

Dentro del Gobierno, Vázquez transmitió que él no sería el verdadero dueño de esos inmuebles en Miami, valuados en más de US$2 millones, sino que pertenecen a un tercero, que no identificó y sobre el que tampoco aportó datos en los tribunales federales de Comodoro Py. Ante esa situación, tanto el juez Martínez de Giorgi, como el fiscal federal Guillermo Marijuan y la PIA esperan la respuesta oficial desde Estados Unidos.

En su dictamen, Rodríguez sostuvo que “sin duda alguna” Vázquez incurrió en el delito de omisión maliciosa de insertar datos en la declaración jurada al no declarar ante la Oficina Anticorrupción ni ante el fisco su vínculo con las sociedades extranjeras que registran los bienes. El reproche abarca declaraciones de 2012 a 2015 y de 2023.

Según la reconstrucción de la PIA, los departamentos de Miami fueron adquiridos entre 2013 y 2015 por dos sociedades panameñas, Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. Ambas firmas, a su vez, quedaron bajo el control de Galanthus Capital Limited, una sociedad creada en 2016 en las Islas Vírgenes Británicas, en cuyos registros Vázquez figura como beneficiario final. Desde 2021, sus hijas mellizas son secretaria y tesorera de las dos panameñas.

Para sostener que Vázquez es el dueño real, la Procuraduría reunió indicios convergentes. El funcionario y su exmujer Silvia Ivone Rodríguez −también funcionaria de ARCA−, pagaron de su bolsillo los impuestos municipales de los inmuebles de Florida −unos US$136.000 entre 2014 y 2018− y recibieron a su nombre los cheques de reembolso. Sus dos hijas residen desde 2022 en la unidad de Sunny Isles que está a nombre de Pompeya Group Corp., y el domicilio del funcionario en Puerto Madero figura como sede de Alcorta Corp. en los registros oficiales del estado de Florida.

El dictamen marca, además, una desproporción patrimonial: en vísperas de las compras de los inmuebles en la avenida Brickell, Vázquez declaró disponibilidades líquidas por unos US$40.000, frente a operaciones por cerca de US$1.100.000, según remarcó el fiscal Rodríguez en su dictamen.

A partir de esos hallazgos, la PIA propuso ampliar la investigación hacia el presunto enriquecimiento ilícito, el lavado de activos y la evasión, e incorporó al análisis a Consultora San Andrés SA, sociedad que Vázquez controla con el 51% junto a su hermana. La firma no registra empleados, llegó a tener cuatro automóviles a la vez y le habría prestado al funcionario el dinero para comprar su departamento de Puerto Madero, esquema que el fiscal asocia con una posible “sociedad pantalla”.

Otro foco es la compra, en 2018, de un triplex de 318 m² en el edificio Los Molinos Building (Faena Properties), en Puerto Madero, que Vázquez escrituró en torno a los US$226.000 cuando unidades comparables se ofrecían por más del doble, lo que la PIA considera un indicio de subvaluación.

Para avanzar, el juez también libró exhortos a los bancos estadounidenses Bank of America, PNC y Wells Fargo en busca de los extractos de Vázquez y su familia, consultar si Alcorta y Pompeya tienen cuentas allí y reiteró a las autoridades estadounidenses que le informen los movimientos migratorios de todo el grupo familiar. En el plano local requirió información a ARCA, al Colegio de Escribanos, al Banco Central (BCRA) y otros organismos.