POLITICA
Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis por un pedido de secuestro de su auto que estaba sin efecto: le hicieron control de alcoholemia y lo dejaron seguir
Máximo Kirchner permaneció hoy durante unas dos horas al costado de la ruta en San Luis luego de que la Policía provincial lo interceptara cuando viajaba en su automóvil hacia San Juan y detectara un antiguo pedido de retención del vehículo vinculado con la causa Hotesur. La demora efectivamente existió, pero, según pudo saber Infobae, el procedimiento se originó en una orden judicial vieja que había quedado sin efecto y continuaba registrada en el sistema utilizado por los efectivos puntanos.
El incidente ocurrió este miércoles en el cruce de Justo Daract, en la provincia de San Luis. Máximo Kirchner viajaba en su propio auto rumbo a San Juan, donde tenía previsto desarrollar una agenda política, cuando fue detenido durante un control.
Al consultar los datos del vehículo, los policías encontraron una medida que se remontaba a la investigación de la causa Hotesur. A partir de esa información, resolvieron impedir momentáneamente que el diputado continuara el viaje hasta determinar si el requerimiento seguía vigente.
La orden que apareció en los registros es la misma que consta en un antiguo oficio judicial al que accedió Infobae y que había sido firmado por el juez federal Julián Ercolini.
El documento fue confeccionado en el marco del expediente 11.352/2014, caratulado “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ inf. Art. 303 del CP”, y estaba dirigido al jefe de la Gendarmería Nacional. Allí, Ercolini comunicaba que se había dispuesto “el SECUESTRO de los vehículos que se detallan en un cuadro que se adjunta al presente”.
La medida comprendía en aquel momento vehículos pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez y un conjunto de personas y sociedades investigadas dentro del expediente.
El escrito establecía además cómo debían proceder las fuerzas de seguridad si localizaban alguno de esos bienes. “En caso de que alguno de ellos sea habido, deberá establecer consulta de inmediato con el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 8”, señalaba el oficio.
Y añadía: “La medida aquí comunicada deberá quedar anotada a exclusiva disposición del mencionado tribunal”.
Ese documento, sin embargo, reflejaba una situación procesal anterior. De acuerdo con la información obtenida por Infobae, la medida que afectaba al automóvil en el que viajaba Máximo Kirchner ya había quedado sin efecto. El problema fue que la Policía de San Luis tenía en sus registros aquella resolución antigua y actuó inicialmente sobre la base de esa información.
Por eso, el episodio no terminó con el secuestro definitivo del vehículo ni con una detención del diputado nacional.
Mientras se intentaba aclarar la situación, Kirchner permaneció más de una hora esperando al costado de la ruta. La Policía puntana debía recibir la confirmación de la Justicia Federal de que la medida que figuraba en su sistema ya no se encontraba vigente.
Durante el procedimiento también le realizaron un control de alcoholemia. El resultado fue negativo. “Fue muy llamativo todo lo que pasó”, dijeron a Infobae en el entorno del dirigente que lidera la organización La Cámpora.
Una vez recibida la información judicial correspondiente y aclarada la situación del automóvil, Máximo Kirchner pudo continuar viaje con normalidad hacia San Juan.
En el entorno del ex presidente del Partido Justicialista bonaerense remarcaron que el vehículo es utilizado habitualmente por el diputado y que había circulado anteriormente sin inconvenientes por distintos puntos del país.
Mencionaron, entre otros antecedentes, viajes al conurbano bonaerense, La Rioja y Mar del Plata en los que no había surgido ningún impedimento relacionado con el automóvil.
La aclaración resulta relevante porque las primeras informaciones que circularon sobre el operativo presentaron el episodio como el secuestro de un vehículo relacionado con la investigación de Hotesur e incluso algunas versiones hablaron de una supuesta detención de Máximo Kirchner. Un medio puntano llegó a publicar que el legislador había sido “detenido”, aunque esa versión no coincide con la reconstrucción obtenida posteriormente sobre lo sucedido.
Lo que ocurrió, según pudo reconstruir Infobae, fue diferente: hubo una demora real, prolongada durante más de una hora, mientras la Policía comprobaba el estado de una disposición judicial que figuraba en sus registros. Pero la orden era antigua y había perdido vigencia.
La confusión ocurrió además un día después de otro procedimiento en San Luis en el que había sido localizada una camioneta alcanzada por un requerimiento judicial vinculado con la misma investigación. Esa sucesión de episodios contribuyó a que inicialmente se relacionara el caso de Máximo Kirchner con una medida judicial activa.
Hotesur es una de las investigaciones patrimoniales que involucraron a la familia Kirchner y que analizó operaciones comerciales vinculadas con sus empresas hoteleras y las relaciones económicas mantenidas con firmas del empresario Lázaro Báez. La causa atravesó distintas instancias judiciales durante más de una década, con resoluciones, medidas patrimoniales y cambios en la situación procesal de los acusados.
El expediente que aparece mencionado en el antiguo oficio de Ercolini no debe confundirse, además, con las medidas patrimoniales que actualmente tramitan en la causa Vialidad. Este mismo miércoles, el Tribunal Oral Federal N°2 concedió recursos para que Máximo y Florencia Kirchner recurran ante la Cámara Federal de Casación Penal decisiones vinculadas con bienes de Hotesur y Los Sauces en el proceso de ejecución de la condena contra Cristina Kirchner. Se trata de actuaciones judiciales distintas.
Después de que se resolviera el inconveniente en Justo Daract, Máximo Kirchner retomó la ruta y continuó hacia San Juan.
El viaje tenía un objetivo político. Para este jueves estaba prevista una reunión con el senador nacional y ex gobernador sanjuanino Sergio Uñac, de la que también participarían diputados y senadores. El encuentro forma parte de los contactos que mantiene el diputado en medio de la discusión interna del peronismo y de la agenda parlamentaria.
Así, un viaje que inicialmente debía transcurrir como otros realizados por Kirchner en los últimos meses terminó alterado durante cerca de dos horas por una alerta judicial desactualizada.
La clave del episodio quedó finalmente en la diferencia entre la existencia histórica de la orden y su vigencia actual. El oficio de Ercolini es auténtico y había ordenado expresamente el secuestro de una serie de vehículos dentro de la causa Hotesur. Pero, en el caso del automóvil en el que viajaba este miércoles Máximo Kirchner, esa disposición ya había sido dejada sin efecto.
La Policía de San Luis actuó sobre la base del viejo registro, mantuvo demorado al diputado mientras consultaba a la Justicia Federal y, una vez comprobada la situación procesal actual, permitió que siguiera viaje en el mismo vehículo hacia San Juan.
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El Reino Unido rechazó el arbitraje internacional que pide la Argentina por la explotación en las islas Malvinas
Reino Unido rechazó el arbitraje internacional que pide la Argentina para frenar la explotación petrolera en las islas Malvinas y calificó la acción como un intento deliberado de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.
“El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, escribió la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.
Para la funcionaria británica, la decisión del país de iniciar un arbitraje constituye “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las Islas”.
Además, aseguró que las actividades relacionadas con hidrocarburos en el territorio están reguladas por la legislación británica de las Malvinas y que se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional”.
Por otro lado, indicó que esta semana el gobierno inglés le manifestó al canciller Pablo Quirno que “los esfuerzos por obstaculizar la actividad económica lícita en las Islas no constituyen actos de una relación internacional responsables”.
“Son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno. Este comportamiento plantea interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”, afirmó.
Asimismo, ratificó que Reino Unido continuará estando “codo a codo” con el gobierno inglés de Malvinas y con sus habitantes. “Defenderemos firmemente sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro. Como ha dejado claro el primer ministro, nuestro apoyo es inquebrantable”, cerró.
El arbitraje que pidió el Gobierno
Mediante un comunicado, el Gobierno anunció el pasado lunes el inicio de una gestión para comenzar un arbitraje con el objetivo de “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación”.
“La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina”, afirmó.
En su cuenta personal de X, Milei compartió el mensaje y aseguró que si en dos semanas Reino Unido no frenaba la explotación ilegítima, el país iba a recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, un órgano independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas.
Según su página oficial, el Tribunal está compuesto por 21 miembros “independientes”, elegidos entre personas de “reconocida reputación por su imparcialidad e integridad, y de competencia comprobada en el ámbito del derecho del mar” y cuenta con “jurisdicción sobre cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del convenio”.
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Ley de Tierras: la CGT repudió el fallo de la Corte Suprema y le exigió a Diputados que rechace el DNU de Milei
La Confederación General del Trabajo (CGT) repudió este miércoles el fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023 y reclamó a la Cámara de Diputados que rechace el decreto del presidente Javier Milei, después de que el Senado avanzó en ese sentido.
La central obrera se refirió así al fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU. La Corte consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que inició la causa, no tenía legitimación para impulsar la demanda.
El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación, sino que, al dejar sin efecto el fallo de la Cámara, volvió a quedar vigente el artículo del DNU que eliminó la Ley 26.737 y, con ella, las restricciones que regían para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
“Expresamos nuestro más enérgico repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia”, planteó el Consejo Directivo Nacional de la CGT en un comunicado. Para la organización sindical, la decisión judicial eliminó límites destinados a preservar el dominio nacional sobre el territorio.
La CGT vinculó el fallo con la pelea que atravesó el Congreso
En su pronunciamiento, la CGT refirió que las movilizaciones realizadas en las últimas semanas contra los cambios en el régimen de tierras reflejaron una presión social y política que frenó el intento del oficialismo por flexibilizar las restricciones en el Congreso y contrapuso ese escenario con lo ocurrido ahora en la Justicia.
“Lo que no pudieron imponer mediante el debate parlamentario, ahora vuelve a abrirse camino por una decisión del máximo tribunal”, cuestionó la central obrera.
La organización sindical afirmó además que el fallo “atenta contra la soberanía nacional” porque, según expresó, deja la tierra, el agua y otros recursos estratégicos “a merced del capital extranjero”. También cuestionó el papel de la Corte porque “atenta contra la división de poderes” y sostuvo que la resolución desconoce el rechazo expresado durante las protestas. “Un Poder Judicial que debería ser contrapeso termina convalidando en los hechos la voluntad del Poder Ejecutivo”, denunció.
Como solución, la conducción cegetista pidió que el conflicto se resuelva en terreno parlamentario y que la Cámara Baja avance contra el DNU 70/2023 y complete el rechazo legislativo que ya impulsó el Senado.
“La tierra argentina es patrimonio de nuestro pueblo y forma parte inseparable de un proyecto de Nación con producción, trabajo, desarrollo y soberanía”, afirmó la CGT. Y cerró el comunicado con un rechazo a cualquier intento de “extranjerización indiscriminada” del territorio y un reclamo para que las instituciones respeten la voluntad expresada en las calles. “Nuestra soberanía no se negocia”, advirtió.
CGT, ley de tierras, DNU
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Tras el fallo de la Corte sobre la ley de tierras, Bullrich se desmarcó del Gobierno y reconoció que la oposición podría rechazar el mega DNU de Milei
En un nuevo gesto de diferenciación, Patricia Bullrich, jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, señaló este miércoles que el intento del Gobierno de eliminar los límites a la venta de tierras a extranjeros, iniciativa que cayó el mes pasado tras una fuerte presión política y callejera, fue “apresurado”, y que hoy podría costarles la caída del megadecreto 70/2023 de Javier Milei.
La exministra de Seguridad se expresó así luego de que la Corte Suprema dejara ayer sin efecto, en la práctica, los límites a la venta de tierras a extranjeros. El sorpresivo fallo restituyó la vigencia de un artículo del DNU 70/2023 de Javier Milei que derogaba la ley de tierras (26.737), vigente desde 2011.
Durante su camino legislativo, la pretensión de sancionar la extranjerización de tierras llevó a múltiples postergaciones del tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el que estaba incluida y, finalmente, terminó con la eliminación del capítulo en cuestión.
“Hay un tema importante que es un aprendizaje para nosotros. Si nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún esta en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado”, dijo Bullrich respecto de la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Y agregó: “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque sino vamos contra nuestros propios actos”. Se refirió así a errores no forzados del Gobierno, que la senadora suele señalar.
Incluso reconoció que aquella estrategia que consideró equivocada podría derivar hoy en un rechazo del megadecreto en su conjunto. “[El fallo] vino después que la ley [de tierras] no se pudo votar, así que es una posibilidad [que la oposición voltee el DNU]”, admitió, en diálogo con .
Durante las semanas más intensas del debate sobre el proyecto, la senadora negociaba los cambios para lograr el apoyo de los aliados del oficialismo, mientras el ministro planteaba objeciones a la redacción y las múltiples modificaciones al proyecto original.
El proyecto, ya sin el capítulo sobre tierras, logró en agosto la media sanción del Senado, pero aún espera ser tratado en Diputados.
Por estas horas, la oposición en Diputados busca forzar una sesión especial en contra del decreto 70/2023. Para habilitar el debate necesitan 129 diputados y, una vez alcanzado el quorum, una mayoría simple −la mitad más uno de los presentes− para voltear el DNU, que ya fue rechazado por el Senado, en marzo de 2024. La intención de los bloques opositores es llamar a una sesión especial para el miércoles 7 de octubre o el próximo 14.
¿Candidata en la Ciudad?
Al margen del desmarque del Gobierno, el último de una extensa lista que se fue ampliando en las últimas semanas, Bullrich no descartó la posibilidad de competir en las elecciones a jefe de gobierno porteño en 2027.
Durante su participación en un acto aniversario por la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, de cuya elaboración participó como convencional constituyente, la senadora dijo que tiene “toda la posibilidad y toda la capacidad” para postularse porque siempre ha tenido a cargo “áreas complejas”. “Podría ser”, indicó.
Sin embargo, advirtió que la decisión aún no está tomada, y en su entorno deslizan que “por ahora” prefiere competir a nivel nacional. “Donde la ponga la historia”, aclaran.
En las últimas semanas, la combinación de desmarques del oficialismo y declaraciones respecto de la importancia de que “el proyecto reelija” (sin alusiones a Milei) alimentó rumores sobre una posible ruptura.
Entre risas, hoy afirmó: “En el único lugar que me tienen que poner es en MasterChef [por el reality de cocina], aunque no me eligieron. Empezó el otro día”. Una broma con la que ya había esquivado las consultas sobre su rol en 2027.
Bullrich amagó con una candidatura en la Capital, distrito que representa en el Senado, a lo largo del año. A su vez, es la única libertaria que dice con firmeza que LLA y Pro deben sellar una alianza en la Ciudad. Los diálogos entre ambos espacios aún están “fríos” en Buenos Aires, reconocen ambas partes, mientras los legisladores violetas cuestionan la gestión del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.
Respecto de la administración del exintendente de Vicente López, la senadora dijo a que tiene “luces y sombras”. Valoró la política de ley y orden que impulsó Jorge Macri a partir de la derrota de Pro en la Ciudad en 2025, en la que quedó tercera después de LLA y el PJ: “Se ha encaminado en varios temas: el tema del orden, de las usurpaciones”.
Sin embargo, dijo que “faltan otras cosas” y cuestionó la prematura negociación “del contrato de la basura”. “Adelantar tanto una negociación me parece que tiene su lado oscuro”, remarcó.
De esa manera, la exministra se refirió al inminente inicio del proceso para renovar las concesiones de recolección de residuos en la Capital para el período 2028-2038.
Propuestas con sello porteño
Durante su intervención en el acto por el aniversario de 30 años de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, que organizaron entidades como el Consejo de la Magistratura porteño y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires (AABA) en la Facultad de Derecho de la UBA, Bullrich retomó una propuesta de 1996 para la Capital.
Planteó que entre los 60 legisladores porteños, 30 podrían ser elegidos por barrio, lo que les daría “un compromiso más ligado a un territorio” y a “una identidad”. Esa es una “deuda” que le quedó pendiente de aquella época, cuando también era diputada nacional.
También señaló la falta de autonomía de la Capital en algunos aspectos como “el servicio penitenciario, gran parte de la Justicia, el puerto de la ciudad de Buenos Aires y la Inspección General de Justicia”.
“Es una deuda que se va logrando, pero algunas veces con pasos lentos. Es importante apurar estos pasos para que la Justicia complete su autonomía”, dijo. Este año, el Congreso y la Legislatura aprobaron la transferencia del fuero laboral nacional a la órbita porteña y avanzan sobre la transferencia de la justicia de menores y la jurisdicción sobre varios delitos a manos del Poder Judicial porteño.
A la vez, cuestionó que la Ciudad, por ejemplo, “quiera” manejar la Policía y no a los presos. “Tiene que ser un tango que se baile de a dos”, expresó. “Si no, uno tiene la policía, que es fácil porque le da seguridad y puede formar su policía, pero el producto de la policía que son los detenidos los tiene la Nación”, añadió.
El traspaso de la Policía Federal a la Ciudad se realizó bajo la gestión de Bullrich en el Ministerio de Seguridad, durante la presidencia de Mauricio Macri.
También consideró que el distrito debería “hacer cambios en su estructura porque no vale tener plata y gastarla porque sí”. Si tiene una mejor recaudación que otras provincias, debe intentar “transferir la mayor cantidad de recursos al privado y bajar impuestos”.
La senadora compartió el panel con Gustavo Vivo, Alberto Maques, María Elena Barbagelata y Raúl Garré, también convencionales constituyentes de la Ciudad.
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