El próximo martes, cerca de 50.000 abogados estarán habilitados para elegir a sus tres representantes en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. La elección se produce en un contexto especial para la Justicia porteña, que afronta una ampliación de sus competencias con la creación del nuevo fuero laboral. El Consejo -integrado por otros tres representantes de los jueces y tres más por la Legislatura- tendrá un papel central en su puesta en funcionamiento e intervendrá en la selección de 16 magistrados: diez jueces de primera instancia y seis camaristas.

La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García, ocupa el segundo lugar en la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, que encabeza Hernán Najenson y tiene como principal referente político a Ricardo Gil Lavedra.

-¿Qué se pone en juego en estas elecciones del Consejo?

-Yo ya fui consejera de la Magistratura de la Ciudad en otra oportunidad, pero ahora hay algo que es fundacional. El Consejo tiene la responsabilidad de organizar el nuevo fuero laboral. Queremos que sea eficiente, que represente realmente los intereses de las personas que van a reclamar y que cuente con recursos para dar respuestas oportunas. ¿Quién mejor que los abogados y las abogadas, que por nuestro trabajo diario conocemos los tribunales, para opinar sobre cómo tiene que organizarse esta nueva Justicia laboral?

-¿Qué diferencia a su lista de las demás? ¿Qué propuestas concretas impulsan para el Consejo?

-Hace cuatro años, bajo la conducción de Ricardo Gil Lavedra, creamos la Unidad en Defensa de la Abogacía. Lo que hicimos fue devolverle la voz institucional al Colegio y ponerlo al servicio de la matrícula. Por eso nos acaban de elegir para representar en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Este jueves asumieron dos de nuestros consejeros [Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento]. Esa forma de trabajo es la que vamos a llevar a la Justicia de la Ciudad: hacer valer la voz de la abogacía en la creación del nuevo fuero del Trabajo.

Nuestro diferencial es que venimos sosteniendo con acciones concretas lo que decimos. Fuimos al Congreso cuando quisieron atacar nuestras incumbencias profesionales. El primer proyecto de Ley Bases contemplaba las sucesiones notariales y el divorcio administrativo. Fuimos a la Corte y le pedimos que automatizara la actualización de la UMA, que es la unidad de medida con la que se calculan nuestros honorarios. Le reclamamos al Poder Ejecutivo por las vacantes y comenzaron a cubrirse. Y hace poco obtuvimos una cautelar contra disposiciones de la reforma laboral que pretendían responsabilizar a los abogados por la sobreestimación de los reclamos y permitir el pago de honorarios en cuotas. Ese es nuestro diferencial: sostenemos nuestros compromisos con acciones concretas.

-El rostro más visible del espacio es Ricardo Gil Lavedra, pero la lista también cuenta con el respaldo de Daniel Angelici. ¿Qué espacio tiene en el armado de la alianza?

-Hay uno de los consejeros que milita en su grupo político. Unidad en Defensa de la Abogacía nació hace cuatro años, con la candidatura de Gil Lavedra a la presidencia del Colegio y desde entonces se consolidó bajo su conducción. Es un espacio plural, integrado por distintas agrupaciones y sectores de la abogacía, con trayectorias y pertenencias políticas diversas, que comparten un proyecto común para la institución.

-Esta elección también tiene la particularidad de que La Libertad Avanza compite con una lista propia, al igual que ocurrió en las elecciones del Consejo nacional.

-En realidad, es un desprendimiento de la lista Unidad. Ellos participaban en el Colegio Público dentro de nuestra lista. De hecho, algunos de sus miembros fueron elegidos autoridades en representación de Unidad. En esta elección, el peronismo juntó a toda la oposición en contra de la lista Unidad y nosotros tuvimos ese desprendimiento.

Nuestra lista es de abogados y abogadas que ejercen la profesión y es sumamente plural. Fijate que ocurrió algo inédito: tanto el presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, que tiene una extracción más de izquierda, como el directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad respaldan nuestra lista. El Colegio de la Ciudad emitió el viernes pasado una declaración de apoyo y hay integrantes de sus órganos directivos en nuestra lista.

-¿Cuál es su mirada sobre la nueva Justicia laboral porteña?

-Justamente, al tratarse de una etapa fundacional, podemos hacer que la nueva Justicia no arrastre los vicios o los problemas que existen en la Justicia nacional.

-¿Cuáles son?

-Básicamente, las demoras en los plazos y el tema de los intereses. Las demoras también están relacionadas con las vacantes. Muchos juzgados estuvieron vacantes durante mucho tiempo. Eso pasa en toda la Justicia nacional, no solamente en el fuero laboral. Las vacantes hicieron que la Justicia nacional se volviera muy lenta. Los concursos nacionales demoran muchísimo. Hay juzgados que llevan 15 años vacantes. Se acaba de cubrir un juzgado comercial que estuvo vacante durante diez o doce años. Nosotros también reclamamos siempre la igualdad de oportunidades para que abogados y abogadas puedan participar en los concursos, algo que en la Justicia nacional casi no se da.

Los diputados Pablo Juliano y Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, presentaron en la Cámara baja pedidos de informes sobre la contratación de dos empresas vinculadas al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para prestar los servicios de seguridad y limpieza en la multitudinaria misa del papa León XIV en Palermo.

Se trata de Tech Security SRL y Purgato S.A. La primera es una firma de seguridad fundada en 2005 por Martín, Adrián y Fernando Menem (ambos hermanos del presidente de la Cámara baja) junto a Pablo Vázquez, amigo íntimo de los riojanos.

Cuando Menem asumió su cargo en Diputados, se desvinculó de la empresa en 2023 y cedió su paquete accionario a los suyos, más precisamente a Adrián.

La segunda fue creada en 2015 solo por Fernando Menem y otros tres socios, entre quienes vuelve a aparecer Vázquez. Junto con Ignacio Calo y Evaristo Sanguinetti, se repartieron las acciones en cuatro partes iguales.

Ambas compañías ya habían sido cuestionadas el año pasado por sus millonarios contratos con el Banco Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

En el caso de Juliano, el diputado solicita información sobre “la totalidad de los procedimientos de contratación realizados para la organización y desarrollo de la celebración”, en referencia a la misa ante el Monumento de los Españoles que encabezó el Papa y la posterior vigilia de oración que compartió con miles de jóvenes.

El legislador exige que se expliquen los motivos por los cuales se recurrió a una contratación directa por razones de urgencia, en lugar de una licitación o concurso público, cuando la visita del pontífice se conocía con meses de antelación.

Pero más allá de eso, pone especial enfásis en la presencia de Purgato y Tech Security en la jornada. En concreto, reclama explicaciones sobre si las empresas de la familia Menem fueron contratadas por el Estado o si se trató de una subcontratación.

Lo propio hizo la diputada Marcela Pagano, quien llevó el asunto a la Justicia y presentó una denuncia en la que también reclama detalles sobre la participación de Tech Security y exige que se aclare si Purgato también formó parte del esquema.

Cerca del despacho de Martín Menem confirmaron a que las dos empresas, de las que el presidente de la Cámara ya no forma parte, fueron subcontratadas por la empresa encargada de organizar el evento, DF Entertainment, con la que mantienen una relación comercial de larga data.

En esa línea, se pronunciaron fuentes muy cercanas a las dos compañías. Como antecedentes, mencionaron su participación en eventos como el Lollapalooza y distintos espectáculos en el Estadio Único de La Plata.

A su vez, indicaron que desde hace 16 años prestan servicios de seguridad para River, como así también supieron hacer pie en la Conmebol y algunos bancos privados.

Las mismas fuentes hacen referencia al “sabor ingrato” de lidiar con el apellido Menem. Insisten en que las dos firmas desempeñaron funciones durante al menos tres gobiernos -el de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei- y descartan cualquier favoritismo por parte de la administración libertaria en la adjudicación de contratos públicos.

La aclaración no es casual. De hecho, el propio Juliano incluyó esta cuestión en su pedido de informes, en el que busca esclarecer los posibles vínculos societarios y conflictos de intereses entre integrantes de la familia Menem y funcionarios públicos, así como determinar si se cumplió con la ley de ética pública durante los actos papales previamente mencionados.

Los interrogantes resurgen a raíz de la controversia desatada en julio del año pasado, cuando trascendió que Tech Security había firmado un contrato por $4000 millones con el Banco Nación, con posibilidad de prórroga, para brindar servicios de vigilancia y custodia.

Según explicaron allegados a uno de los Menem, el vínculo habría finalizado en marzo de 2026, tras perder la última licitación. El monto efectivamente cobrado habría sido de $2000 millones.

No fue el único paso de la compañía por un organismo público. En 2019 comenzó a prestar servicios en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Sin embargo, su continuidad bajo la actual administración alimentó los cuestionamientos por sus vínculos con la familia del presidente de la Cámara de Diputados.

De todas formas, muy cerca de Tech Security aseguran que ni esta firma ni Purgato mantienen hoy contratos con el Estado. En cuanto a su participación en la jornada papal, organizada en gran medida por el Ejecutivo nacional y, en parte, por la Ciudad, se amparan en que ambas empresas fueron subcontratadas por DF Entertainment y no directamente por el Gobierno.

Por último, el descargo de Juliano pretende que emisarios del Ejecutivo informen si se cumplió la exigencia contenida en el pliego de contratación relativa a la provisión de cuatrocientos (400) agentes de seguridad por turno, “precisando la cantidad efectivamente desplegada, la distribución por sectores, los turnos realizados, las horas de servicio certificadas y el costo total y unitario de dichas prestaciones”.

Sobre este punto, la firma de seguridad aclaró a que, si bien en el evento participaron al menos otras cuatro empresas dedicadas a la custodia y vigilancia, entre ellas MCM, contratada por la Ciudad, Tech Security tuvo a su cargo el control de distintos sectores de Plaza Seeber, la avenida Sarmiento, la carpa VIP y el acceso por Cerviño. Para cumplir con estas tareas, desplegó 199 empleados y estimó una facturación total de $83 millones por los tres días de actividad. Según indicaron, la otra proveedora habría percibido una suma similar.

“No hay nada que ocultar”, se jactan los mismos que deberán aportar esta información y otros datos ante la Justicia y en Diputados, de prosperar en el terruño de Menem el pedido de informes.