POLITICA
Denunciaron a Milei por el veto al ascenso de una candidata a jueza por ser cuñada de un periodista

El presidente Javier Milei fue denunciado este viernes en los tribunales de Comodoro Py luego de que se conociera que el oficialismo en el Senado frenó el ascenso de una aspirante a jueza, María Verónica Michelli, por sus vínculos familiares con el periodista Hugo Alconada Mon, que investigó al Gobierno en causas sensibles.
La presentación es por presunto abuso de autoridad, entre otros posibles delitos, y recoge la nota de que cuenta que existió un pedido concreto del Gobierno para retirar el pliego de Michelli, propuesta para ocupar una silla en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata.
“La razón determinante del retiro del pliego no habría sido la falta de idoneidad de la postulante, ni objeción alguna vinculada con sus antecedentes profesionales o académicos, sino exclusivamente el hecho de ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon”, dice el escrito, presentado por José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio.
“Es decir, el Estado Nacional habría impedido el acceso de una persona a un cargo público no por su conducta, antecedentes o aptitud, sino por mantener un vínculo de parentesco con un periodista crítico del Gobierno”, completaron.
La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal N° 6, que subroga Daniel Rafecas. Interviene el fiscal Guillermo Marijuan.
Alconada Mon trabajó en investigaciones que abarcaron temas sensibles para el Gobierno, como el caso $LIBRA -la criptomoneda que promovió el Presidente en redes y acabó sospechada de estafa- o los movimientos en los patrimonios del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del propio Milei, entre otras publicaciones.
La denuncia resalta que el Ejecutivo pidió la devolución del pliego de Michelli sin ofrecer, según los denunciantes, una explicación pública sobre los motivos de la decisión.
“Resulta evidente, en el caso que nos ocupa, que la conducta denunciada podría estar motivada en un prejuicio ideológico contra el periodista Alconada Mon y su familiar, la Dra. María Verónica Michelli”, sostuvieron los denunciantes.
“El castigo a determinadas personas por las conductas de sus parientes fue una práctica iniciada hace miles de años que, afortunadamente, dejó de ser un método legalmente válido para la represión de los delitos”, añadieron.
Michelli fue seleccionada por el Consejo de la Magistratura para integrar una de las ternas correspondientes al concurso 366, diseñado para cubrir 6 cargos en tres tribunales distintos. Fueron giradas al Ejecutivo en diciembre de 2020.
En la Comisión de Acuerdos, el paso previo a la votación final en el Senado, el pliego de Michelli había recogido los apoyos necesarios, pero por la negativa del Gobierno, nunca llegó a convertirse en dictamen, que debe ser presentado por el libertario Juan Carlos Pagotto, el senador riojano que llegó a la Cámara alta de la mano de los Menem.
La nota pidiendo el retiro de la postulación lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que fue puesto allí por la hermana presidencial, Karina Milei, y del jefe del Estado, Javier Milei.
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El Gobierno no quiere confrontar con la Iglesia, pero apuntan contra García Cuerva

A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV, el Gobierno mantuvo el habitual silencio —al menos en las primeras líneas— ante las renovadas críticas que emitió ayer el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Y planean hacer lo propio de cara a los cuestionamientos que, descuentan, se precipitarán hoy durante la peregrinación a Luján.
La orden histórica de los hermanos Milei a sus ministros y secretarios de mantener “sin politizar” la relación con la Iglesia se mantiene intacta. Pero por lo bajo en la Casa Rosada apuntan contra el monseñor, lo acusan por sus vínculos con el kirchnerismo y distinguen su posición de la conducción de la Conferencia Episcopal Argentina, a cargo de Marcelo Colombo.
En sus homilías, García Cuerva suele ser particularmente duro con el mileísmo, aunque sin mencionarlo, por las formas y por el modelo económico y social que propone y aplica el Gobierno. Y ayer retomó el mismo camino.
García Cuerva habló en la puerta de la Catedral Metropolitana, antes de la 52.ª Peregrinación Juvenil a Luján. Consultado sobre el país que encontrará el Pontífice al visitar el país entre el 8 y el 11 de noviembre, dijo que se va a encontrar con “una Argentina herida, una Argentina dividida”. También habló de un país “en crisis” y con un porcentaje alto de pobres. Y pidió evitar que el Papa sea ubicado de uno u otro lado de la grieta.
Antes había señalado que existen diferencias entre la Iglesia y el Gobierno y destacó la posibilidad de encontrar puntos de acuerdo. Y deslizó, además, que los gobiernos nacionales y locales y la Iglesia están sentados a una misma mesa para organizar la visita. Pero esos señalamientos, más conciliadores, no fueron suficientes para evitar que en el oficialismo, incómodos, tuvieran que morderse la lengua nuevamente.
Desde Francia, el Presidente ofreció otra lectura de la situación social tras la suba de la pobreza. En el cierre de la Argentina Week Paris, al recibir el premio al “Economista más influyente” del Foro Económico de París, en la sede del Automóvil Club de Francia, el jefe de Estado se mostró sensible. “No estoy diciendo que la foto sea buena, la foto sigue siendo un espanto, la foto sigue siendo horrible, pero sin lugar a dudas es la mejor película de la historia argentina”, sostuvo.
En Casa Rosada solo permiten que las segundas líneas salgan a responder, mientras las primeras se quedan en el molde. De esa dinámica surge el caso de Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo, que tuiteó con dureza en respuesta al Arzobispo porteño. Núñez integra las tropas de Santiago Caputo y es de confianza del grupo de tuiteros de Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”.

En el oficialismo señalan que hay internas entre los sectores de la Iglesia. Distinguen entre el Episcopado y el arzobispo porteño: según comentarios en off the record, los Milei valoran más al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo. Un alto funcionario de Casa Rosada explicó que el vínculo no es uniforme y que “no son los mismos lazos políticos” con ambos. Esa lectura es la que sostiene el apuntar contra García Cuerva sin enfrentarse con el conjunto de la Iglesia.
Si bien su prédica es más resonante, García Cuerva no es el único. Ayer, en una entrevista con A24, el párroco de San Cayetano, Lucas Arguimbau, habló con pesar de la situación de los endeudados, los jubilados y los discapacitados, los principales puntos débiles del Gobierno, junto a la educación universitaria. Fue un mensaje muy crítico con el Gobierno que, como el del arzobispo, no lo mencionó. No es la primera vez que la Iglesia porteña pone esos temas sobre la mesa: el 7 de agosto, en la misa de San Cayetano, García Cuerva había dicho que la libertad económica no puede ser absoluta y pidió por los pobres y los endeudados.

Lo dicho por García Cuerva ayer fue un adelanto de la Iglesia. Y se esperan más críticas hoy, en la peregrinación a Luján. Eso podría empañar los esfuerzos del Presidente por ensalzar las inversiones conseguidas en Francia, en medio de los cuestionamientos por el estado de la actividad de la economía. Hay sectores que repuntan, como los de la minería y el petróleo, pero la industria y el comercio caen con fuerza y hay cada vez más despidos.
Peregrinación a Luján. El Arzobispado informó que monseñor García Cuerva atenderá a la prensa entre las 7 y las 7.30 en el santuario de San Cayetano. La imagen peregrina saldrá de allí a las 10.
Para entonces es probable que el Gobierno vuelva a escuchar señalamientos.
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El gobernador de Misiones irá a la Justicia para frenar la venta de tierras sin límites a extranjeros

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó este viernes al Fiscal de Estado provincial a iniciar las acciones judiciales que correspondan para resguardar los derechos e intereses de la provincia frente a la eliminación de las restricciones nacionales para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
El fallo de la Corte deja a Misiones en situación de “desprotección y vulnerabilidad” y el DNU 70/23 “lesiona la integridad territorial” de su provincia, evaluó Hugo Passalacqua al dictar la medida. “No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, agregó.
El efecto práctico de esta instrucción es que la Fiscalía de Estado se opondrá en caso de que exista una venta de tierra en zona de frontera misionera. Misiones es la primera provincia que toma una medida directa para evitar los efectos de la derogación de la ley de tierras que fija límites a la adquisición por parte de no residentes.
El Gobernador consideró que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa “C.E.C.L.M.” tuvo como consecuencia la “inmediata vigencia del artículo 154 del DNU N° 70/2023”. Esto dejó a la provincia “en una situación de absoluta desprotección legal y vulnerabilidad institucional ante la libre adquisición de su territorio por parte de personas extranjeras”.
Asimismo, sostuvo que la vigencia del DNU 70/23 “impacta de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la Provincia”.
Esto se debe a que altera de forma sustancial “las reglas normativas que rigen sectores estratégicos para el desarrollo provincial”. Asimismo, “lesiona de forma directa la integridad territorial, el control de los recursos naturales, cuestiones de seguridad provincial y municipal, entre otras”.
“Resguardar los derechos de Misiones”
La provincia de la tierra colorada es el distrito con mayor porcentaje de áreas rurales en manos de extranjeros. Passalacqua explicó en X que tomó la decisión fiel a la postura que “siempre sostuvo en defensa del territorio y recursos naturales”.
El mandatario señaló que su provincia tiene “el 90% de frontera internacional” con Brasil y Paraguay. Y también “una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro”. “No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido. Cuidar la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente”, sentenció.

El decreto 1935, dictado hoy, ordena al fiscal de Estado Eduardo Duarte “ejercitar, en las oportunidades y por las vías que resulten técnicamente más oportunas, las acciones y defensas que pudieran corresponder para hacer valer y defender los derechos e intereses del Estado Provincial que pudiesen encontrarse afectados o vulnerados por la derogación de la Ley 26.737 efectuada por el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023”.
El fallo de la Corte
El máximo tribunal sin efecto un fallo que había frenado el DNU 70/2023 tras un pedido del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
La Corte consideró que la entidad que inició la acción legal carece de la legitimidad necesaria para cuestionar la norma en los tribunales, al no configurarse un caso o controversia judicial concreto.
Tras el escándalo por su decisión, los vocales del alto cuerpo emitieron un comunicado en el que informaron que en el caso se decidió “un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar; y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema”.
“La sentencia no afecta a otras medidas cautelares que están en trámite con el mismo objeto y toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, puede peticionar una medida cautelar, que esta decisión no impide”, resaltó.
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Ante la polémica, la Corte Suprema aclaró que no falló sobre la validez del régimen de tierras

Ante la polémica, la Corte Suprema de Justicia aclaró que no falló sobre la validez del régimen de tierras y que se limitó a una cuestión procesal. “La sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”, remarcaron.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, el máximo tribunal cuestionó a quienes promovieron “discursos de odio y descalificación en las redes sociales”.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkantz y Ricardo Lorenzetti aclararon que “sólo se decidió un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar; y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema”.
Además, que “la sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”, y que “tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”.
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