Lo que se prevé un escándalo de corrupción comenzó con una autodenuncia. La empresa de seguridad privada Securitas admitió en la Justicia haber pagado coimas millonarias a funcionarios entre 2014 y 2018 para hacerse con contratos de servicios de vigilancia en distintos organismos públicos nacionales, empresas estatales y hasta dependencias del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, Tucumán y CABA.

La confesión quedó detallada en un expediente que lleva la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y que derivó en nueve detenidos y más de 50 allanamientos en todo el país.

La investigación comenzó en 2020 cuando la empresa decidió denunciar a sus propios exdirectivos porque “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”, consignaron en la presentación judicial, según reveló el diario La Nación.

Fuentes judiciales citadas por el mismo medio detallaron que los pagos indebidos que aceptó Securitas fueron desde el 2014 al 2018, es decir, durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, aunque se investigan episodios desde el 2012.

La lista de organismos donde la empresa admitió el pago de coimas incluye al Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), el SENASA, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. También, en la empresa estatal de aguas AYSA.

Entre los casos de coimas denunciadas se mencionan dependencias provinciales, como la empresa energía ENERSA, de Entre Ríos, la Policía de la Provincia de Tucumán, y la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada de Buenos Aires o la Policía Bonaerense -ambos casos, durante la gobernación de María Eugenia Vidal-.

Los pagos ilegales apuntan, en su mayoría, a dos cuestiones: la primera, intentar renovar, mantener o acceder a contratos públicos. La segunda, a agilizar trámites, como el caso de habilitaciones en el que se menciona a los «Registros de Guardias de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia», el Registro de la Propiedad Automotor de la PBA o el Provincial de Armas. También hubo casos más particulares: pagos para agilizar cuestiones claves para la actividad, como la obtención de certificados para que los agentes puedan portar armas o para contar con policías de respaldo en alguna vigilancia puntual.

En el detalle de casos, se denuncian también pagos irregulares en los vínculos con empresas intermedias de servicios públicos como Aeropuertos Argentina 2000, la Terminal de Cargas Argentina e incluso la petrolera venezolana PDVSA.

En otro orden, Securitas denunció pago de coimas a la UOCRA, el gremio de la construcción, para lograr contratos de vigilancia en obras de la petrolera estatal YPF, el Conicet y el Centro Cultural Kirchner (CCK).

Securitas decidió denunciar a sus propios (ahora ex) directivos y tesoreros como parte del «programa de integridad» de la compañía, cuando era filial en argentina de la firma homónima Securitas AB, una multinacional con sede en Suecia. Luego, la empresa argentina pasó a otro grupo empresario de capitales latinoamericanos. Los detenidos por la Justicia, hasta el momento, ocuparon todos cargos gerenciales en la empresa, pero ya no están vinculados a ella.

Los pagos detectados tienen múltiples formatos y van desde erogaciones de 20 mil pesos mensuales hasta pagos por 42 millones de pesos. Incluso, la empresa de seguridad privada recurrió a empresas fantasma para disimular algunas erogaciones (como en el caso de ENERSA o el SENASA). Los sellos de goma simulaban supuestas consultorías facturadas para ocultar las coimas.