El gobierno de Alemania cuestionó la injerencia política sobre el sistema judicial argentino, habló de “presiones e intimidaciones” a los jueces e investigadores y abogó por la necesidad de cubrir vacantes claves en el andamiaje institucional del país.

Esa postura incómoda para el gobierno de Alberto Fernández la escuchó en vivo y en directo el lunes el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, durante la sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), para tratar el Examen Periódico Universal (EPU) al país. Pietragalla había leído el informe de la situación argentina, en el que puso especial énfasis en denunciar “la práctica del lawfare impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático”.

Después de su discurso, 104 países miembros de la ONU pidieron la palabra para hacer comentarios y recomendaciones a la Argentina vinculados a su política de derechos humanos. Esos comentarios se incorporarán en el informe final que se presentará este viernes y que incluirá compromisos concretos del país para mejorar en esta materia.

Hubo tres Estados que aludieron a la necesidad de garantizar la independencia judicial en la Argentina (Eslovaquia, Chile y Alemania), mientras que otro –Suecia– presentó una pregunta escrita a la delegación que encabezó Pietragalla en la que alude a “la creciente preocupación de organizaciones independientes” sobre la injerencia política en la Justicia. Bolivia fue el único país que respaldó la denuncia kirchnerista sobre el lawfare (y añadió un reclamo para liberar a la dirigente jujeña Milagro Sala).

“Alemania expresa su preocupación por los intentos de ejercer influencia política en el sistema de Justicia. Alemania en ese sentido recomienda que se fortalezca la independencia judicial y se proteja a jueces e investigadores ante presiones e intimidaciones. Recomienda además trabajar activamente con la oposición para cubrir los puestos vacantes en la procuración general, la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo”, leyó la diplomática Ann-Jasmin Krabatsch, que representó a su país en la audiencia. Fue al final de su alocución, en la que -como todos los países- también tuvo elogios a los avances del país en otras cuestiones.

Mensaje incómodo

Ningún otro país fue tan enfático con un reclamo que toca la agenda central de la política argentina. Se da justo una semana antes de que el canciller federal, Olaf Scholz, visite la Argentina para reunirse con Alberto Fernández, como parte de una gira que incluirá escalas en Brasil y Chile. El mensaje sobre la injerencia política en la Justicia resulta altamente disonante con la estrategia del Gobierno de promover la destitución por juicio político de los cuatro integrantes de la Corte Suprema, a los que acusa de ser parte de una conspiración contra el kirchnerismo.

Aunque la mayoría de las recomendaciones planteadas por los países aludieron a la lucha por la igualdad de género, a la situación en las cárceles y a la aplicación de legislación internacional contra flagelos como la tortura, la cuenta oficial de Twitter del Consejo de Derechos Humanos la ONU comunicó una lista oficial de los planteos vertidos en la sesión encabezada por la cuestión de la independencia judicial.

Ante la publicación de esa información en diversos medios de la Argentina -entre ellos -, Pietragalla denunció este martes que se trataba de una noticia falsa, publicada “con mala intención”. Dijo que “el informe oficial con las recomendaciones realizadas por los estados a la Argentina será publicado recién el viernes”, sin aclarar que los delegados ya las habían adelantado en su discurso y que el propio Consejo había destacado algunas -en especial la vinculada con la independencia judicial- en su comunicado oficial en redes sociales. El funcionario añadió que “solo dos países solo dos Estados hicieron mención a la situación de la Justicia en Argentina” (en realidad fueron tres en la audiencia y otro más por escrito) y que los 107 Estados presentes felicitaron al país por su informe. Esta última es una verdad a medias: a todos los delegados se les pidió al inicio del debate que listen en un minuto y medio sus elogios y sus recomendaciones. Es decir, todos eligen por qué felicitar y en qué marcarle una observación crítica al Estado que se somete a la revisión.

Pietragalla no respondió el mensaje de Alemania. Y dijo que se había tergiversado la postura de Chile al punto que su representante había tenido que aclarar sus dichos en Twitter. La representante del gobierno de Gabriel Boric, en realidad, leyó en la sesión que su país recomienda a la Argentina “garantizar la plena independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de sus funciones”. Después, en su cuenta de redes sociales, no aludió a ese tramo de su discurso; posteó solamente una felicitación y otras dos recomendaciones menos controversiales para la relación bilateral.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso que incluye una revisión de los expedientes de derechos humanos de todos los miembros de las Naciones Unidas. Lo dirigen los Estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, que ofrece a cada país la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en su territorio y para cumplir con sus obligaciones en la materia. Del proceso de “diálogo” entre las naciones surge un informe que recoge las recomendaciones de la comunidad internacional y los compromisos que asume el país sujeto a la revisión, que serán evaluados a mediano plazo. Cada país se somete al EPU una vez cada cuatro años y medio.

Durante la sesión en Ginebra, la mayoría de los países se limitó a expresar consideraciones generales sobre derechos humanos, sin alusiones muy específicas sobre Argentina. Entre las excepciones se encuentran Israel, que reclamó por la impunidad de los atentados contra la Embajada y la AMIA. Estados Unidos felicitó por el desarrollo de los juicios contra represores de la dictadura y planteó tres recomendaciones: designar al Defensor del Pueblo -vacante desde 2009-, mejorar la situación de las cárceles de las cárceles y aprobar una ley nacional sobre “la propiedad comunitaria” de las tierras ancestrales indígenas. Entre los discursos más curiosos resaltan los de Irán, que pidió acciones para garantizar los derechos de la mujer, y de Venezuela, que cuestionó las situaciones de hacinamiento en las cárceles argentinas.

La gira de Scholz

La postura alemana en la sesión del Consejo de Derechos Humanos abre la incógnita sobre si el canciller socialdemócrata Scholz hará algún tipo de planteo a Fernández durante su visita a Buenos Aires, prevista para el lunes y martes próximos.

Al confirmar la visita, el portavoz del gobierno alemán, Steffen Hebestreit, dijo que el viaje “subraya la relevancia como socio de la región” y que Alemania se dispone a “profundizar” las relaciones políticas y económicas con estos países, especialmente en lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático y al crecimiento económico sostenible.

Alemania es el primer socio comercial de Argentina dentro del bloque de la Unión Europea (UE). Scholz llegará a Buenos Aires acompañado por una delegación oficial integrada por unas 70 personas, que incluirá a empresarios y periodistas alemanes. Será la tercera reunión oficial entre Fernández y el actual canciller alemán.

“El viaje del canciller Scholz a Chile, Brasil y Argentina, se realiza en el marco de una necesidad de estrechar los vínculos con América Latina ante una situación donde Alemania, al igual que América Latina, son regiones afectadas por las consecuencias de la guerra en Ucrania. En el caso alemán, por su dependencia energética de los hidrocarburos rusos; en el caso chileno, por una contracción económica, inflación y caída en los empleos”, señaló Gitte Cullmann, representante de la Fundación Heinrich-Böll, en declaraciones a DW.