El 15-O se presentaba como un desafío significativo para el Gobierno, pero, al final, con mucho esfuerzo, varias concesiones de último momento y algunos aportes exógenos clave, se llevó dos imágenes triunfales. Adentro y afuera del Congreso.

Bajo la superficie, no obstante, quedan abiertas demandas insatisfechas, logros costosos para el oficialismo y varios interrogantes sin respuestas. Pero eso quedará para más adelante y es parte del tacticismo extremo al que ha apelado últimamente la Casa Rosada para sortear complicaciones. Por eso, ayer funcionarios y propagandistas libertarios festejaron en las redes sociales y medios de comunicación lo sucedido.

En el recinto de la Cámara de Diputados, la oposición, debilitada por gobernadores amigables con el Gobierno, que hicieron ausentar a los legisladores que les responden, se quedó con el sabor amargo de una derrota, previsible, pero que hasta último momento se ilusionó con revertir. El Gobierno había dispuesto de varios recursos para neutralizar el embate.

La confluencia de los diputados opositores, pertenecientes al peronismo, al radicalismo, a la Coalición Cívica y a la izquierda, no logró alcanzar el quorum, a falta de solo ocho diputados, para tratar la derogación del megadecreto 70/2023, que abrió paso a las principales reformas y desregulaciones en el primer año de gestión. Las ausencias también impidieron debatir los proyectos opositores sobre discapacidad y sobre endeudamiento familiar.

De haber prosperado esas tres iniciativas, habrían impactado seriamente sobre el Gobierno, especialmente en lo político, pero también con importantes efectos económicos, justo en un momento en el que entre inversores internos y externos asoman dudas sobre su fortaleza política y aptitud electoral, en razón del impacto social que tiene la compleja marcha de la economía, con la dominancia de varios indicadores negativos.

Después de ese circunstancial alivio, afuera del recinto legislativo se llevaron toda la atención los violentos incidentes, protagonizados por militantes de izquierda y, sobre todo, por encapuchados sin adscripción visible a ningún espacio, que arrojaron piedras y objetos metálicos, y fueron reprimidos duramente por agentes de las fuerzas federales de seguridad, con balas de goma, chorros de agua desde carros hidrantes y gases lacrimógenos, que se esparcieron por toda la zona. Otra vez, además, agentes federales hirieron a reporteros que estaban cubriendo los incidentes.

Los hechos de violencia terminaron por desplazar, así, a un plano secundario otra masiva manifestación en demanda de recursos para la educación pública y en protesta por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario por parte del Poder Ejecutivo.

Fue un auténtico regalo el que le hizo al Gobierno ese grupo de violentos no identificados (como ya ocurrió en protestas anteriores durante esta administración) al desnaturalizar y desviar la atención respecto de un reclamo que cuenta con una amplia y transversal aceptación social, en todo el país, como se vio en esta ocasión y en las cuatro manifestaciones anteriores, y reflejan las encuestas de opinión pública.

Según una encuesta de la consultora Management & Fit, el 54,7% de las personas consultadas se manifestó en contra del incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Y las universidades públicas se encuentran entre las instituciones con mayor nivel de confianza de la sociedad argentina, con más del 60% de aprobación.

La demanda por mayores fondos a las universidades, cuyos docentes y no docentes denuncian haber perdido un tercio del poder adquisitivo de sus salarios en los últimos tres años, es una verdadera piedra en el zapato para el Gobierno, que no logra quitársela y sobre la que insiste en no ceder, con argumentos de naturaleza presupuestaria y razones de índole política.

Por eso, a la gestión mileísta no le podrían haber resultado más oportunas esas impactantes imágenes con las que concluyó la protesta, completadas con las de un grupo de militantes de izquierda que en una demostración de inaceptable intolerancia agredieron física y verbalmente al equipo de LN+, encabezado por la rigurosa cronista Carla Ricciotti, quien afrontó la situación con su habitual compromiso profesional y notable entereza personal.

Como parte de un notable trastrocamiento de roles, la rigurosa periodista fue defendida por el titular de la bancada de diputados peronistas, Germán Martínez, y el dirigente trotkista Eduardo Bellliboni, que participaban de la protesta, ante la absoluta ausencia policial en la zona donde ocurrieron estos incidentes.

Ahora, el Gobierno y, especialmente, la Justicia deberán despejar las dudas que dejó la (oportuna) irrupción de los violentos, que para los organizadores y la mayoría de los asistentes a la manifestación eran infiltrados.

El comportamiento de las fuerzas de seguridad en episodios similares anteriores, con arrestos al boleo muy poco sostenibles y la falta de esclarecimiento posterior alimenta todas las suspicacias y reinstala un clima de crispación y desconfianza poco saludable para el comienzo de la temporada electoral.

Causas y efectos

Es un hecho que el fracaso de la sesión de Diputados impulsada por la oposición, así como los hechos de violencia que desvirtuaron el reclamo de fondos para las universidades, tuvieron un mismo resultado finalmente favorable para el Gobierno. Aunque detrás de ese desenlace hay situaciones muy diferentes y ricas en contenido y protagonismos que merecen desglosarse.

En el caso universitario, los incidentes desplazaron la atención, pero no terminaron con la crisis abierta por este tema. Aunque la determinación (u obstinación) del Gobierno para no cumplir con la ley de financiamiento educativo, a pesar de los reiterados emplazamientos judiciales, también está haciendo mella en la capacidad de movilización de quienes reclaman.

“Hay una sensación de impotencia y de desazón muy fuerte”, dijo a una docente de la UBA y de una universidad del conurbano que no faltó a ninguna de las cinco protestas y no se resigna, pero ya le quedan pocas esperanzas de que la movilización pueda cambiar el curso de las cosas y mejore la situación presupuestaria de la educación superior. Expresiones muy similares se pudieron escuchar de bocas de muchos otros asistentes, a los que, además, indignaba tanto la violencia de los ignotos encapuchados como la dureza de la represión policial.

La derrota oficialista en la Cámara baja, en cambio, encierra una combinación de circunstancias que le dio (temporariamente) una cuota de oxígeno al Gobierno, pero no lo sacó definitivamente de un pantano que le está insumiendo ingentes recursos y esfuerzos, tanto como impactando sobre su capital simbólico y la ya muy dañada credibilidad del Poder Judicial, especialmente de la Corte Suprema.

La próxima semana, el oficialismo deberá mantener la heterogénea mayoría que logró reunir ayer e hizo abortar la sesión, para que se aprueben sus propios proyectos sobre ley de tierras, discapacidad y endeudamiento con los que buscará blindarse y evitar un nuevo embate sobre temas demasiado sensibles, que sí penetran en el poco permeable interés social.

Para eso ya debió hacer concesiones sustantivas, que contradicen algunos de sus dogmas, como es la eliminación o la baja de las restricciones para la tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros. Tal fue el giro que en una nueva iniciativa repuso la vigencia de la restrictiva ley de tierras kirchnerista, sancionada en pleno auge del cristinismo, en 2011. Todo vale para salvar el proyecto.

Por otra parte, deberá lidiar con los efectos no deseados del salvador fallo de la Corte Suprema, contradictorio en sus efectos con otro de apenas una semana antes sobre el mismo tema, al hacer lugar a recursos interpuestos y disponer una medida cautelar con efectos suspensivos del decreto 70 en materia de propiedad de la tierra.

Ese fallo fue la válvula de escape que le ofrendó al Gobierno el máximo tribunal, con los votos de los ministros titulares Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y los de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, ambos cercanos al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y con estrechos vínculos con la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia. La resolución permitió, buscó o intentó bajar la creciente presión social sobre el tema, alimentada por una oalista a la que Milei se subió tardíamente.

Ese fallo, fundado en vagas amenazas al medio ambiente, que requería supuestamente de urgente protección, podría, sin embargo, afectar objetivos nodales del gobierno mileísta.

Lo que el juez Carlos Rosenkrantz calificó en su voto en disidencia como “la coartada ambientalista” podría abrir demandas contra la explotación minera en zonas lindantes con ventisqueros, que fue habilitada con la reforma de la ley de glaciares que impulsó el oficialismo y tuvo el apoyo crucial de los legisladores de las provincias con recursos minerales extraíbles.

El novedoso fervor ecológico de Rosatti, cuyo entorno cultiva un estrechamiento sostenido de las relaciones con el mileísmo, compite ahora con la ya conocida y muy promocionada adscripción ambientalista de Lorenzetti, su antiguo rival y ahora circunstancial aliado en la Corte. Milagros libertarios, de derivaciones imprevisibles.

Ese fallo, al igual que el posterior cambio en el proyecto de ley de tierras, resultó un buen argumento (o atajo) para varios diputados que no adherían a la desregulación total en esa materia que proponía el mileísmo, pero que pertenecen a provincias con gobernadores amigables con el oficialismo, que, además, si algo intentan evitar es quedar pegados a los proyectos y objetivos del kirchnerismo.

Peronistas cordobeses, tucumanos y catamarqueños, excambiemitas de Chubut y Santa Fe y radicales chaqueños y jujeños aportaron ayer su ausencia para que no prosperara la sesión. No tanto para favorecer al Gobierno como para evitarle problemas a sus gobernadores. No es momento para dar ciertas discusiones.

Sobre ellos también influyó la renovación del vínculo de los respectivos mandatarios provinciales amigables con el gobierno nacional que se produjo durante el viaje a Francia hace apenas una semana. La bien dispuesta cena con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y las atenciones que Milei les dedicó, a diferencia de lo ocurrido en el anterior viaje a Nueva York, resultaron efectividades conducentes. París bien vale una misa. Y algo más.

De todas maneras, son logros circunstanciales. Todo es fruto de un tacticismo, político, económico y judicial, que tanto la Casa Rosada como los mandamases provinciales ejercen a ultranza por estos días. Quedan todavía demasiadas incógnitas por despejar y asuntos por negociar. El calendario electoral está en marcha, sobran las incertidumbres y no todos los intereses convergen. Paso a paso.

Por ahora, el Gobierno encuentra motivos para festejar dos triunfos provisionales clave.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, reiteró este jueves su pedido para que el Gobierno “cumpla” con la ley de Financiamiento Universitario, después de la quinta Marcha Universitaria Federal en el Congreso que terminó con al menos 31 detenidos, incluidos dos menores de edad.

Al responder a una publicación de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, respecto de los incidentes, Yacobitti expresó: “Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario”.

“Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos”, añadió.

Como repudio a los incidentes, Monteoliva había apuntado contra los “mismos violentos de siempre” que, dijo, “quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”.

“El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia”, había expresado la funcionaria.

Los incidentes

Situaciones de violencia se registraron por la tarde entre manifestantes y la policía durante la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso.

En total, se reportaron diez heridos y al menos 31 detenidos, incluido dos menores de edad.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que trabajaban en una denuncia penal contra los involucrados en los disturbios por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y el delito de daño agravado, además de recolectar imágenes de prueba.

Las fuerzas de seguridad registraron cuatro oficiales de Gendarmería Nacional, dos de la Policía Federal y dos de Prefectura Naval heridos con elementos contundentes durante los altercados.

Pulseada judicial

Por otro lado, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso este jueves de manera provisoria la suspensión de la aplicación de multas diarias para el Gobierno por el incumplimiento de la cautelar vinculada con la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Así lo dispusieron los jueces Sergio Gustavo Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán al hacer lugar a un recurso de queja que había presentado el Ministerio de Capital Humano.

Los magistrados dispusieron “conceder” la queja “en relación el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada con fecha 24 de septiembre de 2026, contra la providencia de fecha 22 de septiembre de 2026”, según el fallo al que accedió .

El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, había resuelto el miércoles último, un día antes de la marcha, la aplicación de sanciones económicas diarias al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por un monto de $100.000 por día por no aplicar la norma.

La Cámara hizo lugar al recurso de queja de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, y estableció que la causa debe tratarse en el juzgado de primera instancia, por lo que las multas económicas sobre la Jefatura de Gabinete quedan suspendidas mientras continúa el trámite.