La semana pasada se cumplieron diez meses sin que exista una decisión final acerca de quién tiene que investigar a los dueños de una mansión en Pilar, valuada en 25 millones de dólares, que se sospecha pertenecería a autoridades de la AFA.

El debate eterno de competencia entre jueces federales, en lo penal económico y de instrucción, de Comodoro Py, de Campana y la ciudad de Buenos Aires solo se explica por el poder de los sospechosos para incidir sobre los tribunales de primera instancia y los que deben revisar sus decisiones.

Ahora el expediente está en la Cámara Federal de Casación, donde deben resolver los jueces Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar, con plazos perentorios para tomar una decisión.

Todo hace pensar que los jueces de Casación rechazarán el recurso del fiscal Mario Villar contra el fallo -con la disidencia de Slokar- que mandó la causa al juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay, como querían los acusados.

Si eso ocurre, el fiscal Villar debería presentar un recurso de queja para llegar con este planteo de competencia directamente a la Corte Suprema de Justicia.

Es un planteo difícil, porque en general la Corte no interviene en casos de competencia. Solo lo hace cuando hay denegatoria del fuero federal, lo que no se da en este caso. Pero la causa es tan excepcional que puede que el máximo tribunal tome el caso. No hay certeza de qué hará.

Esta causa acerca de quién es el dueño de la quinta de Pilar, que perteneció a Carlos Tévez, es importantísima, pues el juez que investigue este caso arrastrará todas las causas de supuesto lavado de dinero y fraude ligadas con la AFA, que involucran a Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero, Pablo Toviggino. Se convertirá en el juez de la AFA.

La denuncia original es del 1 de diciembre de 2025 y fue realizada por Elisa Carrió, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, todos dirigentes de la Coalición Cívica.

Los denunciantes apuntaban por lavado de dinero a quienes aparecen como dueños de la quinta de Pilar, de cinco hectáreas, donde había canchas de fútbol, un haras, caballos árabes, un helipuerto, gimnasio, casas, quincho y parrilla y un galpón con 54 automóviles de alta gama, incluidos algunos clásicos de colección y otros deportivos último modelo. Sospechan que son testaferros de alguien mas.

La quinta, que la Justicia estimó que tiene un valor de 25 millones de dólares, con los autos dentro, pertenece en los papeles a Real Central SRL, una sociedad a cargo de Luciano Pantano, exdirigente de futsal, y su madre, Ana Conte, jubilada. Su perfil económico no parece corresponderse con los dueños de la mansión.

Cuando se allanó la quinta, en su interior fueron hallados objetos con el nombre de Pablo Toviggino. Un cuadro en el que aparece con su padre, un bolso, botellas de whisky, fotos y las cédulas azules que habilitan a manejar algunos de los autos encontrados lo relacionan con el lugar.

La sospecha de la fiscalía es que la quinta es la evidencia de una maniobra de lavado de dinero obtenido mediante una supuesta administración fraudulenta de contratos de la AFA con la selección nacional. Los fondos habrían sido desviados a manos de los dirigentes del fútbol.

El caso desde su inicio en 2025 pasó por el juez federal Daniel Rafecas, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, la Cámara en lo Penal Económico, la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia, el juez federal de Campana Adrián Gonzalez Charvay y la Cámara Federal de San Martín, la Cámara Federal de Casación, con los votos de Borinsky y Barroetaveña, -que renunció a un tribunal de la AFA antes de intervenir- y trass las excusaciones de Carlos Mahiques y Danel Petrone.

Mahiques, que era suplente en la sala, dijo que tenía otras tareas y no podía ocuparse del caso. Lo hizo luego de que publicó que festejó su cumpleaños en la quinta de Pilar.

El 14 de agosto de 2026, la Sala I de la Cámara de Casación, con los votos de Barroetaveña y Borinsky, y la disidencia de Alejandro Slokar, resolvió el conflicto de competencia a favor de la defensa de Luciano Pantano y Ana Conte.

El tribunal ordenó que el expediente por presunto lavado de dinero salga del fuero Penal Económico porteño y pase al Juzgado Federal de Campana, a cargo de González Charvay.

El fiscal federal de Campana Germán Bringas y el fiscal ante la Cámara de San Martín Carlos Cearras se opusieron a esta idea. Cuando el caso llegó a la Cámara Federal de Casación, el fiscal Mario Villar impulsó él mismo el planteo.

A finales de agosto de 2026, el fiscal Villar presentó un recurso extraordinario federal y cuestionó la resolución de Casación por entender que incurrió en arbitrariedad. Sostuvo que el tribunal consideró exclusivamente el lugar donde se ubica físicamente la propiedad de Pilar, ignorando la hipótesis delictiva integral de lavado, que se inició en la Capital Federal.

La hipótesis de la fiscalía, de corroborarse, plantea un escándalo que atraviesa al fútbol argentino.

El fiscal Villar dijo que lo que se investiga es la existencia de una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre 2021 y 2025 y que habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos lícitos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero.

Bajo el pretexto del cepo cambiario y pagando comisiones del 30%, dijo el fiscal, se habrían “desviado y ocultado del patrimonio de AFA, valiéndose de empresas constituidas en el exterior, algunas en paraísos fiscales y con cuentas bancarias off shore, con participación o aquiescencia de dirigentes de AFA y/o personas allegadas a la dirigencia”.

“Los ingresos de la AFA se vincularían con el pago de derechos comerciales, de auspiciantes extranjeros de la Selección Nacional de fútbol, de derechos de transmisión de los partidos” que habrían ingresado a las cuentas bancarias en el extranjero de Torneos y Competencia SA (primer intermediario de gestión de cobro de AFA), de Q22 Services Limited (segundo intermediario), de Stratega Consulting USA LLC (tercer intermediaria, controlada por la homónima en Reino Unido), Odeoma Gestión SL (cuarta intermediaria) y TourProdEnter LLC (última intermediaria a partir diciembre 2021), luego desviados ilícitamente a sociedades constituidas en EEUU, Reino Unido y República Oriental del Uruguay», dice la acusación.

Señala Villar que se presume que esas sociedades serían fachadas, ligadas a las mismas personas o allegados de la dirigencia de la AFA.

Además, se denunció la circulación de los bienes, incluyendo la conversión de remesas de dinero y su lavado mediante la compra de propiedades, en especial la quinta de Misiones 4097 de Villa Rosa, Pilar, que fue comprada el 30 de abril de 2025.

También se investiga la compra de unidades funcionales en el barrio privado Ayres Plaza, Pilar, los 54 vehículos a nombre de Real Central SRL hallados en el galpón del predio de Villa Rosa y caballos árabes y de pura sangre.

Se denunció a Central Park Drinks SRL, actualmente Real Central SRL, a nombre de Luciano Nicolás Pantano, persona vinculada al mundo deportivo y “con vínculos con Lucas Labbad ex gerente de Boca Juniors”, y a su madre, Ana Lucía Conte, “quienes fueron sindicados como supuestos testaferros de personas vinculadas a la administración de fondos de AFA”.

“Existiría un poder especial de administración de la sociedad Real Central SRL a favor de Reinaldo Omar Bogado, Francisco Alejandro Capurro, José Miguel Verón, Leticia y Silvia Yaniello, supuestamente ligados a la política nacional y provincial”, señala el fiscal.

Por eso los investigados, según la fiscalía, son Claudio Fabián Tapia (presidente de la AFA), Pablo Ariel Toviggino (tesorero), Dario Fabián Toviggino (hermano del tesorero, vinculado con Soma SRL), Juan Pablo Beacon (dirección ejecutiva de la AFA), María Florencia Sartirana (actual pareja de Pablo Toviggino y extesorera de la AFA), Leandro Petersen (jefe del área comercial y de marketing de la AFA), Marcelo Fabián Ramón Saracco (primer operador financiero de los fondos de la AFA, junto con Toviggino y socio de Odeoma Gestión SL), Gabriela Erica Gillette y Javier Horacio Faroni (pareja vinculada a TourProdEnter LLC, operador financiero de la AFA a partir de diciembre de 2021), Mauro J. Paz (por Soma SRL, exdirector de la liga femenina de la AFA), y Mendoza Wines SA, vinculada a Luciano N. Pantano.

También se investiga a Malte SRL, Soma SRL (creada en Santiago del Estero), Andrés Scornik (controlante de Global FC LLC), Melchor A. Merlín (socio español de Odeoma Gestión SL), Global FC LLC, BIBOP SA, WICCA SAS, LINDOR SRL y SERVICIOS LINDOR SA.

Se mencionaron en la causa otras sociedades destinatarias de los fondos de la AFA constituidas en Estados Unidos, presuntamente sin actividad real, ni empleados a cargo, supuestamente controladas por personas de escasos recursos en Bariloche, como Velp LLC (de Verónica Inés Lopez), Velpasalt LLC (vinculada a Roberto Salice), Marmasch LLC (relacionada a Mariela Marisa Schmalz) y Soagu Services LLC (vinculado a Javier Alejandro Ojeda Jara, pareja de Schmalz).

Entre otras empresas beneficiarias de los fondos de AFA se encontrarían Dicetel Corp (o Decitel), Florida Secured Title LLC, Brisa 3 Management, Argen Agro LLC, Alabama Goal Capital LLC, Spring Stalk (con sede en Italia) y Alas del Fin del Mundo SRL.

“La mayoría de estas sociedades carecerían de operaciones comerciales comprobables, no tendrían oficinas reales, ni actividades acordes a los montos recibidos, y habrían sido utilizadas como vehículos de lavado de activos para ocultar la verdadera trazabilidad y destino final del dinero”, señala el fiscal Villar.

Otras empresas que recibieron fondos están vinculadas a actividades ecuestres privadas, ajenas a la actividad de la AFA, como Carbello SRL (dedicada a la compra y venta de caballos), M&H Horses Services (empresa francesa de transporte de caballos) y Equestrian (dedicada a la compra y venta de caballos de salto).