POLITICA
Detuvieron por lavado de dinero a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y allegado a la AFA

Ariel Vallejo, el dueño de la financiera Sur Finanzas, una financiera allegada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue detenido por lavado de dinero, por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, quien entendió que mintió sobre su domicilio y nunca se presentó en el juzgado como debía hacerlo todos los meses.
Vallejo es conocido como un financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Sur Finanzas llegó a ser sponsor de la selección nacional de fútbol, así como de equipos de primera división como Racing y Banfield, y participó de campañas comerciales junto a la entidad deportiva.
Fuentes judiciales dijeron a que se amplió la imputación, pues fueron citadas a declarar en indagatoria 21 personas y 17 empresas. Entre ellas, la madre del propio Vallejo.
Lo acusan de usar monotributistas y personas que cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mover dinero como testaferros. Vallejo no respondió a las preguntas del juez y quedó detenido en una dependencia de la Policía Federal en La Plata.
Rodríguez Ponte resolvió la detención de Vallejo porque detectó “riesgos procesales concretos”. El juez revocó la excarcelación del empresario por incumplir las reglas de su libertad. Está acusado de encabezar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y la evasión.
El perjuicio fiscal de las maniobras por las que está acusado supera los 12.700 millones de pesos.
En la misma resolución, el magistrado amplió las imputaciones contra la madre del empresario, Graciela Beatriz Vallejo, y contra el resto de los acusados.
Cuando lo dejó en libertad, el juez le impuso a Vallejo tres condiciones: presentarse los primeros días de cada mes en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y poner a disposición del juzgado los vehículos que se le habían entregado como depositario judicial. Según el juez, no cumplió ninguna.
No se presentó mensualmente, no entregó todos los rodados secuestrados y otros los devolvió fuera de término.
Cuando el personal judicial fue a notificarlo al barrio cerrado que había declarado como domicilio, la seguridad del lugar informó que hacía alrededor de un año que no vivía allí.
Vallejo se presentó luego ante la policía y dijo que vivía en Saltalamachia 820, en Banfield, algo que confirmó su madre. Sin embargo, en consultas posteriores no fue hallado en esa dirección.
“Esas omisiones no son meros descuidos formales”, escribió el juez, que concluyó que hoy el juzgado no sabe con certeza dónde vive el imputado.
Sumó además otros argumentos: los nuevos hechos lo señalan como jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos, la pena que puede recibir no admite condena en suspenso y tiene vínculos con sociedades y bienes registrados a nombre de terceros.
También destacó que, aun cuando la causa ya estaba en marcha, se vendió una Ferrari registrada a nombre de una de sus empresas.
Vallejo deberá permanecer incomunicado hasta que se le tome la ampliación de la indagatoria.
Se le imputa asociación ilícita como jefe u organizador, lavado de activos agravado por la habitualidad y por haber sido cometido por miembros de una asociación, y evasión tributaria.
Entre los hechos nuevos, Vallejo compró, junto con otra persona, una casa en el barrio cerrado Saint Thomas Este Country Club, de Canning, por US$500.000 pagados en efectivo.
La operación se escrituró el 6 de julio de 2023 y Vallejo la declaró ante el fisco por apenas 50 millones de pesos.
El juez Rodríguez Ponte también le atribuye préstamos con garantía hipotecaria entregados en efectivo por 100.000 dólares en septiembre de 2022, 65.000 dólares en junio de 2023 y otro por 13,8 millones de pesos en marzo de 2022.
Al cierre de 2023, Vallejo tenía 1010 millones de pesos en efectivo, que justificó en su declaración jurada como “compensación de saldos”.
El 28 de diciembre de ese año constituyó un plazo fijo de 100 millones de pesos en la Mutual del Agro, la Industria y el Comercio de Santa Fe, que no declaró. En 2022, además, había declarado una deuda de 99 millones de pesos con su madre que, según el juzgado, no existía.
Gran parte de su patrimonio quedó a nombre de Cluster Palace Beach SA, una sociedad sin cuentas bancarias ni ventas significativas. El 90% de esa firma pertenece a Graciela Vallejo y la preside Bárbara Denise Sena Argis.
Compras que suman sospechas
A través de esa empresa se compraron seis departamentos en Coronel Samuel Spiro 662, en Adrogué, por 600.000 dólares en efectivo.
La sociedad también compró un lote en Fincas de San Vicente por 400.000 dólares, cuyo saldo de 370.000 dólares pagó en efectivo en diez cuotas mensuales hasta levantar la hipoteca, en agosto de 2025.
Compró una camioneta Mercedes-AMG GLE 53 por 79 millones de pesos en enero de 2024 y la vendió nueve meses después por 180 millones de pesos.
También compró una Ferrari California, cuyo pago se justificó con una carta oferta de Graciela Vallejo por 260 millones de pesos y una certificación contable de origen de fondos.
El juzgado describe además cómo se fabricaban los papeles que respaldaban esos movimientos: mutuos de redacción idéntica, contratos sin firma del acreedor, deudas inexistentes, cartas oferta entre partes vinculadas y certificaciones contables.
Así, Sur Finanzas registró 336,5 millones de pesos a nombre de Graciela Vallejo y que, según el juez, no era dinero aportado por ella, sino la suma de importes de otras sociedades.
Para el juzgado, el dinero salió de la agencia Centro de Inversiones Concordia, cuyas cuotas fueron cedidas el 31 de agosto de 2020 a Graciela Vallejo, Silvia Torrado y el propio Vallejo.
Según la resolución, la agencia compraba y vendía dólares con otras casas de cambio por fuera de las normas, a nombre propio, de las sociedades del grupo o de clientes que no intervenían realmente, y los derivaba al mercado paralelo. Esa actividad la continuó luego Ars Cambios.
El mecanismo, según la resolución, funcionaba como una rueda de traspasos de dinero de mano en mano.
El dinero entraba por transferencias fraccionadas de diversas personas y por depósitos de efectivo que hacían empleados. También llegaba efectivo de agencias de cambio, que se registraba como “ingreso efectivo por gestión billetera”.
Luego se acreditaba en cuentas de personas sin capacidad económica, de empleados o de usuarios creados con correos electrónicos en serie, y desde allí se transfería o se retiraba en efectivo sin registro de quién lo hacía.
Cuando un banco cerraba una cuenta, la operatoria seguía en otra. Seis usuarios no inscriptos o monotributistas movieron cada uno más de 7000 millones de pesos, y uno de ellos superó los 39.000 millones de pesos. Eran testaferros.
Entre los nuevos imputados está Jonathan Leonardo Ledesma, empleado del grupo, monotributista de la categoría más baja y beneficiario de la AUH, por cuya cuenta en la billetera circularon 7285 millones de pesos.
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Reforma electoral: el debate presidencial dejará de ser obligatorio en las elecciones generales si avanza el proyecto de Milei

Además de la intención de suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Gobierno incorporó en su proyecto de ley de reforma electoral cambios en lo relativo a los debates de candidatos presidenciales.
El proyecto de reforma electoral debatido en el Congreso propone modificar el régimen vigente para que los debates presidenciales dejen de ser obligatorios. Según la iniciativa que obtuvo hoy dictamen en la comisión de Acuerdos Constitucionales del Senado, la organización de un debate quedará sujeta a la decisión de la Cámara Nacional Electoral.
Hasta el momento, los debates presidenciales obligatorios están establecidos por la Ley 27.337 (incorporada al Código Electoral Nacional, Ley 19.945). Prevé dos instancias previas a la elección general (una de ellas en una capital de provincia) y un debate adicional en caso de segunda vuelta, con transmisión obligatoria en medios estatales y sanciones por ausencia, como la pérdida de espacios de publicidad audiovisual y un atril vacío.
En el artículo 10 del proyecto de ley que obtuvo dictamen, el oficialismo propone modificar el artículo 64 quinquies del Código Electoral Nacional. Esa normativa dice lo siguiente: “Obligatoriedad de los debates. Establécese la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”.
La propuesta es modificarlo por el siguiente texto: “Artículo 64 quinquies: Debate presidencial en segunda vuelta electoral. La Cámara Nacional Electoral podrá organizar debates preelectorales públicos entre los candidatos a Presidente de la Nación que alcanzaren la instancia de la segunda vuelta electoral prevista en el artículo 96 de la Constitución Nacional, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de las agrupaciones políticas. El debate presidencial tendrá lugar dentro de los diez (10) días anteriores a la fecha de la elección”.
La Cámara Nacional Electoral seguirá siendo la autoridad de aplicación, quedando facultada para reglamentar todos los aspectos complementarios inherentes a la realización del debate.
Además, el organismo contará con el asesoramiento de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil para convocar a los candidatos o representantes de las organizaciones políticas participantes a una audiencia destinada a acordar el reglamento de realización del debate, los moderadores de los mismos y los temas a abordar.
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Milei negó una interna con Bullrich y habló de la economía: “Está claro que hay gente que no llega a fin de mes”

En medio de las tensiones dentro del oficialismo, el presidente Javier Milei negó que haya una interna con Patricia Bullrich y reafirmó que seguirá trabajando con el Gobierno. Además, habló sobre el pedido de medidas de alivio para la gente y afirmó que no habrá “plan platita”.
En diálogo con Eduardo Feinmann, por A24, el mandatario aseguró que la senadora es su “socia política” y remarcó que “bajo ningún punto de vista” se irá del proyecto libertario. “Es el deseo del círculo rojo. Gran parte del círculo rojo es parte del statu quo argentino que está perdiendo con este modelo”, sostuvo.
“Hay muchos argentinos que tienen muchos dólares afuera. Entonces viven pidiendo devaluación. Ahora, cuando usted pide devaluación, ¿sabe lo que está pidiendo? Salarios bajos, salarios miserables. Pero los tipos quieren vivir de eso. O los que reciben o recibían alguna prebenda o alguna protección del Estado, esos quieren romper todo, pero del otro lado tienen un montón de amigos”, añadió.
La discusión pública se reavivó después de que Bullrich reclamara más medidas de alivio y una rebaja impositiva para las pequeñas y medianas empresas. “La gente debe sentir los beneficios del esfuerzo ahora”, había dicho la jefa del bloque oficialista en el Senado. También había señalado que, para garantizar la reelección del proyecto, “tiene que haber algunos cambios, para que la gente sienta que apuesta a algo que la tiene adentro”.
Milei, sin embargo, se encargó de despejar cualquier lectura en ese sentido. Aseguró que la ex ministra de Seguridad no integra el grupo de economistas que propone flexibilizar la política monetaria —a quienes calificó de “disparatados”— y descartó que sus declaraciones impliquen una ruptura.
Sobre el reclamo concreto de más alivio para los ciudadanos, el presidente fue categórico al explicar por qué ese camino no está disponible dentro del esquema actual. “Hay algunas restricciones que no se pueden violentar. La primera restricción que usted no puede violentar es el equilibrio fiscal”, afirmó, y advirtió que cualquier política expansiva implicaría recurrir al endeudamiento, a la emisión monetaria o a la suba de impuestos. Las tres alternativas, dijo, son inviables o contraproducentes. En ese marco, rechazó de plano la idea de un “plan platita” de cara a los comicios presidenciales del año que viene: “¿Para qué? ¿Para engañarlos y ganar una elección?”, cuestionó. También calificó al endeudamiento como “profundamente inmoral”, porque implica trasladar el costo a generaciones futuras.
En la misma línea, Milei respondió a quienes proponen aflojar la política monetaria para estimular la actividad. “Nosotros tenemos fija la cantidad de dinero hace más de 12 meses. Sin embargo, todavía hay inflación. ¿Qué quiere decir? Que sigue sobrando dinero. Por lo tanto, es tirar nafta al fuego”, sostuvo, y comparó la propuesta con “llamar a Nerón para apagar un incendio”.
Seguido a esto, el mandatario también salió al cruce sobre la frase que afirma que “la gente no llega a fin de mes”. La calificó de “mentira” y apuntó contra quien la difunde. “Es una mentira de un consultor que es un chanta, que es un delincuente, que trabaja para políticos”, afirmó. Para sostener su argumento, Milei recurrió a una explicación técnica sobre el comportamiento del consumo. Señaló que si alguien no puede cubrir sus gastos durante diez días, se endeuda, pero al mes siguiente debe pagar esa deuda. “Eso dura un solo período. Si usted sigue teniendo este problema, lo único que está haciendo es pasarlo en el tiempo”, indicó.
El presidente admitió, no obstante, que sí existen argentinos con dificultades reales, aunque prefirió encuadrarlo bajo el concepto de pobreza. “Si usted me dice que el problema es que la gente experimenta privaciones, entonces no es ‘la gente no llega a fin de mes’; es ‘la gente experimenta privaciones’. Bueno, eso está capturado en el indicador de pobreza”, señaló. En ese sentido, mencionó que al inicio de su gestión la tasa de pobreza era del 57%, mientras que en la actualidad se ubica en el 32%. “Hay 12 millones de pobres menos. Está claro que hay gente que no llega a fin de mes si hay 32% de pobres, pero hay 12 millones menos que los que había con el kirchnerismo”, cerró.
Milei reconoció que el debate actual gira en torno a márgenes más acotados: si la economía crece un punto más o menos, y si la inflación desciende con mayor o menor velocidad. “Hoy estamos discutiendo que crecemos un poco menos y que la inflación baja más lento”, admitió, aunque insistió en que ese contraste con el escenario alternativo no se comunica con suficiente claridad a la sociedad.
Frente al diagnóstico de un shock de oferta negativo —referencia implícita a las turbulencias externas y los efectos de la sequía y otros factores estructurales—, el presidente descartó compensarlo con estímulo a la demanda. “Si usted tiene un shock de oferta negativo, eso no se contrarresta con un shock de demanda positivo. Se contrarresta con un shock de oferta positivo”, explicó, y señaló que el mecanismo para lograrlo pasa por la baja de impuestos y la desregulación. “Nosotros desregulamos todo el tiempo y hemos hecho un montón de medidas para aliviar”, completó.

Por otro lado, Milei también se refirió a la política exterior vinculada a las Islas Malvinas y afirmó que su gestión logró avances sin precedentes en la materia. Contrastó el enfoque actual con el de administraciones anteriores, a las que cuestionó por limitarse al gesto simbólico. “¿Qué lograron por Malvinas? Nada”, sostuvo, en referencia a gobiernos previos.
Asimismo, destacó que su gobierno llevó a Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Mar y que se implementaron acciones concretas contra las contrataciones para extraer recursos de las islas. “Los estamos arrinconando, les estamos yendo a buscar si hacen contrataciones para sacar recursos de las Malvinas”, afirmó. “¿Cuándo vio una política de tanta defensa como nosotros?”, desafió.
El presidente también aludió a las reformas estructurales implementadas durante su gestión. Comparó el caso argentino con los de Estonia —que aplicó un shock y cayó 20% antes de recuperarse— y Polonia —que optó por un proceso más gradual con una caída acumulada del 10% en cuatro años—. “Nosotros hicimos 18.000 reformas estructurales y el PBI está más 10”, indicó. Con ese ritmo como base, proyectó un crecimiento de entre el 7% y el 8% anual una vez que se disipen los shocks negativos.
“En 10 años duplicamos el PBI; en 20 años lo vamos a cuadruplicar”, afirmó, y fijó como horizonte de largo plazo convertir a Argentina en la primera potencia mundial en 30 o 40 años. “Cien años de desastres no se arreglan en 30 meses. Requiere disciplina. Y nosotros hemos decidido mantener esa disciplina”, concluyó.
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La Justicia le redujo la condena a José Alperovich por abuso sexual

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó hoy que el exgobernador de Tucumán José Alperovich es culpable de abusar sexualmente de su sobrina, que en ese momento era su asesora. Pero le bajó la pena de 16 a 14 años de prisión al exmandatario y exsenador nacional que cumple la detención en su casa de Puerto Madero.
Lo decidió la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por Horacio Días, Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Morin.
Días y Sarrabayrouse formaron la mayoría y aceptaron en parte el recurso de la defensa. Confirmaron la sentencia y mantuvieron la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Morin votó en contra y propuso anular la condena, apartar al juez del juicio y hacer un nuevo debate oral.
En la sentencia que ahora quedó firme en Casación, el juez Juan María Ramos Padilla, a cargo en soledad del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, había condenado a Alperovich por nueve hechos.
Fueron tres abusos sexuales simples, dos de ellos en grado de tentativa, y seis abusos con acceso carnal. Según la condena, ocurrieron entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 e incluyeron intimidación y abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad. En el juicio, la fiscalía había pedido 16 años y seis meses, y la querella, 22.
Los argumentos
Días, que escribió el voto de la mayoría, sostuvo que en el caso hay “agravantes de notable entidad” que justifican una pena lejos del mínimo.
Mencionó el daño físico y psíquico que sufrió la víctima. Además, sostuvo que Alperovich usó su poder político para someter a una empleada que dependía de él y que además era su sobrina. También consideró grave que le ofreciera dinero para que no lo denunciara y que publicara su nombre en las redes sociales.
Sin embargo, encontró un error que, según escribió, había que corregir aunque la defensa no lo hubiera planteado: el juez había usado el contenido del descargo de Alperovich para aumentar la pena.
Días explicó que un acusado no está obligado a decir la verdad y que cualquier estrategia de defensa legal es válida. Si se lo castiga por ella, advirtió, se restringe gravemente el derecho de defensa y se lo empuja a callar por miedo a una pena mayor.
A eso le sumó la edad avanzada de Alperovich, su “delicado estado de salud” y la impresión que le causó en la audiencia que tuvo con él. Con esos argumentos fijó la pena en 14 años. Sarrabayrouse estuvo de acuerdo.
Días y Sarrabayrouse rechazaron todos los demás planteos de la defensa, que estuvo a cargo de Augusto Garrido y Maximiliano Rusconi.
Descartaron que el juez hubiera tenido un “sesgo de confirmación” y que la prueba se hubiera valorado mal. Tampoco aceptaron las hipótesis de un complot político o de una denuncia hecha para sacar dinero.
Sarrabayrouse escribió que las objeciones de la defensa partían de “concepciones estereotipadas” sobre cómo debería comportarse una víctima de violencia sexual.
Destacó, además, que el relato de la denunciante quedó confirmado por otras pruebas: un informe ginecológico anterior a la denuncia que registró una lesión compatible con uno de los hechos, los testimonios de sus terapeutas, las pericias psicológicas y los registros de antenas de celular. Esos registros coincidieron con el lugar y la hora de los hechos en cinco de los seis días que se analizaron.
Morin criticó la sentencia al sostener que el juez “no parece haberse planteado otra hipótesis que la de la culpabilidad” y que la decisión no explica bien cómo dio por probados la violencia, la coerción o la falta de consentimiento en cada hecho. Sostuvo que el juez usó “una perspectiva de género mal entendida”, al punto de caer en un “estereotipo inverso”.
Con este fallo, a la defensa le queda el recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
confirmó,al exmandatario y exsenador nacional,Hernán Cappiello,Conforme a
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