En medio del paquete de medidas anunciadas para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, el Gobierno nacional dispuso la creación de un Sistema de Articulación de la Política Exterior. Así, la Cancillería podrá centralizar la información, coordinación y asesoramiento sobre las gestiones internacionales.

Por medio de la publicación del Decreto N° 983/2026 en el Boletín Oficial, se estableció que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adoptará el rol de coordinador de las actividades estatales que puedan incidir en la política exterior, las negociaciones diplomáticas o los intereses internacionales de la Argentina.

De la misma manera, remarcaron que el sistema también incluirá “las acciones que se llevan a cabo para recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”.

Otra de las tareas que tendrá el sistema de política exterior será la representación nacional ante los gobiernos extranjeros, la Santa Sede y las entidades internacionales. Esto cobra especial relevancia debido a la visita que realizará el papa León XIV a la Argentina desde el 8 al 11 de noviembre.

No obstante, las autoridades aclararon que la creación de esta área no alterará la jerarquía actual que conforma la Cancillería. Asimismo, indicaron que no implicará la sustitución de las competencias que tengan a cargo las autoridades y funcionarios preexistentes.

En este sentido, explicaron que la obligación abarcará los casos en los que esas acciones puedan expresar posiciones oficiales de la Argentina, influir en negociaciones bilaterales o multilaterales, o derivar en consecuencias diplomáticas, institucionales, jurídicas o políticas.

También deberán ser informadas las tratativas vinculadas con acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento, declaraciones conjuntas, cartas de intención, actas y otros instrumentos similares.

Por otro lado, el decreto prevé que Cancillería podrá formular advertencias, recomendaciones u orientaciones fundadas si considera que una actividad pone en riesgo los lineamientos definidos por el Poder Ejecutivo, las relaciones internacionales o negociaciones diplomáticas en curso.

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“El Sistema de Articulación de la Política Exterior tendrá como finalidad asegurar la coherencia, compatibilidad y uniformidad con los lineamientos generales de la política exterior de toda actividad que verse sobre relaciones exteriores de la República Argentina”, aclararon en el documento.

A pesar de esto, indicaron que el área no tendrá injerencia en las gestiones que involucren a organismos financieros internacionales, bancos multilaterales de desarrollo o entidades financieras, crediticias, presupuestarias, técnicas o de ejecución de programas propios.

Para poder cumplir con estos objetivos, los organismos alcanzados por el sistema tendrán que designar a una persona como enlace institucional con la Cancillería. Ese representante será responsable de canalizar la información sobre las gestiones internacionales y de coordinar, cuando sea necesario, la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El decreto también habilitará a los organismos a solicitar asistencia de integrantes del Servicio Exterior de la Nación o de especialistas en política exterior ante asuntos considerados estratégicos, sensibles o de seguimiento permanente. No obstante, la Cancillería podrá realizar esa propuesta por iniciativa propia.

Previo a esto, el canciller Pablo Quirno explicó que la estrategia del Gobierno para reforzar el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas combinará sanciones, diplomacia y el fortalecimiento de la capacidad logística. “No hay tiros independientes individuales”, afirmó en una entrevista con La Nación+.

Además, confirmó que la Cancillería quedará a cargo de iniciar los expedientes sancionatorios establecidos en el decreto reglamentario de la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. La decisión se fundamentó en que se trata de “un tema principalmente de política exterior” y que las actividades involucradas superan la cuestión estrictamente petrolera.

Hasta ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció a 60 empresas en coordinación con la Procuración del Tesoro. El objetivo central, según planteó Quirno, es impedir la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

El canciller sostuvo que la Argentina dispone de una herramienta adicional a la que existía cuando se aprobó la legislación vigente: el atractivo de Vaca Muerta para las inversiones energéticas. Desde la mirada oficial, esa condición puede influir sobre las decisiones de las compañías, que deberán optar entre operar en el mercado argentino o mantener vínculos con licencias que el Gobierno considera ilegales en un territorio cuya soberanía reclama.

El paquete de medidas también sumó un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que se encuentra en la última etapa de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal Murphy. La iniciativa prevé cambios en la Ley 26.659, con penas más altas y una ampliación de las actividades alcanzadas.

Entre las alternativas bajo análisis figura la incorporación de la pesca. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) sostiene que el criterio aplicado a las empresas hidrocarburíferas debería extenderse a las licencias de pesca otorgadas por el Reino Unido en el área. En la misma línea, el diputado peronista Guillermo Michel presentó un proyecto para sancionar la pesca ilegal en las islas.

Asimismo, el Ejecutivo prevé enviar el proyecto a la Cámara de Diputados, donde considera que cuenta con mayores respaldos. Fuentes de la mesa política del Gobierno indicaron a Infobae que el debate en comisiones podría comenzar entre fines de septiembre y principios de octubre y estimaron que la iniciativa tendría un trámite rápido.

South America / Central America

El Parlamento del Norte Grande, integrado por las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, se reunió este jueves en La Rioja y difundió un documento con fuertes cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei por el impacto de la política económica, el freno de la obra pública y la situación de las universidades nacionales.

El pronunciamiento tiene un peso político particular porque varias de esas provincias fueron decisivas para que el oficialismo reuniera en el Congreso los votos necesarios para avanzar con proyectos centrales de la gestión libertaria. Ese vínculo no evitó que los representantes del Norte Grande trazaran ahora un límite frente a las consecuencias que atribuyen al programa económico en sus territorios, con cuestionamientos que exceden los reclamos presupuestarios y alcanzan el rumbo productivo, el federalismo y hasta la estrategia política del Presidente.

“Si la Nación se retira, el Norte Grande permanece y se organiza. Si la Nación se paraliza, el Norte Grande se dinamiza y produce. Si la Nación ensordece, no dialoga y divide, el Norte Grande escucha, dialoga e integra”, afirmaron.

Así, el documento de cierre del encuentro contrapone dos modelos de gestión y presenta a las provincias como una respuesta frente a un Estado nacional al que atribuye retraimiento, parálisis y falta de diálogo, aun cuando varios de esos distritos conservan canales de negociación con el oficialismo.

Con datos de la Unión Industrial Argentina, el Parlamento señaló que se utiliza apenas el 57% de la capacidad instalada y que entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron más de 97.000 empleos industriales. “No podemos hablar de federalismo cuando la industria pasa por la etapa tal vez más crítica de las que ha vivido en toda su historia en nuestro país”, advirtió.

Los efectos económicos detrás del reclamo federal

En el documento final, las provincias vincularon las dificultades de la actividad con “la debilidad de la demanda interna, la apertura a las importaciones, los mayores costos, la mora y la falta de nuevos proyectos de inversión tanto del sector público como del sector privado”. La producción industrial cayó 4,9% interanual en julio y la construcción retrocedió 4,5% frente al mismo mes de 2025, según las cifras incluidas en el manifiesto.

Ese deterioro fue llevado después al plano concreto de cada distrito, con una nómina de empresas afectadas por cierres o recortes de actividad y personal. Entre los casos mencionados aparecen Coteminas en Santiago del Estero, Karagozian en Tucumán, Neba en Catamarca, TN Platex en Corrientes, Refinor en Salta e Hiper Libertad en Chaco.

El documento amplió luego el foco desde el entramado productivo hacia la situación de los hogares. Advirtió que la morosidad ya no se concentra únicamente en las tarjetas de crédito o el sistema bancario y señaló que casi la mitad de los argentinos se endeuda porque “no pueden pagar servicios, impuestos o alquileres” y la otra mitad para comprar alimentos.

En el capítulo universitario, las provincias marcaron un límite sobre uno de los principales argumentos del Gobierno para sostener el ajuste. “El equilibrio fiscal es necesario, pero la educación no puede ser la variable de ajuste”, afirmaron, y reclamaron “financiamiento suficiente y previsible, salarios dignos y recursos para sostener las becas, la investigación y el funcionamiento académico”.

Durante la apertura del encuentro, el gobernador riojano, Ricardo Quintela, vinculó el debate federal con el papel que debe cumplir el Estado y puso el foco en la responsabilidad de quienes ejercen funciones ejecutivas. “¿Para qué se elige a un presidente? ¿Para qué las distintas provincias eligen a un gobernador o a un intendente? Se los elige para definir políticas que generen condiciones de vida lo más dignas posible para nuestra gente y le permitan recibir los servicios que estamos obligados a prestar”, afirmó.

Obra pública y una advertencia a Milei por Malvinas

El estado de las rutas nacionales sumó otro punto de fricción con la Casa Rosada. A partir de informes de entidades técnicas y gremiales que ubican cerca del 75% de la red vial en condiciones regulares o malas, el Parlamento relacionó el deterioro con “la paralización de la obra pública y recortes presupuestarios, transición hacia esquemas de privatización y concesión, ausencia de mantenimiento preventivo”, un escenario que calificó como “muy preocupante”.

En materia energética, los representantes reclamaron una ley de tarifa diferenciada para zonas cálidas y compararon la situación del Norte con el régimen vigente para las zonas frías. Según el manifiesto, la canasta de servicios públicos acumuló un incremento del 966% entre diciembre de 2023 y julio de 2026 y una factura eléctrica puede representar el 15% de un salario registrado. “Esto no es pedir un privilegio, sino pedir equidad”, plantearon.

La crítica adquirió un tono diferente cuando el Parlamento del Norte Grande se refirió a Malvinas. A diferencia de los reclamos económicos, respaldó la posición expresada por Milei sobre la soberanía argentina y las eventuales sanciones por la explotación de recursos, pero puso en duda la motivación política de ese giro.

“Que esta decisión clara expresada por el gobierno nacional se traduzca en hechos concretos, no quede en una mera maniobra electoral o que sea una estrategia que tenga por objeto revertir la imagen deteriorada de la investidura presidencial”, reclamó.

La capacidad del oficialismo para negociar apoyos legislativos con sectores provinciales convivió hasta ahora con disputas por recursos y obra pública. El manifiesto de La Rioja elevó esa tensión al presentar esas diferencias como parte de un problema más amplio de federalismo y de funcionamiento del Estado nacional, un escenario que podría condicionar la negociación de algunos de esos respaldos.

Gobernadores, Javier Milei, provincias

El Gobierno anunció la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior en el ámbito de la Cancillería, destinado a coordinar las actividades estatales vinculadas a los reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos.

La medida oficial busca implementar “mecanismos de información, coordinación y asesoramiento” para garantizar que todas las acciones estatales sean “coherente, compatible y uniforme” con los lineamientos internacionales del país en el Atlántico Sur.

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 10, 2026

Desde el Ejecutivo destacaron que la recuperación de la soberanía “exige una acción estatal coordinada” para sostener una postura firme ante la comunidad internacional. El comunicado ratifica el “compromiso irrenunciable con la recuperación” de los archipiélagos usurpados.

Esta decisión se suma a una serie de medidas recientes dispuestas por el presidente Javier Milei, que incluyen la reasignación presupuestaria para la Base Naval Integrada, denuncias penales contra empresas petroleras y el impulso de un nuevo proyecto legislativo de sobernía nacional.

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