La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió de manera provisoria la aplicación de multas al Gobierno a partir de la judicialización de la actualización de los salarios docentes y no docentes universitarios.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick había impuesto este miércoles una multa de 100 mil pesos por día al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el “incumplimiento verificado” de la medida cautelar que ordenó actualizar salarios universitarios, además de garantizar el fondo para becas en base a los parámetros que establece la Ley de Financiamiento Universitario. El 22 de septimbre el mismo magistrado le había dado un plazo de cinco días al Gobierno para que aplicara de manera efectiva la Ley bajo apercibimiento de astreintes.

La medida efectivizada ayer duró poco. Las autoridades legales del Ministerio de Capital Humano de la Nación presentaron esta mañana un escrito que fue aceptado por la Sala III del Contencioso Administrativo. La apelación a esa resolución se sostuvo en que la cautelar “ya se encontraba íntegramente cumplida”, por lo que la Cámara ordenó al juzgado de primera instancia adoptar las medidas necesarias para tramitar el recurso, que deberá concederse con efecto suspensivo.

Esto implica que, mientras se sustancia la apelación, queda suspendida de manera provisoria la aplicación de las astreintes al jefe de Gabinete. Un funcionario del Gobierno explicó en términos simples la implicancia del fallo dado a conocer este jueves. “La Cámara no se pronunció expresamente sobre los efectos de la concesión. Al haberse concedido el recurso de queja se suspenden las astreintes”, marcó.

La sanción a Santilli fue dispuesta horas antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para esta jornada en reclamo de la aplicación de la norma. La decisión alcanzó inicialmente al titular de la Jefatura de Gabinete, aunque el magistrado advirtió que podría modificar tanto el monto como los funcionarios obligados a cumplirla. La resolución fue dictada luego de dos advertencias previas al Gobierno.

El Estado Nacional sostuvo que los incrementos otorgados desde diciembre de 2023 elevaron la mejora acumulada de los salarios universitarios al 226,80 %, por encima del 226,40 % que, según su interpretación, correspondía para el período entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. El cálculo incluyó un aumento del 21,33 % dispuesto en junio de 2026.

La cautelar judicial

La medida judicial ordena adecuar las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades públicas para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor entre enero de 2023 y julio de 2025. Ese mecanismo supondría un aumento del 40,25 % sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.

La ley también dispone una actualización mensual de los haberes conforme al índice de inflación y la recomposición de las becas estudiantiles. El juez consideró acreditado que esas obligaciones no habían sido cumplidas.

La cautelar continúa vigente aunque la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal analiza el expediente principal, donde se discute la validez del decreto 759/2025. Esa norma condicionó la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario.

Cormick concedió la apelación presentada por el Estado contra el fallo que declaró inconstitucional una cláusula del decreto, pero rechazó que tuviera efecto suspensivo. También desestimó un planteo de reposición del Gobierno y remitió las actuaciones al tribunal de alzada.

El Consejo Interuniversitario Nacional solicitó la aplicación de las multas al sostener que el Estado “continúa sin cumplir la medida cautelar”, confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026. La organización recordó que el plazo inicial de cinco días venció el 22 de septiembre y que luego fue prorrogado por el mismo término, sin que se registraran los pagos exigidos.

El Gobierno argumentó que la resolución judicial afecta el funcionamiento del Estado porque lo obliga a realizar pagos sin que se hubieran determinado con precisión las sumas adeudadas ni el alcance concreto de la obligación. Por esa razón, pidió que la apelación frenara los efectos de la cautelar, una solicitud que el magistrado rechazó.

La administración nacional afirmó que la medida le impone una carga económica indeterminada, ya que no fija un monto ni un porcentaje específico para considerar satisfecha la orden judicial. También señaló que el 21 de septiembre presentó un informe sobre las medidas adoptadas para cumplirla.

El Gobierno acelera el envío al Congreso del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos firmado con Estados Unidos y espera remitirlo en los próximos días, una vez que quede terminado el expediente administrativo. En la Casa Rosada aseguran que no pretenden esperar hasta noviembre y que el proyecto será girado al Poder Legislativo apenas complete las revisiones internas.

La definición se produjo después de que el canciller Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, firmaran un protocolo adicional que modificó el texto acordado en febrero y despejó el camino para someterlo al Congreso argentino. En Nación consideran posible completar el trámite interno durante los próximos días.

El Ejecutivo separa ese procedimiento de la implementación de los capítulos que no requieren una nueva ley. La estrategia es avanzar en paralelo por vía administrativa con todos los compromisos que puedan instrumentarse mediante decretos y resoluciones, mientras el acuerdo general atraviesa el debate parlamentario.

La agenda legislativa con Estados Unidos tendrá además otros dos movimientos. La Casa Rosada quiere completar antes de fin de octubre la aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y prepara el envío a Diputados de otros seis tratados internacionales de propiedad intelectual incluidos entre los compromisos asumidos con Washington.

En el oficialismo reconocen que la instrumentación completa llevará tiempo. Distintos capítulos requieren leyes, reglamentaciones, modificaciones administrativas o decisiones estadounidenses, de forma que el envío del acuerdo al Congreso no implicará que todas sus disposiciones entren en vigencia de manera inmediata.

La nueva versión modificó uno de los puntos que habían quedado afectados por los cambios jurídicos en Estados Unidos. El texto firmado en febrero establecía que Washington aplicaría a los productos argentinos una “tasa arancelaria recíproca revisada”. La versión actual reemplazó esa formulación por el compromiso de aplicar el “tratamiento arancelario” establecido en los anexos del acuerdo.

El cambio se produjo después de que decisiones judiciales estadounidenses alteraran la base jurídica utilizada por la administración de Donald Trump para parte de su política de aranceles. En el Gobierno reconocen que ese escenario demoró la instrumentación de algunos capítulos y obligó a revisar la redacción antes de avanzar con la ratificación argentina.

“Me moría por tener esto cuando tenía 20 años. Hoy es realidad que exista una juventud 100% liberal”, sostuvo el cineasta presidencial, Santiago Oria, en su cuenta de X con intención de destacar la tarea constructiva de los referentes juveniles de La Libertad Avanza. En los últimos días, los jóvenes libertarios trabajan en el armado de la juventud del partido en el interior del país y buscan consolidar una estructura militante de cara a las elecciones de 2027, en las que Javier Milei buscará la reelección.

El pasado viernes, los referentes Sharif Menem, Rocío Gómez e Iñaki Gutiérrez protagonizaron el primer Congreso de la juventud de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de la dirigente regional Pilar Ramírez. Bajo el lema “muchos frentes, un solo objetivo”, el espacio congregó a más de mil militantes en el Teatro Gran Rivadavia.

El sábado, los mismos dirigentes juveniles viajaron algunos kilómetros e hicieron lo propio en la provincia de Mendoza, donde se mostraron con el diputado Luis Petri, pero también con el titular del sello mendocino, Facundo Correa Llano, dos de los que suenan para competir por la gobernación el próximo año.

Los encuentros funcionan como una preparación para el desafío electoral de 2027, cuando deberán militar por otros cuatro años de gestión libertaria. En Casa Rosada destacan la presencia de la militancia juvenil en los distintos distritos y remarcan que las actividades apuestan a fortalecer el trabajo de la juventud local. “No hay movilidad de otras provincias”, explicaron para intentar graficar la construcción en el interior.

En la misma línea, destacan la conformación del frente universitario denominado Universitarios por la Libertad (UPL) y celebran su presencia a nivel nacional. Recientemente la agrupación, que trabaja para instalarse en las distintas casas de estudio, asumió la conducción del centro de estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) en Mendoza.

Sin embargo, lo llamativo de las convocatorias no es su alcance federal, sino que al menos la realizada en CABA no incluyó a los laderos del asesor presidencial Santiago Caputo, referenciados en la agrupación juvenil Las Fuerzas del Cielo, cuyos referentes aseguran no haber sido invitados.

En las filas celestiales revelaron que el presidente Javier Milei está al tanto de la omisión en las invitaciones y sostuvieron que son ellos quienes representan al sector. “Cuando Milei quiere mover de verdad o abordar los temas que a él le importan recurre a nosotros. Sabe quiénes son los que mueven de verdad”, se jactaron ante Infobae.

Frente al avance del armado juvenil del sello, en el Salón Martín Fierro advierten que el oficialismo no puede prescindir de los celestiales de cara a 2027 y remarcan que la militancia pierde compromiso cuando queda “afuera” de las iniciativas.

“Las Fuerzas del Cielo surgieron para ordenarle la militancia a Javier Milei. No tenemos aspiraciones personales. Hacemos un acto nosotros, sin contratos ni promesas de cargo y metemos diez veces más gente porque poder es que la gente te quiera”, sorprendió ante este medio uno de los referentes, parafraseando al presidente del Club Atlético Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

Desde el armado juvenil de La Libertad Avanza le bajaron el precio a los planteos y aseguraron que los congresos y actos tienen un objetivo político constructivo y formativo. “Es una discusión que está saldada. La idea de los actos es demostrarle a los jóvenes lo que tienen y lo que pueden hacer. Además, prepararnos para el año que viene en el que vamos a tener un rol fundamental”, expresó uno de los dirigentes.

La tensión entre las tribus libertarias responde a las distintas estrategias de construcción política. Aunque los objetivos son similares, los jóvenes debaten si es la virtualidad o la territorialidad el mecanismo más efectivo para crecer. Los caputistas sostienen que las redes sociales amplifican el alcance de la militancia, mientras que el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, optó por profundizar las formas tradicionales de construcción en el territorio.

En las filas libertarias aseguran que los encuentros buscan “ganar músculo político” y preparar a la militancia para la campaña electoral de 2027. Luego de haber celebrado eventos partidarios en 10 provincias, entre ellas Buenos Aires y Córdoba, figuran en agenda nuevas presencias para la semana que iniciará: los libertarios irán a Santa Cruz el próximo viernes y a Chubut el sábado.