POLITICA
Diputados avanzó con tres proyectos por el endeudamiento de los argentinos y el debate llegará al recinto

Las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados dictaminaron este martes los proyectos vinculados al desendeudamiento familiar. El oficialismo consiguió un dictamen de mayoría, mientras que la oposición presentó dos despachos de minoría. El 7 o el 14 de octubre son las fechas en las que podría definirse en el recinto cuál de las propuestas avanzará.
El plenario estuvo encabezado por los diputados Santiago Pauli (LLA) y Hugo Yasky (UxP). Antes de la firma de los dictámenes participaron del debate el vicepresidente del Banco Nación, Alejandro Henke, y Nicolás Ferro, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Henke sostuvo que el Banco Nación es una entidad de inclusión financiera. Desde la oposición le recordaron que durante el debate de la Ley Bases el oficialismo había intentado incorporar un artículo para privatizar el Banco Nación, iniciativa que finalmente fue rechazada.
Tres dictámenes y posiciones enfrentadas
Con las firmas reunidas este martes quedaron plasmadas las diferencias entre el oficialismo y la oposición. Hubo un dictamen de mayoría encabezado por La Libertad Avanza y dos de minoría.
Los despachos impulsados por Unión por la Patria, Provincias Unidas —con la excepción del cordobés Ignacio García Aresca— y la Coalición Cívica alcanzaron 27 firmas.
Por su parte, las fuerzas provinciales nucleadas en Argentina Federal, que responden a los gobernadores de Misiones y Salta, Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz, respectivamente, sumaron las firmas de Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella.
Las distintas propuestas tienen varios puntos en común y buscan brindar alivio a los 20 millones de personas que actualmente tienen deudas, en su mayoría con bancos y billeteras virtuales. De ese universo, casi 6 millones se encuentran en situación morosa, con más de tres meses de atraso en sus pagos.
Durante el debate en el recinto podrían alcanzarse nuevos acuerdos y sumarse otras fuerzas con terminales en distintos gobiernos provinciales.
La propuesta del oficialismo
La Libertad Avanza, junto con aliados permanentes como el Pro y la UCR, mantuvo la premisa anticipada por el presidente Javier Milei: “El Estado no debe intervenir en un asunto entre privados”.
El oficialismo centró su dictamen en la prevención de la toma de deudas, con eje en la educación financiera, la transparencia crediticia y la mitigación del fraude digital.
La diputada Silvana Giudici (LLA) destacó la evolución del crédito y sostuvo: “En el año 2023, el crédito estaba en sus niveles históricos más bajos: 6,1 % del producto bruto interno. En solo dos años, este gobierno lo llevó a más de 12% del PBI y la posibilidad de que los argentinos accedan al crédito se duplicó. Pero, además, los niveles de morosidad se han estancado: es el tercer mes consecutivo en que no crecen. Y la ratio de mora ya está en niveles inferiores al 3 %”.

La legisladora cuestionó las iniciativas opositoras y afirmó: “Estas formulaciones del pasado (topes a las tasas, plazos obligatorios, condonaciones de los punitorios) nos recuerdan y nos retrotraen exactamente al punto en el que estuvimos con la Ley de Alquileres. No aprendieron lo suficiente: poniendo topes ficticios porque lo diga una ley momentánea, lo que hacen es quebrar un mercado, quebrarle las posibilidades de oportunidad a la gente para poder pensar en un país distinto, en la esperanza del futuro y en la construcción del bien común”.
Transparencia y educación financiera
El dictamen de mayoría se denomina proyecto de ley de Transparencia crediticia, educación financiera, mitigación del fraude digital y protección de los consumidores.
La iniciativa establece un marco común de transparencia y protección para los usuarios de operaciones de crédito de consumo. También busca fortalecer la información para comprender y comparar las condiciones económicas, promover un consentimiento efectivo e informado, actualizar la educación financiera frente a la expansión de los servicios digitales, prevenir y gestionar el fraude digital y facilitar la movilidad hacia alternativas de financiamiento más convenientes.
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El proyecto establece que la información deberá permitir identificar el costo total de la financiación y comparar alternativas equivalentes.
El Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA), o el indicador integral que en el futuro determine la autoridad competente, deberá exhibirse con una relevancia adecuada. No podrá presentarse de manera que quede subordinado, oculto o resulte menos perceptible que el valor de la cuota, una tasa promocional u otros elementos utilizados para comercializar el producto.
El proyecto de la oposición
El proyecto firmado por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica declara la Emergencia Social y Económica en materia de endeudamiento de los consumidores financieros en todo el territorio nacional por un año desde la publicación de la ley, con posibilidad de prorrogarla por otro año.
Durante ese período, las entidades financieras, las emisoras de tarjetas de crédito reguladas y cualquier otra entidad que otorgue financiamiento destinado al consumo de personas humanas no podrán aplicar una Tasa Nominal Anual (TNA) superior a 1,5 veces la TNA correspondiente a los depósitos a plazo fijo a 30 días publicada por el BCRA.
Además, la Tasa Efectiva Anual (TEA) y el Costo Financiero Total (CFT), incluidos intereses, cargos, comisiones, seguros y otros conceptos que integren el costo del financiamiento, deberán guardar una razonable proporcionalidad con ese límite.
La iniciativa también prohíbe incorporar conceptos destinados a eludir los topes establecidos y le asigna al BCRA la determinación de la metodología de cálculo y actualización de los límites, además de los mecanismos de fiscalización y control.
Un programa para refinanciar deudas
El proyecto opositor crea el Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal, destinado a facilitar la refinanciación, reestructuración y cancelación de deudas de consumo de personas que atraviesen situaciones de sobreendeudamiento o vulnerabilidad financiera.
Entre sus objetivos figuran reducir la carga financiera de los hogares, recuperar capacidad de consumo e ingreso disponible, prevenir situaciones de exclusión financiera y evitar que las deudas comprometan las condiciones mínimas de subsistencia.
El diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) explicó que se consensuaron cerca de 50 proyectos y que la iniciativa establece un régimen de regularización y alivio financiero puntual.
Según detalló, durante 180 días se declararía la emergencia por esta situación y podrían adherir personas con deudas de hasta tres canastas básicas totales. También se estableció que, al momento de reestructurar las deudas, la cuota máxima no podrá superar el 30% de los ingresos de las personas.
POLITICA
Diego Santilli dará su primer informe de gestión en el Senado, con la economía como principal eje

Diego Santilli se presentará en el Senado este miércoles a las 15 para dar su primer informe de gestión ante el Congreso de la Nación desde su llegada a la Jefatura de Gabinete el 30 de junio.
Según pudo saber TN, el ministro coordinador recibió de los diferentes bloques legislativos un total de 1659 presentaciones, que fueron unificadas en 1287 preguntas para responder en el recinto. Será la primera rendición de cuentas que da el Gobierno ante el Parlamento desde el informe que dio Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, a fines de abril. Pocas semanas después, Santilli asumiría en su lugar al frente del Gabinete.
“El mensaje del miércoles va a estar 100% focalizado en todas las áreas de gestión. Donde estábamos, cómo venimos y qué objetivos hay para el próximo año”, sintetizó un estrecho colaborador del jefe de Gabinete, que adelantó una presentación centrada en el concepto de “orden en todas las áreas para sentar las bases para crecer de manera sostenida”.
En ese sentido, de las más de 1200 preguntas que deberá contestar Santilli, casi la mitad -un 46%- giran alrededor de la gestión del Ministerio de Economía, marcando la impronta que tendrá la sesión informativa especial.
En segundo lugar, aparecen las políticas sociales a cargo de la cartera de Capital Humano de Sandra Pettovello, con el 18% de las preguntas. Le siguen la gestión de Mario Lugones en Salud (11,5%) y del propio Diego Santilli y su segundo, Gustavo Coria, por consultas relacionadas a la Jefatura de Gabinete e Interior (7,6%).
El resto de los temas a abordar por el funcionario girarán alrededor de Seguridad, el Banco Central, Justicia, Defensa, Cancillería, Desregulación y la propia Presidencia. “Así se cumple con el mecanismo de rendición de cuentas que establece la Constitución”, enfatizaron desde el Ejecutivo.
A diferencia de la primera y última presentación de Adorni en el Congreso, donde el funcionario fue interpelado una y otra vez por la oposición por la investigación sobre su patrimonio, esta vez el oficialismo no espera una sesión particularmente caliente, más allá de los propios cruces de este tipo de sesiones. En ese sentido, tampoco está prevista la presencia de Javier Milei y el resto del Gabinete, un símbolo de respaldo que el Ejecutivo había movilizado para sostener al exportavoz presidencial, que dejaría el cargo pocas semanas después.
POLITICA
La UBA no impedirá el homenaje a Santucho, pero la nueva conducción de Sociales podría “revisarlo” en marzo próximo

La conducción de la Universidad de Buenos Aires (UBA) no impedirá el inédito y polémico homenaje al máximo referente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho, previsto para el próximo 10 de diciembre, en la Facultad de Ciencias Sociales de esa casa de estudios.
Altas fuentes del rectorado de la UBA, que encabezan Ricardo Gelpi (rector) y Emiliano Yacobitti (vicerrector), afirmaron a que en principio respetarán la “libertad de cátedra” y no pondrán trabas a la realización del homenaje a Santucho, impulsado por el denominado Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología de la Facultad de Sociales, que encabeza la decana Ana Arias, dirigente vinculada al peronismo porteño.
“No nos vamos a meter, el que organiza el acto es un grupo marginal avalado por una decana que ya perdió la conducción de la Facultad y que se va en marzo”, afirmaron desde la actual minoría reformista (UCR y otros partidos) del consejo directivo de Sociales, que se opuso a la realización del evento y que en las próximas horas presentará ante el rectorado de la UBA una nota de repudio a la realización del homenaje a Santucho, que será tratado este miércoles en el Consejo Superior de la universidad estatal.
El homenaje, a realizarse en la renovada sede que la Facultad de Sociales tiene en el barrio porteño de Constitución, incluye la inauguración de una escultura en homenaje al jefe guerrillero, abatido por fuerzas de seguridad en 1976, y palabras a cargo de su hijo Mario Santucho.
El pasado 14 de agosto, el Consejo Directivo votó a Diego de Charras y Julián Rebón, del sector reformista, para conducir la Facultad de Sociales, como decano y vicedecano respectivamente, con mandato entre marzo próximo y 2031. “A la conducción de Arias les quedan estas actividades para hacer, no queremos subirles el precio”, afirmaron desde la conducción de la UBA, de mayoría radical. Y no descartan que la nueva conducción de Sociales “revise” la distinción al líder de la guerrilla guevarista a partir de marzo.
El 11 de diciembre, un día después del proyectado homenaje a Santucho, Yacobitti (ex diputado y dirigente de la UCR) asumirá como nuevo rector de la UBA, en plena guerra de las autoridades de la universidad y la comunidad educativa con el Gobierno por el financiamiento para las casas de estudio públicas.
El Consejo Directivo actual, que integran profesores, graduados y alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, había destacado en la resolución que avaló el homenaje “el recorrido de Mario Roberto Santucho como actor político de nuestro país y nuestra región latinoamericana”. Omitió mencionar la participación del jefe del PRT-ERP en la planificación y ejecución de distintos atentados y actos guerrilleros durante la cruenta década del 70, como el secuestro y asesinato del empresario de Fiat, Oberdán Sallustro (marzo de 1972); el violento asalto al Comando de Sanidad del Ejército (septiembre de 1973); el ataque a la guarnición militar de Azul (enero de 1974) y el intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo (diciembre de 1975), además de despliegue de la Compañía de Monte Ramón Jiménez, que intentó promover un foco guerrillero rural en la provincia de Tucumán en 1974 y 1975, durante el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, continuado luego de la muerte del líder por María Estela Martínez de Perón.
Una vez conocida la convocatoria, distintas organizaciones expresaron su repudio.
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia es una de las instituciones que expresó su rechazo al homenaje al exlíder guerrillero. “Esto es lo que homenajea la UBA. Uno de los crímenes más resonantes del ERP que comandaba Santucho fue el secuestro y asesinato de Sallustro—10 de abril de 1972″, expresó la entidad en sus redes sociales.
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POLITICA
La Cancillería exigió frenar el proyecto Sea Lion a una semana de que el Tribunal del Mar emita su fallo – Nexofin

El canciller del Gobierno de Javier Milei, Pablo Quirno, volvió a exigir este domingo el cese de actividades relacionadas al proyecto Sea Lion, en las adyacencias marítimas de las Islas Malvinas, territorio reclamado por la República Argentina y gobernado de facto por Reino Unido.
Las declaraciones del jefe de la política exterior libertaria, vertidas en el programa La Noche de Mirtha este sábado a la noche, tienen lugar cuando falta una semana para que el Tribunal del Mar emita su fallo sobre el reclamo del Gobierno argentino.
Según Noticias Argentinas, el canciller reiteró que la demanda de Argentina ante dicho cuerpo judicial supranacional apunta a que se imponga un freno al proyecto que busca extraer petróleo de la plataforma marítima reclamada por el Estado sudamericano.
Una petrolera británica se despegó de Sea Lion: “Nuestro foco está puesto en la Argentina”
Quirno fue contundente: “Estamos hoy ante la intención del Reino Unido de explotar petróleo en las Islas Malvinas, cosa que nosotros evidentemente no aceptamos”, afirmó en declaraciones a medios televisivos, según Ambito.com.
Además del cese de actividades de Sea Lion, Argentina también reclama ante el Tribunal del Mar que no tengan lugar futuros proyectos de explotación hidrocarburífera en la Cuenca Norte de las Malvinas.
Complicaciones en Sea Lion
El proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, enfrenta complicaciones operativas luego de que dos contratistas desistieran de participar y un astillero de Singapur analizara cancelar trabajos vinculados con su principal buque de procesamiento de crudo.
Las dificultades se produjeron en el marco de las sanciones legales, regulatorias y diplomáticas impulsadas por el Gobierno argentino contra la exploración de hidrocarburos en el área disputada.
El Gobierno busca aprobar la Ley Malvinas antes del fallo internacional por la explotación petrolera
La empresa británica Rockhopper Exploration comunicó ante la Bolsa de Londres que dos de sus contratistas abandonaron el proyecto ante el riesgo de posibles represalias judiciales y comerciales. En paralelo, el astillero Seatrium, con sede en Singapur, evalúa rescindir el contrato para remodelar el buque Aoka Mizu, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), necesaria para el procesamiento del petróleo.
El escenario se desarrolla a pocos días de una instancia clave: el 28 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, tiene previsto pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por la Argentina para frenar las perforaciones.
Desde la Cancillería sostuvieron que las sanciones comenzaron a generar consecuencias en las operaciones del consorcio. Como respaldo, señalaron que las acciones de Rockhopper Exploration cayeron un 1,2% en la Bolsa de Londres, mientras que los papeles de su socia israelí, Navitas Petroleum, retrocedieron un 6,59% en la Bolsa de Tel Aviv.
En paralelo, el Poder Ejecutivo impulsa en el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que apunta a fortalecer el régimen de sanciones contra las empresas que participen en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en el Atlántico Sur. Sin embargo, el debate en la Cámara de Diputados no pudo avanzar durante la última semana por falta de quórum.
Pese a las dificultades operativas, Rockhopper sostuvo ante sus inversores que Navitas Petroleum mantiene la previsión de avanzar con Sea Lion hacia 2027, en una primera etapa denominada NDA 1, y que buscará reemplazar a los contratistas que se retiraron.
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Argentina,Malvinas,PETROLERAS,Sea Lion
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