La crisis por la emergencia en discapacidad golpeó al Gobierno desde varios frentes. Uno de los más evidentes se abrió en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intenta a toda costa dejar atrás los cortocircuitos internos, después de haber aprobado un dictamen de mayoría que dio marcha atrás con lo publicado en el Presupuesto. Pero esta semana la tropa de Martín Menem se prepara para enfrentar una nueva pulseada: es que la oposición volvió a arrinconar al oficialismo con otro tema sensible: morosidad y endeudamiento familiar.

Esta cuestión representa un foco crítico para el Gobierno, no solo por los registros oficiales que agita la oposición, que advierte que casi 6 millones de argentinos acumulan más de tres meses de atraso en el pago de sus créditos, sino también porque logró aglutinar a buena parte de los bloques críticos detrás de un mismo reclamo.

Tal es así que, a principios de septiembre, el peronismo de Unión por la Patria (UP), sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, la izquierda y distintos bloques provinciales −entre ellos, Argentina Federal, que reúne a legisladores misioneros y salteños con llegada a sus respectivos gobernadores, Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz−, además de otros monobloques, consiguieron marcarle la cancha al Gobierno. Entonces llevaron el tema al recinto y forzaron al oficialismo a poner en marcha su tratamiento en comisiones.

Eso sí: la oposición quedó ante la difícil tarea de condensar los casi 50 proyectos sobre morosidad y endeudamiento que fueron debatidos en las últimas semanas en las comisiones de Finanzas y de Defensa de la Competencia, ambas con mayoría libertaria.

Tal como anticipó , entre los puntos más resonantes aparecen distintos planes de refinanciación, topes a las tasas y quitas de intereses. Las iniciativas también contemplan mayores controles sobre bancos y fintech.

Según pudo saber este medio, por estas horas el peronismo trabaja sobre la base de dos iniciativas: una que lleva la firma de Nicolás Massot, Miguel Ángel Pichetto y Natalia de la Sota, y otra impulsada por el radical de Provincias Unidas Pablo Juliano. De hecho, representantes de ambos espacios se habrían reunido por Zoom este sábado con el objetivo de unificar criterios de cara a la comisión de dictamen prevista para este martes.

La prioridad es no exhibir fisuras por donde pueda inmiscuirse el oficialismo. “No es el proyecto ideal, pero sí resulta aplicable”, se conforma un diputado de UP que, si bien admite que todavía circulan otros borradores, pone el acento en la necesidad de alcanzar un texto común que permita descomprimir la situación de los sectores más golpeados por esta problemática.

En efecto, la situación apremiante es marcada por varios estudios privados sobre la base de los datos que registra el Banco Central. Por caso, un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que toma los datos de junio, advierte que la irregularidad en el pago de las deudas de las familias alcanzó el 15,5%, al considerar en conjunto los compromisos con bancos y proveedores no financieros de crédito, entre ellos, las billeteras virtuales.

El informe contabilizó 20,96 millones de personas endeudadas en todo el sistema, de las cuales 5,91 millones registraban atrasos en sus pagos. Sobre ese universo, 2,90 millones eran morosos exclusivamente con proveedores no financieros, 1,66 millones con bancos y otros 1,36 millones acumulaban deudas irregulares con ambas entidades.

Según el análisis que hace un sector de Unión por la Patria, la situación está atravesada por un fuerte crecimiento del endeudamiento de los hogares, tanto con bancos como con fintech. De acuerdo con las cifras que manejan, el volumen de deuda habría pasado de $724.000 millones en julio de 2024 a $2,58 billones en julio de 2025.

Frente a este diagnóstico, una de las propuestas en discusión apunta a crear una línea de crédito directa de la Anses destinada a jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de programas sociales. El objetivo: que los consumidores puedan cancelar deudas contraídas con tarjetas y otros proveedores no financieros de crédito y reemplazarlas por un financiamiento en condiciones “menos perniciosas”.

Según pudo saber , la iniciativa contempla préstamos de hasta $1,5 millones, “en condiciones normales de mercado”, y establece que la relación entre la cuota y los ingresos del beneficiario no podrá superar el 30%.

Pese a los intentos por unificar posiciones, el bloque de Argentina Federal, comandado por el exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, evalúa avanzar con un dictamen propio. Se trata de una figura que viene ganando protagonismo en el Congreso por sus desmarques del oficialismo y que, en un contexto de marcada paridad de votos, puede volver a jugar un papel determinante.

El propio Juliano, durante un encendido discurso contra el Gobierno en la Comisión de Discapacidad, le subió el precio a Herrera Ahuad al destacar sus aportes al dictamen del oficialismo. Aun así, el misionero firmó en disidencia y le exigió al Gobierno mayores precisiones sobre la letra chica de su proyecto. Básicamente, que deje por escrito de qué manera planea actualizar el nomenclador y las prestaciones.

En lo que a la morosidad refiere, su propuesta apunta a prevenir el agravamiento de situaciones de sobreendeudamiento e insolvencia mediante la promoción de condiciones de financiamiento “razonables, transparentes y compatibles con la capacidad de pago de los consumidores”. Asimismo, considera mecanismos para facilitar la refinanciación, reestructuración y cancelación de obligaciones financieras y de consumo.

En las antípodas se ubica el oficialismo. Mientras un sector de LLA se desvelaba para ver cómo lidiar con la crisis en discapacidad y contener a los aliados, otro terminaba de delinear un borrador que no incluye en su abordaje la cuestión del desendeudamiento, mucho menos la posibilidad de una propuesta que incluya un refinaciamiento por parte de los bancos y las fintech.

Aún así, algunos libertarios se jactan de que cuentan con el aval de sus históricos aliados. Es más, hay quienes se arriesgan a decir que en una eventual sesión contarían con los números para aprobar su propio proyecto. Sin embargo, sobran las críticas por fuera del universo libertario en torno al texto oficial, calificado por diputados de varios bloques como “ultra lavado” y “la nada misma”.

Es que la iniciativa no apunta a dar respuesta a la situación más urgente, sino que pone el foco en la prevención. Según explican fuentes de LLA, busca “darle más transparencia a la información financiera, desagregar bien los costos financieros, las tasas y la cuestión impositiva para que el consumidor sepa lo que va a pagar”.

Además, incorpora capítulos de educación financiera y digital, junto con otras herramientas destinadas a facilitar el control y el manejo de la cartera de préstamos de cada cliente.

El tono de la discusión dependerá de la picardía, o no, que tenga la oposición para capitalizar el sinsabor de la propuesta oficialista. Y si muestra reflejos para cerrar filas detrás de una alternativa común. Es que, a diferencia del debate por discapacidad, los emisarios libertarios en Diputados tienen un margen de maniobra mucho más acotado y no podrían conceder modificaciones de peso. El Poder Ejecutivo ya se los dejó en claro: está dispuesto a vetar cualquier iniciativa que represente un costo fiscal.

A priori, la ventaja para los bloques críticos es clara, pero los números ante una eventual sesión en el recinto todavía están ajustados. Una vez más, los espacios provinciales podrían marcar la diferencia. Habrá que prestar especial atención a visitas fuera de agenda de los gobernadores a la Casa Rosada.